Delitos graves y organizados en la Unión Europea

Recientemente Europol ha publicado la evaluación de las amenazas de delitos graves y organizados de la Unión Europea (UE), la SOCTA 2021. La SOCTA, que se hace pública cada cuatro años, presenta un análisis detallado de la amenaza de la delincuencia grave y organizada a la que se enfrenta la UE.

La SOCTA 2021 detalla las operaciones de las redes criminales en la UE y cómo sus actividades criminales y sus prácticas comerciales amenazan con minar nuestras sociedades, economía e instituciones y erosionar lentamente el estado de derecho. El informe proporciona información sin precedentes sobre el inframundo criminal de Europa basada en el análisis de miles de casos y de información proporcionada a Europol.

Entre las principales conclusiones de la SOCTA 2021 se encuentran:

La delincuencia grave y organizada nunca ha representado una amenaza tan elevada para la UE y sus ciudadanos como hoy.

La pandemia de COVID-19 y las posibles consecuencias económicas y sociales que se espera que sigan amenazan con crear las condiciones ideales para que la delincuencia organizada se extienda y se aplique en la UE y más allá. Una vez más confirmada por la pandemia, una característica clave de las redes criminales es su agilidad para adaptarse y aprovechar los cambios en el entorno en el que operan.

Igual que una organización empresarial, el núcleo de una red criminal se compone de capas directivas y operadores de campo. Este núcleo está rodeado por una serie de actores vinculados a la infraestructura criminal que proporciona servicios de apoyo.

Con cerca del 40 por ciento de las redes criminales activas en el tráfico de drogas, la producción y el tráfico de drogas siguen siendo el negocio criminal más importante de la UE.

El tráfico y la explotación de seres humanos, el contrabando de inmigrantes, los fraudes en línea y fuera de línea y los delitos contra la propiedad representan amenazas importantes para los ciudadanos de la UE.

Los delincuentes utilizan la corrupción. Casi el 60% de las redes criminales informadas participan en corrupción.

Los delincuentes ganan y blanquean miles de millones de euros anuales. La escala y la complejidad de las actividades de blanqueo de capitales en la UE se han subestimado anteriormente. Los blanqueadores profesionales de dinero han establecido un sistema financiero subterráneo paralelo y utilizan cualquier medio para infiltrarse y socavar las economías y las sociedades europeas.

Las estructuras empresariales legales se utilizan para facilitar prácticamente todo tipo de actividades delictivas que tengan un impacto en la UE. Más del 80% de las redes criminales activas en la UE utilizan estructuras comerciales legales para sus actividades criminales.

El uso de la violencia por parte de criminales implicados en delitos graves y organizados en la UE parece haber aumentado en términos de frecuencia de uso y de gravedad. La amenaza de incidentes violentos se ha incrementado con el uso frecuente de armas de fuego o explosivos en espacios públicos.

Los delincuentes son nativos digitales. Prácticamente todas las actividades delictivas presentan ahora algún componente en línea y muchos delitos han migrado completamente en línea. Los delincuentes explotan las comunicaciones cifradas para conectarse entre ellos y utilizan las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea para llegar a mayor público para anunciar bienes ilegales o difundir la información.

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‘Ransomware’, los programas secuestradores, la principal amenaza en ciberseguridad

Los programas secuestradores o ransomware  son la mayor preocupación en ciberseguridad a la que se enfrentan hoy las empresas, según los responsables de proteger a las organizaciones contra piratas informáticos y ataques cibernéticos.

Una encuesta realizada por la firma de ciberseguridad Proofpoint a los agentes de seguridad de la información concluye que actualmente se considera el ransomware como la principal amenaza de ciberseguridad para su organización durante el próximo año. Así lo afirman casi la mitad (46%) de los encuestados, junto con otras formas de extorsión por parte de personas ajenas.

