Una red criminal internacional que blanqueaba los beneficios de la cocaína para el crimen organizado italiano se ha desmantelado después de que los investigadores siguieran el rastro del dinero por toda Europa.

Lo que empezó como movimientos financieros sospechosos, constituyó un sofisticado sistema de blanqueo de dinero que daba servicio a miembros de la Camorra y la ‘Ndrangheta. Detrás de sociedades fantasma, facturas falsas e inversiones de lujo, se limpiaban y reinvertían millones de euros en beneficios de la cocaína por toda Europa.

Dirigió la investigación la Gendarmería Nacional francesa, en colaboración con los Carabinieri italianos y la Oficina Federal de Policía suiza (FEDPOL). También contó con el apoyo de la Policía Federal belga de Amberes, la Agencia Estatal para la Seguridad Nacional búlgara, la Aduana alemana y la Policía Nacional del Ecuador, bajo la coordinación de Europol y Eurojust.

A raíz de los flujos financieros, los investigadores identificaron a un ciudadano montenegrino, conocido como objetivo de alto valor de Europol y buscado por varios países europeos. El sospechoso se había establecido en la zona de Cannes, en Francia, con familiares próximos, incluido su yerno italiano, conocido por las autoridades italianas por blanqueo de capitales, fraude y delitos de tráfico de armas.

La investigación financiera reveló que la red de blanqueo estaba directamente conectada con el tráfico de cocaína a gran escala desde Sudamérica hacia Europa.

Se sospecha que el grupo coordina envíos marítimos de cantidades significativas de cocaína a los principales puertos de Europa. Una confiscación importante por parte de la aduana belga a finales de 2025 se vinculó al sospechoso montenegrino, lo que supuso un avance decisivo en la investigación.

Los investigadores descubrieron una organización altamente estructurada. La red se basaba en una capacidad financiera sustancial, criptoactivos, viajes transfronterizos semanales en vehículos de lujo con compartimentos de ocultación sofisticados y una red corporativa que abarcaba múltiples jurisdicciones.

En el mes de febrero de este año, las autoridades llevaron a cabo registros y detenciones y coordinados en Francia, Italia, Bélgica y Suiza. Se arrestaron siete sospechosos (cuatro en Francia y tres en Italia), incluido el objetivo de alto valor montenegrino.

En la Riviera francesa, se confiscaron vehículos de lujo, junto con propiedades de alta gama por valor de más de cinco millones de euros. También se confiscaron empresas y activos adicionales en Suiza e Italia.

Desde el año 2023, Europol ha dado apoyo a esta investigación, que rápidamente se ha convertido en una de las operaciones más activas de la agencia desde su Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos.

El caso requirió todo el abanico de servicios de Europol: análisis criminal y financiero avanzado, comunicación segura en tiempo real y despliegues sobre el terreno en Francia e Italia para dar apoyo a los investigadores nacionales y construir una imagen operativa compartida.

En el año 2024, se estableció un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) en Eurojust entre Francia, Italia y Suiza, lo que permitió una estrecha coordinación judicial. A través de Europol, otros socios (Bélgica, Alemania y Ecuador) se unieron a la investigación, ampliando su impacto.

La Red @ON, financiada por la Comisión Europea y dirigida por la Dirección de Investigación Antimafia italiana (DIA), dio apoyo financiero a las reuniones operativas y al despliegue de los investigadores.

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En los últimos meses, varios supermercados del Reino Unido han empezado a aplicar medidas de seguridad inusuales a un producto aparentemente inofensivo: el chocolate. Cadenas como Sainsbury’s, Tesco y Co-op han optado por colocar las barras de chocolate dentro de cajas de plástico antirrobo, un sistema habitualmente reservado para bebidas alcohólicas Premium o dispositivos electrónicos.

Esta decisión responde a un incremento significativo del robo de chocolate, que según el sector ya no es fruto de hurtos ocasionales, sino de una actividad sistemática vinculada al crimen organizado y a la reventa en mercados ilícitos.

