“La percepción importa”: guía para la gestión de estallidos de inseguridad

El proyecto Cutting Crime Impact (CCI), financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea, pretende prevenir la delincuencia ordinaria (toda aquella que no es organizada) y, en caso de producirse, reducir el impacto tanto como sea posible. Con este fin el proyecto trabaja en cuatro ámbitos concretos: la policía predictiva, la policía comunitaria, la prevención del delito a través del diseño ambiental y la percepción de seguridad. El proyecto tiene la finalidad de elaborar herramientas en estos cuatro ámbitos que puedan ser aplicadas por los actores de seguridad para cumplir los fines del proyecto.

En el ámbito de la percepción de seguridad o seguridad subjetiva, el Departamento de Interior, como socio del proyecto, ha sido el encargado de diseñar una herramienta que sirviera para mejorar la percepción de seguridad de la ciudadanía. La fórmula escogida ha sido la elaboración de una guía, “La percepción importa”, que orienta de manera práctica y útil a los gestores de la seguridad que tienen que hacer frente a la articulación de respuestas ante estallidos de inseguridad en ámbitos concretos de la ciudad. Las manifestaciones de sentimientos de inseguridad acostumbran a estar relacionadas con espacios concretos e, incluso, con determinadas franjas horarias. Una respuesta estándar, genérica, está abonada al fracaso; es necesario un análisis mínimamente profundizado (y, si es posible, rápido) que permita detectar las causas que hay detrás de aquel estallido de inseguridad (y no de la inseguridad en general) con el fin de tomar las medidas que puedan afrontar concretamente aquellas causas.

Los gestores de seguridad están sometidos a una presión alta cuando hay una manifestación pública de inseguridad o de miedo al delito. Esta presión les impide, a menudo, tener la calma y el tiempo suficientes para analizar la situación adecuadamente y favorece la toma de medidas rutinarias y muy visibles que, aunque no solucionan el problema, sirven para amortiguar la presión pública y política. “La percepción importa” pretende precisamente ofrecer criterios sencillos y prácticos para que estas personas encargadas de articular respuestas a las manifestaciones públicas de inseguridad puedan identificar qué medidas urgentes, si hacen falta, tienen que tomar, a la vez que facilita el análisis en profundidad de la situación y una respuesta más integral con medidas a corto, medio y largo plazo, para evitar la adopción de aquellas que sirven para “distraer” el problema pero que, en el fondo, lo van enquistando.

“La percepción importa” consta de cinco documentos que forman parte de una misma estrategia y que pueden ser utilizados juntos o por separado. El cuaderno 1 constituye la guía en sentido estricto, que incorpora las preguntas clave que una persona con responsabilidades en la gestión de la seguridad tiene que hacerse ante un incidente de inseguridad. También contiene las fuentes a las que puede recurrir para informarse adecuadamente. Al final del cuaderno hay una clarificación de conceptos a tener en cuenta a la hora de gestionar crisis de inseguridad subjetiva para conocer con precisión cuáles son sus dinámicas.

El cuaderno 2 nos ayuda a evaluar si nos encontramos ante un incidente que requiere medidas urgentes, inmediatas, a la vez que continuamos con un análisis más global del problema. El documento incluye indicadores para decidir si las medidas urgentes son necesarias o no, así como recomendaciones del tipo de medidas a tomar.

El cuaderno 3 explica, de manera sencilla, varias metodologías de investigación en el campo de las ciencias sociales, con consejos prácticos de cómo tienen que ser gestionadas para obtener la información requerida sin entrar en procedimientos de reflexión interminables. No se trata de un manual de metodología, sino de recomendaciones sobre cómo utilizar algunas de manera simple y útil para mejorar nuestro diagnóstico de inseguridad.

El cuaderno 4 pone a disposición del lector criterios para articular medidas de respuesta a estallidos de inseguridad en virtud de las causas que la han provocado, de manera que la inseguridad pueda ser contenida y revertida. Se presentan medidas de tipo diverso y transversal, así como a corto, medio y largo plazo. También incluye un enlace con documentos que recogen buenas prácticas en este campo.