El ransomware sigue siendo uno de los ciberataques más perjudiciales, mientras que para los ciberdelincuentes, cifrar redes y exigir bitcoins a cambio de la llave de desciframiento es la manera más sencilla de ganar rápidamente una gran cantidad de dinero con una red pirateada.

Un importante porcentaje de organizaciones pagará el rescate, que puede ascender a millones de dólares, porque lo perciben como el medio más rápido de restaurar la red con el menor número de molestias adicionales para el negocio. Y es porque este rescate se paga que el ransomware sigue siendo tan atractivo y lucrativo para los ciberdelincuentes.

Algunos de los otros ataques cibernéticos que se considera que también son una de las mayores amenazas de este año incluyen el phishing y los ataques de compromiso por correo electrónico empresarial.

Aunque no son tan visibles como los ataques de ransomware, todas estas amenazas cibernéticas también pueden causar problemas a las organizaciones, especialmente si los piratas informáticos pueden combinar ataques como phishing y comprometer las credenciales de inicio de sesión de la cuenta en la nube para acceder a las redes.

A menudo, este tipo de ataques se utilizan en las primeras etapas de los esfuerzos para comprometer las redes con el ransomware, por lo que proteger la red contra una forma concreta de ciberataque también puede ayudar a protegerla de los otros.

Afortunadamente, mejorar la seguridad de una manera u otra parece que es una prioridad para la mayoría de las organizaciones, aunque no de todas. Sin embargo, los ciberdelincuentes también seguirán adaptándose y evolucionando. Por eso es importante que las organizaciones no se complazcan cuando se trata de ciberseguridad y que tengan una comprensión firme de sus propias redes.

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Las herramientas de reconocimiento facial y su aplicación en el Estado español

Unas decenas de académicos, profesionales y activistas de varios ámbitos han pedido al Gobierno español que hasta que no exista una ley que regule las herramientas de reconocimiento facial, no sean utilizadas en el Estado español. La petición llega en un momento en el que ya se está utilizando este tipo de técnicas, tanto en espacios públicos como en entornos privados.

Los firmantes de la petición solicitan una moratoria en el uso y comercialización de sistemas de reconocimiento y análisis facial por parte de empresas públicas y privadas y que las instituciones legislativas europeas debatan qué herramientas y de qué manera, en qué condiciones, con qué garantías y con qué objetivos se tiene que permitir, si cabe, el uso de estos sistemas.

Para los demandantes es preciso que el Gobierno se plantee regular esta tecnología antes de que siga expandiéndose y se convierta en un elemento utilizado y extendido. Es decir, si el reconocimiento facial no se adapta a una ley concreta que asegure el respeto a los derechos de los ciudadanos, temen que sea la ley la que deba adaptarse a las prácticas ya existentes.

Los firmantes se refieren al hecho de que esta tecnología supone una intromisión en la esfera privada de la vida de las personas sin su consentimiento explícito y pone en entredicho cuestiones fundamentales de justicia social, dignidad humana, equidad, igualdad en el trato e inclusión.

El uso de programas de análisis facial puede derivar en problemas en el ámbito de los derechos civiles. En concreto, explican que asimilar una persona a un colectivo basándose en sus rasgos o datos biométricos es altamente problemático ya que se perpetúa el estereotipo, en cualquier ámbito. Por ejemplo, que esta persona pueda ser peligrosa o morosa porque otras semejantes a ella lo son es una premisa injusta.

Existen evidencias suficientes que indican que asociar posturas, gestos, rasgos faciales, colores de piel, peinados o prendas a posibles comportamientos problemáticos, capacidades intelectuales o económicas puede resultar en clasificaciones racistas, clasistas o sexistas.

El reconocimiento facial, además, ha comportado en varias ocasiones falsos positivos y falsos negativos, porque depende en gran medida de cómo se entrene la inteligencia artificial y con qué tipo de imágenes. Si se educa con muchas fotografías de hombres blancos o con condiciones de luz específicas, por mencionar dos ejemplos, el análisis facial tenderá a ser menos preciso para las personas negras o con condiciones lumínicas distintas.

