La pandemia de COVID-19 ha intensificado la ciberdelincuencia

Este mes de octubre se ha publicado el informe de ciberdelincuencia 2020 de Europol, que actualiza las últimas tendencias y el impacto actual de la ciberdelincuencia en la Unión Europea y en el resto del mundo.

La pandemia mundial de COVID-19 que afectó a todos los rincones del mundo nos obligó a reimaginar nuestras sociedades y a reinventar nuestra manera de trabajar y de vivir. Durante el bloqueo, recurrimos a internet para obtener una sensación de normalidad: comprar, trabajar y aprender online a una escala nunca vista hasta ahora. Y lo aprovecharon los ciberdelincuentes con muchas tipologías de delitos.

El phishing sigue siendo una amenaza efectiva. Los delincuentes utilizan métodos innovadores para aumentar el volumen y la sofisticación de sus ataques. Los delincuentes explotaron rápidamente la pandemia para atacar a personas vulnerables; el phishing, las estafas online y la difusión de noticias falsas se convirtieron en una estrategia ideal para los ciberdelincuentes, que también quieren vender artículos que afirman que prevendrán o cuidarán la COVID-19.

El cifrado sigue siendo una característica clara de un número creciente de servicios y herramientas. Uno de los principales retos para las fuerzas del orden es cómo acceder y recoger datos relevantes para investigaciones penales.

Los ataques de ransomware se han vuelto más sofisticados, dirigidos a organizaciones específicas del sector público y privado mediante el reconocimiento de víctimas. Aunque la pandemia de COVID-19 ha provocado un aumento de la ciberdelincuencia, los ataques de ransomwarese dirigieron a la industria sanitaria mucho antes de la crisis. Además, los delincuentes han incluido otra capa a sus ataques de ransomware, amenazando con subastar los datos obtenidos, aumentando la presión sobre las víctimas para pagar el rescate.

Las principales amenazas relacionadas con la explotación online de abuso infantil se han mantenido estables los últimos años, aunque la detección de material de abuso sexual infantil online experimentó un fuerte repunte en el momento más álgido de la crisis de la COVID-19. Los delincuentes siguen utilizando varias maneras de esconder este crimen horroroso, como redes P2P y aplicaciones de comunicaciones cifradas.

La transmisión en directo de abuso infantil sigue aumentando y se vuelve todavía más popular que habitualmente durante la crisis de la COVID-19, cuando las restricciones de movilidad evitaron que los infractores pudieran abusar físicamente de los niños. En algunos casos, se utilizan aplicaciones de chats de vídeo en los sistemas de pago, lo que se convierte en uno de los retos principales para las fuerzas del orden, porque este material no se graba.

El intercambio de SIM, que permite a los autores hacerse cargo de las cuentas, es una de las nuevas tendencias de este año. Los delincuentes intercambian de manera fraudulenta las SIM de las víctimas por una de las suyas, para interceptar el paso único de contraseñas del proceso de autenticación.

El año 2019 y principios de 2020 hubo un alto nivel de volatilidad en la web oscura. El ciclo de vida del mercado de la web oscura se ha reducido y no hay un mercado dominante claro que haya aumentado durante el último año. Tor sigue siendo la infraestructura preferida, aunque, para vender sus productos ilegales, los delincuentes han empezado a utilizar otras plataformas de mercado descentralizadas centradas en la privacidad. Aunque no se trata de un fenómeno nuevo, este tipo de plataformas han empezado a aumentar durante el último año.

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Honduras presenta altos y bajos en la mejora de la seguridad ciudadana

Honduras presenta una disminución en la victimización delictiva entre los años 2014 y 2018. Sin embargo, 13 de cada 100 hondureños afirma haber sido víctima de un delito durante el año 2018.