El cuaderno 5 ofrece, por una parte, pautas para entender la importancia que tiene la comunicación con la ciudadanía en materia de seguridad subjetiva, y por otra, los criterios a seguir para que la comunicación pública consiga efectivamente mejorar la percepción de seguridad de la ciudadanía o, cuando menos, no agravarla en momentos de crisis.

En resumen, se trata de un documento que muy probablemente no descubre nada en la materia, pero que tiene la virtud de ordenar de manera sencilla, y esperamos que eficaz, los conocimientos existentes para facilitar una gestión ordenada y ágil de los estallidos de inseguridad en nuestras ciudades y espacios públicos. Puede consultarse en la web del Departamento de Interior http://interior.gencat.cat/ca/el_departament/publicacions/seguretat/projecte-europeu-toolkit-la-percepcio-importa/

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El Consejo Europeo adopta conclusiones sobre la Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea

El Consejo Europeo ha adoptado conclusiones, en marzo de 2021, sobre la Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea para la década digital. Esta Estrategia fue presentada por la Comisión y el Alto Representante para Asuntos Exteriores en diciembre de 2020. Se describe el marco de la acción de la UE para proteger a los ciudadanos y a las empresas de las ciberamenazas, promover sistemas de información seguros y proteger un ciberespacio global, abierto, libre y seguro.

Las conclusiones señalan que la ciberseguridad es esencial para construir una Europa resistente, verde y digital. Se fijaron como objetivo clave alcanzar la autonomía estratégica preservando una economía abierta. Eso incluye reforzar la capacidad de tomar decisiones autónomas en materia de ciberseguridad, con el objetivo de reforzar el liderazgo digital y las capacidades estratégicas de la UE.

En sus conclusiones, el Consejo destaca una serie de ámbitos de actuación en los próximos años, incluidos:

– Los planes para crear una red de centros de operaciones de seguridad en toda la UE para controlar y anticipar las señales de ataques a las redes.

– La definición de una unidad cibernética conjunta que proporcionaría un enfoque claro en el marco de gestión de crisis de ciberseguridad de la UE.

– Su firme compromiso de aplicar y completar rápidamente la implementación de las medidas de la caja de herramientas 5G de la UE y de continuar los esfuerzos realizados para garantizar la seguridad de las redes 5G y el desarrollo de las generaciones de redes futuras.

– La necesidad de un esfuerzo conjunto para acelerar la adopción de estándares clave de seguridad en Internet, ya que son fundamentales para aumentar el nivel global de seguridad y apertura de internet global, aumentando la competitividad de la industria de la UE.

– La necesidad de apoyar el desarrollo de un ciframiento fuerte como medio de protección de los derechos fundamentales y la seguridad digital, a la vez que garantiza la capacidad de las autoridades judiciales y policiales de ejercer sus poderes tanto en línea como fuera de línea.

– El aumento de la eficacia y la eficiencia de la caja de herramientas de ciberdiplomacia, prestando especial atención a la prevención y la lucha contra los ciberataques con efectos sistémicos que pueden afectar a las cadenas de suministro, la infraestructura crítica y los servicios esenciales, las instituciones y los procesos democráticos y socavar la seguridad económica.

– La propuesta del posible establecimiento de un grupo de trabajo sobre ciberinteligencia para reforzar la capacidad dedicada de la UE en este dominio.

– La importancia de reforzar la cooperación con las organizaciones internacionales y los países socios para avanzar en la comprensión compartida del panorama de las ciberamenazas.

– La propuesta de desarrollar una agenda externa de creación de capacidades cibernéticas de la UE para aumentar la ciberresiliencia y las capacidades en todo el mundo.

