Las amenazas en ciberseguridad de las redes 5G

Entre los muchos avances tecnológicos que se producen, la tecnología 5G (5ª generación de redes de telecomunicaciones) es una de las que puede impactar más en la ciudadanía, ya que tiene que permitir dos mejoras principales en la transmisión de datos: más volumen y a más velocidad. Por lo tanto, puede tener un gran impacto tanto en el sector público como en el privado.

Uno de los retos que hay que afrontar en la adopción de esta tecnología es la ciberseguridad y, en este sentido, la Unión Europea quiere participar desde sus instituciones. Por una parte, el Consejo Europeo y la Comisión Europea presentaron, en marzo de 2019, un conjunto de recomendaciones con los pasos y medidas que se tenían que adoptar, tanto en el ámbito nacional como en el europeo, para conseguir este alto nivel de ciberseguridad de estas redes por toda la Unión Europea.

Una de las medidas de ámbito europeo era la elaboración de un panorama de amenazas que tenía que servir de soporte a los estados miembros para evaluar sus riesgos. Para dar cumplimiento, en octubre de 2019 se ha publicado  el informe Valoración coordinada de la Unión Europea del riesgo de la ciberseguridad de las redes 5G (EU coordinated risk assessment of the cybersecurity of 5G networks). El informe se ha realizado a partir de las aportaciones de los estados miembros y de ENISA (la Agencia de la Unión Europea para la ciberseguridad). En la valoración de los riesgos, se recogen las principales amenazas y los actores que las pueden llevar a cabo, los activos a los que podrían afectar las amenazas, las vulnerabilidades, los escenarios de riesgo y un conjunto de medidas de seguridad ya existentes que pueden suponer un punto de partida para mitigar estos riesgos y amenazas.

Con respecto al primero de los puntos, los escenarios que supondrían una mayor amenaza serían:

  • La disrupción local o global de las redes 5G, que afectarían a la disponibilidad de las comunicaciones.
  • El espionaje del tráfico de comunicaciones o de datos a la infraestructura de las redes 5G, con implicaciones para la confidencialidad.
  • La modificación o el redireccionamiento del tráfico o los datos a la infraestructura de las redes 5G, que podría afectar a la integridad o a la confidencialidad de las comunicaciones.
  • La destrucción o alteración de otras infraestructuras digitales o de los sistemas de información a través de las redes 5G, que afectaría a la integridad o la disponibilidad de los servicios.

Estas amenazas, que lo son también de las redes existentes actualmente, son mayores porque la intensidad y el impacto potencial son más elevados.

Entre las conclusiones del documento, destacan cuatro:

  • Los cambios que introducen las redes 5G respecto de las previamente existentes incrementan la superficie de ataque y el número de puntos de entrada potencial que pueden utilizar los atacantes, ya que se aumenta la funcionalidad a los límites de la red que tiene una arquitectura menos centralizada, y que también incrementa la parte de software del equipamiento 5G.
  • Las características tecnológicas de la red hacen que los operadores de red tengan que confiar más en terceros proveedores, lo cual aumenta el número de vías de ataque a los sistemas.
  • Si el sistema se fundamenta en proveedores únicos, aumenta la exposición y las consecuencias de eventuales incidencias en el servicio.
  • La afectación a la confidencialidad, a la privacidad, a la integridad y a la disponibilidad de las redes, motivada por el papel que tendrán las redes 5G en las cadenas de suministro de aplicaciones tecnológicas críticas, será una de las principales preocupaciones de seguridad nacional de los países y uno de los principales retos desde la perspectiva de la UE.

Hay que recordar que el Gobierno de Cataluña impulsa el despliegue de la tecnología 5G en Cataluña como una prioridad de país, y ya se dispone de infraestructura para realizar pruebas de uso, como la que hizo TV3 en la retransmisión de la Diada del 11 de Septiembre de 2019.

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6049_es.htm

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Presente y futuro de la delincuencia organizada en la Unión Europea

La delincuencia organizada ha evolucionado mucho durante los últimos veinte años, especialmente con respecto al número de organizaciones criminales, su modus operandi, el uso de la tecnología y la capacidad del crimen organizado de infiltrarse en infraestructuras, en el sector público y en el intento de aprovechar lagunas legislativas.

Esta es una de las conclusiones a que se llegó en el Convenio europeo de jefes de policía de 2019 (EPCC), donde unos 600 responsables policiales y representantes de 50 países se reunieron en la sede de Europol en La Haya.

