El pasado mes de noviembre de 2025 marcó un punto de inflexión en la lucha contra el tráfico ilegal de obras de arte y bienes culturales en Europa. En una jornada de acción coordinada por las autoridades búlgaras, con el apoyo de Europol y la participación de agentes de hasta seis países, se desarticuló una extensa red criminal dedicada al saqueo y comercio ilícito de antigüedades grecorromanas y tracias.

Esta operación es el resultado de años de investigación y cooperación internacional, y pone el foco en un fenómeno que afecta de lleno al patrimonio cultural europeo y mundial.

Todo comenzó en el año 2020, cuando un registro domiciliario en Bulgaria culminó con la confiscación de 7.000 bienes culturales de valor incalculable. La falta de documentación fiable y la gran cantidad de objetos hicieron saltar todas las alarmas: probablemente se trataba de uno de los conjuntos de antigüedades saqueadas más grandes descubiertos en el país.

Entre estos objetos se encontraban:

• máscaras y joyas antiguas,
• equipamiento militar,
• jarrones y copas ceremoniales,
• piezas únicas que datan del 2000 a. C.

Desde entonces, la colección se ha mantenido bajo custodia en el Museo Nacional de Historia de Bulgaria, mientras avanzaba una investigación de gran alcance que ha acabado revelando una red criminal transfronteriza altamente organizada.

La jornada de acción fue tan impresionante como significativa:

• 35 detenciones en Bulgaria.
• 131 registros en varios países (Bulgaria, Albania, Francia, Alemania y Grecia).
• Más de 3.000 bienes confiscados, incluidas monedas de oro y plata.
• Valor total estimado: más de 100 millones de euros.
• Además, se intervinieron obras de arte, armas, documentos, equipos electrónicos, oro y más de 50.000 euros en efectivo.

El principal Objetivo de Alto Valor (HVT, por sus siglas en inglés) de la investigación está acusado de financiar excavaciones ilegales en Bulgaria y otros países balcánicos. El mecanismo era claro: grupos de saqueadores locales excavaban yacimientos arqueológicos por encargo, y los intermediarios se encargaban de blanquear las piezas a través del mercado internacional del arte.

El caso pone de manifiesto una realidad bien conocida por los investigadores: el mercado del arte es un terreno fértil para actividades criminales. La demanda de objetos únicos y la dificultad de verificar su procedencia facilitan la entrada de artefactos saqueados de manera ilegal.

Los Balcanes e Italia, ricos en patrimonio arqueológico grecorromano, han sido durante décadas objetivo de redes de tráfico de antigüedades. Y esta problemática no es local: a menudo se mezclan piezas procedentes de zonas en conflicto como Siria o Irak.

Desde 2024, un grupo de trabajo de Europol ha sido clave para conectar puntos, vincular sospechosos e identificar artefactos dispersos por varios países. Este modelo de cooperación —que combina análisis, intercambio de información y acciones conjuntas— es hoy más necesario que nunca.

El desmantelamiento de la red es una victoria importante, pero también un recordatorio: la protección del patrimonio cultural requiere vigilancia constante y esfuerzos globales coordinados.

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A principios de noviembre de 2025, Europol acogió a 191 expertos de 51 países en su sede de La Haya para la última edición de la Conferencia anual sobre drogas. Los debates se centraron en las tendencias emergentes en la producción y tráfico de drogas sintéticas, los retos que plantea el tráfico de cocaína y las estrategias para fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra estas amenazas. Los participantes exploraron también métodos innovadores para desmantelar las redes criminales implicadas en el tráfico de drogas.

El comercio de drogas ilícitas sigue siendo una amenaza importante para la seguridad interior de la UE. En particular, las drogas sintéticas son muy dinámicas, con rutas cambiantes y una variedad de actores criminales. Se producen a gran escala en la UE, tanto para los mercados locales como para la exportación al extranjero.

Ante la gravedad del asunto, Europol ha hecho de la lucha contra el tráfico de drogas sintéticas una máxima prioridad. En este contexto, la agencia ha apoyado dos operaciones importantes en las últimas semanas dirigidas a toda la cadena de suministro:

1.- Red criminal desmantelada en Europa Central y Oriental

El 11 de noviembre de 2025, las fuerzas del orden desmantelaron una red criminal internacional que suministraba precursores clave utilizados para producir metanfetamina y que operaba en toda Europa. Las autoridades de Bulgaria, Chequia, Hungría, Rumanía y Moldavia, con el apoyo de Europol, participaron en la investigación. Eurojust creó y financió el equipo de investigación conjunto entre las autoridades checas, rumanas y moldavas que les permitió rastrear el flujo de sustancias y comunicaciones ilícitas y recopilar pruebas para el procesamiento del grupo criminal.