A pesar de estos datos, la seguridad ciudadana sigue siendo uno de los principales problemas del país. A pesar de todo, ha disminuido en importancia como problema percibido por los hondureños en los últimos 5 años. En esta línea, durante el año 2018, 43 de cada 100 hondureños consideró que la seguridad ciudadana era el problema principal del país.

Durante el año 2018, los hombres presentaron un leve porcentaje más alto de victimización (13,4%) en relación con las mujeres (12,1%).

Al hacer una retrospectiva de las cifras de la violencia homicida en Honduras del año 2013 al 2018, se puede observar una tendencia a la baja, con una caída de 36 puntos en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

Cuantitativamente, la población con mayor afectación por los homicidios en este periodo fueron hombres entre 18 y 29 años. Específicamente, el año 2018 este segmento de la población representó 4 de cada 10 homicidios.

Y es que el año 2018 se produjo un aumento del 22% en el total de hechos registrados respecto a 2017. Con respecto a las cifras, se pasó de los 31.612 delitos de 2017 a los 39.463 de 2018. Los indicadores que experimentaron disminución fueron los homicidios (-3%), los delitos sexuales (-0,5%), el maltrato infantil (-50%), las lesiones (-16%) y los secuestros (-13%). Entre los indicadores que experimentaron un aumento, cabe destacar el de los delitos contra la propiedad, con un incremento del 52% respecto a 2017.

También hay que destacar, en el capítulo de delitos contra la propiedad, el fuerte incremento de las extorsiones, que se han duplicado desde el año 2015. Hay que mencionar que sólo 4 municipios concentran el 72% de las denuncias.

La tasa de muertes violentas ha tenido una tendencia continua a la baja, reduciéndose un 46,5% el año 2018 respecto al 2013. Hay que puntualizar que, durante este mismo periodo, la tasa de homicidios en Latinoamérica disminuyó un 7,7%. A pesar de las continuas reducciones de la tasa de homicidios en Honduras, esta representa el doble de la tasa de Latinoamérica el año 2018.

Durante el año 2018, el 90% de las víctimas de muertes violentas fueron hombres. Por edad, la violencia homicida fue el 41% en la parrilla de edad de los 15 a los 29 años. De este modo, la tasa de muertes violentas de hombres de 18 a 29 años es 3,4 veces superior a la tasa nacional de muertes violentas.

Diez municipios concentraron la mitad del total de homicidios del país. Por otra parte, 41 municipios no reportaron homicidios durante el año 2018.

Con respecto a los delitos de tipo sexual, dos de cada tres víctimas de delitos sexuales el año 2018 fueron mujeres menores de 30 años, y el 83% de las denuncias por delitos sexuales tuvieron como víctimas mujeres.

En la violencia de tipo intrafamiliar, ocho de cada diez víctimas fueron mujeres de 15 a 39 años. Igualmente, el 71% de las denuncias por violencia doméstica tuvieron como víctimas mujeres entre los 15 y los 39 años, con el resultado de que 9 de cada 10 víctimas de violencia doméstica fueron mujeres.

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Representantes de centenares de ciudades de todo el mundo quieren reducir a la mitad la violencia para el 2030

El Comité Ejecutivo del Parlamento Mundial de Alcaldes (GPM) entrega una resolución internacional al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con el fin de acelerar los esfuerzos por reducir a la mitad la violencia en el año 2030. El GPM, junto con Peace in Our Cities, lanzó esta resolución en junio de 2020. Ha sido firmada por más de 60 ciudades, junto con redes de ciudades que representan más de 1.500 ciudades y áreas metropolitanas.

El alcalde de GPM, Marvin Rees, entregó la resolución el Día Internacional de la Paz de las Naciones Unidas,“Peace One Day”, en una reunión de defensores mundiales de los derechos humanos destinada a fomentar la paz y la reducción de la violencia. GPM y Peace in Our Cities trabajan con Pathfinders, una coalición de 36 gobiernos nacionales y 100 socios no gubernamentales, para acelerar la acción y la inversión en la paz, la justicia y la inclusión en todo el mundo.

