El Consejo y el Parlamento Europeo llegan a un acuerdo sobre la violencia contra las mujeres

La presidencia belga del Consejo Europeo y el Parlamento Europeo han acordado la primera directiva de la Unión Europea sobre violencia contra las mujeres y violencia doméstica. La nueva reglamentación establece normas mínimas para la definición de delitos y sanciones penales específicas para hacer frente a estas formas de violencia. También establece los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres o de violencia doméstica, y contempla su protección.

Para muchas mujeres en Europa, la violencia sexual, la violencia doméstica, el acoso callejero o el abuso online son amenazas diarias. Además, las mujeres a menudo pagan con su vida por rupturas de relaciones. Incluso los matrimonios forzados y la mutilación genital no han sido completamente erradicados por nuestra sociedad.

La nueva regulación prevé penalizar los siguientes delitos en toda la Unión:

  • Mutilación genital femenina
  • Matrimonio forzado
  • Intercambio o difusión no consentido de imágenes íntimas
  • Acoso cibernético
  • Incitación al odio o la violencia en la red

Una vez aprobada, la nueva directiva establecerá normas comunes sobre la definición de estos delitos y las sanciones relacionadas.

La regulación también introducirá circunstancias agravantes, como el reiterado ejercicio de la violencia contra las mujeres, la comisión de un acto de violencia contra una persona vulnerable o un menor y el uso de niveles extremos de violencia.

Asimismo, la nueva directiva facilitará el acceso a la justicia de las víctimas de estos delitos y obligará a los estados miembros a ofrecer un adecuado nivel de protección y apoyo especializado.

Los estados miembros deben garantizar, por ejemplo, que las víctimas puedan denunciar actos de violencia contra las mujeres o violencia doméstica a través de canales accesibles y fáciles de utilizar, incluida la posibilidad de denuncias online, así como presentar pruebas online, al menos para los delitos cibernéticos.

Por otra parte, cuando los niños sean víctimas de estas infracciones, los países de la UE tendrán que asegurarse de que reciban la asistencia de profesionales formados para trabajar con menores. Y si el acto de violencia implica al titular de la responsabilidad parental, la denuncia no debe estar condicionada al consentimiento de esa persona. De hecho, las autoridades primero tendrán que tomar medidas para proteger la seguridad del niño antes de que esta persona sea informada de la denuncia.

Asimismo, cuando una víctima de violencia sexual o de violencia doméstica entra en contacto por primera vez con una autoridad, debe evaluarse el riesgo que supone el agresor o el sospechoso. Sobre esta base, las autoridades tendrán que proporcionar las medidas de protección adecuadas. Estas medidas pueden incluir órdenes de exclusión y restricción o protección de emergencia.

Para proteger la privacidad de la víctima y evitar la repetición de la victimización, los estados miembros también deben garantizar que las pruebas relacionadas con la conducta sexual pasada de la víctima solo se permitan en los procedimientos penales cuando sean relevantes y necesarias.

Por último, la directiva prevé que las víctimas tendrán derecho a reclamar una indemnización íntegra a los delincuentes por los daños derivados del delito de violencia contra las mujeres o violencia doméstica. Las víctimas también deberían poder obtener una indemnización en el contexto de procedimientos penales, en su caso.

La presidencia del Consejo y el Parlamento de la UE acordaron que los países de la UE deben tomar las medidas adecuadas, como campañas de sensibilización, para prevenir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Estas medidas preventivas están orientadas a aumentar la concienciación y la comprensión social de las diferentes manifestaciones y causas de todas estas formas de violencia, así como a desafiar a los estereotipos de género nocivos y promover la igualdad de género.

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Informe de la situación mundial de la seguridad vial 2023

Hace unas semanas se ha publicado el informe llamado Global status report on road safety 2023, elaborado por la World Health Organization. Según el estudio, durante el año 2021 hubo 1,19 millones de muertes en accidentes de tráfico en todo el mundo, lo que supone una caída del 5% respecto al año 2010, cuando se produjeron 1,25 millones de defunciones.

Cabe destacar que esta ligera reducción de la mortalidad en las carreteras se produjo a pesar de que más que se duplicó la flota de vehículos a nivel global, que la red de carreteras está en fase de expansión significativa y que la población mundial aumentó durante esos años en más de mil millones de personas.

Según el documento, se demostraría que todos los esfuerzos por mejorar la seguridad vial todavía son escasos, a tenor de los objetivos de la década de Acción de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial 2021-2030, que contempla reducir a la mitad las víctimas mortales de cara al año 2030.