Según la Association of Convenience Stores (ACS), la confitería —y especialmente el chocolate— se ha convertido en uno de los productos más sustraídos en las tiendas de proximidad. La combinación de valor económico, fácil transporte y alta demanda la convierte en un objetivo especialmente atractivo.

Los comerciantes denuncian que los robos se hacen a menudo por encargo. Eso implica que los productos no se consumen inmediatamente, sino que se distribuyen posteriormente a través de canales ilegales: otros establecimientos, mercados informales o negocios que compran género a precios reducidos sin verificar su origen.

El fenómeno no es aislado. Según datos del British Retail Consortium, durante el último año se registraron 5,5 millones de incidentes de robo en establecimientos comerciales en el Reino Unido. Además, se produjeron una media de 1.600 incidentes diarios de violencia o abuso contra trabajadores del sector minorista. Aunque la cifra representa una ligera disminución respecto al año anterior, sigue siendo la segunda más alta jamás registrada.

La afectación económica es considerable. El grupo Heart of England Co-Op, con 38 tiendas, declaró haber perdido 250.000 libras en chocolate durante 2024, convirtiéndolo en el producto más robado aquel año. En 2025 solo fue superado por el alcohol. En una sola semana, un individuo puede llegar a causar pérdidas de miles de libras en un mismo establecimiento.

Algunos comerciantes explican que un estante completo de chocolate puede tener un valor aproximado de 500 libras, y que los ladrones pueden llevarse entre 200 y 250 libras en producto dentro de una mochila en cuestión de minutos.

Ante esta situación, los establecimientos han tenido que invertir en medidas de protección: sistemas de CCTV más sofisticados, tecnología de inteligencia artificial para identificar sospechosos recurrentes, reducción del stock expuesto y eliminación de promociones visibles en zonas de fácil acceso. En algunos casos, los estantes solo se llenan parcialmente para limitar el impacto económico potencial.

El National Police Chiefs’ Council ha asegurado que está trabajando conjuntamente con minoristas y expertos en seguridad para reforzar la respuesta ante la delincuencia minorista. La estrategia incluye mejor coordinación, uso más eficiente de la tecnología y sistemas de denuncia más ágiles.

No obstante, desde el sector comercial se reclama una respuesta más contundente. El ACS pide sentencias más severas para reincidentes y acciones específicas contra las redes que distribuyen productos robados, ya que el problema no se limita al hurto puntual, sino que forma parte de una economía paralela que puede financiar otras actividades delictivas.

El caso del chocolate es sintomático de un problema más amplio: el aumento del robo organizado en el comercio minorista. Productos que antes no requerían protección especial ahora se tratan como mercancías de alto riesgo. Esta evolución refleja cambios en el comportamiento delictivo, pero también en las condiciones socioeconómicas y en la capacidad de reventa a través de canales informales o digitales.

Para el sector de la seguridad, este fenómeno plantea varios retos:

• Adaptar los sistemas de protección en productos de consumo masivo.
• Equilibrar experiencia de cliente y medidas antirrobo.
• Incorporar tecnología predictiva y análisis de patrones.
• Mejorar la colaboración entre empresas y fuerzas de seguridad.

En definitiva, el hecho de que una simple tableta de chocolate tenga que estar encerrada bajo llave es un indicador claro de la evolución del riesgo en el entorno comercial actual. La respuesta no se puede limitar a medidas físicas; requiere una estrategia integral que combine prevención, inteligencia y actuación judicial efectiva.

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Felia Allum, profesora de crimen organizado comparado en la Universidad de Bath, ha publicado un artículo en The Conversation en el que analiza el aumento de los asesinatos vinculados al narcotráfico en Francia y defiende que el país está en un punto de inflexión en su relación con el crimen organizado. El caso que simboliza este giro es el asesinato de Medhi Kessaci, hermano de un activista antinarcotráfico en Marsella, un crimen interpretado como un mensaje intimidatorio en el contexto de una escalada de violencia. Entre 2023 y 2024, 73 personas murieron en Marsella en hechos relacionados con el negocio de la droga; muchos de ellos eran jóvenes reclutados por internet con la promesa de dinero rápido. Episodios similares se han producido también en Grenoble, París, Nimes, Montpellier, Niza y Lyon.

