Inglaterra y Gales pierden a más de 22.000 agentes de policía en sólo ocho años

Police in Glasgow
Según varias noticias publicadas en medios de comunicación ingleses,[1] la cifra de agentes de policía en Inglaterra y Gales ha caído en 1.213 efectivos los últimos seis meses y septiembre del 2017 era un 16% por debajo del máximo del año 2009, según cifras oficiales. Se considera que la causa de esta situación es la congelación de las nóminas de los policías, aparte de la participación creciente del sector privado en el ámbito de la seguridad.

Los últimos datos estadísticos del Home Office de septiembre del año 2017 sitúan el número de oficiales de las 43 fuerzas policiales en Inglaterra y Gales en 121.929 efectivos, desde los 123.142 del 31 de marzo del mismo año y de los 144.353 del 2009. Es decir, 22.424 agentes menos en ocho años.

De las 43 fuerzas policiales, la Policía Metropolitana de Londres, la más importante de Inglaterra y Gales, representó más de la mitad de la caída del número de oficiales, con 646 menos en sólo seis meses.

Aunque las cifras del mismo Hombre Office sobre criminalidad destacan por un fuerte aumento de los datos delictivos registrados –el incremento registrado más alto de los últimos diez años–, las plantillas policiales siguen disminuyendo en parte porque las nóminas de la policía continúan congeladas. Actualmente, según el Hombre Office, no hay fondos adicionales para la mejora salarial de los cuerpos policiales.

En términos porcentuales, la mayor reducción de plantilla fue la experimentada por North Yorkshire, con un 4,2%, al perder a 58 oficiales hasta septiembre del 2017. En segundo lugar, estaría West Midlands, que perdió a 221 agentes de policía, un 3,3% de la totalidad de los agentes.

Delante de este escenario, altos cargos de la policía han advertido que la insuficiente dotación económica en seguridad está dejando a los policías en una situación muy difícil, y más delante de un escenario de aumento registrado de la delincuencia y de la continua amenaza terrorista.

Esta situación se ha trasladado al escenario político y también han intervenido responsables policiales. Mientras que el partido laborista considera que la previsión presupuestaria para seguridad en el periodo 2018-2019 supone un recorte de 119 millones de libras respecto del periodo anterior, desde el Hombre Office se considera que el presupuesto sectorial aumentará cerca de 450 millones de libras y subrayan que, desde el año 2010, la reducción de los delitos “tradicionales” ha sido del 40%.

Desde el Consejo de Jefes de la Policía Nacional se reconocen ciertos avances en la voluntad de aumentar los recursos en seguridad, aunque existen diferencias importantes en la composición de la financiación, hecho que revierte en que el aumento de los presupuestos pueda variar entre el 1,6% y el 3,6%.

Por su parte, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha anunciado la voluntad de reducir el impacto de los recortes policiales, invirtiendo 60 millones de libras anuales para financiar a 1.000 agentes de policía adicionales. Sin embargo, reconoce que esta inversión no hará revertir las cifras crecientes de los últimos tiempos sobre actividad delictiva. También ha subrayado la voluntad de hacer frente al aumento de la delincuencia juvenil en Londres, con una inyección de 15 millones de libras anuales.

[1] La noticia ha aparecido en varios rotativos y se han ido publicando noticias relacionadas. Destacamos una del diario The Guardian del 13 de febrero del 2018.

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Ecoterrorismo, terrorismo ecológico o terrorismo en defensa del medio ambiente

En un documento de archivo del FBI que data del 12 de febrero del año 2002, se hacía referencia a un tipo de extremismo grave protagonizado por grupos como el Frente de Liberación Animal (ALF) y el Frente de Liberación de la Tierra (ELF). En el año 2002, se estimaba que estos grupos habían cometido más de 600 actos criminales y habían causado daños superiores a los 43 millones de dólares en los Estados Unidos en un periodo de seis años. Según el mismo documento, ALF se estableció en Gran Bretaña a mediados de la década de los 70 y actuó en los Estados Unidos a finales del mismo periodo. ALF estaba comprometido con poner fin al abuso y la explotación animal mediante acciones directas contra empresas o individuos que utilizaban los animales para la investigación o para lucrarse (granjas, restaurantes, laboratorios de investigación animal, etc.). Posteriormente, en el año 1992, ELF se fundó en Brighton (Inglaterra) y en 1993 las dos organizaciones declararon en un comunicado la solidaridad de sus actuaciones. Esta segunda organización cometía actos de sabotaje y atentados contra la propiedad en aquellas industrias y entidades que, con su actividad, perjudicaban el medio ambiente.