Actualmente, los heridos y fallecidos por accidente de tráfico siguen siendo un importante reto global para la salud y el desarrollo de la ciudadanía. Los accidentes de tráfico son la principal causa de muerte de los niños y jóvenes de entre 5 y 29 años, y dos tercios de las muertes se producen entre personas en edad de trabajar, de 18 a 59 años, lo que provoca enormes costes sanitarios, sociales y económicos en toda la sociedad.

El informe también subraya que las víctimas de accidentes de tráfico suelen ser los más débiles de la carretera, ya que más de la mitad de los fallecidos son peatones, ciclistas o motociclistas. Los ocupantes de vehículos de cuatro ruedas suponen un tercio de las víctimas mortales, y los vehículos de más de 10 personas, automóviles pesados y de mercancías suponen una quinta parte de todos los fallecidos de tráfico. Destaca también el incremento de muertes que viajaban en pequeños vehículos eléctricos, que constituyen el 3% de las muertes.

En cuanto a las infraestructuras, casi el 80% de todas las carreteras evaluadas no cumplen una calificación mínima de 3 estrellas para la seguridad de los peatones y solo el 0,2% de estas vías tienen carriles adaptados para las bicicletas.

Otro aspecto que destaca el informe de la World Health Organization es que el 90% de las muertes en accidente se produce en países con rentas bajas o medias, mientras que las personas con ingresos bajos de estos países siguen afrontando el mayor riesgo de muerte en carretera.

Así, a nivel mundial, el 28% de todas las víctimas mortales se producen en la región del sudeste asiático, el 25% en la del Pacífico occidental, el 19% en África, el 12% en América, el 11% en la región del Mediterráneo oriental y un 5% en Europa.

Europa es la zona donde se produce una mayor caída en la cifra de víctimas mortales en carretera desde el año 2010, con un descenso del 36%, seguida de la zona del Pacífico occidental, con una reducción del 16%.

Según la legislación de buenas prácticas de la OMS, la aplicación de medidas sobre los cinco factores de mayor riesgo se ha realizado sobre todo en Europa y son: el exceso de velocidad, la conducción de vehículos bajo influencia del consumo de alcohol y/o drogas, el uso del casco en motocicletas, el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil.

Sin embargo, muchos países del mundo no están aplicando medidas que pongan a las personas y la seguridad en el núcleo de los sistemas de movilidad, sino que diseñan y construyen los sistemas de movilidad con el vehículo a motor como centro, no para personas, ni con la seguridad como principal preocupación.

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Aumentan en EE. UU. las tasas de mortalidad por accidentes de tráfico

Del 2010 al 2019, el número de heridos graves y fallecidos por accidente de tráfico en el estado de Nevada se redujo, para después mantenerse estable, más o menos en línea con las tendencias nacionales. Los llamados ‘colchones de seguridad múltiples’ eran estándares en casi todos los vehículos nuevos, independientemente del precio, y las cámaras de seguridad y los sensores de salida de carril y de ángulo muerto eran más baratos de producir. La tecnología mejorada significó que los conductores no solo tuvieran mayor conciencia periférica, sino que también eran más propensos a sobrevivir a los choques que quizás podrían haber matado al ocupante de un vehículo más antiguo.

Hace unas semanas, The New York Times publicó un amplio reportaje sobre el fuerte incremento de muertes a causa de los accidentes de tráfico en Estados Unidos. Y es que en 2020, mientras la Covid-19 sacudía el país, las fuerzas del orden y los trabajadores de carreteras empezaron a denunciar un gran aumento de lesiones relacionadas con el tráfico, a pesar de los cierres y el vacío relativo de las calles. En 2021, el estado registró 385 víctimas mortales, el máximo en los últimos 15 años. Al año siguiente no fue mucho mejor, con 382 víctimas mortales y un incremento del 114% en el número de ciclistas fallecidos en carretera.

La causa fue bastante fácil de identificar: los datos analizados mostraron que los conductores adelantaban a mayor velocidad, en las carreteras y en las calles, y que circulaban por intersecciones con una frecuencia alarmante. Además, el uso del cinturón de seguridad se redujo, provocando miles de heridos a conductores y pasajeros. Después de una década de caída constante, las detenciones por conducir en estado de embriaguez habían repuntado a máximos históricos.

