Las demandas crecientes de servicios policiales para dar respuesta a las personas en crisis de salud mental en Canadáestán provocando importantes cargas sobre los recursos policiales, ya de por sí insuficientes.

Con el evidente empeoramiento de la salud mental de la comunidad, acelerado como consecuencia de la epidemia de la covid-19, los gobiernos han encargado sin querer a los servicios policiales un trabajo que no deberían realizar.

Esto ha supuesto que cada vez más se pida a la policía que realice intervenciones en lo que es esencialmente atención a la salud mental. La policía se ha convertido de esta forma en responsable de abordar los retos que las agencias policiales no están demasiado preparadas para afrontar, y por otra parte, disminuyen los recursos en el trabajo policial tradicional como investigar el crimen organizado, garantizar la seguridad pública, etc.

Por su parte, el sistema sanitario canadiense ha sido incapaz de cubrir esta creciente demanda para el cuidado de la salud mental. La respuesta colectiva del país no ha logrado construir suficientes capacidades para gestionar los riesgos y hacer frente a esta demanda.

En el caso de la policía de Inglaterra y Gales, denuncian que entre el 20 y el 40% del tiempo de trabajo policial se está dedicando a atender llamadas e incidentes relacionados con la salud mental.

Además, algunos expertos indican que aquellos que argumentan que las fuerzas policiales simplemente necesitarían entrenar mejor a los agentes de primera línea para gestionar óptimamente este reto, la cruda realidad es que se trataría de un mal uso de los recursos policiales. Entonces lo que proponen como respuesta correcta al problema es dotarse de profesionales de la salud mental formados, con profundos conocimientos y experiencia, dedicados a estas enfermedades en condiciones de librar y gestionar las crisis de salud mental desde primera línea.

Así pues, la reforma policial que se propone en Canadá para abordar este problema sistémico es poner a los agentes en este papel de apoyo, en vez de pedirles liderar una amplia gama de desafíos complejos en torno a la salud mental. Esta reforma buscaría como principios básicos la voluntad de hacer de la sociedad canadiense una sociedad más segura y saludable.

Los demandantes de cambios en este ámbito añaden que, si lo que se desea es una policía efectiva, haciendo de la sociedad un lugar más seguro para vivir y trabajar, sería fundamental identificar y abordar los retos a los que se enfrenta una policía moderna. Y para encontrar una respuesta eficaz al problema creciente de la salud mental, lo importante no sería formar mejor a la policía, a pesar de ser un objetivo admirable y que podría proporcionar algunos beneficios, no se puede olvidar el exceso de cargas de trabajo y la falta de recursos que arrastran desde hace tiempo.

Los responsables políticos deberían abordar la problemática invirtiendo en formación en intervención en salud mental en primera línea, aumentar la cifra de profesionales e incrementar la capacidad de actuación de quienes trabajan en el sistema de salud.

_____

Aquesta entrada en català / This post in English / Post en français

La opinión pública de Brasil se estremeció a principios de mayo de este año ante presuntos nuevos casos de violencia policial, con denuncias de torturas en cuerpos hallados tras una operación policial en una favela y, sobre todo, en el caso de un hombre que murió asfixiado dentro del maletero de un vehículo oficial de la policía en la localidad de Umbauba. La Policía Federal de Carreteras (PRF) aseguró que los agentes utilizaron técnicas de inmovilización e instrumentos de bajo potencial ofensivo frente a la fuerte agresividad del detenido en un control policial.

El tiroteo en las favelas del Complexo do Alemão del día 4 de mayo fue tan intenso que el batallón de élite de la Policía Militar de Río de Janeiro agotó la munición en solo dos horas. Cabe mencionar que el resultado final de la operación fue de 18 personas fallecidas.

Según la policía, la operación, que contaba con la participación de unos 400 uniformados, perseguía a un grupo de individuos como presuntos autores de robos de vehículos y bancos y también de ataques a comisarías de policía. Entre los fallecidos figuran dos mujeres, una quincena de considerados sospechosos y un policía.

Pero distintos expertos del ámbito de la seguridad, familiares de las víctimas y habitantes de la zona cuestionaron la acción policial al considerarla extremadamente violenta. Por ejemplo, una de las mujeres muertas fue tiroteada al pasar con su vehículo por una avenida cercana. La otra murió mientras la policía retiraba barricadas en la zona, aunque los uniformados niegan que el proyectil saliera de sus armas.

Denominada “masacre” por muchos funcionarios electos y activistas comunitarios, la redada policial ha resultado ser la segunda más letal de la historia de Río en una favela.