Con el fin de garantizar el desarrollo, la implementación y el seguimiento de las propuestas presentadas en la Estrategia de ciberseguridad, el Consejo anima a la Comisión y al Alto Representante a establecer un plan de aplicación detallado. El Consejo también supervisará los avances en la implementación de las conclusiones mediante un plan de acción que se revisará y actualizará regularmente.

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Noruega quiere despenalizar el consumo de drogas

El gobierno noruego ha presentado una propuesta al Parlamento para despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de droga para consumo propio, una medida que tiene el objetivo de sustituir el castigo por la ayuda. Es un planteamiento idéntico al propuesto, por ejemplo, en Portugal.

El uso y tenencia de drogas ilícitas seguirá siendo ilegal, pero en lugar de sanciones, las personas a las que se les encuentren pequeñas cantidades serán derivadas a un servicio de asesoramiento municipal obligatorio, donde recibirán información sobre los riesgos y las consecuencias negativas del consumo de estupefacientes y donde se les ofrecerá ayuda, tratamiento y seguimiento.

El ejecutivo nórdico –liderado por el partido conservador de la primera ministra Erna Solberg junto con liberales y democristianos– justifica el cambio asegurando que varias décadas de criminalización han demostrado que esta estrategia no funciona y que la persecución penal de los consumidores contribuye a la estigmatización y a la exclusión social y hace que eviten buscar ayuda por miedo a ser sancionados.

Según los últimos datos oficiales, en 2018 murieron 286 personas por sobredosis en Noruega, que tiene unas cifras de muertes relacionadas con las drogas en relación con la población mucho más elevadas que la media de Europa.

Teniendo en cuenta que muchos adictos a las drogas son policonsumidores, el texto detalla que una persona podrá tener hasta tres sustancias diferentes a la vez, siempre que cada una no supere el umbral fijado. En cambio, la tenencia de cantidades superiores y cualquier otra implicación con drogas ilegales, como la importación, fabricación y venta, seguirá siendo procesada penalmente.

El debate sobre la despenalización del consumo de drogas en Noruega empezó en 2016; ha basado su propuesta para reformar la política de drogas en un informe elaborado por un comité de expertos creado hace dos años por el Parlamento, aunque ha optado por rebajar las cantidades permitidas para no facilitar el tráfico y el acceso. El ejecutivo liberal-conservador controla tan solo una minoría del Parlamento noruego, por lo que necesitará el apoyo de la oposición para sacar adelante la reforma, y no está clara la posición de todos los partidos. Entre los contrarios a la medida están los democristianos, que forman parte de la coalición de gobierno, aunque se espera que voten a favor por lealtad.

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El Consejo Europeo adopta nuevas normas sobre la difusión de contenidos terroristas en línea

La Unión Europea trabaja para evitar que los terroristas utilicen Internet para radicalizar, reclutar o incitar a la violencia. El Consejo Europeo ha adoptado un reglamento sobre la difusión de contenido terrorista en línea.

El objetivo de la legislación es eliminar rápidamente el contenido terrorista en línea y establecer un instrumento común para todos los estados miembros al efecto. Las normas se aplicarán a los proveedores de servicios que ofrecen servicios en la UE, tengan o no su establecimiento principal en los estados miembros.

La radicalización y la incitación a la violencia a través de las redes sociales y las plataformas de vídeo o la transmisión en directo de ataques son cada vez más frecuentes en los ataques terroristas recientes. Con las nuevas normas adoptadas por el Consejo, las autoridades policiales dispondrán de un instrumento eficaz para hacer frente a esta amenaza.

La cooperación voluntaria con los proveedores de servicios continuará, pero la legislación proporcionará herramientas adicionales para que los estados miembros puedan aplicar la retirada rápida de contenido terrorista cuando sea necesario.

Las autoridades competentes de los estados miembros podrán emitir órdenes de eliminación a los proveedores de servicios, eliminar el contenido terrorista o inhabilitar el acceso a todos los estados miembros. Los proveedores de servicios tendrán que eliminar o desactivar el acceso al contenido en un plazo de una hora.