Así pues, existe una variada gama de razones –tanto técnicas como éticas– que justifican la creación de una comisión para investigar la necesidad de una moratoria, que se considera imprescindible y urgente. Para concluir, se sugiere que esta comisión sea independiente y esté compuesta por científicos, juristas, expertos en ética e inteligencia artificial y miembros de la sociedad civil, especialmente de aquellos colectivos que pueden verse afectados por estos sistemas.

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“La percepción importa”: guía para la gestión de estallidos de inseguridad

El proyecto Cutting Crime Impact (CCI), financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea, pretende prevenir la delincuencia ordinaria (toda aquella que no es organizada) y, en caso de producirse, reducir el impacto tanto como sea posible. Con este fin el proyecto trabaja en cuatro ámbitos concretos: la policía predictiva, la policía comunitaria, la prevención del delito a través del diseño ambiental y la percepción de seguridad. El proyecto tiene la finalidad de elaborar herramientas en estos cuatro ámbitos que puedan ser aplicadas por los actores de seguridad para cumplir los fines del proyecto.

En el ámbito de la percepción de seguridad o seguridad subjetiva, el Departamento de Interior, como socio del proyecto, ha sido el encargado de diseñar una herramienta que sirviera para mejorar la percepción de seguridad de la ciudadanía. La fórmula escogida ha sido la elaboración de una guía, “La percepción importa”, que orienta de manera práctica y útil a los gestores de la seguridad que tienen que hacer frente a la articulación de respuestas ante estallidos de inseguridad en ámbitos concretos de la ciudad. Las manifestaciones de sentimientos de inseguridad acostumbran a estar relacionadas con espacios concretos e, incluso, con determinadas franjas horarias. Una respuesta estándar, genérica, está abonada al fracaso; es necesario un análisis mínimamente profundizado (y, si es posible, rápido) que permita detectar las causas que hay detrás de aquel estallido de inseguridad (y no de la inseguridad en general) con el fin de tomar las medidas que puedan afrontar concretamente aquellas causas.

Los gestores de seguridad están sometidos a una presión alta cuando hay una manifestación pública de inseguridad o de miedo al delito. Esta presión les impide, a menudo, tener la calma y el tiempo suficientes para analizar la situación adecuadamente y favorece la toma de medidas rutinarias y muy visibles que, aunque no solucionan el problema, sirven para amortiguar la presión pública y política. “La percepción importa” pretende precisamente ofrecer criterios sencillos y prácticos para que estas personas encargadas de articular respuestas a las manifestaciones públicas de inseguridad puedan identificar qué medidas urgentes, si hacen falta, tienen que tomar, a la vez que facilita el análisis en profundidad de la situación y una respuesta más integral con medidas a corto, medio y largo plazo, para evitar la adopción de aquellas que sirven para “distraer” el problema pero que, en el fondo, lo van enquistando.

“La percepción importa” consta de cinco documentos que forman parte de una misma estrategia y que pueden ser utilizados juntos o por separado. El cuaderno 1 constituye la guía en sentido estricto, que incorpora las preguntas clave que una persona con responsabilidades en la gestión de la seguridad tiene que hacerse ante un incidente de inseguridad. También contiene las fuentes a las que puede recurrir para informarse adecuadamente. Al final del cuaderno hay una clarificación de conceptos a tener en cuenta a la hora de gestionar crisis de inseguridad subjetiva para conocer con precisión cuáles son sus dinámicas.

El cuaderno 2 nos ayuda a evaluar si nos encontramos ante un incidente que requiere medidas urgentes, inmediatas, a la vez que continuamos con un análisis más global del problema. El documento incluye indicadores para decidir si las medidas urgentes son necesarias o no, así como recomendaciones del tipo de medidas a tomar.