A consecuencia de los hechos, la organización de derechos humanos Human Rights Watch también expresó su consternación en un comunicado público. Cabe mencionar que Brasil tiene una de las policías del mundo con más víctimas mortales bajo custodia policial y con más policías fallecidos en acto de servicio. Por ejemplo, en 2021 hubo 6.100 víctimas fatales en operaciones policiales, mientras que 183 agentes de la autoridad fueron asesinados, según recoge el proyecto Monitor de la Violencia .

Lo que sí es verdad es que esta operación policial ha sido la que ha generado reacciones públicas más contundentes en Río de Janeiro, según explican desde Geni, un grupo de estudios sobre seguridad pública y violencia de la Universidad Federal Fluminense (UFF). Y es desde esta fundación que se considera que los operativos policiales carecen de efectividad, acostumbran a estar motivados por una sed de venganza y gozan de total impunidad.

Además, en los últimos 14 meses se produjeron otras dos operaciones policiales que acabaron provocando aún más defunciones. Una operativa policial fue en la favelade Jacarezinho en mayo del año 2021 – la más mortífera en Río de Janeiro, con 28 muertos – y la segunda, en Vila Cruzeiro en mayo de 2023, con 23 muertos.

Por su parte, la policía de Río asegura que estas acciones se basan en informes de inteligencia y se desarrollan de acuerdo a lo establecido en la ley, la justicia y los protocolos técnicos operacionales.

Pero la realidad es que el incremento de la violencia callejera y la creciente militarización de las operaciones destinadas a garantizar la seguridad pública están contribuyendo a crear una situación muy confusa. El enrevesado rol institucional de la Policía Militar y el rol cada vez más importante del Ejército demuestran que, a diferencia de lo que sucede en los países desarrollados, en Brasil las funciones de defensa nacional se mezclan peligrosamente con las de mantenimiento del orden interno.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

Durante una jornada de acción ejecutada conjuntamente por 10 países, fueron detenidos 132 miembros de una de las redes criminales más poderosas del mundo. A primera hora del 3 de mayo, las autoridades policiales de Bélgica, Alemania, Italia, Francia, Portugal, Eslovenia, España, Rumanía, Brasil y Panamá registraron varias viviendas e intervinieron algunas empresas. Más de 2.770 agentes participaron sobre el terreno durante la vasta operación.

Eurojust y Europol apoyaron esta operación internacional contra la ‘Ndrangheta, que hasta el momento se ha convertido en el mayor éxito que ha implicado al sindicato policriminal italiano. La organización mafiosa es responsable de gran parte del comercio de cocaína en Europa, combinado con el blanqueo sistemático de dinero, el soborno y la violencia.

La red criminal investigada estaba liderada por varias familias poderosas de la ‘Ndrangheta con sede principalmente en la ciudad de San Luca, que se encuentra en la provincia italiana de Reggio Calabria. Algunas de estas familias han estado involucradas en una violencia de clanes de décadas conocida como ‘feudo de San Luca’, que culminó con tiroteos masivos en Italia y en el extranjero como, por ejemplo, la masacre de Duisburgo en Alemania del año 2007.

Los miembros de la red criminal participaron en conspiraciones criminales no solo para formar parte de una organización mafiosa, sino también para ser responsables del tráfico de drogas, el tráfico de armas de fuego, la tenencia ilegal de armas de fuego, el blanqueo de capitales, el registro fraudulento de activos, el fraude fiscal y la evasión fiscal, así como la ayuda y complicidad con los fugitivos (que desde entonces han sido detenidos). Dos de esos fugitivos habían estado en la lista de entre los más buscados de la Unión Europea.

La red criminal italiana se dedicaba principalmente al narcotráfico internacional desde América del Sur a Europa, así como hacia Australia. Las autoridades descubrieron que la red trabajaba en colaboración con el grupo de crimen organizado colombiano Gulf Clan y un grupo criminal de habla albanesa que operaba en Ecuador y en varios países europeos.

Además, los clanes de la ‘Ndrangheta estaban implicados en el tráfico internacional de armas de fuego desde Pakistán hasta Sudamérica, proporcionando material al famoso grupo criminal PCC (Primeiro Comando da Capital) a cambio de envíos de cocaína. Los investigadores realizaron un seguimiento del flujo de dinero en un extenso sistema global de blanqueo de capitales, con inversiones masivas en Bélgica, Alemania, Italia, Portugal, Argentina, Uruguay y Brasil.

El grupo criminal invertía sus beneficios en bienes inmuebles, restaurantes, hoteles, empresas de lavado de coches, supermercados y otras actividades comerciales. Para pagar la cocaína o transferir activos ilícitos, los delincuentes a menudo confiaban en facilitadores que utilizaban el sistema de la hawala.