El acontecimiento anual reúne a jefes de policía y representantes de alto nivel de la UE y de todo el mundo, para intercambiar valoraciones de las amenazas, retos y oportunidades de los grupos criminales actuales y emergentes. Los delegados debatieron en centenares de reuniones bilaterales y multilaterales sobre cómo sigue evolucionando el crimen organizado y se ha convertido en un reto importante para la seguridad de la UE. Hubo un consenso entre las autoridades policiales de los estados miembros de la UE y Europol sobre el hecho que la naturaleza cada vez más transfronteriza del crimen organizado, a menudo asociada a actos violentos entre bandas; la expansión de los mercados de tráfico de drogas y los delitos relacionados, como el blanqueo de capitales y la corrupción, suponen un reto importante en nuestra sociedad.

En zonas de algunos estados miembros de la UE, se puede observar un círculo vicioso con la exclusión social, la criminalidad, la pérdida de confianza en la policía y, en algunos casos, la radicalización.

Mientras tanto, las nuevas sustancias psicoactivas, los niveles récord de producción de drogas a nivel mundial, el contrabando organizado de migrantes y el desarrollo de la criminalidad en línea han tenido efectos profundos en el panorama criminal.

Europol y la presidencia finlandesa del Consejo de la UE concluyeron que varios ámbitos requieren una atención especial. Entre estos se encuentran:

. centrar la atención sobre el crimen organizado, considerándolo una amenaza grave para la seguridad interna de la UE.
. la necesidad de orientarse a grupos de criminalidad organizada de primer nivel, desarrollando iniciativas más exitosas como el concepto de objetivo de alto valor en Europol.
. una mayor atención a la delincuencia económica y financiera y a la confiscación de activos delictivos, asegurándose de que la delincuencia paga. Y acogiendo los nuevos avances como el Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos (EFECC) en Europol y la Fiscalía Europea (EPPO).
. un mayor flujo de información entre la policía y el sector privado, a nivel nacional y europeo (Europol).
. una mayor inversión en la prevención de la delincuencia, que requiere un enfoque multidisciplinario que implique a organismos gubernamentales, a organizaciones no gubernamentales y al sector privado.
. necesidad de una estrategia global de la UE sobre el crimen organizado, que pueda ampliarse en el ciclo de políticas de la UE para el crimen grave e internacional.

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El urbanismo al servicio de la ciudadania. Entrevista a Marik Fetouh, teniente de alcalde de Burdeos

Marik Fetouh

  1. ¿En qué consiste la transformación urbana de Burdeos? ¿Cuáles son el objetivo y las prioridades de esta transformación?

Cuando Alain Juppé, entonces primer ministro, llegó a Burdeos en 1995, se fijó como objetivo despertar a “la bella durmiente”, como se denominaba Burdeos en aquel tiempo. Para reforzar su atractivo, reconfiguró la ciudad sobre todo con la rehabilitación del centro histórico, lo que ha llevado a su clasificación como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2007. Con 1 millón de visitantes, 10.000 nuevos habitantes y 11.000 puestos de trabajo creados en la ciudad cada año, Burdeos se ha convertido hoy en una de las ciudades más atractivas de Francia.

Reconciliar a los habitantes de Burdeos con su río

Durante mucho tiempo, los muelles se dejaron de utilizar, la actividad del puerto era muy débil y se trasladó río abajo, hacia el Verdon. Los hangares estaban abandonados. Algunos se destruyeron y se reemplazaron por jardines, otros se transformaron en espacios de exposición o en establecimientos, de forma que los muelles son hoy un espacio muy agradable de paseo y distensión. El turismo fluvial y de crucero se han desarrollado con intensidad.

Rehabilitar los barrios más pobres

Además de la orilla derecha, muchos barrios, los que tenían más dificultades, se han beneficiado de programas de renovación urbana, facilitados por la llegada del tranvía. El programa más emblemático es el del barrio de la estación, denominado Euratlantique, que ha sido considerado proyecto de interés nacional.

Luchar contra la aglomeración urbana y desarrollar la oferta de alojamientos

Para luchar contra estos dos fenómenos, las políticas de urbanismo realizadas en los últimos 20 años tienen como objetivo densificar y aumentar la oferta. En total, cada año se entregan 9.000 viviendas en la metrópolis de Burdeos. En la ciudad de Burdeos unos ambiciosos programas proporcionarán 14.000 viviendas, entre los cuales un 30% de vivienda social, en los próximos meses.

Una ciudad verde

Para favorecer los desplazamientos agradables y a pie, los espacios en Burdeos se han mantenido naturales en el momento de su renovación. Los suelos artificiales y la ausencia de vegetación no hacen más que acentuar el calor que se siente en momentos de ola de calor, por ejemplo. Para luchar contra este fenómeno, el nuevo alcalde de Burdeos, Nicolas Florian, ha decidido plantar 3.000 árboles al año en la ciudad.