El cuaderno 3 explica, de manera sencilla, varias metodologías de investigación en el campo de las ciencias sociales, con consejos prácticos de cómo tienen que ser gestionadas para obtener la información requerida sin entrar en procedimientos de reflexión interminables. No se trata de un manual de metodología, sino de recomendaciones sobre cómo utilizar algunas de manera simple y útil para mejorar nuestro diagnóstico de inseguridad.

El cuaderno 4 pone a disposición del lector criterios para articular medidas de respuesta a estallidos de inseguridad en virtud de las causas que la han provocado, de manera que la inseguridad pueda ser contenida y revertida. Se presentan medidas de tipo diverso y transversal, así como a corto, medio y largo plazo. También incluye un enlace con documentos que recogen buenas prácticas en este campo.

El cuaderno 5 ofrece, por una parte, pautas para entender la importancia que tiene la comunicación con la ciudadanía en materia de seguridad subjetiva, y por otra, los criterios a seguir para que la comunicación pública consiga efectivamente mejorar la percepción de seguridad de la ciudadanía o, cuando menos, no agravarla en momentos de crisis.

En resumen, se trata de un documento que muy probablemente no descubre nada en la materia, pero que tiene la virtud de ordenar de manera sencilla, y esperamos que eficaz, los conocimientos existentes para facilitar una gestión ordenada y ágil de los estallidos de inseguridad en nuestras ciudades y espacios públicos. Puede consultarse en la web del Departamento de Interior http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/seguretat/projecte-europeu-toolkit-la-percepcio-importa/

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El Consejo Europeo adopta conclusiones sobre la Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea

El Consejo Europeo ha adoptado conclusiones, en marzo de 2021, sobre la Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea para la década digital. Esta Estrategia fue presentada por la Comisión y el Alto Representante para Asuntos Exteriores en diciembre de 2020. Se describe el marco de la acción de la UE para proteger a los ciudadanos y a las empresas de las ciberamenazas, promover sistemas de información seguros y proteger un ciberespacio global, abierto, libre y seguro.

Las conclusiones señalan que la ciberseguridad es esencial para construir una Europa resistente, verde y digital. Se fijaron como objetivo clave alcanzar la autonomía estratégica preservando una economía abierta. Eso incluye reforzar la capacidad de tomar decisiones autónomas en materia de ciberseguridad, con el objetivo de reforzar el liderazgo digital y las capacidades estratégicas de la UE.

En sus conclusiones, el Consejo destaca una serie de ámbitos de actuación en los próximos años, incluidos:

– Los planes para crear una red de centros de operaciones de seguridad en toda la UE para controlar y anticipar las señales de ataques a las redes.

– La definición de una unidad cibernética conjunta que proporcionaría un enfoque claro en el marco de gestión de crisis de ciberseguridad de la UE.

– Su firme compromiso de aplicar y completar rápidamente la implementación de las medidas de la caja de herramientas 5G de la UE y de continuar los esfuerzos realizados para garantizar la seguridad de las redes 5G y el desarrollo de las generaciones de redes futuras.

– La necesidad de un esfuerzo conjunto para acelerar la adopción de estándares clave de seguridad en Internet, ya que son fundamentales para aumentar el nivel global de seguridad y apertura de internet global, aumentando la competitividad de la industria de la UE.

– La necesidad de apoyar el desarrollo de un ciframiento fuerte como medio de protección de los derechos fundamentales y la seguridad digital, a la vez que garantiza la capacidad de las autoridades judiciales y policiales de ejercer sus poderes tanto en línea como fuera de línea.

– El aumento de la eficacia y la eficiencia de la caja de herramientas de ciberdiplomacia, prestando especial atención a la prevención y la lucha contra los ciberataques con efectos sistémicos que pueden afectar a las cadenas de suministro, la infraestructura crítica y los servicios esenciales, las instituciones y los procesos democráticos y socavar la seguridad económica.

– La propuesta del posible establecimiento de un grupo de trabajo sobre ciberinteligencia para reforzar la capacidad dedicada de la UE en este dominio.