Eurojust apoyó a las autoridades policiales implicadas creando y financiando dos equipos de investigación conjuntos. La agencia también acogió diez reuniones de coordinación tras crear un centro para permitir una rápida cooperación entre las autoridades judiciales implicadas en la jornada de acción. Se abrieron tres casos vinculados a Eurojust a petición de las autoridades italianas, alemanas y belgas. Eurojust también facilitó la transmisión y ejecución de las órdenes de investigación europeas.

El proyecto de análisis de Europol sobre el crimen organizado italiano apoyó a la investigación como caso prioritario. Proporcionó informes de concordancia cruzada a las unidades nacionales de investigación implicadas. En total, se intercambiaron más de 200 mensajes SIENA entre los países implicados. Además de apoyar la propia investigación, el proyecto de análisis también apoyó la búsqueda de los tres fugitivos.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français

Los últimos datos publicados por el proyecto Tracking (In)Justice de Canadá sugieren que el número medio anual de muertes con implicación de la policía entre los años 2011 y 2022 aumentó en dos tercios, en comparación con la cifra media anual de la década anterior. Los miembros del proyecto, Andrew Crosby, Alexander McClelland y Tanya L. Sharpe, creen que este incremento, junto con la disparidad racial y las variaciones jurisdiccionales en estas cifras, apoyan la necesidad de pedir una mayor responsabilidad, transparencia y control de la conducta policial en Canadá.

Según los autores del proyecto, está claro que los encuentros mortales con la policía aumentan año tras año en Canadá. El número de civiles que mueren en incidentes con la policía cuando se utiliza la fuerza se ha incrementado constantemente desde el año 2000. Este hecho está dejando a las familias y las comunidades con poco apoyo o recursos para rendir cuentas.

Pero uno de los principales problemas es que no existe ningún organismo ni institución canadiense o foránea que trabaje, por ejemplo, en un conjunto de datos actualizado y centralizado o que haga un seguimiento de las muertes y proporcione información sobre la víctima, la ubicación, el servicio policial implicado, el tipo de fuerza utilizado y otros muchos detalles contextuales.

Sólo lo hacen los miembros del proyecto Tracking (In)Justice, que documentan y analizan las muertes con implicación de la policía cuando se utiliza la fuerza en Canadá. Tracking (In)Justice es una asociación de académicos y defensores que tienen como objetivo arrojar luz sobre la violencia policial para ayudar a informar las demandas de responsabilidad, transparencia y cambios en la institución policial.

Recoger esta información otorga la posibilidad de efectuar nuevas preguntas, como por qué algunos cuerpos policiales producen muertes de personas con mayor frecuencia que otras.

Hace tiempo que se ha pedido que la policía y los gobiernos recojan y compartan datos sobre incidentes en los que el uso de la fuerza causó heridas y muertes a civiles. Periodistas, académicos, grupos de la sociedad civil y familias de las víctimas se han comprometido en esta labor desde hace ya mucho tiempo.

Las conclusiones preliminares indican que los incidentes de uso de la fuerza van en aumento, y el mayor número se produjo en el año 2022. Parte de esta tendencia a largo plazo puede deberse a un mayor acceso a la información sobre asesinatos y muertes con implicación de la policía. Pero el acceso a la información por sí solo no explica el notable aumento de los últimos años.

Según datos de Tracking (In)Justice, hubo una media de 22,7 muertes con implicación de la policía entre 2000 y 2010. En comparación, una media de 37,8 personas murieron cada año entre los años 2011 y 2022. Esto supone un aumento del 66,5%.

Las muertes por disparos también parece que se están produciendo con mayor frecuencia. Tracking (In)Justice documentó 704 muertes en Canadá entre 2000 y 2022 con utilización de la fuerza policial.

Los datos incluyen muertes por tiroteos policiales y casos en los que una persona falleció tras ser sometida a otros tipos de armas policiales (por ejemplo, tásers) o intervenciones físicas.

Estos datos se recopilaron accediendo a información disponible públicamente de los medios de comunicación e informes oficiales. Los datos contienen información relacionada con la víctima, incluidos el nombre, edad y raza cuando se conoce. También documentan la ubicación de la muerte, la policía implicada y el mayor nivel de fuerza utilizado.

Siguiendo patrones de desigualdad que vienen de lejos, existen importantes disparidades raciales persistentes en el aumento global de las muertes con implicación de la policía cuando se utiliza la fuerza.

Las personas negras e indígenas representan en torno al 10% de la población en Canadá, pero son el 27,2% de las muertes por tiroteo con implicación de la policía cuando se ha identificado la raza de la víctima.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français