  1. ¿Qué papel desempeñan los ciudadanos en el proyecto de transformación urbana?

La opinión de los habitantes inspira desde hace un tiempo el desarrollo de los espacios públicos. Estos hacen sentir su voz mediante órganos de asesoramiento como por ejemplo los consejos de barrio, además de consultas públicas obligatorias. La opinión de los habitantes ahora inspira el desarrollo de los espacios públicos. La planificación del espacio tiene en cuenta sus demandas, que se integran en los diferentes proyectos.

Este año, el Ayuntamiento de Burdeos ha lanzado un primer presupuesto participativo. Más de 13.000 personas de Burdeos han votado a favor de los proyectos de desarrollo sostenible que quieren ver aparecer en su barrio. De los 407 proyectos presentados, 41 se acaban de proponer. Se prevé una inversión de 2,5 millones de euros para financiar estos 41 proyectos. Se realizarán en los próximos dos años.

  1. ¿Piensa que el desarrollo de la ciudad ha comportado la mejora de la seguridad y de la percepción de seguridad de la ciudadanía?

 Burdeos se considera una de las ciudades menos peligrosas de Francia. De hecho, ocupa el noveno lugar entre los once distritos policiales con más de 200.000 habitantes, con una tasa de 72 delitos por cada 1.000 habitantes. Además, la delincuencia baja de manera regular desde hace 15 años. Aun así, el Ayuntamiento está preocupado por “la explosión de actos incívicos”, sobre todo aquellos vinculados al tráfico de drogas en algunos barrios de la ciudad.

Para tranquilizar a los peatones, el Ayuntamiento de Burdeos ha intensificado el alumbrado de todos los lugares de paso por la noche (plazas, andenes, callejones…). Además, la ciudad dispone de cámaras instaladas en las esquinas de las calles, en los tejados, así como en los puntos estratégicos. Burdeos tiene 105 cámaras repartidas por toda la ciudad.

Finalmente, este nivel de criminalidad especialmente bajo se puede explicar también por el desarrollo urbanístico que ha permitido, a través del tranvía que se sitúa en superficie, conectar todos los barrios con problemas con el centro de la ciudad en menos de 15 minutos, dando un sentimiento real de pertenencia a la ciudad a todos sus habitantes.

  ¿Cómo el urbanismo puede contribuir a mejorar la coexistencia y la integración de los diferentes grupos?

 La conexión de la orilla derecha con la orilla izquierda, por el tranvía y los diferentes puentes, ha permitido abrir el centro histórico de la ciudad a una parte de la ciudad periférica en el pasado. Además, el municipio se ha vuelto más dinámico y más homogéneo y se han creado nuevos lugares donde vivir.

Desde hace 10 años, el Programa Nacional de Renovación Urbana moviliza a actores públicos y privados, cargos electos, servicios estatales, organismos sociales, organismos HLM y habitantes para recalificar más de 500 barrios en toda Francia en los que las condiciones de vida eran particularmente difíciles. En Burdeos, hay dos distritos en la orilla derecha (La Benauge) y al norte de la ciudad (Les Aubiers).

Además, tres agencias francesas de arquitectura han recibido el premio Mies van der Rohe de la Unión Europea por la transformación de 530 viviendas sociales en el barrio Grand Parc, en Burdeos. Para evitar la destrucción de los bloques en construcción, las agencias de arquitectura Lacaton et Vassal, Frédéric Druot et Christophe Hutin han ampliado el conjunto. Con esta técnica de renovación, todos los pisos han ganado en superficie y en luminosidad. Rehabilitar en lugar de destruir es cuatro veces menos costoso.

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Otto M. J. Adang: “En la gestión del orden público, interactuar y comunicar son herramientas tácticas importantes”

El profesor Otto M. J. Adang (1956) es científico conductual. Da clases de Gestión del Orden Público y el Peligro en la Academia de Policía de los Países Bajos desde el año 2004. A Adang le interesan la agresión, la reconciliación y el comportamiento colectivo en relación con el orden público. Desde el año 1998 ha sido jefe de investigación del programa de Gestión de la Violencia y el Peligro en situaciones conflictivas, que creó  él mismo y que estudia la interacción entre la policía y los ciudadanos.