De 2020 a 2021, la National Highway Traffic Safety Administration calculó que el número de accidentes en Estados Unidos se disparó un 16%, hasta más de seis millones, o aproximadamente 16.500 accidentes al día. Las cifras de víctimas mortales fueron de alguna manera aún peores: en 2021, 42.939 estadounidenses murieron en accidentes de coche, el mayor número en década y media. De estas muertes, una parte importante implicó a conductores bebidos o drogados que viajaban muy por encima de los límites de velocidad.

Aparte, el 43% de los 4,2 millones de millas de carreteras se encuentran en malas o mediocres condiciones, según la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Y es poco probable que se reparen en breve, dado el retraso de la construcción de infraestructuras por un valor aproximado de 786.000 millones de dólares.

Pero, sobre todo, parece que el problema son los conductores: no es una exageración decir que el comportamiento en carretera hoy en día es el peor nunca visto hasta ahora, según declaró el capitán Michael Brown, comandante del distrito de la policía estatal en Michigan.

En 2021, la National Highway Traffic Safety Administration calculó que aproximadamente una cuarta parte de todos los siniestros mortales en Estados Unidos implicaron a vehículos que viajaban por encima del límite de velocidad permitido, y un porcentaje importante de los fallecidos, ya fueran pasajeros o conductores, no llevaban el cinturón de seguridad abrochado. De acuerdo con las tendencias detectadas, las tasas nacionales de conducción con abuso de alcohol han aumentado hasta el punto de que una de cada diez detenciones está ahora relacionada y la conducción agresiva, definida como carreras, cambios de carril erráticos o pasos ilegales, influye en el 56% de los accidentes que resultan mortales.

Lamentablemente, esta estadística no cubre las decenas de miles de personas heridas, a menudo de forma crítica, por conductores agresivos, ni las 550 personas fallecidas por un disparo de arma de fuego anualmente después o durante los incidentes de rabia en carretera, como tampoco el creciente número de peatones y ciclistas atacados deliberadamente por motoristas indignados.

Si se añade el mal comportamiento al volante, con los peligros de la distracción con los teléfonos inteligentes, responsables, según una estimación conservadora, de unas 3.500 muertes al año, la combinación es demoledora.

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Hipersexualidad, una consecuencia invisibilizada de las agresiones sexuales

Las agresiones sexuales superan la capacidad de ser afrontadas y producen en las víctimas un gran impacto a nivel emocional. Suponen un ataque directo al sentimiento de seguridad. Además, históricamente, las mujeres han sido las principales víctimas de ese tipo de violencias.

Tal y como publicó hace pocas semanas The conversation, estas experiencias pueden modificar la forma de sentir, de comportarse y de relacionarse con los demás en el futuro.

Varios estudios sobre la temática se han centrado en las secuelas que sufren los menores de edad agredidos por adultos, mientras que los casos entre iguales están menos visibilizados. Y más aún si estos se producen en el ámbito de la relación de pareja.

Sin embargo, se calcula que una tercera parte de las chicas adolescentes de todo el mundo se inician en la vida sexual con una relación forzada. Debido a esta iniciación cada vez más precoz, podría aumentar de forma alarmante la prevalencia de las agresiones entre los jóvenes y los adolescentes.

Las principales consecuencias psicológicas que conllevan este tipo de agresiones serían depresiones, ansiedad, trastorno por estrés postraumático, trastornos de la conducta alimentaria, autolesiones, disociación, fobias e hipersexualidad.

Estas alteraciones pueden producirse de forma inmediata tras una agresión o unos meses o años después. En ocasiones, un acontecimiento, una situación determinada o un olor que recuerden la vivencia pueden desencadenar la sintomatología, lo que supone graves interferencias en la vida de las víctimas.

Como se ha apuntado anteriormente, la hipersexualidad o aumento de la búsqueda de relaciones sexuales, tanto en frecuencia como en intensidad, a menudo va acompañada de un sentimiento de culpa o incomprensión.

Son diversas las razones que se argumentan para esclarecer este comportamiento. Algunos autores han relacionado este tipo de experiencias traumáticas con alteraciones en el córtex prefrontal, área cerebral vinculada a la toma de decisiones, el control de los impulsos y la regulación del estado de ánimo.

Al margen de las explicaciones neurobiológicas, podría tratarse de un intento de eliminar el trauma o rehacerlo de una manera distinta. De esta forma, la víctima intentaría buscar la normalidad en la vida sexual y comprobar que sigue intacta su capacidad de mantener relaciones como medio para recuperar el control.

Otros estudios consideran el sexo compulsivo como una forma no funcional de evadir los problemas y aliviar el dolor, ya que el trauma habría reducido la tolerancia al sufrimiento. Esto podría favorecer la disociación del sexo del afecto, utilizando de este modo el sexo como un mero instrumento.