La jornada de acción comportó:

• 16 detenciones (1 en Bulgaria, 11 en Chequia, 2 en Hungría y 2 en Moldavia).
• 18 registros (3 en Chequia, 2 en Hungría, 1 en Rumanía y 12 en Moldavia).
• 3 laboratorios clandestinos de drogas desmantelados en Hungría y Moldavia.
• Confiscación de drogas sintéticas y materiales químicos para producir metanfetamina, incluyendo más de 5 kg de metanfetamina, 40 kg de pastillas que contenían efedrina, 50 litros de tolueno, 0,5 kg de fósforo, 280 kg de sosa cáustica, 70 kg de residuos de producción de residuos químicos.
• Confiscación de dos vehículos utilizados para el transporte de drogas.
• Confiscación de dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

Los sospechosos participaron en todas las etapas de la cadena de producción de drogas: importaban productos químicos, producían drogas sintéticas y las introducían de contrabando en el equipaje de los aviones y en compartimentos ocultos de los vehículos para evitar ser detectados por las autoridades.

2.- Por otra parte, en una operación sin precedentes en la UE, las autoridades se incautaron de más de 40 toneladas de precursores destinados a la producción de MDMA, anfetamina y metanfetamina en Hungría y Alemania. La investigación duró dos años, y la acción más reciente tuvo lugar los días 4 y 5 de noviembre de 2025, y resultó en:

• 4 detenciones
• 8 registros de propiedades
• Drogas sintéticas incautadas
• Precursores y productos químicos incautados
• Vehículos, joyas y dispositivos electrónicos incautados
• 67.000 euros en efectivo incautados

La investigación reveló que los precursores se enviaron desde China a los puertos de Hamburgo y Rotterdam. Allí, fueron recogidos por miembros de la red criminal y enviados a Hungría para su posterior distribución. Los autores operaban en muchos países europeos y tenían la capacidad de suministrar grandes cantidades de productos químicos, lo que permitía la producción de drogas a gran escala.

La red criminal objetivo de esta operación estaba vinculada a varios envíos de productos químicos precursores incautados entre los años 2023 y 2025. Durante este período, las autoridades interceptaron casi 32 toneladas de precursores en Hungría y más de 10 toneladas en Alemania.

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Durante las últimas semanas, las fuerzas del orden, los guardias de fronteras y las autoridades laborales y fiscales de toda Europa unieron fuerzas para identificar y combatir la explotación laboral. Esta reciente edición de las Jornadas de Acción Conjunta EMPACT se centró en el tráfico de seres humanos con fines de explotación laboral, con especial énfasis en el sector agrícola, la gastronomía y las agencias de trabajo temporal.

En particular, las autoridades implicadas también tomaron medidas contra la explotación de nacionales de terceros países y refugiados. Lideradas por Francia y Países Bajos, y llevadas a cabo por autoridades de 32 países con el apoyo de Europol y la Autoridad Europea del Trabajo (ELA), las jornadas de acción supusieron la detención de 54 personas y la identificación de 404 víctimas potenciales de tráfico de seres humanos.

Por lo general, los resultados de la acción incluyen:

• 22.296 agentes de las fuerzas del orden y las autoridades laborales y fiscales que participaron en la acción.

• 194.995 entidades controladas (incluidas 73.218 personas, 11.815 ubicaciones, 26.412 vehículos y 83.958 documentos).

• 93 personas sospechosas de tráfico de seres humanos identificadas (de las cuales 92 por explotación laboral).

• 54 personas detenidas por varios delitos (de las cuales 44 por explotación laboral).

• 404 posibles víctimas de tráfico de seres humanos identificadas (de las que 393 posibles víctimas de explotación laboral).

• 341 nuevas investigaciones en varios delitos iniciados (de las que 43 de explotación laboral).

El objetivo de esta acción recurrente es que las autoridades se centren en las formas de explotación laboral más pertinentes o extendidas en sus respectivos países. Se llevaron a cabo inspecciones en una amplia gama de sectores, tales como restauración, gastronomía, entrega de alimentos, procesamiento de alimentos y carne, servicios de belleza, atención médica doméstica, logística y distribución, agricultura, construcción y minería.

Algunos países han confirmado varios modus operandi en el tráfico de seres humanos con fines de explotación agrícola y laboral. Éstos incluyen discrepancias entre los pagos y las horas de trabajo de los empleados, violaciones de las leyes sobre el salario mínimo, trabajo no declarado, esquemas ilegales operados por agencias de trabajo temporal, incumplimientos de las horas máximas de trabajo, malas condiciones de vivienda proporcionadas por los empresarios, el empleo de menores, servidumbre de deudas, trabajo sin permiso y la retención de documentos de identidad y de viaje. Además, los nacionales de terceros países pueden utilizar documentos similares, pasaportes falsificados y permisos de residencia falsificados. Por lo general, los casos de explotación laboral y trabajo forzado son significativamente infra declarados y no reflejan la verdadera magnitud del problema.