Actualmente, el profesor Adang tiene varias responsabilidades. Además de ser catedrático en Gestión del Orden Público, es decano académico en el máster de Control Policial de la Academia de Policía. Desde el 1 de abril de 2016, también es profesor, por nombramiento especial, de Seguridad y Comportamiento Colectivo en la Facultad de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la Universidad de Groningen. Y desde el año 2018 es profesor visitante en el Centro de Investigación Policial de Canterbury.

En su opinión, ¿cuáles son los cambios más importantes en la gestión del orden público en los últimos 10 años en Europa?

El cambio más importante que he visto en las últimas décadas con respecto a la policía y el orden público en Europa es el cambio en el control de los disturbios desde una perspectiva unilateral, con el énfasis puesto en la desorganización policial y un umbral bajo con respecto al uso indiferenciado de armas no letales, hacia un enfoque más moderno y flexible de la gestión del orden público, en la que se pone el énfasis en establecer límites que promuevan el orden de una manera amistosa y firme.

Es cierto que no todos los países han mostrado este cambio, pero cada vez veo cómo se identifican “mejores prácticas” de gestión en acontecimientos públicos.

En realidad, ¿qué es una buena práctica? Una buena práctica es evitar fricciones innecesarias y facilitar las actividades e intenciones legítimas de los participantes en la medida de lo posible. Monitorizar y observar un acontecimiento en tiempo real se considera importante para identificar problemas potenciales y ocuparse de ellos desde los estadios iniciales. Eso implica comunicarse con los participantes e informarlos para que sepan qué les afecta, evitar malentendidos sobre las medidas que se adopten y conseguir alterar su comportamiento.

En línea con la pregunta anterior y teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles serán, en su opinión, los pasos siguientes?

Podríamos señalar varias tendencias generales en los países occidentales, muchas de las cuales provienen de un interés creciente por incorporar la visión científica actual al control policial de los acontecimientos públicos.

Para mencionar solo algunos de los ejemplos más importantes, encontramos una flexibilidad creciente que permite a la policía, como un todo o en las diferentes unidades, cambiar fácil y ágilmente entre los diferentes enfoques. En este sentido, ganar flexibilidad significa hacer cambios en las tácticas y estrategias con respecto a la reacción o la prevención. Por ejemplo, hay un patrón general basado en prestar más atención a recoger pruebas para incrementar la “calidad” de las detenciones y mejorar las posibilidades de éxito de los procesos judiciales, así como preferir un enfoque centrado en el autor antes que un enfoque colectivo con detenciones o confinamientos masivos. No obstante, también encontramos un uso más profundo del enfoque estratégico amistoso y firme en relación con facilitar un comportamiento pacífico y un enfoque graduado, diferenciado e informativo que incrementa la capacidad de diálogo, de comunicación y de intervenciones sencillas de la policía en los estadios iniciales. En Suecia, el debate se centra en tácticas policiales especiales; Berlín ha desarrollado la estrategia de la “mano tendida” y el Reino Unido se vanagloria del modelo británico. Cada vez se crean más unidades de diálogo: por ejemplo, los grupos anticonflicto de Alemania, la unidad de diálogo de la policía sueca o los equipos de inteligencia avanzada del Reino Unido (aunque estos últimos han adquirido gradualmente un papel diferente).

También hay una tendencia general a prestar más atención a los briefings después de acontecimientos problemáticos, a identificar buenas prácticas e intercambiar puntos de aprendizaje entre fuerzas policiales.

Finalmente, con respecto a la inteligencia, existe consenso sobre la importancia de la información sobre los autores “conocidos”. Sin embargo, también hay una insatisfacción general hacia la calidad de la información y el reconocimiento de que esta información sobre los autores “conocidos” es insuficiente y no puede sustituir a la comprensión de sensibilidades y dinámicas de las multitudes en un contexto determinado. Las tendencias internacionales reflejan una conciencia creciente sobre los mecanismos que desencadenan la violencia colectiva, así como qué medidas son más efectivas.

Teniendo en cuenta su experiencia internacional y académica, ¿cuáles cree que son las mejores prácticas/enfoques policiales para mantener la paz social?

La inteligencia se percibe como un medio importante para identificar a grupos de alborotadores que buscan la confrontación. Por su percepción del riesgo, deberían tener claro (ellos mismos, así como el resto de la gente) qué medidas efectivas se pondrán en marcha en caso de que traspasen los límites. Si se consigue conocerlos, se reduce el anonimato ante las autoridades. Es una buena práctica evitar en lo posible tomar medidas que creen o enfaticen situaciones de “nosotros contra ellos”. En este sentido, interactuar y comunicar son herramientas tácticas importantes. Cuando sí se dan situaciones violentas, se considera una buena práctica actuar a tiempo, en vez de esperar a que la situación escale y se descontrole, y hacerlo de manera centrada y dirigida, especialmente hacia aquellas personas que estén transgrediendo los límites, sean vándalos o activistas con tácticas black block. Por otra parte, se reconoce que la naturaleza oportunista de mucha de la violencia colectiva pone un límite a la utilidad de la inteligencia: una vez escala la violencia, el número de opciones disponibles se agota rápidamente. A causa de las incertidumbres que afectan, se consideran esenciales los preparativos que respondan a una variedad de escenarios hipotéticos.