El informe anual de Europol sobre la situación del terrorismo documenta esta forma de extremismo desde el año 2008. El último informe, del año 2017, que recoge los incidentes correspondientes al 2016, indica que el activismo de estos grupos se concretó básicamente en acciones pacíficas y legales tanto en el espacio físico como virtual. No obstante, se registraron varios incidentes violentos debidos a la infiltración de grupos anarquistas y de extrema izquierda, que impusieron su modus operandi. Los incidentes más destacados se produjeron en Bélgica, Alemania e Italia.

Concretamente en Bélgica, activistas a favor de los derechos de los animales organizaron varias protestas contra la experimentación y el sacrificio de animales sin el uso de anestesia. En general, fueron actos pacíficos, con la excepción de algunas entradas no autorizadas en granjas para filmar las condiciones de vida de los animales y denunciar las situaciones de abuso.

En Alemania, grupos extremistas sabotearon cableado de líneas de ferrocarril.

En Italia, existe un importante movimiento contra la construcción del tren de alta velocidad (No Tav); en este marco, se cometieron actos de sabotaje en Bolonia y en Roma. A partir del movimiento No Tav, también han surgido otros grupos de inspiración similar como No Grandi Navi contra la llegada de grandes cruceros a Venecia; el grupo No Ponte contra la construcción de un puente en el estrecho de Mesina y el grupo No Ombrina contra las perforaciones petroleras en el mar Adriático.

En nuestro país, no se podría hablar de actividad ecoterrorista, aunque sí que se han documentado episodios aislados como la liberación masiva de visones en granjas de cría.[1] Existe una sensibilización social creciente contra el maltrato animal y a favor de estilos de vida más sostenibles, que se manifiesta principalmente de forma pacífica; que hasta la fecha se ha mantenido dentro de los márgenes legalmente aceptables y legítimos.

[1] Véase también: https://www.scribd.com/document/200088143/Roba-i-esclavatge-II-Depurant-responsabilitats-sobre-la-introduccio-del-viso-america-a-Espanya-Jerusa-Villergas.

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Hoy es día festivo en Cataluña. No publicamos entrada. Nos vemos el miércoles

 

mona_pasqua

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La UE es menos segura que hace dos años, según sus ciudadanos

La percepción de la seguridad fue uno de los temas sobre los que respondieron 28.093 ciudadanos en la ola de junio del Eurobarómetro. Esta encuesta se llevó a cabo en los 28 países de la Unión Europea, de forma presencial en los domicilios de las personas encuestadas (todas ellas de 15 años o más). En España, las personas encuestadas fueron 1.007.

Los resultados muestran que la percepción de seguridad se reduce a medida que el espacio sobre el que se pregunta es mayor. Así, la gran mayoría de los ciudadanos europeos consideran que su entorno más próximo es seguro: un 91% consideran seguro su barrio y un 90% creen que su ciudad lo es. Esta amplia mayoría se reduce al 80% cuando se pregunta si consideran que su país es seguro. Y cuando la pregunta es si la UE es un lugar seguro, el porcentaje se reduce a un 68%.

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Además, se da la paradoja que, respecto a los años anteriores, la percepción de seguridad en los entornos próximos (barrio y ciudad) ha aumentado ligeramente,[1] mientras que la percepción que la Unión Europea es un espacio seguro ha bajado más de 10 puntos (era del 79% el año 2015).

En el informe de presentación de los resultados, publicado en diciembre de 2017, se mencionan los ataques terroristas (sin contar los que tuvieron lugar en Cataluña, ya que la encuesta se hizo dos meses antes) como una de las razones de esta reducción en la sensación de seguridad. El motivo es que, mientras en la mayoría de los países la sensación de seguridad es elevada, en aquellos que han sufrido problemas de seguridad más graves, especialmente los relacionados con el terrorismo, estas puntuaciones han bajado y afectan más a la seguridad en la UE que la de los entornos más próximos.

