La propuesta de explorar el alquiler de celdas en prisiones extranjeras para hacer frente a la sobrepoblación carcelaria ha abierto un intenso debate en el ámbito político, jurídico y de la seguridad pública. Con más de 82.900 internos para unas 62.000 plazas disponibles, Francia se encuentra en una situación crítica. Según datos del Consejo de Europa, es uno de los países con mayor tasa de hacinamiento del continente, sólo por detrás de Chipre y Rumanía. Ante este escenario, el ejecutivo baraja opciones que hasta hace poco parecían impensables.
La idea no es nueva en Europa. Entre 2010 y 2016, Bélgica alquiló 680 plazas penitenciarias en Tilburg, Países Bajos, en un modelo en el que el personal neerlandés operaba bajo legislación belga. Más recientemente, en 2021, Dinamarca firmó un acuerdo con Kosovo para trasladar a 300 internos durante diez años, con un coste estimado de cerca de 200 euros diarios por recluso. Estos precedentes demuestran que el modelo es viable sobre el papel, pero también evidencian sus limitaciones prácticas.
Desde una perspectiva de seguridad y gestión penitenciaria, los retos son considerables. En primer lugar, existe la complejidad jurídica: ¿qué marco legal se aplica? ¿Cómo se garantizan los derechos fundamentales de los internos? La experiencia belga mostró que es necesaria una formación específica del personal y una coordinación estrecha entre administraciones. En segundo lugar, los costes logísticos pueden ser superiores a los previstos, especialmente en lo que se refiere al transporte, la supervisión y la gestión contractual.
Otro factor crítico es el impacto en la reinserción. Varios profesionales del sistema penitenciario alertan de que alejar a los internos de su entorno familiar y social puede dificultar la rehabilitación y aumentar el riesgo de reincidencia. Las visitas se complican por la distancia y, en algunos casos, por los requisitos administrativos. Además, los programas de formación e inserción laboral pueden perder eficacia si no están coordinados con el mercado laboral del país de origen.
El debate tiene también una dimensión presupuestaria. Francia destina ya entre 100 y 250 euros diarios por interno, según el tipo de centro. Externalizar plazas puede parecer una solución rápida, pero no necesariamente más económica. En un contexto de presión sobre las finanzas públicas, cualquier decisión deberá justificarse con criterios de coste-eficiencia y sostenibilidad a largo plazo.
Paralelamente, autoridades del ámbito de la Justicia han propuesto construir unidades modulares para condenas cortas, mientras que el presidente reiteró la voluntad de acelerar la creación de 5.000 nuevas plazas. Sin embargo, sindicatos y expertos insisten en que ampliar la oferta penitenciaria no resuelve la raíz del problema: el uso excesivo de la cárcel como respuesta penal.
Proponen potenciar penas alternativas, programas de salud mental y tratamiento de adicciones para reducir la entrada en prisión y la reincidencia.
La cuestión clave es si el alquiler de celdas en el extranjero refuerza realmente la seguridad pública o simplemente desplaza el problema. La experiencia europea sugiere que se trata de una medida compleja, con riesgos operativos y reputacionales, que sólo puede funcionar dentro de una estrategia integral de reforma penal. Sin cambios estructurales en política criminal y reinserción, el riesgo es convertir una solución de emergencia en un parche caro y controvertido.
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