Los proveedores de servicios expuestos a contenido terrorista tendrán que tomar medidas específicas para hacer frente al uso indebido de sus servicios y protegerlos contra la difusión de contenido terrorista. La decisión sobre la elección de las medidas corresponde al proveedor de servicios.

La legislación también prevé un alcance claro y una definición uniforme y clara del contenido terrorista con el fin de respetar plenamente los derechos fundamentales. Asimismo, incluye soluciones efectivas tanto para los usuarios cuyo contenido se haya eliminado como para los proveedores de servicios que presenten una reclamación.

La adopción de la posición del Consejo en primera lectura sigue un acuerdo provisional sobre el texto alcanzado entre la presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo el 10 de diciembre de 2020. La actuación jurídica tiene que ser adoptada por el Parlamento Europeo en segunda lectura antes de ser publicada en el Diario Oficial de la UE. El reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente a su publicación y empezará a aplicarse un año después.

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México quiere legalizar la marihuana

Los legisladores de México aprobaron hace unas semanas un proyecto de ley para legalizar la marihuana recreativa, un verdadero hito para un país que se encuentra inmerso en una guerra contra las drogas y que se podría convertir en el mayor mercado de cannabis del mundo, lo cual deja Estados Unidos entre dos vecinos –contando Canadá– vendedores de marihuana.

La votación en la Cámara de Diputados, 316 a 129, se produjo más de dos años después de que la Corte Suprema de México dictaminara que la prohibición de la marihuana recreativa en el país era inconstitucional y más de tres años después de que el país legalizara el cannabis medicinal.

La medida permitiría a los usuarios fumar marihuana y, con un permiso, cultivar un pequeño número de plantas de cannabis en casa. También otorgaría licencias a los productores –desde pequeños agricultores hasta productores comerciales– para cultivar y vender la cosecha.

Si se aprueba la medida, México se unirá a Canadá y Uruguay en una pequeña pero creciente lista de países que han legalizado la marihuana en el continente americano, lo que añadiría un nuevo impulso al movimiento contra las prohibiciones en la región. En Estados Unidos, los demócratas del Senado también han prometido eliminar la prohibición federal de la droga este año.

Los expertos en seguridad coinciden en que el impacto de la ley sobre la violencia probablemente será mínimo: con 15 entidades de Estados Unidos que han legalizado la marihuana –argumentan–, el cultivo se ha convertido en una parte relativamente pequeña del negocio del narcotráfico mexicano, con los cárteles centrándose en productos más rentables como el fentanilo y las metanfetaminas.

Los defensores de la legalización de la marihuana creen que el proyecto de ley tiene un alcance demasiado limitado, aunque represente un avance simbólico en el esfuerzo por poner fin a una guerra contra las drogas que ha costado más de 150.000 vidas.

El proyecto de ley establece que los pequeños agricultores y los indígenas tengan prioridad en la concesión de licencias, pero solo estipula que estos grupos vulnerables puedan recibir más de una licencia.

Con más de 120 millones de personas, México representaría el mayor mercado de marihuana del mundo por población. El cultivo podría convertirse en un gran negocio en el país, un potencial impulso financiero para una economía muy golpeada por la crisis del coronavirus.

Algunos activistas temen que la ley favorezca a las grandes empresas, dándoles el acceso a toda la cadena de suministro de la marihuana desde la semilla hasta la venta, mientras deja a los pequeños productores y vendedores fuera del lucrativo mercado.

El proyecto de ley permitiría a los consumidores individuales llevar hasta 28 gramos de marihuana y cultivar seis plantas de cannabis en casa. El cannabis también podría ser adquirido por los mayores de 18 años en negocios autorizados, y cultivado a mayor escala por grupos con licencia. La marihuana medicinal, que México legalizó en 2017, sería regulada por separado por la Secretaría de Salud.