– La importancia de reforzar la cooperación con las organizaciones internacionales y los países socios para avanzar en la comprensión compartida del panorama de las ciberamenazas.

– La propuesta de desarrollar una agenda externa de creación de capacidades cibernéticas de la UE para aumentar la ciberresiliencia y las capacidades en todo el mundo.

Con el fin de garantizar el desarrollo, la implementación y el seguimiento de las propuestas presentadas en la Estrategia de ciberseguridad, el Consejo anima a la Comisión y al Alto Representante a establecer un plan de aplicación detallado. El Consejo también supervisará los avances en la implementación de las conclusiones mediante un plan de acción que se revisará y actualizará regularmente.

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Noruega quiere despenalizar el consumo de drogas

El gobierno noruego ha presentado una propuesta al Parlamento para despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de droga para consumo propio, una medida que tiene el objetivo de sustituir el castigo por la ayuda. Es un planteamiento idéntico al propuesto, por ejemplo, en Portugal.

El uso y tenencia de drogas ilícitas seguirá siendo ilegal, pero en lugar de sanciones, las personas a las que se les encuentren pequeñas cantidades serán derivadas a un servicio de asesoramiento municipal obligatorio, donde recibirán información sobre los riesgos y las consecuencias negativas del consumo de estupefacientes y donde se les ofrecerá ayuda, tratamiento y seguimiento.

El ejecutivo nórdico –liderado por el partido conservador de la primera ministra Erna Solberg junto con liberales y democristianos– justifica el cambio asegurando que varias décadas de criminalización han demostrado que esta estrategia no funciona y que la persecución penal de los consumidores contribuye a la estigmatización y a la exclusión social y hace que eviten buscar ayuda por miedo a ser sancionados.

Según los últimos datos oficiales, en 2018 murieron 286 personas por sobredosis en Noruega, que tiene unas cifras de muertes relacionadas con las drogas en relación con la población mucho más elevadas que la media de Europa.

Teniendo en cuenta que muchos adictos a las drogas son policonsumidores, el texto detalla que una persona podrá tener hasta tres sustancias diferentes a la vez, siempre que cada una no supere el umbral fijado. En cambio, la tenencia de cantidades superiores y cualquier otra implicación con drogas ilegales, como la importación, fabricación y venta, seguirá siendo procesada penalmente.

El debate sobre la despenalización del consumo de drogas en Noruega empezó en 2016; ha basado su propuesta para reformar la política de drogas en un informe elaborado por un comité de expertos creado hace dos años por el Parlamento, aunque ha optado por rebajar las cantidades permitidas para no facilitar el tráfico y el acceso. El ejecutivo liberal-conservador controla tan solo una minoría del Parlamento noruego, por lo que necesitará el apoyo de la oposición para sacar adelante la reforma, y no está clara la posición de todos los partidos. Entre los contrarios a la medida están los democristianos, que forman parte de la coalición de gobierno, aunque se espera que voten a favor por lealtad.

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Hoy es día festivo en Cataluña. No publicamos entrada. Nos vemos el miércoles

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El Consejo Europeo adopta nuevas normas sobre la difusión de contenidos terroristas en línea

La Unión Europea trabaja para evitar que los terroristas utilicen Internet para radicalizar, reclutar o incitar a la violencia. El Consejo Europeo ha adoptado un reglamento sobre la difusión de contenido terrorista en línea.

El objetivo de la legislación es eliminar rápidamente el contenido terrorista en línea y establecer un instrumento común para todos los estados miembros al efecto. Las normas se aplicarán a los proveedores de servicios que ofrecen servicios en la UE, tengan o no su establecimiento principal en los estados miembros.

La radicalización y la incitación a la violencia a través de las redes sociales y las plataformas de vídeo o la transmisión en directo de ataques son cada vez más frecuentes en los ataques terroristas recientes. Con las nuevas normas adoptadas por el Consejo, las autoridades policiales dispondrán de un instrumento eficaz para hacer frente a esta amenaza.