Y, finalmente, con respecto a la gestión del orden público, ¿ha detectado alguna mala praxis en Europa occidental digna de mención?  ¿A qué factores atribuiría esta mala práctica?

Se pueden discernir algunas tendencias claras en los diferentes países en relación con el control policial de acontecimientos públicos.

Aunque se dice que es necesario un cambio, este cambio no radica en la legislación ni en nuevos poderes, sino en entender y utilizar mejor la legislación existente.

También necesitamos tener presente que el desarrollo de nuevas armas no acostumbra a ser prioritario. Hay otras necesidades que se denominan armas no letales innovadoras. De hecho, estas armas no son innovadoras, ya que básicamente representan tecnología ya existente que no se ha desarrollado lo suficiente para ser operativa, y además están intrínsecamente ligadas a conceptos de control de disturbios totalmente obsoletos.

Finalmente, con respecto al equipamiento, necesitemos cambiar hacia un equipamiento que proteja mejor a los agentes de policía, mejore las comunicaciones entre agentes, mejore las posibilidades de comunicación con los participantes de acontecimientos masivos, mejore las posibilidades de recogida de información y pruebas y ayude a incrementar la flexibilidad.

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Índice de criminalidad organizada en África

El índice del crimen organizado ENACT proporciona una medida multidimensional del crimen organizado y su impacto.

Las herramientas para medir el alcance y el nivel del crimen organizado en África son limitadas. Es necesaria una mejor base de pruebas para que los estados y los agentes clave controlen, analicen, prioricen y aborden con efectividad la amenaza presentada por el crimen organizado de manera sistemática y sostenible.

Lanzado en septiembre de 2019, el índice de crimen organizado se obtiene mediante una evaluación de base que identifica la disponibilidad, la calidad y la relevancia de los datos continentales, así como los datos prioritarios.

El índice es una plataforma interactiva en el sitio web ENACT. Se complementa con un informe anual, que sirve para intentar sensibilizar a los responsables políticos.

A la hora de valorar la vulnerabilidad global de un estado ante el crimen organizado, el modelo, que consta de tres subíndices, está diseñado para medir tres categorías de información:
• La presencia y la amplitud de la amenaza, como componente de 12 tipos de crimen organizado.
• Riesgo del crimen organizado.
• Capacidad del estado y voluntad política para responder a las amenazas de crimen organizado.
La yuxtaposición entre estas tres categorías se analiza para desarrollar una puntuación acumulativa para cada estado africano, cosa que indica la vulnerabilidad del estado ante las amenazas de crimen organizado.

Modelos de vulnerabilidad

Presencia: el primero de los tres índices compuestos se concentra en la presencia del crimen organizado. En particular, este índice sirve de estudio longitudinal con el objetivo de mostrar cómo ha evolucionado el crimen organizado y su estado actual, que eventualmente puede proporcionar información sobre la evolución futura.

La información derivada del índice de criminalidad organizada para cada estado africano se muestra en una “flor” que combina puntuaciones para cada tipo de delito, y que se puede utilizar para representar tendencias con el paso del tiempo.

Riesgo: los grupos de criminalidad organizada explotan instituciones estatales débiles o disfuncionales, fronteras porosas y desventajas en el bienestar social y las economías políticas locales para continuar y ampliar sus operaciones. Para medir el riesgo de un estado para el crimen organizado, el segundo componente tiene en cuenta varias áreas, a saber, la economía de un estado, geografía, física y recursos naturales, cohesión social y conflicto, así como comercio global.

Respuesta: como tercer índice, hay que medir la capacidad y la voluntad política del estado, a partir de la conciencia que los estados demuestran en la lucha contra el crimen organizado, tanto si tienen marcos legales, políticos y estratégicos adecuados para abordar el crimen organizado como si están consiguiendo resultados reales. Este índice valora las acciones estatales para combatir el crimen organizado, señalando esta capacidad y sus precursores para la realización de políticas estratégicas reales.