Los activistas locales afirman que las restricciones en la posesión limitarán el impacto del proyecto de ley, en particular para los consumidores con pocos ingresos, que podrían ser víctimas de la extorsión de la policía, algo habitual en México.

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Una tecnología de reconocimiento facial se declara ilegal en Canadá

La controvertida práctica de la compañía Clearview de recoger y vender millones de impresiones faciales recibió un fuerte revés por parte de un comisario canadiense.

Clearview, fundada en 2017 por el empresario australiano Hoan Ton-Thatand, trabaja en la recopilación de lo que llama “huellas faciales”, que son identificadores biométricos únicos similares a las huellas digitales o al perfil de ADN de alguien, a partir de fotos que la gente publica en línea.

Las autoridades canadienses han encontrado que la recopilación de datos de reconocimiento facial por parte de Clearview es ilegal porque infringe las leyes de privacidad federales y provinciales, lo que supone una ganancia para la privacidad de las personas y puede sentar un precedente para otros desafíos legales de esta tecnología.

Una investigación conjunta de las autoridades dirigida por la Oficina del Comisario de Canadá llegó a esta conclusión, afirmando que la compañía con sede en Nueva York que reunía miles de millones de imágenes de personas de todo internet representaba una vigilancia masiva e infringía los derechos de privacidad de los canadienses.

Además, la investigación comprobó que Clearview había recopilado información biométrica altamente sensible sin el conocimiento ni el consentimiento de la gente y, a continuación, utilizó y divulgó esta información personal con finalidades inadecuadas, que no serían adecuadas incluso si la gente lo hubiera consentido.

Desde 2019, la empresa se ha enfrentado a desafíos legales de sus prácticas tecnológicas y empresariales, que forman parte de una cuestión más amplia sobre las tecnologías de reconocimiento facial que desarrollan una infinidad de empresas, incluidas empresas como Microsoft e IBM.

Hasta el momento, Clearview ha acumulado en una base de datos miles de millones de estas huellas faciales, que vende a sus clientes. También proporciona acceso a una aplicación para teléfonos inteligentes que permite a los clientes colgar una foto de una persona desconocida y recibir instantáneamente un conjunto de fotos coincidentes.

Uno de los argumentos más importantes en defensa de su empresa que Ton-Thatand ha presentado en los informes publicados es que existe un gran beneficio al utilizar su tecnología para hacer cumplir la ley y la seguridad nacional, que supera las preocupaciones de privacidad de las personas. Además, Clearview no tiene ninguna culpa si las fuerzas policiales hacen un mal uso de su tecnología.

La decisión en Canadá probablemente ayudará a otras decisiones legales no solo sobre la tecnología de Clearview, sino también sobre el reconocimiento facial en general. En el mes de mayo de 2020, la Unión Americana de Libertades Civiles demandó a Clearview por infracciones de privacidad en Illinois, un caso que está en curso. Incluso los legisladores de los Estados Unidos han propuesto la prohibición nacional del reconocimiento facial.

La tecnología también plantea cuestiones de tipo racial y la posibilidad de falsas acusaciones contra personas inocentes. En diciembre, dos hombres negros presentaron una demanda contra la policía en Michigan, aludiendo que habían sido identificados falsamente por la tecnología de reconocimiento facial, específicamente por el software de reconocimiento facial DataWorks Plus que utiliza la policía estatal de Michigan.

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Policías de los EE.UU. practican con un perro robot

Varios departamentos de policía de los EE.UU. han desplegado el perro robot ciber-K-9 en diferentes situaciones, como por ejemplo en la toma de rehenes. Los defensores de utilizarlo dicen que los robots pueden ayudar a mantener a los agentes de policía fuera de peligro, mientras que los críticos se preocupan por cómo se podrían utilizar sin que haya directrices políticas claras.