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El deterioro de las relaciones entre policía y población se explica, en parte, por el predominio de una lógica marcial y política a corto plazo. Este modelo perjudica tanto a los ciudadanos, víctimas de prácticas brutales, como a los policías, expuestos a misiones mal definidas y arriesgadas.

Esta idea se extrae de una investigación realizada por: Marie Lajus, alto funcionario, ex prefecto y comisario de policía, Jacques de Maillard, profesor universitario y Marc-Olivier Padis, Director de Estudios de Terra Nova.

Un reciente informe de inspección señala un deterioro del vínculo de confianza entre las fuerzas de seguridad interna y la población. La brecha entre las expectativas de la población y la comprensión de las prioridades de los servicios es obvia. Este deterioro no sólo es preocupante por la insatisfacción de los usuarios. También conduce a una acción de política de seguridad menos efectiva. La sensación de distancia entre la policía y la sociedad dificulta el trabajo policial.

Las oportunidades de contacto entre la policía y la población tienen lugar con demasiada frecuencia durante las interacciones de control, en una lógica coercitiva y, en ocasiones, en un modo ofensivo, lo que crea un clima de desconfianza desfavorable para el trabajo policial.

También coloca a los agentes en situaciones conflictivas donde su responsabilidad puede ser cuestionada. Un malestar policial es evidente durante un cierto número de misiones para las que no están preparados o que sólo tienen como objetivo el aparente despliegue de la fuerza y ​​la acción represiva. Este malestar está ligado en parte a las condiciones en un contexto de tensión operativa permanente.

La acción de la policía durante la crisis sanitaria se ha orientado por instrucciones oficiales en una dirección esencialmente represiva. Las fuerzas policiales y de gendarmería se han movilizado masivamente para comprobar la aplicación del confinamiento y sus diferentes medidas (certificados, cierres de plazas, uso de mascarillas, etc.). En total, unos 100.000 agentes, es decir, casi todo el personal dedicado a la vía pública, fueron movilizados a diario por esta acción.

El dominio de un modo de intervención principalmente coercitivo, basado en concepciones obsoletas de gestión de multitudes y disuasión a través de la exhibición de la fuerza, conduce a situaciones de fracaso colectivo de las que los agentes pagan el precio (lesiones, imagen degradada, riesgo de acoso penal).

Pero los beneficios en términos de comunicación siguen siendo suficientemente fuertes para que los líderes políticos persistan en el callejón sin salida. Los movimientos de los chalecos amarillos presentan un caso especial ya que no se trataba de que la policía se enfrentara a manifestaciones organizadas, con un recorrido declarado, organizadores identificados, interlocutores responsables, un ritual controlado. Por defecto, a ojos del Ministerio del Interior, no se trataba de manifestaciones sino de concentraciones, es decir, una calificación que autorizaba el uso legal de la fuerza de forma mucho más amplia.

En los países vecinos, se ha observado un enfoque completamente distinto. Por ejemplo, en los Países Bajos, la acción policial se ha realizado con un espíritu de prevención, diálogo y rendición de cuentas. El eslogan escogido no fue el de la “guerra contra el virus” lanzada por el presidente de la República en Francia y después retransmitida, desde el primer ministro, a todos los niveles jerárquicos. El eslogan colectivo holandés era: “juntos, controlad la epidemia”.

El caso holandés muestra que otra estrategia para gestionar el confinamiento fue posible destacando el contacto con la población, los mensajes de prevención y el soporte. La policía británica implementó prácticas de acuerdo con un enfoque de 4 E (Engage, Explain, Encourage, Enforce), de las cuales la dimensión de coerción era, por tanto, sólo una de las cuatro dimensiones, y cuyas evaluaciones han demostrado que ha ayudado a mantener o incluso a desarrollar la buena voluntad pública. Por el contrario, la política de números, que ya ha mostrado sus límites, no valora ninguna de las habilidades profesionales de la policía. Solo funciona sobre el miedo al uniforme o al castigo, en detrimento de construir un vínculo duradero entre la policía y la sociedad. Esto debe suponer reforzar la formación inicial y continuada de los funcionarios encargados de la seguridad interior, que actualmente es demasiado limitada en duración e insuficientemente adaptada desde el punto de vista del contenido y la preparación para la profesión.

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