Además, la víctima puede empezar a creer que no merece recibir afecto alguno. Por eso estas vivencias se vinculan con las conductas sexuales de riesgo y la aceptación de parejas violentas.

Por tanto, la conducta sexual compulsiva después de una agresión sexual es muy habitual, aunque no es tan visible como el rechazo a las relaciones sexuales. Además, cumpliría una determinada función en la víctima. Pero los expertos recomiendan buscar ayuda psicológica para poder abordar la problemática en cuanto se manifieste.

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Preocupación en EE. UU. por los avances en tecnología de reconocimiento facial

Algunos usos de la tecnología de reconocimiento facial plantean preocupaciones importantes que merecerían una respuesta rápida del gobierno, según expresa un nuevo informe de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina. El documento recomienda tener en cuenta la legislación federal y una orden ejecutiva, así como la atención de los tribunales, el sector privado, las asociaciones de la sociedad civil y otras organizaciones que trabajan con la tecnología de reconocimiento facial, y ofrece orientación para el desarrollo y el despliegue responsable de la tecnología.

Una herramienta potente y cada vez más utilizada, la tecnología de reconocimiento facial es útil para una amplia gama de aplicaciones de verificación y de identificación, ofreciendo capacidades para comprobar si alguien es quien dice ser e identificar a una persona en una imagen. Los sistemas utilizan modelos de inteligencia artificial entrenados para extraer características faciales y crear una plantilla biométrica a partir de una imagen, y comparar las características de la plantilla con las características de otra imagen o conjunto de imágenes para producir una puntuación de semejanza. Según el informe, la precisión y velocidad de estos sistemas han avanzado muy rápidamente en la última década con la adopción del aprendizaje automático.

Con pocas excepciones, Estados Unidos no dispone actualmente de directrices, regulaciones o leyes autorizadas para abordar adecuadamente los problemas relacionados con el uso de la tecnología de reconocimiento facial, según detalla el informe. También señala que la tecnología de reconocimiento facial puede interferir y afectar sustancialmente a los valores plasmados en la privacidad, las libertades civiles y los compromisos con los derechos humanos de EE. UU., aunque no vulnere necesariamente los derechos y obligaciones incluidos en los estatutos o disposiciones constitucionales.

Según la rectora de la Universidad de Wisconsin-Madison Jennifer Mnookin, la tecnología de reconocimiento facial genera nuevos y complejos retos legales y plantea una variedad de cuestiones legales diferentes y no resueltas. También plantea complicadas cuestiones sociales sobre la privacidad y la vigilancia pública y privada, dadas las implicaciones tan personales de la tecnología.

Es crucial que los gobiernos aborden estas cuestiones y las conviertan en prioridad: el hecho de no adoptar políticas y regulaciones sobre el desarrollo y el uso de la tecnología de reconocimiento facial cedería de forma efectiva la toma de decisiones y la elaboración de normas sobre estas importantes cuestiones de gran preocupación pública totalmente al sector privado y al mercado.

La tecnología de reconocimiento facial se ha incorporado cada vez más a la vida cotidiana, con un amplio espectro de usos, según describe el informe. Algunos de estos usos son inocuos, como permitir que las personas desbloqueen sus teléfonos inteligentes. Pero cuando se aplica de forma amplia y sin garantías, la tecnología puede permitir a los regímenes represivos crear registros detallados de los movimientos y actividades de las personas y bloquear la participación de los ciudadanos en la vida pública. Muchos usos potenciales se encuentran en un punto intermedio, creando una gran área gris donde las evaluaciones individuales de riesgos, beneficios, compensaciones y valores pueden variar, afectando así como deben regularse o permitirse. El informe reconoce el valor de la tecnología de reconocimiento facial y no aboga por una prohibición general, pero afirma que una serie de usos puede causar suficiente preocupación para prohibirlos.

El estudio describe que existen dos categorías principales de preocupaciones en el reconocimiento facial, aunque podrían solaparse. Una son los potenciales daños por el uso problemático o el mal uso de la tecnología, que se hacen más destacados a medida que la tecnología se hace más precisa y capaz. La segunda son los potenciales daños por errores o limitaciones de la tecnología en sí, como cuando los sistemas tienen diferentes tasas de falsos positivos o falsos negativos para diferentes grupos demográficos.

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¿Por qué la policía de Inglaterra y Gales no avisa sobre el historial de los maltratadores?