La encuesta también preguntaba sobre la importancia de cinco fenómenos que suponen un reto para la seguridad en la UE (terrorismo, criminalidad organizada, desastres naturales causados por el hombre, ciberdelincuencia y las fronteras exteriores de la UE) y todas ellas eran consideradas importantes para más del 85% de los encuestados.

Los resultados sobre la valoración de las acciones que lleva a cabo la policía para combatir determinados ámbitos delictivos no son tan positivos. Así, mientras la lucha contra el terrorismo o el tráfico de drogas y la ciberdelincuencia son mayoritariamente valoradas como suficientes, la mayoría de los encuestados consideran que su policía no hace lo bastante para combatir el lavado de dinero y la corrupción.

En la misma ola del Eurobarómetro de junio, también se preguntó a los ciudadanos sobre sus actitudes respecto a la ciberseguridad. Entre los resultados, que se publicaron en septiembre, destacaba el aumento de la preocupación de la ciudadanía por este problema.

El portal de datos abiertos de la Unión Europea también permite acceder y descargar datos sobre otras ediciones del Eurobarómetro.

[1] La Encuesta de seguridad pública de Cataluña (ESPC) también pregunta sobre la percepción de la seguridad en el municipio. Aunque la formulación de la pregunta es diferente a la del Eurobarómetro, los resultados de 2015 también muestran que la percepción de seguridad en el municipio ha ido aumentando desde el año 2011. El trabajo de campo de la edición de 2017 se hizo en noviembre de 2017, pocos meses después de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto. Habrá que esperar los resultados de las próximas ediciones de la ESPC para poder valorar la incidencia de los ataques terroristas sobre la percepción de seguridad de las personas residentes en Cataluña.

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La mejora de las investigaciones sobre fugitivos, prioridad de Interpol

Estudiar y perfeccionar las buenas prácticas para la búsqueda internacional de prófugos ha sido el objetivo de una serie de reuniones realizadas a finales de 2017 y que han congregado agentes especializados de los países miembros de Interpol.

Más de un centenar de especialistas de 70 países provenientes de diferentes disciplinas analizaron los casos de los fugitivos más buscados y aquellos casos no resueltos de especial relevancia, intentando conformar una red mundial de especialistas en investigación de prófugos. Con vistas a este objetivo, se incidió en la necesidad de aplicar técnicas más innovadoras y potenciar el intercambio de información y la cooperación internacional para localizar y detener a los fugitivos que se trasladan a otros países para huir de la justicia.

Uno de los medios más eficaces de que dispone Interpol para descubrir el destino de los fugitivos a escala internacional es la publicación de las notificaciones rojas, que sirven para solicitar la detención provisional de una persona buscada para extraditarla, una vez transmitida la notificación a todos los servicios de policía de los países miembros.

Desde el año 2009, se han desarrollado nueve operaciones INFRA –para la búsqueda búsqueda y detención de prófugos–, con el resultado de cerca de 540 detenidos y la localización de 300 personas más, en búsqueda por tráfico de drogas, armas o personas, delitos sexuales o contra el medio ambiente.

Y es a través de las bases de datos de Interpol, con más de 200 consultas por segundo, y de la expansión del sistema policial de comunicaciones protegidas denominado I-24/7, que se potencian las capacidades de la organización para investigar y prevenir delitos en los países miembros.

La Interpol también lanzó su servicio biométrico de reconocimiento facial a finales del 2016. Actualmente contiene cerca de 45.000 imágenes de 137 países.

Entre las actuaciones que desarrolla Interpol en el ámbito de la búsqueda de fugitivos hay que mencionar que:

  • Proporciona asistencia proactiva y sistemática a los países miembros y a otras entidades internacionales con el fin de localizar y arrestar fugitivos que cruzan las fronteras.
  • Proporciona asistencia investigadora a los países miembros en búsquedas internacionales de fugitivos.
  • Coordina la cooperación internacional en el ámbito de las investigaciones de fugitivos.
  • Lleva a cabo capacitación y organiza conferencias.
  • Ofrece apoyo y asistencia operacional en las búsquedas de individuos acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por parte de los países miembros de Interpol, los tribunales de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional.