El desafío global de la violencia exige ​​una respuesta global. Aunque los gobiernos son clave para prevenir conflictos, combatir la delincuencia y reducir la violencia doméstica, las ciudades son todavía más protagonistas a la hora de prevenir y reducir la violencia.

Con respecto a la resolución, es la primera vez que ciudades de todo el mundo se unen para formar una posición común sobre prevención y reducción de la violencia. Junto a GPM y Peace in Our Cities se encuentra el Foro Europeo para la Seguridad Urbana (EFUS), el Foro Africano para la Seguridad Urbana (AFUS), el Mayors Migration Council (MMC), Strong Cities Network (SCN) y la Conferencia de Alcaldes de los EE. UU. (USCM).

La pandemia originada por el COVID-19 está provocando devastadoras consecuencias sociales, económicas y políticas en todo el mundo. También aumenta el riesgo de violencia organizada e interpersonal en entornos de renta alta, media y baja. Las mujeres y los niños, en particular, experimentan un mayor riesgo de violencia, especialmente en casa y en el mundo virtual, igual que los más vulnerables, incluidas las personas desplazadas y las que viven en zonas afectadas por conflictos. La amenaza de violencia criminal también aumenta, así como el espectro de disturbios sociales y políticos. Estos retos se enfrentan de manera más aguda en las ciudades.

La resolución compromete a los líderes de las ciudades a reducir significativamente todas las formas de violencia letal en ellas, invertir en soluciones basadas en evidencias, trabajar en asociaciones con organizaciones nacionales e internacionales, centrarse en las comunidades más vulnerables, empoderar a los supervivientes y los jóvenes, romper los ciclos de violencia intergeneracionales y combatir el extremismo digital.

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Sigue mejorando la seguridad ciudadana en Guatemala durante el año 2019

Los datos utilizados han sido elaborados con cifras de la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) y oficializados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para los años 2010-2019.

En este periodo, la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes mantiene la tendencia a la baja de la década en curso. Al cierre de 2019 se llega a una tasa del 21,5, la más baja del periodo, y se acerca a la media de Latinoamérica (20,1). Paralelamente, se supera el objetivo propuesto por la Política General del Gobierno 2016-2020 de conseguir una tasa del 23,5 para el año 2019.

Desde el año 2010 la tasa de muertes violentas ha tenido una tendencia sostenida a la baja y se ha reducido aproximadamente a la mitad, del 41,8 de 2010 al 21,5 de 2019, con una bajada de 20,1 puntos.

Casi la mitad de las víctimas de muertes  violentas en el año 2019 fueron jóvenes de entre 18 y 30 años. La tasa de muertes violentas de esta franja de edad es de 41,2 por 100.000 habitantes, casi el doble de la tasa nacional.

En el año 2019, 85 de cada 100 víctimas de muertes violentas fueron hombres. Estas muertes de hombres disminuyeron casi un 9% respecto al año 2018. Las muertes violentas de mujeres representan el 15,4% del total de víctimas mortales del año 2019 y disminuyeron solo un 3,2% respecto al 2018. La proporción de mujeres víctimas respecto al total ha ido en aumento desde el 2012, cuando se marcó el 11,1%, hasta el 15,4% del 2019.

Los homicidios se redujeron un 33,2% durante los primeros cuatro meses de 2020, en relación con el mismo periodo del año anterior.

La incidencia delictiva total registrada en el año 2019 sufrió un incremento del 6,9% respecto del 2018, a causa sobre todo del aumento en el capítulo de las extorsiones: pasaron de 29.497 en 2018 a 31.540 en 2019. Lo más preocupante es que en 2013 las extorsiones representaban un 15% del total de delitos, mientras que en 2019 representan casi la mitad del total de delitos registrados por la PNC.

