En Estados Unidos existen aproximadamente 50 millones de cámaras de visión de circuito cerrado, casi tantas per cápita como en China. Muchas son propiedad de personas o empresas, no del gobierno. Pero tal como informa wired.com, muchos departamentos de policía pueden acceder a las imágenes mediante alianzas con empresas privadas, cosa que molesta a algunos activistas de los derechos civiles.

Los activistas por los derechos civiles advierten que, una vez instaladas, las cámaras a menudo se utilizan para otros fines, como por ejemplo el control de manifestaciones, y pueden convertirse en un sistema de vigilancia sin garantía, particularmente para comunidades de color.

Newark, Baltimore, San Francisco y Detroit tienen cada uno un tipo de sistema de cámara público-privada. Todos son diferentes. En Newark, por ejemplo, se recomienda a los residentes que visualicen ellos mismos imágenes de CCTV (circuito cerrado de televisión) e informen de los delitos a las fuerzas del orden.

En 2016, la policía de Detroit observó un sorprendente patrón en la ciudad: no solo se incrementaba la criminalidad, sino que aumentaba más rápidamente cerca de las gasolineras. Una cuarta parte de todos los crímenes violentos en la ciudad entre las 22 horas y las 8 de la mañana se produjo a menos de 200 metros de una gasolinera. La policía se puso en contacto con ocho gasolineras e instaló cámaras de CCTV  que transmitían imágenes en tiempo real directamente a la policía. La transmisión en directo permitía tiempos de respuesta más rápidos y patrullas virtuales, donde los agentes escaneaban las imágenes de la cámara durante la noche.

Desde esta prueba piloto, la policía de Detroit ha creado el Proyecto luz verde y ha ampliado la red. En cuatro años, el Project Green Light ha crecido hasta llegar a 700 cámaras en 500 empresas de toda la ciudad. Pero la expansión preocupa a los activistas, que afirman que la policía lo utiliza para más que vigilar gasolineras. El año pasado, el alcalde Mike Duggan anunció los planes para añadir cámaras de tráfico al proyecto, que representarían un total de más de 1.000 cámaras.

La policía puede analizar imágenes capturadas por las cámaras con un software de reconocimiento facial y otras tecnologías, como el software de lectura de matrículas.

Desde 2012, en San Francisco, el magnate de las criptomonedas Chris Larsen ha gastado más de 4 millones de dólares para ayudar a instalar más de 1.000 cámaras en los barrios de la ciudad, incluido el concurrido distrito empresarial Union Square. El Departamento de Policía de San Francisco mantiene una base de datos de las cámaras, sus propietarios y su ubicación, y contacta con ellos para pedir imágenes si sospechan de un delito.

A diferencia de Detroit, cualquier persona puede solicitar las imágenes grabadas, incluidos los abogados defensores. La policía también solicita imágenes en vez de tener acceso instantáneo. Mientras que las empresas de Detroit tienen que pagar las tasas de instalación de cámaras aprobadas por la policía, las empresas de San Francisco pueden utilizar sus propias cámaras y no pagar nada.

Pero este enfoque también alarma a algunos defensores de la privacidad. A finales de mayo y principios de junio, hasta 10.000 personas asistieron a algunas de las protestas por George Floyd en todo San Francisco. Aunque el sistema de cámaras se creó para disuadir la violencia inmobiliaria, la policía adoptó un enfoque más amplio para evitar el saqueo. En lugar de responder a quejas específicas de daños en la propiedad, la policía obtuvo acceso en tiempo real a todo el sistema, captando imágenes de todo el mundo en la zona.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français