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La violencia juvenil se reduce entre los jóvenes en Alemania, pero aumenta entre los refugiados

Un equipo integrado por miembros del Instituto de Investigación Criminológica de la Baja Sajonia y la Escuela Superior de Ciencias Aplicadas de Zürich han publicado recientemente un estudio[1] sobre la evolución de la violencia en Alemania en la última década, con referencia a la influencia que tienen los jóvenes y los refugiados.

Los datos policiales entre los años 2007 y 2015 muestran un descenso continuado de los jóvenes entre 14 y 18 años que han sido detenidos por la policía. La cifra se ha reducido un 50% en números absolutos. Los datos del seguro escolar obligatorio también muestran un descenso de los incidentes causados por actos de violencia de los alumnos, que han pasado de un 14,9 por cada 1.000 escolares en el año 1999 a sólo un 8,7 en el año 2015.

Entre las razones que fundamentan este descenso, los investigadores han constatado las siguientes:

  • El incremento del número de jóvenes que se gradúan ha subido del 24,5 al 34,1% y el paro juvenil ha bajado del 15,3% al 6,8%.
  • Los niños que no sufren ninguna violencia por parte de los padres ha aumentado del 43,3% al 60,8%.
  • Se ha constatado un incremento en el cuidado de los padres hacia los hijos, haciéndose explícitas muestras de estima con más frecuencia que antes.
  • El consumo de alcohol entre los jóvenes ha disminuido notablemente. Un 21,6% de los jóvenes declaraban en 2007 consumir alcohol una vez por semana como mínimo, mientras que en 2010 la cifra se había reducido al 10%.
  • La popularidad de la violencia entre los jóvenes ha disminuido notablemente.
  • El porcentaje de jóvenes que ayudan a personas necesitadas, que participan en actividades políticas y que respetan el medio ambiente ha subido de un 5% al 12%.
  • El absentismo escolar se ha reducido notablemente.

Por otra parte, en el caso de la Baja Sajonia, en los años 2015 y 2016 se ha producido un aumento de la delincuencia violenta en un 10,4%. Un 92,1% de estos casos adicionales de violencia tienen como protagonistas a jóvenes con estatuto de refugiados. Entre las razones que justifican estos hechos citan las siguientes:

  • El porcentaje de refugiados que se encuentran en la edad con más propensión a conductas violentas (hombres entre 14 y 30 años) es superior al de la población autóctona.
  • Los grupos que tienen pocas perspectivas de obtener un permiso de residencia permanente se ven involucrados más frecuentemente en actos violentos.
  • La mayoría vienen de países con culturas muy masculinas, donde la violencia es una prueba de esta masculinidad.
  • El porcentaje de mujeres entre los refugiados es muy bajo (22,3%), en comparación con la población global en la Baja Sajonia (50,9%).
  • Las víctimas de actos violentos tienden a denunciar con más frecuencia cuando los autores son visiblemente extranjeros.

Finalmente, el informe pone de relieve que un 12,6% de estos actos violentos se producen entre personas pertenecientes a un mismo grupo étnico o nacional, un 19,6% tienen lugar entre refugiados pertenecientes a varios grupos y un tercio de las víctimas son extranjeros de otros orígenes (no refugiados) y alemanes.

[1] Puede encontrarse un resumen en http://www.sueddeutsche.de/panorama/studie-zur-jugendkriminalitaet-mehr-liebe-weniger-hiebe-1.3811190!amp.

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Europol detecta un rol creciente de la mujer en la operativa yihadista

Europol recoge en su Informe 2017 un total de 14 tendencias y traza las líneas generales respecto a las actividades violentas y el terrorismo en todas sus vertientes, dedicando gran parte del informe al terrorismo de carácter yihadista. El grado de actividad del terrorismo yihadista en la Unión Europa sigue siendo alto y el año 2016 ha finalizado con un total de 718 personas detenidas, de las cuales una de cada cuatro eran mujeres, lo que representa un 26% de la actividad femenina en el terrorismo.