La policía de Inglaterra y Gales tiene el poder de advertir a alguien cuando es conocedora de que la pareja actual de una persona supone un riesgo real de peligro, con lo que se conoce como Ley de Clare (el esquema de divulgación de la violencia doméstica). Pero ese nivel de comunicaciones varía enormemente entre las fuerzas policiales.

La investigación de la profesora de Criminología y Ética de la Universidad de Essex, la doctora Katerina Hadjimatheou, sugiere que la falta de recursos, las preocupaciones policiales por compartir datos y la resistencia cultural dentro de la policía contribuyen a agrandar el problema. Así lo explica en un artículo del mes de enero de 2024 en The Conversation.

La policía también puede ofrecer la información si identifica a una persona en riesgo. Las revelaciones pueden incluir cualquier tipo de información contenida en los registros policiales que indique un riesgo de abuso.

Pero el análisis de los datos gubernamentales de 43 fuerzas policiales descubrió diferencias significativas en las tasas de respuesta policial a la Ley de Clare.

A principios de 2024, la periodista Shanti Das informó de que algunas fuerzas se niegan a divulgar esta información. Al analizar los datos del gobierno de 43 cuerpos policiales, Das descubrió diferencias significativas en las tasas de respuesta a las aplicaciones de esta ley. Algunas policías revelan como respuesta al 75% de las solicitudes, muchas a menos del 30% y al menos una, hasta el 5%.

La investigación demuestra que recibir este tipo de información puede ser inestimable para las víctimas de abuso doméstico, debido a la forma en la que los perpetradores utilizan el secreto y la mentira para ejercer el control. Cada vez que un maltratador empieza una nueva relación, hace una narración falsa sobre su pasado, utilizando el secreto y la mentira para controlar a la pareja.

A medida que la relación se desarrolla y comienzan los abusos, los perpetradores utilizan la manipulación psicológica para culpar a la pareja de su propio comportamiento, diciéndole que se merece esos abusos.

La policía presenta a menudo múltiples denuncias del mismo tipo de abuso de diferentes víctimas pero del mismo autor, a veces durante muchos años. Revelar estos distintos patrones de abuso puede desmentir e interrumpir los argumentos del autor.

Lo más importante, puede exponerlos por lo que son: no una persona incomprendida o con problemas, sino un maltratador en serie con un repertorio diferente de crueldad que inflige repetidamente a pareja tras pareja.

La policía inglesa recibe una llamada relacionada con el abuso doméstico cada 30 segundos, por lo que este tipo de abuso representa un tercio del total de los delitos violentos registrados. Aunque los líderes policiales están de acuerdo en que es una de sus principales prioridades, algunas fuerzas apenas hacen revelaciones según la Ley de Clare.

Un motivo sería la falta de recursos. Al menos tres policías han declarado que han reducido o dejado de promover esta Ley simplemente porque no pueden hacer frente económicamente a ella. Este requisito se ha desplegado sin que el Gobierno haya dotado a la policía de fondos adicionales. Esto es importante porque responder a una solicitud requiere muchos recursos.

Entre 2021 y 2023, la policía de Inglaterra y Gales recibió cerca de 84.000 solicitudes de divulgación.

Otro problema relacionado es que, aunque se pueden realizar revelaciones a cualquier persona que se considere en riesgo, algunas fuerzas lo interpretan de manera muy limitada: solo revelan información a alguien que vive con la persona de interés o que actualmente tiene una relación con esa persona.

El último y más preocupante motivo se relaciona con la resistencia cultural, entre algunos agentes, a la decisión de la dirección policial de tratar el abuso doméstico como un delito grave y una prioridad policial.

Solo un reclutamiento riguroso para roles de abuso doméstico, una formación adecuada y unas líneas de responsabilidad estrictamente aplicadas pueden empezar a abordar este grave problema.

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Matrimonio forzado, adopción ilegal y gestación subrogada, nuevas tipologías delictivas de trata de seres humanos

El Consejo Europeo y representantes del Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo provisional para añadir las tipologías del matrimonio forzado, la adopción ilegal y la gestación subrogada como tipos de explotación incluidos en la ley antitrata de personas de la Unión Europea.

La actualización de la directiva sobre la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos también requerirá que los países de la UE se aseguren de que las personas que utilizan conscientemente los servicios prestados por víctimas de la trata puedan enfrentarse a distintos tipos de sanciones. Otros cambios se refieren al fortalecimiento del apoyo y asistencia a las víctimas, así como a las medidas de prevención del delito.

Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo acordaron mencionar explícitamente en la directiva que la gestación subrogada, el matrimonio forzado y la adopción ilegal son tipos de explotación que entran dentro del ámbito de la definición de trata. La lucha contra la trata para la explotación de la gestación subrogada, que es cuando una mujer se compromete a dar a luz a un hijo en nombre de otra persona o pareja para convertirse en los padres del hijo tras el nacimiento, se dirigirá a aquellos que coaccionen o engañen a las mujeres para que actúen como madres subrogadas.

La inclusión de estas formas de trata en la ley antitrata de la UE tendrá en cuenta la prevalencia y la relevancia de estas formas de explotación.

Como ocurre en la actual directiva, las nuevas modalidades de explotación serán sancionadas con una pena máxima de al menos cinco años de prisión, o diez años de reclusión en los casos agravados.

El Consejo y el Parlamento de la UE también han decidido incluir una nueva circunstancia agravante en la ley para tener en cuenta el efecto amplificador que pueden tener las tecnologías de la información y la comunicación respecto a ese delito. Esto incluye que el agresor haya facilitado la difusión, a través de las nuevas tecnologías, de imágenes, vídeos o material análogo de naturaleza sexual con la víctima.

También se intensificarán las sanciones a las personas jurídicas, como las empresas responsables de delitos de trata de personas. A partir de ahora se las excluirá del acceso a la financiación pública, incluidos los procedimientos de licitación, subvenciones, concesiones y licencias, y la retirada de permisos y autorizaciones para el ejercicio de actividades que hayan dado lugar a la comisión del delito.

El acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo prevé que los estados miembros tengan que tipificar como delito si una persona que utiliza el servicio prestado por una víctima de trata sabe que esa persona es una víctima. En estos casos, los estados miembros garantizarán que ese delito sea castigado con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas. Según la ley actual, los estados miembros tan solo deberían considerar como delito el uso de servicios de personas explotadas por los traficantes de personas.

En 2011, la UE adoptó una directiva sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas de este delito. Se trata de un instrumento clave en la lucha contra la trata de seres humanos, puesto que establece normas mínimas para la definición de delitos y sanciones penales. También incluye normas a nivel de la Unión para reforzar la prevención y protección de las víctimas.

Según datos de la Comisión Europea, la explotación sexual y laboral son los principales fines de la trata de seres humanos. Sin embargo, la mendicidad o la extracción de órganos –ya mencionada explícitamente en la directiva de 2011– y el matrimonio forzado y la adopción ilegal –que no se mencionan de forma explícita– representan actualmente el 11% de todas las víctimas en la UE en 2020.

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Encuesta de victimización y registro policial en los Estados Unidos

La Encuesta Nacional de Victimización del Crimen (NCVS) y el Sistema Nacional de Información Basado en Incidentes (NIBRS), gestionado por el FBI, proporcionan una imagen complementaria de la delincuencia en 2022, según una investigación realizada por las estadísticas de la Oficina de Estadísticas del Departamento de Justicia (BJS) Rachel E. Morgan y Erica L. Smith.

Tanto la encuesta como el registro policial miden un conjunto de delitos similares pero no idénticos, lo que lleva a diferencias en las estimaciones entre las dos fuentes de datos. La NCVS entrevista a personas de 12 años o más sobre delitos de los que hayan podido ser víctimas, tanto si los han comunicado o denunciado a la policía como si no. Por su parte, el NIBRS recopila datos sobre delitos registrados por los distintos organismos de ejecución, y estos resultados están ponderados para corregir posibles informes incompletos. En conjunto, estas dos formas de medición proporcionan una imagen completa del mapa delictivo en los Estados Unidos.

El informe que han presentado Morgan y Smith describe las similitudes y diferencias entre las dos formas de recopilación de datos y hace una comparación entre los años 2021 y 2022.

Según la NCVS, la tasa total de victimización violenta durante 2022 fue de 23,5 por cada 100.000 personas de 12 años o más, una cifra bastante superior a la del año anterior, que fue de 16,5.

En cuanto al capítulo sobre victimización en el ámbito de los delitos contra la propiedad, durante el año 2022 fue de 101,9 por cada 100.000 hogares, una cifra que también es superior a la tasa de 2021, de 90,3.

Los delitos violentos crecieron casi dos puntos de 2021 a 2022: pasaron de 2,9 victimizaciones por cada 1.000 personas en 2021 a 4,7 al año siguiente. En el mismo período, la tasa de delitos contra la propiedad denunciados a la policía también aumentó de 27,8 a 32,4 denuncias por cada 1.000 hogares.