Uno de los componentes del índice de criminalidad organizada incluye el Tablero de datos, que proporciona una comparación de dos métricas generales, la presencia y el impacto del crimen organizado.

Presencia: el Tablero extrae datos de 12 tipos de delitos individuales a partir del índice de criminalidad organizada. Permite a los usuarios ver la escala de subconjuntos del delito en un tipo de delito particular; por ejemplo, “Delitos marítimos” puede incluir subconjuntos como “piratería” y “pesca ilegal, no regulada y no reportada”.

Impacto: el Tablero proporciona indicadores sensibles de la delincuencia para evaluar las correlaciones de cinco áreas de impacto: seguridad y violencia, económica, desarrollo social, medio ambiente, y gobernanza y democracia. Cada una de estas áreas de impacto está formada por una serie de componentes en los que un usuario puede escoger un tipo de delito y ver su impacto en el área seleccionada. Por ejemplo, se puede ver el “contrabando humano” ya que se correlaciona con la “violencia de género”, o componentes del “terrorismo” de la zona de impacto de “seguridad y violencia”.

https://enactafrica.org/organised-crime-index

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El fentanilo, mucho más letal que la heroína

Las muertes producidas por opioides sintéticos en los Estados Unidos pasaron de unos 3.000 en el 2013 a más de 30.000 en el 2018. De hecho, los opioides sintéticos como el fentanilo actualmente están implicados en el doble de muertes que la heroína.

En los Estados Unidos, se ha publicado el libro The future of Fentanyl and Other Synthetic Opioids, que ofrece una evaluación sistemática del pasado, presente y posibles futuros de los opioides sintéticos. El libro se basa en análisis de datos secundarios, revisiones de literatura, estudios de casos internacionales y entrevistas a informadores clave. El objetivo es proporcionar a los responsables de tomar decisiones, a los investigadores, a los medios de comunicación y al público conocimientos destinados a entender mejor el problema de los opioides sintéticos y como responder a él.

Principales conclusiones

El fentanilo y otros opioides sintéticos dominan algunos mercados regionales de drogas en Canadá y el este de los Estados Unidos. Factores de la oferta, más que no el aumento de la demanda, explican su difusión. Los mercados hacen difusión online de métodos de síntesis nuevos y más eficientes, comercio electrónico anónimo, etc.

En algunos mercados, el fentanilo está sustituyendo a la heroína, no solo adulterándola o complementándola. La difusión de los opioides sintéticos se basa en decisiones de los proveedores y no en la demanda de los usuarios.
El problema en algunas zonas de Canadá es tan grave como en el este de los Estados Unidos, a pesar de las diferencias sustanciales en la política de drogas y en la prestación de servicios públicos de salud y servicios sociales.

La propagación del fentanilo es episódicamente rápida y persistente. Es probable que los problemas con opioides sintéticos empeoren, porque en los  EE. UU. todavía no tiene un alcance realmente nacional. Algunas regiones en el oeste del Misisipi se han visto menos afectadas hasta ahora.

Recomendaciones

Es imprescindible que se hagan esfuerzos para evitar que los opioides sintéticos penetren en algunas zonas del país que solo han sido afectadas moderadamente.

Los responsables políticos tienen que innovar en los lugares y ámbitos donde se producen los opioides sintéticos. Tendrían que considerarse seriamente nuevos enfoques para responder a la crisis actual (por ejemplo, interrumpir las transacciones en línea; supervisar lugares de consumo; impulsar nuevas modalidades de tratamiento basadas en evidencias, como el tratamiento asistido con heroína, y elaborar pruebas de contenido de los medicamentos). Eso es necesario por la naturaleza y la escala del reto que plantean los opioides sintéticos, que en sus formas y métodos de distribución actuales representan una salida de las crisis anteriores. De hecho, la resolución de esta crisis puede requerir enfoques o tecnologías que no existen hoy día.

Los gobiernos tienen una responsabilidad única de financiar la recogida de datos y el seguimiento de consumos y mercados de drogas. La crisis del sida impulsó grandes inversiones en nuevos datos y sistemas de control, como el sistema nacional de vigilancia del comportamiento del VIH. El número de muertos por opioides es aproximadamente similar al del pico de la epidemia del sida, pero ahora no ha habido ninguna inversión comparable en la mejora de los sistemas de control.

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Uno de cada cuatro alemanes, víctima de delitos en internet

La Agencia Federal alemana para la seguridad en el uso de las tecnologías de la información (https://www.bsi.bund.de/DE/Home/home_node.html) ha publicado los resultados de una encuesta en línea hecha el mes de abril de 2019 a 2.000 personas de entre 16 y 69 años.[1] Un 24% de las personas encuestadas manifiestan haber sido víctima de un delito en internet. Un 29% considera el riesgo de ser víctima de un delito digital como alto o muy alto.