Las tendencias actuales se mueven en un escenario donde los actores pueden ser dirigidos o inspirados por Estado Islámico para realizar ataques preparados con esmero y de forma espontánea y eficaz con el objetivo de crear un gran impacto. Se espera que el flujo de migrantes y refugiados continúe y que sea aprovechado por Estado Islámico. No obstante, hay una disminución con respecto al número de personas que viajan a zonas de conflicto, pero hay un mayor número de retornados, lo que puede aumentar la amenaza para Europa. Además, el papel de las mujeres y los niños en el terrorismo de carácter yihadista es cada vez más representativo.

Como en otras ocasiones, Estado Islámico formuló las reglas de comportamiento que tendrían que cumplir las mujeres basándose particularmente en la función de tener hijos y educarlos en la ideología del grupo y también en la sumisión ante sus maridos. A pesar del trato inferior hacia la mujer, el grupo ha utilizado su figura como vía para incentivar la adhesión de más combatientes, y también ha favorecido la evolución hacia mujer combatiente respecto a la participación de este colectivo en la perpetración de acciones violentas.

La amenaza terrorista desarrollada por individuos o grupos se inspira en propaganda y mensajes yihadistas. El terrorismo yihadista se sirve de plataformas de redes sociales y medios de comunicación para difundir su mensaje, en que destacan la revista Dabiq en el caso de Estado Islámico e Inspire en el entorno de Al-Qaeda. Esta última incide sobre la importancia del hecho que la mujer tenga prohibido participar en ataques terroristas. Durante 2016 se vio una gran disminución de la actividad propagandística de Estado Islámico a causa de la mayor presión en el grupo en su área de actividad. Además, el mensaje durante este periodo cambió, sustituyendo la retórica del islam victorioso por la de la lucha contra la alianza occidental-judía chií.

La Unión Europea y, en especial, los estados miembros que forman parte de la coalición contra Estado Islámico en Irak y Siria se ven amenazados por el terrorismo internacional. Según Europol, estos países podrían ser utilizados para el tráfico de combatientes terroristas extranjeros o repatriados. El año 2016 finalizó con 142 ataques fallidos, frustrados o completados en la Unión, 47 de los cuales se materializaron, causando la muerte de 142 personas y 379 heridos, casi todos víctimas del terrorismo yihadista.

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¿La Unión Europea garantiza suficientemente los derechos de los sospechosos de terrorismo?

En diciembre de 2017 se publicó un estudio sobre Políticas y leyes de la UE y los estados miembros sobre personas sospechosas de delitos relacionados con el terrorismo, que había sido encargado por el Departamento de políticas del Parlamento Europeo para los derechos de los ciudadanos y los asuntos constitucionales.

El estudio presenta un resumen sobre el marco legal y las políticas de la UE y 10[1] estados miembros (elegidos por haber sufrido el terrorismo o por particularidades de su legislación antiterrorista) y destaca la falta de homogeneidad en dos cuestiones clave. La primera es que la Directiva 2017/541 ofrece una definición de “terrorismo” suficientemente amplia para que los estados miembros la interpreten de manera discrecional. En este sentido, recomienda que los estados miembros sigan intercambiando puntos de vista sobre esta definición y como se interpreta en la práctica.

La segunda, y el aspecto principal, es que en la mayoría de los estados miembros el concepto de “sospechoso” engloba una gran variedad de supuestos y con un amplio margen de derechos reconocidos. Por tanto, en función del momento procesal en que se encuentre la persona investigada, estaría protegida, como mínimo, por los derechos individuales que cada persona tiene antes de estar bajo sospecha y, como máximo, por los derechos garantizados para las personas sobre las que se ha iniciado un procedimiento (pasando por estadios intermedios, como los derechos que corresponden a “personas de interés” o los reconocidos a personas que han sido sujetos de una medida administrativa).


El estudio recomienda a los estados miembros regular de forma más clara las distintas categorías de sospechosos, así como el marco legal y los derechos que les corresponden para cada supuesto. También considera que la UE debería actualizar el conjunto de derechos de las personas sospechosas e incluir que el concepto de “sospechoso” debe entenderse de forma amplia, por lo que cualquier persona que empiece a ser investigada ya tenga garantizado un conjunto de derechos.