En esta línea, cabe puntualizar que las estimaciones globales de delincuencia de estas dos fuentes tienden a evolucionar de manera similar a lo largo del tiempo. Sin embargo, las estimaciones del NIBRS y la NCVS en un año determinado pueden diferir, porque las dos recopilaciones de datos utilizan métodos diferentes para medir un conjunto de delitos superpuestos pero no idénticos.

Por ejemplo, al cruzar los datos de las dos áreas objeto de estudio, se deben tener en cuenta muchos flecos, pero no hay que caer en errores o comparaciones desafortunadas. El NIBRS incluye el asesinato, el homicidio involuntario y los robos en establecimientos comerciales, todos ellos delitos que el NCVS excluye.

Del mismo modo, si nos centramos en los delitos de naturaleza sexual, las definiciones de violación y de agresión sexual de la encuesta y del registro policial difieren ligeramente. Si bien el NIBRS considera violación el conocimiento carnal de una persona sin el consentimiento de la víctima, incluidos los casos en los que la víctima es incapaz de dar su consentimiento debido a su edad, incapacidad temporal o permanente, física o psíquica, la NCVS incluye en esta tipología una amplia gama de victimizaciones, diferentes de la violación, el intento o la amenaza de violación. Esto incluiría según la NCVS las agresiones sexuales que impliquen fuerza o no, esto es, también comprende las caricias o tocar sin que la víctima quiera.

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Los Estados de la UE acuerdan una posición común para reforzar la ciberseguridad

Para reforzar la solidaridad y las capacidades de la Unión Europea para detectar las amenazas e incidentes de ciberseguridad, prepararse para afrontarlos y responder, los representantes de los Estados miembros (Coreper) llegaron a una posición común sobre el denominado acto de cibersolidaridad. El proyecto de reglamento establece las capacidades de la Unión para hacer que Europa sea más resistente y reactiva ante las amenazas cibernéticas, al tiempo que refuerza los mecanismos de cooperación.

La propuesta de la Comisión tiene como objetivo principal:

  • Apoyar la detección y la concienciación de amenazas e incidentes de ciberseguridad importantes o a gran escala.
  • Reforzar la preparación ante amenazas y proteger a las entidades críticas y los servicios esenciales, como hospitales y servicios públicos.
  • Reforzar la solidaridad en el ámbito de la UE, la gestión concertada de las crisis y las capacidades de respuesta entre los Estados miembros.
  • Contribuir a garantizar un panorama digital seguro tanto para los ciudadanos como para las empresas.

Para detectar las principales amenazas cibernéticas de forma rápida y eficaz, el borrador de reglamento establece un escudo cibernético europeo, que es una infraestructura paneuropea compuesta por centros de operaciones de seguridad nacionales y transfronterizos en toda la Unión. Son entidades encargadas de compartir información para detectar las ciberamenazas y actuar en consecuencia.

Este borrador también prevé la creación de un mecanismo de emergencia cibernética para aumentar la preparación ante incidentes en la UE y mejorar las capacidades de respuesta. Está previsto apoyar:

  • Acciones de preparación, incluyendo entidades de prueba en sectores muy críticos (salud, transporte, energía, etc.) para detectar posibles vulnerabilidades, basadas en escenarios y metodologías de riesgo comunes.
  • Servicios de respuesta a incidentes de proveedores de confianza del sector privado contratados previamente y, por lo tanto, dispuestos a intervenir, a petición de un Estado miembro o de instituciones, organismos y agencias de la UE, en caso de un problema importante o a gran escala resultante de un incidente de ciberseguridad.
  • Asistencia mutua en términos financieros, en la que un Estado miembro podría ofrecer apoyo a otro.

Finalmente, el reglamento propuesto establece el mecanismo de revisión de incidentes de ciberseguridad para mejorar la resiliencia de la UE mediante la revisión y evaluación de los incidentes significativos o a gran escala después de que hayan tenido lugar, extraer las lecciones aprendidas y, cuando corresponda, emitir recomendaciones para mejorar la postura cibernética de la UE. A petición de la Comisión o de las autoridades nacionales, la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) revisaría determinados incidentes y entregaría un informe con las lecciones aprendidas y las recomendaciones necesarias.

A lo largo del texto se ha subrayado el carácter voluntario de la implicación de los Estados miembros en los mecanismos establecidos por la propuesta de la Comisión y se han aclarado las interacciones entre las entidades existentes y las definidas por el proyecto de reglamento.