Un 36% declara haber sido víctima de fraude comprando en línea, un 28% de phishing, un 26% de virus o troyanos, un 18% de hurto de identidad, un 13% de programas extorsivos y un 13% de ciberacoso. Algunos de los encuestados manifestaron haber sido víctimas de varios tipos de delitos.

Un 61% de los encuestados declararon que ya usaban programas antivirus, un 58% contraseñas seguras, un 52% cortafuegos, un 36% la instalación inmediata de actualizaciones del software, un 32% sustitución periódica de la contraseña y un 19% comunicación de correo encriptada (la respuesta múltiple también era posible). Como consecuencia de esta realidad, un 73% busca información sobre la seguridad en internet, un 24% visita la web de la Agencia Federal para la seguridad de las tecnologías de la información y un 47% visita las webs de la policía. Solo un 34% afirma no haber oído hablar de estas páginas web.

Las franjas de edad que más denuncian ante la policía son la de 60-69 años (41%) y la de 50-59 años (40%), mientras que la de 16 a 29 y la de 30 a 39 son las que menos lo hacen (23%). Las personas que más se informan sobre internet también son las de la franja de entre 50 y 59 años (un 38% de manera regular y un 40% en caso de tener algún problema) y la franja de entre 60 y 69 (37% y 38%). El tema sobre el que hay un número mayor de personas que busca información es la banca electrónica (un 62%). Aunque la gran mayoría ha oído hablar de medidas de prevención, solo una minoría las tiene en cuenta y las sigue regularmente (9%).

Entre aquellos que ya han sido víctimas digitales, las medidas de protección más usadas son cortafuegos actualizados (50%), contraseñas más seguras (44%) y programas antivirus actualizados (40%).

[1]Vid. https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Digitalbarometer/Digitalbarometer-ProPK-BSI_2019.pdf?__blob=publicationFile&v=3

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Extorsión, violencia y crimen organizado en Latinoamérica

Según un estudio reciente [1], después de los homicidios, la extorsión es el delito que más daño hace al estado de derecho en los países de Latinoamérica y el Caribe. La extorsión no solo se ha convertido en la principal fuente de ingresos de las maras, bandas juveniles o grupos de crimen organizado. También es la amenaza más importante para la seguridad por  el creciente número de muertes violentas que produce.

Un ejemplo: en El Salvador, un 24% de las personas reconoce haber sido víctima de extorsión en alguna ocasión. Y en Guatemala, las denuncias por extorsión aumentaron un 55% entre el 2013 y el 2018.

En los últimos años, algunos países han invertido esfuerzos para luchar contra los delitos de extorsión. Se han aplicado intentos de solución tales como el endurecimiento de penas, programas de prevención especializados, uso de fuerzas policiales especiales o líneas telefónicas exclusivas para la atención de las víctimas. Otra medida que ha ido ganando popularidad es el bloqueo de la señal de los teléfonos móviles dentro de las prisiones, y es que en algunos países hasta el 70% de las extorsiones están gestionadas desde allí.

El estudio hace toda una serie de recomendaciones para prevenir y controlar las extorsiones, ya que los perjuicios para la convivencia y la economía son devastadores:

  • Impulsar la modernización policial e incentivar la rehabilitación social penitenciaria. Agilizar el sistema policial y de justicia serviría para garantizar una mejor calidad de la seguridad ciudadana.
  • Fomentar asociaciones público-privadas como la existente entre el sector productor del azúcar y la Policía Nacional de El Salvador. De esta manera la policía ha obtenido equipos de movilidad y comunicaciones.
  • Destinar más recursos a respuestas tecnológicas de control de la extorsión. Por ejemplo, en México existe una aplicación de móvil para poder identificar las llamadas con origen en los centros penitenciarios.
  • Profundizar en los intercambios regionales sobre buenas prácticas de control de la extorsión para llevar a cabo transferencias de programas y réplicas rápidas.
  • Consolidar los mecanismos de control para los casos de extorsión que involucren a funcionarios públicos. Especialmente en los casos en los que los funcionarios piden dinero a los ciudadanos para hacer determinados trámites administrativos.
  • Generar alternativas profesionales atractivas para los miembros de las bandas juveniles. Por ejemplo, centros comunitarios que organizan actividades para prevenir el reclutamiento de jóvenes en barrios de alto riesgo.
  • Incentivar que no se use dinero en efectivo en los comercios pequeños y medianos. En Guatemala se ha detectado que la mayor inversión obtenida a través de la extorsión se produce en comercios, autobuses, taxis o bares.
  • Promover una mayor participación de las víctimas de extorsión en el proceso penal, rodeándola de todas las garantías de protección necesarias para aumentar la cifra de denuncias y condenas.