El estudio también ha detectado carencias, como que en el ámbito europeo hay poca información más allá del informe anual de Europol sobre la situación y las tendencias del terrorismo en la Unión Europea. Los autores proponen fomentar desde la UE alguna iniciativa similar a la Base de Datos Globales sobre Terrorismo, liderada por el Consorcio para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo, con sede en EEUU.

En cuanto al intercambio de información, destacan que existen demasiados niveles que se solapan. Así, tanto en los estados como en la Unión Europea existen varios organismos con competencias concurrentes en materia de información sobre terrorismo. Además, no hay que olvidar el papel de los acuerdos bilaterales entre países y la gran cantidad de relaciones informales que también generan intercambio de información. A consecuencia de estos problemas, hay poca información pública disponible sobre las prácticas de intercambio de información formales y la eficiencia de estos mecanismos.

Como solución, recomiendan una mayor transparencia y que los datos relacionados con el intercambio de información sean recogidos y publicados para mejorar la eficacia y eficiencia de estos instrumentos. Si se consiguiera este objetivo, con más transparencia y más información disponible, se abrirían nuevas líneas de investigación en relación con la protección de los derechos de las personas sospechosas o los mecanismos de intercambio de investigación.

[1] Alemania, Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido y Suecia.

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Sustracción y comercialización de vehículos robados: un negocio difícil de parar

El robo y la comercialización de vehículos es una actividad criminal altamente organizada que afecta a todas las regiones del mundo y con claros vínculos con la delincuencia organizada y el terrorismo. Los vehículos son robados, por un lado, por el rédito económico que se obtiene, y, por otro, para financiar otros delitos. También pueden ser usados como armas explosivas o como medio para perpetrar otros delitos.

La base de datos de Interpol sobre vehículos a motor robados (SMV) es actualmente una herramienta fundamental contra el robo y el tráfico internacional de vehículos. Permite que la policía pueda comprobar un vehículo sospechoso y descubra instantáneamente si se ha informado del robo. Su importancia radica en que se trata de una base de datos internacional, ya que los vehículos cruzan las fronteras nacionales, a veces a miles de kilómetros de distancia del lugar donde fueron robados.

En 2015 se identificaron cera de 123.000 vehículos robados en todo el mundo, gracias a la base de datos SMV. Al finalizar el año 2017, la cifra de registros de bases de datos se elevaba a 7,4 millones.

Una gran mayoría de países miembros de Interpol disponen de unidades especiales que se ocupan de los delitos relacionados con los vehículos a motor, con bases de datos sobre vehículos sustraídos e, incluso, de bicicletas, como es el caso de Canadá o los Estados Unidos.

No existen parámetros o indicadores precisos de medida de la delincuencia organizada. En el mejor de los casos, pueden obtenerse estimaciones cifradas a partir de estadísticas, modelos económicos comerciales y flujos financieros conocidos, combinándolos con datos sobre decomisos, detenciones y condenas de los autores de los delitos. Tampoco se dispone de estadísticas comparables sobre el perjuicio económico causado por los delitos relacionados con vehículos. Sólo hay estimaciones a partir de datos de las compañías aseguradoras de los vehículos.

Otro problema existente es que los delitos relacionados con vehículos no están tipificados como tales, sino que la legislación de los diferentes países puede hacer distinciones entre malversación, fraude al seguro, hurto de uso, robo de bienes, car-jacking –sustracción de un vehículo con violencia y/o amenazas– o home-jacking –asalto a un domicilio para sustraer las llaves de un vehículo.

Finalmente, cabe mencionar que, dentro del ámbito policial, los delitos relacionados con vehículos puede que no tengan la misma prioridad que otros ilícitos como el tráfico de drogas, los delitos contra menores, el tráfico de seres humanos o el terrorismo, aunque a menudo estos delitos se nutren o utilizan vehículos que han sido obtenidos fraudulentamente.

Los vehículos sustraídos pueden dividirse en dos categorías. La primera son los vehículos de marca y modelo corrientes, fáciles de conseguir, que son la mayoría. La segunda consiste en vehículos sumamente lucrativos, como pueden ser los vehículos deportivos utilitarios y los automóviles de lujo.