Marsella se ha convertido en el epicentro simbólico de esta crisis. El grupo que actualmente domina parte del mercado de la droga en Francia se hace llamar Mafia DZ; pero Allum subraya que no se trata de una mafia clásica, como las italianas. No responde a la estructura jerárquica tradicional ni al modelo histórico de control territorial e infiltración institucional característico de determinadas organizaciones italianas. Esto obliga a evitar simplificaciones y etiquetas como “narcoestado” o “narcoterrorismo”, que pueden llamar la atención mediática, pero no siempre ayudan a entender el fenómeno.

Según la autora, el crimen organizado no aparece de la nada ni se impone únicamente por la fuerza. Arraiga cuando encuentra espacios vacíos que el estado y la sociedad no están ocupando adecuadamente. Históricamente, estructuras mafiosas y cárteles se han consolidado en periodos de transformación profunda, como pasó en Italia durante la unificación del siglo XIX o en los Estados Unidos en plena industrialización. En estos contextos de cambio acelerado, las instituciones todavía eran débiles o inestables, y actores no estatales llenaron los vacíos de poder.

Pero actualmente Francia no es un estado en construcción, sino un estado consolidado, inmerso en un modelo económico liberal en el que las desigualdades sociales, educativas y económicas se han profundizado. Allum, inspirándose en la politóloga Susan Strange, apunta que la autoridad del estado se ha erosionado en favor de los mercados y que el modelo de bienestar se ha ido burocratizando y privatizando. Cuando el tejido social se debilita y las oportunidades reales escasean, las redes criminales ofrecen una alternativa aparentemente atractiva: ingresos inmediatos, identidad, respeto y una estructura de pertenencia.

En barrios con altas tasas de paro juvenil y fracaso escolar, el narcotráfico puede convertirse en una vía de ascenso rápido, aunque sea extremadamente peligrosa. Las organizaciones imponen sus propias normas a los vendedores y reclutas, generan economías paralelas y, en algunos casos, obtienen una cierta tolerancia social basada en el miedo o en la dependencia económica. El crimen organizado no solo opera en contra de la comunidad; a menudo se integra en ella y establece vínculos complejos.

Ante esta situación, el gobierno del presidente Emmanuel Macron ha propuesto un conjunto de medidas orientadas a reforzar la respuesta penal y policial. Destaca la creación de una nueva dirección nacional contra el crimen organizado (PNACO), con fiscales especializados para perseguir redes de narcotráfico a escala francesa y europea. También se prevén programas de protección de testigos, endurecimiento de las condiciones penitenciarias para los jefes de red y ampliación de los mecanismos de incautación de bienes. Francia mira hacia el modelo italiano de los años noventa como referente legislativo.

Además, el gobierno quiere incrementar las sanciones a los consumidores, con multas más elevadas y posibles restricciones, como la retirada del permiso de conducir o afectaciones laborales. Esta estrategia parte de la idea de que hay que actuar sobre toda la cadena, desde los cabecillas hasta la demanda final.

Sin embargo, Allum advierte de que las medidas reactivas y punitivas, por sí solas, no resuelven las causas estructurales del problema. Las redes criminales tienen una gran capacidad de adaptación: cuando se desmantela una estructura, puede emerger otra, a menudo con operaciones coordinadas desde el extranjero. Sin una intervención que aborde las desigualdades, la falta de oportunidades y la desconexión entre instituciones y ciudadanía, el fenómeno tiende a reproducirse.