La cooperación voluntaria con los proveedores de servicios continuará, pero la legislación proporcionará herramientas adicionales para que los estados miembros puedan aplicar la retirada rápida de contenido terrorista cuando sea necesario.

Las autoridades competentes de los estados miembros podrán emitir órdenes de eliminación a los proveedores de servicios, eliminar el contenido terrorista o inhabilitar el acceso a todos los estados miembros. Los proveedores de servicios tendrán que eliminar o desactivar el acceso al contenido en un plazo de una hora.

Los proveedores de servicios expuestos a contenido terrorista tendrán que tomar medidas específicas para hacer frente al uso indebido de sus servicios y protegerlos contra la difusión de contenido terrorista. La decisión sobre la elección de las medidas corresponde al proveedor de servicios.

La legislación también prevé un alcance claro y una definición uniforme y clara del contenido terrorista con el fin de respetar plenamente los derechos fundamentales. Asimismo, incluye soluciones efectivas tanto para los usuarios cuyo contenido se haya eliminado como para los proveedores de servicios que presenten una reclamación.

La adopción de la posición del Consejo en primera lectura sigue un acuerdo provisional sobre el texto alcanzado entre la presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo el 10 de diciembre de 2020. La actuación jurídica tiene que ser adoptada por el Parlamento Europeo en segunda lectura antes de ser publicada en el Diario Oficial de la UE. El reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente a su publicación y empezará a aplicarse un año después.

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México quiere legalizar la marihuana

Los legisladores de México aprobaron hace unas semanas un proyecto de ley para legalizar la marihuana recreativa, un verdadero hito para un país que se encuentra inmerso en una guerra contra las drogas y que se podría convertir en el mayor mercado de cannabis del mundo, lo cual deja Estados Unidos entre dos vecinos –contando Canadá– vendedores de marihuana.

La votación en la Cámara de Diputados, 316 a 129, se produjo más de dos años después de que la Corte Suprema de México dictaminara que la prohibición de la marihuana recreativa en el país era inconstitucional y más de tres años después de que el país legalizara el cannabis medicinal.

La medida permitiría a los usuarios fumar marihuana y, con un permiso, cultivar un pequeño número de plantas de cannabis en casa. También otorgaría licencias a los productores –desde pequeños agricultores hasta productores comerciales– para cultivar y vender la cosecha.

Si se aprueba la medida, México se unirá a Canadá y Uruguay en una pequeña pero creciente lista de países que han legalizado la marihuana en el continente americano, lo que añadiría un nuevo impulso al movimiento contra las prohibiciones en la región. En Estados Unidos, los demócratas del Senado también han prometido eliminar la prohibición federal de la droga este año.

Los expertos en seguridad coinciden en que el impacto de la ley sobre la violencia probablemente será mínimo: con 15 entidades de Estados Unidos que han legalizado la marihuana –argumentan–, el cultivo se ha convertido en una parte relativamente pequeña del negocio del narcotráfico mexicano, con los cárteles centrándose en productos más rentables como el fentanilo y las metanfetaminas.

Los defensores de la legalización de la marihuana creen que el proyecto de ley tiene un alcance demasiado limitado, aunque represente un avance simbólico en el esfuerzo por poner fin a una guerra contra las drogas que ha costado más de 150.000 vidas.

El proyecto de ley establece que los pequeños agricultores y los indígenas tengan prioridad en la concesión de licencias, pero solo estipula que estos grupos vulnerables puedan recibir más de una licencia.

Con más de 120 millones de personas, México representaría el mayor mercado de marihuana del mundo por población. El cultivo podría convertirse en un gran negocio en el país, un potencial impulso financiero para una economía muy golpeada por la crisis del coronavirus.