Interpol, en sus informes y recomendaciones, insiste siempre en intensificar el intercambio de información y la cooperación entre los distintos servicios encargados de la gestión de fronteras –aduanas, inmigración– y con otras entidades nacionales –policía de tráfico, autoridades encargadas de las matriculaciones, etc.

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Ciberamenazas y delito cibernético: tendencias emergentes


Los ataques ransomware han protagonizado el panorama de amenazas actuales, seguidos de un aumento masivo de phishing, bots maliciosos y exploits.

ENISA es una agencia de conocimientos especializados para la seguridad cibernética en Europa, que nació en 2004 con el objetivo de asesorar al sector privado y a los países miembros en cuanto a la prevención, detección y respuesta a los problemas de seguridad de la información mediante la sensibilización sobre las redes.

A principios de año, ENISA publicó el informe sobre el escenario de las amenazas cibernéticas de 2017, el sexto que publica en esta área. El informe viene acompañado de novedades, como la creación de la web ETL, el primer evento en el área de inteligencia de amenazas cibernéticas y el desarrollo de la primera versión del “CTI maturity model” para identificar las deficiencias en las herramientas actuales a la hora de compartir información sobre amenazas, y que continuará durante 2018.

El informe recoge que las tendencias actuales están protagonizadas por la complejidad y sofisticación de los ataques cibernéticos, un anonimato mayor de los atacantes, la transformación de infraestructuras maliciosas para hacer funciones multipropósito, la monetización del delito cibernético como motivo principal de los agentes de amenazas y la entrada dinámica de la guerra cibernética en el ciberespacio.

Los ataques ransomware han protagonizado el panorama actual de amenazas. Este último año se detectaron cerca de 4 millones de muestras ransomware al día. Además, navegadores conocidos, como Firefox y Chrome, están reforzando su seguridad debido a la aparición de 22 millones de ejemplares nuevos de malware el primer trimestre de 2017. Mac, Linux y Windows también son objetivo del ransomware. Este último experimentó un aumento del 20% en el año 2017, llegando a cifras del 75% de ataques de este tipo en el mes de julio. La mayor parte del malware financiero continúa dependiendo de los ataques basados en la web, ya que buscan las debilidades en los navegadores.

El brote ‘WanaCry’, que tuvo lugar el 12 de mayo de 2017, es un ejemplo de cómo pueden combinarse el ransomware y los ataques de denegación de servicios (DDoS). Ha habido un aumento en los intentos de extorsión con ataques DDoS, donde el precio del rescate oscila entre 5 y 200 bitcoins. Además, han crecido aún más desde la subida del valor de esta moneda virtual en junio de 2017. El sector más atacado ha sido la industria del juego, con el 80% de los ataques. El primer trimestre de 2017, hubo un aumento del 69,2% del uso de software malicioso, y algunas herramientas aprovecharon el phishing en correos electrónicos para transformar los dispositivos en bots.

El phishing ha aumentado en volumen y sofisticación. Es ampliamente utilizado como el primer paso de un ataque cibernético y utiliza ingeniería social para obtener información confidencial de forma fraudulenta. Según las investigaciones recientes, “cada mes de se crean una media de 1.385 millones de webs phishing“. Destaca, con un 40%, la modalidad spear-phishing, a través de correo electrónico, contra personas o empresas específicas para obtener dinero o realizar espionaje cibernético.

Los exploit kits tienen la capacidad de identificar vulnerabilidades en el navegador o en la aplicación web y de explotarlas automáticamente. Se suelen orientar a complementos de navegador como Java y Adobe Flash. Actualmente es la única de las amenazas que recoge el informe de 2017 que ha mostrado una disminución de los ataques.

El informe concluye que, debido a las nuevas prácticas de ataque, las nuevas tecnologías deberán desarrollar nuevos controles e indicadores clave de rendimiento (KPI) para minimizar el riesgo de los organismos en cuanto a la inteligencia de amenazas cibernéticas. Asimismo, subraya la importancia de desarrollar políticas técnicas y legales sobre este fenómeno cambiante de amenazas y delitos cibernéticos.

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