[1] Una Cultura Criminal: Extorsión en Centroamérica.

https://blogs.iadb.org/es/inicio/

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Estados Unidos y El Salvador firman un acuerdo en materia de seguridad y migración

El Salvador - USALos Estados Unidos y El Salvador han firmado una carta de cooperación en materia de seguridad y migración, en la cual El Salvador se compromete a mejorar el control en las fronteras y a intercambiar información sobre crimen organizado en un trabajo conjunto con fuerzas norteamericanas.

El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McAleenan, y la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, rubricaron el acuerdo después de una reunión en la que trataron aspectos relacionados con bandas juveniles, migración y desarrollo económico.

La mejora del control de las fronteras salvadoreñas pretende conseguir disminuir el flujo de personas que migran de manera irregular pero también luchar contra la actuación de las bandas juveniles, así como el tráfico ilegal de menores.

Otro de los aspectos destacados del acuerdo firmado es que los Estados Unidos se comprometen a colaborar en la lucha contra las bandas juveniles y el crimen, entendido desde un punto de vista amplio: traficantes de seres humanos, contrabandistas que venden órganos, secuestradores de personas para venderlas como esclavas, etc.

El Salvador se compromete a compartir información biométrica y en tiempo real con respecto a movimientos sospechosos que suceden en las fronteras tanto terrestres como aéreas. Podría ser el caso de personas que intentan ingresar en el país con documentos falsificados o que son buscadas por la justicia de otros países, a menudo relacionadas con crímenes vinculados al narcotráfico.

Por parte norteamericana, se reconocieron los esfuerzos de las autoridades salvadoreñas en la lucha y la reducción de los flujos de migración irregular. En este ámbito, se  concretó que la ayuda de los Estados Unidos se proporcionará a través de diferentes frentes, entre los cuales la ayuda a la policía para mejorar su capacidad de actuación y la ampliación del acceso a visados de trabajo para los salvadoreños.

Sin embargo, los representantes norteamericanos subrayaron que el acuerdo firmado no implica que El Salvador se haya convertido en el tercer país seguro, tal como pasó antes con México y Guatemala.

McAleenan concluyó que mantendrían reuniones con representantes del sector privado y que están interesados en dialogar sobre las tablas tarifarias, con la intención de que estas sean más proclives a atraer inversión extranjera.

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En trámite en El Salvador una ley para identificar a miembros de pandillas

Un grupo de diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador está analizando una ley que podría permitir identificar a las personas que forman parte de las pandillas Mara Salvatrucha -MS13- o Barrio 18.

Se trataría del Anteproyecto de la ley especial de registro de las agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas, de sus miembros y colaboradores. Este Anteproyecto está siendo estudiado por parlamentarios de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad.

Además, el Congreso explicitó que esta iniciativa legislativa tiene el propósito de identificar y clasificar a los miembros de las pandillas con la ayuda de la información proporcionada por el organismo de inteligencia del Estado y por la Policía, lo cual permitiría desarticular y desmontar estas estructuras delictivas.

La ley proporcionaría al Estado una herramienta administrativa para combatir de manera integral el principal problema de seguridad del país.

Este Anteproyecto será presentado a las autoridades del Gabinete de Justicia y Seguridad y al fiscal general, Raúl Melara, a fin de que conozcan el objeto y alcance de la normativa y, una vez den el visto bueno, los diputados podrán emitir un dictamen favorable para que entre en el Pleno del Congreso para someterla a votación y, en su caso, aprobarla.

Una vez aprobada esta ley, el órgano legislativo, a través de los diputados de la Comisión de Seguridad Pública, solicitarán la derogación de la Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, aprobada en el año 2010, porque se considera inaplicable.

Las autoridades de El Salvador responsabilizan a las pandillas MS13, Barrio 18 y otras más reducidas de los altos índices de homicidios. Hay que mencionar que, en los últimos cinco años, se ha llegado a la cifra de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, datos que convierten a este país en uno de los más violentos del mundo.

Estos grupos criminales, fenómeno considerado una herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de miembros desde Estados Unidos, han resistido todos los planes de seguridad implementados por las últimas cuatro administraciones.

En El Salvador, cerca de un 25% de la población reconoce haber sido víctima de extorsión por parte de miembros de pandillas.

Enlaces de interés:

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