Con todo, a partir del año 2013, las extorsiones denunciadas casi se han triplicado, lo cual podría estar influido por una mayor confianza en las instituciones, mejoras en los mecanismos de denuncia o un aumento efectivo del hecho delictivo.

A pesar de eso, todos los delitos registraron una disminución en relación con el año anterior, excepto el ya mencionado de las extorsiones. El número de lesiones históricamente era mayor que el de homicidios, pero en 2019 fueron menos que los homicidios reportados.

Con respecto a las desapariciones, violaciones y violencia intrafamiliar, muestran más incidencia en mujeres que en hombres.

En cambio, en el capítulo de robos y hurtos, con 51,1 víctimas por cada 100.000 habitantes, 8 de cada 10 víctimas fueron hombres. Además, 7 de cada 10 víctimas de robos fueron personas de entre 18 y 40 años.

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Avances en justicia, derechos humanos y seguridad ciudadana en Centroamérica

Países como El Salvador, Honduras y Guatemala enfrentan desafíos constantes para abordar la inseguridad, la impunidad y la corrupción. Los gestores de políticas públicas necesitan respuestas para determinar la forma más estratégica para mejorar la gobernanza de la región.

Como explica WOLA, desde el Monitor Centroamericano se practica la recopilación y análisis de una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos en ocho áreas fundamentales relacionadas con la seguridad ciudadana, la justicia y los derechos humanos.

Desde el Monitor se ofrecen infografías e informes que examinan las medidas que cada país está implementando para fortalecer el estado de derecho y la seguridad ciudadana.

Los datos recopilados y analizados han mostrado tendencias y áreas de preocupación en la región, entre las cuales podemos mencionar las siguientes:

  • En toda la región se consiguieron importantes avances en la lucha contra la corrupción. A pesar de todo, persisten los problemas para actualizar o reformar la legislación vigente e incluso, en determinados casos, se aprobaron leyes regresivas. La capacidad de los tres países para impedir que la corrupción persista es un asunto especialmente urgente pero complicado en medio de la pandemia del COVID-19.
  • Aunque existen leyes y mecanismos de transparencia, hay sinergias que impiden que funcionarios e instituciones públicas publiquen la información pública de forma diligente. Por ejemplo, algunas de las instituciones examinadas, concretamente los ministerios encargados de la defensa y la seguridad pública, se quedan cortos en cuanto a poner a disposición del público información importante sobre su funcionamiento. En Honduras, por ejemplo, el órgano encargado de examinar las declaraciones financieras de los funcionarios públicos no tiene forma de determinar  de manera proactiva que la información sea veraz y exacta.
  • Persiste un alto nivel de impunidad por los delitos relacionados con violaciones de derechos humanos, asesinatos y amenazas contra defensores de derechos humanos, aunque Honduras y Guatemala han adoptado medidas que, en principio, están dirigidas a crear un entorno más proclive para el ejercicio de la protección de los derechos humanos. Hay que destacar como tendencia preocupante el abuso del derecho penal para tratar de impedir o detener la tarea de los defensores de los derechos humanos. En Honduras, entre 2014 y 2017, 141 defensores de los derechos humanos fueron asesinados.
  • Se han aprobado leyes especializadas para ayudar a prevenir, detectar y combatir la violencia y la delincuencia organizada. Si bien las tasas generales de homicidio disminuyeron, la violencia y la inseguridad siguen a la cabeza de las principales preocupaciones de la población. En El Salvador, nueve de cada diez casos de secuestro asumidos por el Ministerio Público fueron archivados y ocho de cada diez en el caso de los homicidios.
  • Los sistemas de justicia de toda la región no cuentan con los recursos humanos necesarios y tienen que hacer frente a amenazas que comprometen su independencia. Estas cuestiones comprometen la capacidad de los sistemas de justicia para investigar y enjuiciar los delitos de manera eficiente. Por ejemplo, en el año 2014 en Guatemala tan solo un 2% de las denuncias presentadas al Ministerio Público acabaron en condena.