La lucha contra el narcotráfico no es solo una cuestión de refuerzo policial o de reforma penal. Es también una cuestión de cohesión social, de políticas públicas integrales y de reconstrucción del vínculo entre el estado y los barrios más vulnerables. La seguridad sostenible no se construye únicamente con más represión, sino con prevención, inversión social y alternativas reales para los jóvenes que hoy ven en el mercado de la droga su único horizonte posible.

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En los últimos dos años, los principales puertos del noroeste de Europa han registrado una notable caída en las incautaciones de cocaína. A simple vista, la tendencia podría interpretarse como éxito de las políticas de seguridad. Puertos como Rotterdam, Amberes o Hamburgo -que durante años habían sido las principales puertas de entrada de cocaína en el continente- han reforzado controles, cooperación internacional y medidas anticorrupción. Sin embargo, un análisis más profundo revela una realidad más compleja: la disminución de las intervenciones no implica necesariamente una reducción del tráfico, sino una transformación de sus dinámicas.

Los indicadores de mercado no apuntan a escasez. En varios países de Europa occidental, los precios al por mayor y al por menor han descendido mientras la demanda se mantiene estable o crece. Esto sugiere un escenario de sobreoferta, coherente con el aumento sostenido de la producción en países como Colombia. En otras palabras, la presión policial no ha detenido el flujo, sino que ha obligado a las organizaciones criminales a innovar.

Una primera adaptación clara es el cambio en el tamaño de los envíos. Las grandes partidas de varias toneladas, altamente rentables, pero también muy arriesgadas, han dejado paso a envíos más pequeños y frecuentes. Esta fragmentación reduce las pérdidas en caso de intercepción y dificulta la detección mediante patrones tradicionales de inteligencia.

Cuando la vigilancia aumenta en un punto, el tráfico se desplaza hacia otras rutas. Este fenómeno, conocido como efecto waterbed, es ya visible en Europa. El endurecimiento de los controles en Rotterdam, Amberes y Hamburgo ha ido acompañado de un incremento de la actividad en puertos del norte y el este del continente, así como en la región báltica y el sudeste europeo.

Esta redistribución comporta riesgos adicionales: llegada de nuevos actores criminales, aumento de la competencia violenta, presión sobre instituciones con menos recursos y mayor vulnerabilidad a la corrupción. El resultado no es menos cocaína, sino una problemática más dispersa y difícil de gestionar de forma coordinada.

Las organizaciones criminales también han sofisticado sus métodos de ocultación. Además del tráfico en contenedores, se observan prácticas como descargas en el mar, escondidos bajo el casco de los barcos o el uso de cocaína licuada y químicamente modificada para camuflarla como productos legales. También proliferan laboratorios de extracción y procesamiento dentro del territorio europeo, una señal preocupante de proximización de la cadena de valor ilícita.

Este fenómeno va acompañado de una presencia creciente de organizaciones criminales latinoamericanas en Europa, como el Primeiro Comando de Capital de Brasil, el Clan del Golfo o el Cártel de Sinaloa. Su implantación no sólo refuerza las redes de distribución, sino que facilita la transferencia de conocimiento, contactos y capacidad logística.

Ante este escenario, la respuesta no puede ser exclusivamente nacional. Las iniciativas de cooperación e intercambio de información son esenciales. Reforzar el mandato de Europol y potenciar las herramientas judiciales de Eurojust son pasos necesarios para evitar que el éxito local genere vulnerabilidades regionales.

La lucha contra el narcotráfico no es ya sólo una cuestión de intercepción física de mercancías, sino de inteligencia, anticipación y visión estratégica compartida. Los datos de incautaciones, por sí solas, pueden crear una falsa sensación de control. El verdadero reto es entender que se trata de un adversario altamente adaptable.

La reducción de las intervenciones puede parecer una victoria, pero podría ser, en realidad, un espejismo blanco. Sólo con cooperación sostenida, análisis prospectivo y una aproximación integral a la seguridad se puede evitar que el problema simplemente cambie de forma mientras sigue creciendo.

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