El acuerdo sobre la posición común del Consejo permitirá a la presidencia entrante iniciar negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la versión final de la propuesta de legislación.

El presupuesto total de todas las acciones de cibersolidaridad de la Unión es de 1.100 millones de euros, de los cuales aproximadamente dos tercios serán financiados por la UE a través del Programa Europa Digital.

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El fraude es un problema tan grande que se debería enseñar a los niños a detectarlo desde pequeños

La Oficina Nacional de Estadística (ONS, por su sigla en inglés) del Reino Unido informó de un aumento del 25% en el número de delitos de fraude en 2021 en comparación con 2020. El fraude, que representa más del 40% de todos los delitos contra las personas, es el delito más común en el Reino Unido.

Como si estas estadísticas no fueran lo suficientemente alarmantes, también existe la creencia de que popularmente se culpa a las víctimas de fraude por ser ingenuas o confiar demasiado. Pero ya sería hora de aceptar que esto le puede pasar a cualquiera. Se ha convertido en un problema tal que habría que revisar el concepto de fraude como una experiencia que solo sufren personas vulnerables. Y es que el cerebro humano no puede mantenerse al día con todos los nuevos tipos de fraude habilitados por la tecnología.

Como publicaba recientemente el rotativo The Conversation, se necesita un nuevo enfoque que responsabilice a las instituciones financieras y las empresas de identificar o facilitar el fraude y aproveche la inteligencia artificial para detectar transacciones sospechosas. No es razonable esperar que los consumidores sepan cuándo están siendo estafados si los bancos y las plataformas de redes sociales no pueden.

Un informe de 2023 de UK Finance indica que existe una tendencia creciente entre los estafadores a fijarse como objetivo a los jóvenes de 18 a 24 años, que tienen muchas más probabilidades de caer en una estafa por suplantación de identidad que personas de 65 años o más. Además, la tasa de jóvenes de 13 a 17 años que son víctimas de estafas a través de los videojuegos también ha experimentado un fuerte aumento.

Sin embargo, los programas sobre cómo protegerse del fraude que se ofrecen actualmente son más bien escasos. Por ejemplo, la organización benéfica para niños NSPCC tiene programas para proteger a los menores de los abusos en línea y que se puedan mantener seguros mientras usan las redes sociales y de posibles contenidos legales pero nocivos, pero no para protegerlos de las estafas en línea. La prevención del fraude debería enseñarse en las escuelas y universidades como parte del plan de estudios.

Una de las teorías más importantes en criminología es la teoría de la disuasión, que dice que la reducción del crimen está relacionada con la gravedad del castigo y, lo que es más importante, con la probabilidad de ser atrapado. La investigación sugiere que aumentar la probabilidad de capturar al infractor es mucho más efectivo que aumentar el castigo. Sin embargo, los estafadores no tienen demasiados motivos para preocuparse. Según fuentes gubernamentales del Reino Unido, el fraude representa más del 40% de todos los delitos, pero se destina menos del 1% de los recursos policiales a combatirlo.

De hecho, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por su sigla en inglés) señaló que una cuarta parte de las personas que habían perdido dinero por fraude habían dicho que el proceso había comenzado en las plataformas de redes sociales.

La naturaleza de las redes sociales ofrece a los estafadores la posibilidad de esconderse tras perfiles falsos y fingir que funcionan como un negocio legítimo. También permiten a los estafadores llegar a millones de personas que solo deben hacer un clic, de entre las cuales son especialmente vulnerables los adultos más jóvenes, que suelen hacer un uso más intensivo y prolífico de las redes sociales.

La FTC ha emitido órdenes a varias redes sociales, incluidas Meta, TikTok y YouTube, para solicitarles información sobre cómo detectan anuncios maliciosos y estafas.

Mientras tanto, los legisladores de California están considerando un proyecto de ley que ofrezca a las personas mayores más protección contra el fraude y responsabilice a los bancos cuando los cajeros automáticos faciliten transacciones fraudulentas.

En el Reino Unido, en mayo de 2023 se presentó al Parlamento una estrategia antifraude que proponía una serie de medidas, como la prohibición de todas las llamadas telefónicas relacionadas con productos financieros.

Estos dos proyectos de ley son un movimiento en la dirección correcta, pero es necesario trabajar más y con más urgencia. Los responsables políticos deben asignar fondos a la investigación, y las agencias policiales deben introducir leyes que brinden más protección a las personas y colaborar con los organismos internacionales de aplicación de la ley, como la Interpol.

El fraude afecta a la sociedad en todos los niveles: individuos, organizaciones y gobiernos.

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