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¿Hay acuerdos entre el Gobierno de El Salvador y las maras?

Hace unos días, el rotativo salvadoreño El Faro informaba de que el profundo descenso de la violencia homicida en El Salvador, con el liderazgo en el Gobierno del presidente Nayib Bukele y su principal valor en poco más de un año en el poder, quedaba en entredicho por una investigación periodística que lo atribuía a un pacto con la banda mara Salvatrucha (MS13).

El medio de comunicación publicó un reportaje, citando documentos oficiales y declaraciones de un líder de la banda, que señalaba que el Gobierno lleva negociando con la MS13 desde junio de 2020 y que el pacto incluiría favores electorales para los comicios de 2021.

La investigación de El Faro señala que la negociación entre el Gobierno y las maras incluye apoyo político de estos grupos al oficialismo a cambio de la promesa de derogar leyes y debilitar el régimen de máxima seguridad en las cárceles si el próximo mes de febrero el partido Nuevas Ideas, de Nayib Bukele, consigue el control de la Asamblea Legislativa en las elecciones para escoger los 84 diputados y los 262 gobiernos locales.

Mientras tanto, según datos de la Policía, entre el 1 de enero y el 2 de septiembre de este año se produjeron 829 homicidios, que representan una reducción de aproximadamente el 56% ante las 1.871 muertes violentas del mismo periodo de 2019.

Si se mantiene esta tendencia, El Salvador cerraría el año 2020 con unos 1.200 homicidios, lo que representaría una tasa de asesinatos de 18 por cada 100.000 habitantes, la más baja desde 1994.

Lo novedoso de este posible diálogo con las maras, declaradas grupos terroristas por el Tribunal Supremo de El Salvador, es que las voces que denuncian estos vínculos van ganando credibilidad a medida que las evidencias van siendo cada vez más contundentes y provocan la preocupación del Departamento de Estado y el Congreso norteamericanos.

A pesar de estas investigaciones periodísticas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, rechazó que su gobierno tenga un pacto con la banda mara Salvatrucha (MS13) para reducir la cifra de asesinatos a cambio de beneficios penales. Bukele apuntó que los que los acusaban de violar los derechos humanos de los terroristas, ahora dicen que les conceden privilegios.

El presidente recordó los hechos del pasado mes de abril, cuando las maras hicieron aumentar durante unos días el promedio diario de asesinatos. En ese momento, el Gobierno salvadoreño ordenó a los centros penitenciarios recluir a los miembros de las maras las 24 horas, poner placas de metal en las puertas de barrotes para evitar la comunicación por medio de señales y, además, mezclar a los miembros en sus celdas sin importar que fueran de bandas rivales.

Con todo, según el diario El Faro, la decisión de mezclar miembros de diferentes bandas en las cárceles fue cancelada tras las reuniones entre funcionarios y jefes de las estructuras criminales. El Gobierno lo niega.

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Más ciberataques en los primeros seis meses de 2020 que en todo el 2019

Los profundos cambios que ha comportado la pandemia del COVID-19 en relación con el crecimiento del trabajo remoto y el aumento de la actividad del software de secuestro, o ransomware, han sido los dos motores principales del incremento de los ciberataques.

Un estudio de la empresa CrowdStrike sobre la actividad de amenaza reciente en red de sus clientes mostró más intentos de intrusión durante los primeros seis meses de este año que en todo el 2019.

El equipo encargado de investigar amenazas de este vendedor de seguridad informática bloqueó unas 41.000 posibles intromisiones entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, en comparación con las 35.000 de todo el año pasado. Los incidentes de intrusiones durante los primeros seis meses de 2020, donde un ciberdelincuente participa activamente en actividades maliciosas, fueron un 154% superior al número de amenazas similares que los investigadores de CrowdStrike observaron en 2019.