Algunos activistas temen que la ley favorezca a las grandes empresas, dándoles el acceso a toda la cadena de suministro de la marihuana desde la semilla hasta la venta, mientras deja a los pequeños productores y vendedores fuera del lucrativo mercado.

El proyecto de ley permitiría a los consumidores individuales llevar hasta 28 gramos de marihuana y cultivar seis plantas de cannabis en casa. El cannabis también podría ser adquirido por los mayores de 18 años en negocios autorizados, y cultivado a mayor escala por grupos con licencia. La marihuana medicinal, que México legalizó en 2017, sería regulada por separado por la Secretaría de Salud.

Los activistas locales afirman que las restricciones en la posesión limitarán el impacto del proyecto de ley, en particular para los consumidores con pocos ingresos, que podrían ser víctimas de la extorsión de la policía, algo habitual en México.

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Una tecnología de reconocimiento facial se declara ilegal en Canadá

La controvertida práctica de la compañía Clearview de recoger y vender millones de impresiones faciales recibió un fuerte revés por parte de un comisario canadiense.

Clearview, fundada en 2017 por el empresario australiano Hoan Ton-Thatand, trabaja en la recopilación de lo que llama “huellas faciales”, que son identificadores biométricos únicos similares a las huellas digitales o al perfil de ADN de alguien, a partir de fotos que la gente publica en línea.

Las autoridades canadienses han encontrado que la recopilación de datos de reconocimiento facial por parte de Clearview es ilegal porque infringe las leyes de privacidad federales y provinciales, lo que supone una ganancia para la privacidad de las personas y puede sentar un precedente para otros desafíos legales de esta tecnología.

Una investigación conjunta de las autoridades dirigida por la Oficina del Comisario de Canadá llegó a esta conclusión, afirmando que la compañía con sede en Nueva York que reunía miles de millones de imágenes de personas de todo internet representaba una vigilancia masiva e infringía los derechos de privacidad de los canadienses.

Además, la investigación comprobó que Clearview había recopilado información biométrica altamente sensible sin el conocimiento ni el consentimiento de la gente y, a continuación, utilizó y divulgó esta información personal con finalidades inadecuadas, que no serían adecuadas incluso si la gente lo hubiera consentido.

Desde 2019, la empresa se ha enfrentado a desafíos legales de sus prácticas tecnológicas y empresariales, que forman parte de una cuestión más amplia sobre las tecnologías de reconocimiento facial que desarrollan una infinidad de empresas, incluidas empresas como Microsoft e IBM.

Hasta el momento, Clearview ha acumulado en una base de datos miles de millones de estas huellas faciales, que vende a sus clientes. También proporciona acceso a una aplicación para teléfonos inteligentes que permite a los clientes colgar una foto de una persona desconocida y recibir instantáneamente un conjunto de fotos coincidentes.

Uno de los argumentos más importantes en defensa de su empresa que Ton-Thatand ha presentado en los informes publicados es que existe un gran beneficio al utilizar su tecnología para hacer cumplir la ley y la seguridad nacional, que supera las preocupaciones de privacidad de las personas. Además, Clearview no tiene ninguna culpa si las fuerzas policiales hacen un mal uso de su tecnología.

La decisión en Canadá probablemente ayudará a otras decisiones legales no solo sobre la tecnología de Clearview, sino también sobre el reconocimiento facial en general. En el mes de mayo de 2020, la Unión Americana de Libertades Civiles demandó a Clearview por infracciones de privacidad en Illinois, un caso que está en curso. Incluso los legisladores de los Estados Unidos han propuesto la prohibición nacional del reconocimiento facial.

La tecnología también plantea cuestiones de tipo racial y la posibilidad de falsas acusaciones contra personas inocentes. En diciembre, dos hombres negros presentaron una demanda contra la policía en Michigan, aludiendo que habían sido identificados falsamente por la tecnología de reconocimiento facial, específicamente por el software de reconocimiento facial DataWorks Plus que utiliza la policía estatal de Michigan.

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