Como era previsible, una de las causas más importantes del aumento de la actividad amenazadora fue la rápida adopción del trabajo remoto en respuesta a la pandemia del COVID-19. De esta manera se amplió significativamente la superficie de ataque en muchas organizaciones, espacio que los ciberdelincuentes fueron rápidos en intentar explotar.

Otro factor impulsor fue la creciente disponibilidad de ofertas de ransomware como servicio (RaaS) y el consiguiente aumento de usuarios con capacidad de efectuar ataques a la red. Hubo un notable aumento, sobre todo, de los ataques de ransomware, que también implicaron el robo de datos sensibles y los intentos posteriores de extorsionar a las víctimas con amenazas de hacer públicos los datos.

A pesar de toda la atención que los grupos de amenazas cibernéticas y de espionaje han recabado recientemente, una inmensa mayoría de los ataques reales que CrowdStrike bloqueó durante los primeros seis meses de este año tuvieron una motivación financiera. De hecho, el 82% de los ataques que detectaron los investigadores correspondían a la categoría de delincuencia electrónica, en comparación con el 69% de 2019.

Como ha sido el caso durante algún tiempo, las organizaciones de los sectores financiero, tecnológico y de telecomunicaciones se activaron y protegieron más que las organizaciones de la mayoría de otros sectores. Además, CrowdStrike observó un aumento espectacular de la actividad de intrusión que involucraba a empresas manufactureras.

Efectivamente, la industria manufacturera fue, durante la primera mitad de 2020, la segunda con objetivos más frecuentes después del sector tecnológico. Según la empresa, el carácter crítico de la mayoría de operaciones de fabricación y la valiosa propiedad intelectual y otros datos que tienen las empresas fabricantes del sector la convierten en un objetivo atractivo tanto para los atacantes con motivación financiera como para a otros ciberdelincuentes.

Otros sectores que experimentaron un crecimiento de la actividad de los ciberdelincuentes fueron la salud, la alimentación y las bebidas y las instituciones académicas.

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Hace falta un ecosistema de seguridad en Europa que abarque la amplitud de la sociedad

En un mundo cada vez más complejo, la Unión Europea sigue siendo ampliamente considerada como uno de los lugares más seguros del mundo. Así se desprende del informe de la Comisión Europea al Europarlamento, el Consejo Europeo y el Comité de las Regiones de 24 de julio de este año.

La Comisión invita al Parlamento Europeo y al Consejo a aprobar la Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad  como base para la cooperación y la acción conjunta en materia de seguridad en los próximos cinco años.

El documento explica que la globalización, el libre movimiento y la transformación digital continúan aportando prosperidad, facilitando nuestra vida y fomentando la innovación y el crecimiento. Pero,junto con estos beneficios,se presentan riesgos y costes inherentes. Hay víctimas del terrorismo, el crimen organizado, el tráfico de drogas y el tráfico de personas, todas ellas amenazas directas a los ciudadanos y a  nuestra forma de vida europea.

Los ciberataques y los delitos cibernéticos continúan aumentando. Las amenazas a la seguridad también son cada vez más complejas:

  • Se alimentan de la capacidad del trabajo transfronterizo y de interconexión.         
  • Explotan los límites entre el mundo físico y el digital.         
  • Explotan a grupos vulnerables, divergencias económicas y sociales.         
  • Los ataques pueden llegar en un instante y pueden dejar poco o ningún rastro.         
  • Tanto los actores estatales como los no estatales pueden desplegar una variedad de amenazas híbridas.         
  • Lo que pasa fuera de la UE puede tener un impacto crítico sobre la seguridad dentro de la UE.         

La nueva Estrategia de la Unión para la Seguridad pone las bases de un ecosistema de seguridad que abarca toda la amplitud de la sociedad europea. Se fundamenta en el conocimiento de que la seguridad es una responsabilidad compartida. Efectivamente, la seguridad es un problema que afecta a todos. Todos los órganos gubernamentales, empresas, organizaciones sociales, instituciones y ciudadanos deben cumplir sus propias responsabilidades para hacer más seguras nuestras sociedades.

Los problemas de seguridad tienen que verse ahora desde una perspectiva mucho más amplia que en el pasado. Hay que superar falsas distinciones entre lo físico y lo digital. La Estrategia de la Unión para la Seguridad de la UE reúne toda la gama de necesidades de seguridad y se centra en los ámbitos más críticos para la seguridad de la UE en los próximos años.

Asimismo, reconoce que las amenazas de seguridad no respetan las fronteras geográficas, así como la creciente interconexión entre seguridad interna y externa. En este contexto, será importante que la UE coopere con socios internacionales para la salvaguarda de toda la UE y mantener una estrecha coordinación con la acción exterior de la UE en la implementación de esta Estrategia.

La seguridad europea está unida a nuestros valores fundamentales. Todas las acciones e iniciativas propuestas en esta Estrategia respetarán plenamente los derechos fundamentales y los valores europeos. Estos son los fundamentos de la forma de vida europea y deben permanecer en el núcleo de todo nuestro trabajo.

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No hay mejoras en la seguridad ciudadana en el Perú

Encuestas recientes en el ámbito de la percepción de seguridad ciudadana realizadas por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) señalan que la percepción de la ciudadanía peruana sobre la seguridad no ha cambiado entre los años 2015 y 2019.

A pesar de los resultados de estas encuestas, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestran datos absolutamente distintos. Las encuestas muestran que las personas que fueron víctimas de un delito pasaron del 36% en 2013 al 27,5% en 2018.

Pese a estos datos que pueden parecer contradictorios, la ciudadanía expresa que sigue teniendo miedo. El mismo INEI ha publicado los últimos datos de septiembre 2018-febrero 2019 donde queda patente que el 86,6% cree que será víctima de algún hecho criminal. Y esta cifra se acentúa hasta el 89% en la franja de edad de los 30 a los 44 años.

Si se estudia la percepción de seguridad por territorios, existen varias regiones con un porcentaje superior al 90% donde la población se siente atemorizada por la posibilidad de ser víctima de un crimen. Por ejemplo, Arequipa con un 93,2%, la provincia de Lima con un 92% o Huancavelica con un 91,3%.

Es necesario llevar a cabo estudios serios y en profundidad sobre las causas y percepciones de la sensación de falta de seguridad ciudadana. Y esto es lo que expresa la socióloga Lucía Dammert en un estudio sobre la percepción de seguridad en el Perú.

Dammert considera que los cambios constantes de ministros y de sus equipos, así como la rotación de liderazgos en el seno de la Policía Nacional del Perú dificultan la identificación de estrategias políticas. Es difícil tener en cuenta las distintas iniciativas y prioridades por los constantes cambios.

Por otra parte, la cobertura policial es insuficiente y la ciudadanía se siente desprotegida. La justicia tampoco funciona y los niveles de impunidad son elevados. El sistema penitenciario ni castiga ni rehabilita. De esta manera, se actúa policialmente con dureza, lo que no la convierte en una política efectiva.

Cabe destacar que, a pesar de los elevados niveles de violencia en los hogares, especialmente contra las mujeres, la ciudadanía identifica la calle como el lugar donde siente miedo. En consecuencia, la ciudadanía opta por encerrarse en casa y limitar su vida en la calle. Esta realidad se convierte en un problema para la convivencia democrática.

Así mismo, la corrupción es omnipresente en las instituciones. Estas deberían construir su legitimidad basándose en acciones efectivas y justas. Si no, se genera una sensación general de desprotección.

Finalmente, el Perú es el vértice de las principales rutas del crimen organizado y ve cómo se desarrollan los mercados ilegales como la minería, la tala, la prostitución, etc. y no adopta unas mínimas políticas públicas para hacerle frente.

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