Se trata de un robot equipado con cámaras, luces y un sistema de comunicación bidireccional que permite al funcionario que lo controla ver y escuchar su entorno en tiempo real. El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) adquirió el robot en diciembre de 2020 y hasta ahora lo ha utilizado en servicio activo tres veces, la última de las cuales hace pocos días, cuando subió las escaleras de un apartamento del Bronx en busca de dos sospechosos en una investigación en curso.

El robot, vendido como “Spot” por la compañía de robótica Boston Dynamics, cuesta 74.000 dólares. Los funcionarios del NYPD han dicho que es una nueva tecnología prometedora que podría salvar vidas y reducir el riesgo para los agentes de policía, recopilando información en lugares de riesgo y eliminando la necesidad de enviar humanos a situaciones comprometidas. (El otoño pasado, por ejemplo, se utilizó para enviar comida en una situación de toma de rehenes en Queens.)

El NYPD utiliza robots desde la década de los 70 para salvar vidas en situaciones de rehenes e incidentes perjudiciales, ha explicado el departamento a través de Twitter. Este modelo de robot está siendo probado para evaluar sus capacidades en comparación con otros modelos que utilizan la unidad de servicio de emergencias y la plantilla de bomberos.

El despliegue de la tecnología para la vigilancia policial también plantea otras cuestiones, dijo Jay Stanley, analista de políticas sénior de la Unión Americana de Libertades Civiles. ¿El robot podría ser autónomo? ¿Es una buena inversión en un momento en que las comunidades examinan la relación entre los agentes de policía y los ciudadanos?

Un interrogante es si la policía será transparente, tendrá políticas claras para el uso de esta tecnología y se asegurará que el público forme parte de la conversación en cada paso del camino.

Boston Dynamics, el fabricante del robot, dijo que se había añadido una cláusula al contrato de arrendamiento que impedía que Spot se utilizara de ninguna manera para hacer daño físicamente o intimidar a las personas.

El Departamento de Policía de Honolulu está utilizando un Spot principalmente para tomar medidas en una zona de tiendas para personas sin hogar durante la pandemia de COVID-19. Este uso también ha causado revuelo, aunque por diferentes motivos: el perro robot se compró con cerca de 150.000 dólares en dinero de ayudas federales por el coronavirus, según informó Honolulu Civil Beat.

John McCarthy, subdirector del departamento, dijo en un comunicado que el robot tenía otros usos relacionados con la pandemia, incluidas las imágenes térmicas y la entrega de alimentos y medicamentos.

Actualmente, buena parte de este trabajo la realizan agentes, a algunos de los cuales se paga horas extras. A la larga, el robot Spot ahorrará dinero y mantendrá a los agentes fuera de peligro.

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Se implanta el proyecto “Policía inteligente” en Grecia

La policía de Grecia contará con nuevos dispositivos que les permitirán llevar a cabo el reconocimiento facial y la identificación de huellas dactilares en tiempo real mientras se encuentren fuera de los recintos policiales.

El plan de difusión de la nueva tecnología forma parte del proyecto “Policía inteligente”, de 4,5 millones de euros, anunciado en el año 2017, que tiene como objetivo identificar y verificar la identidad de los ciudadanos cuando los para o los detiene la policía. La mayoría de los costes del proyecto (75%) son cubiertos por el Fondo de Seguridad Interna (ISF) de la Comisión Europea.

Actualmente, los ciudadanos que no son capaces de proporcionar documentos de identificación cuando la policía los para en las calles de Grecia deben ser trasladados a la comisaría de policía más cercana para comprobar su identidad. Al permitir la identificación en tiempo real, los nuevos dispositivos harán que la identificación de los ciudadanos sea más eficiente en el tiempo.

El objetivo de la policía griega es verificar personas, vehículos y objetos en tiempo real. Al hacerlo, mejora la seguridad de los agentes de policía, se reducen las molestias a los ciudadanos y se ahorra en recursos humanos y materiales.

La policía griega repartirá inicialmente al menos 1.000 dispositivos electrónicos, con la opción de entregar otros 9.000 este verano, si el esquema demuestra ser efectivo.

Los dispositivos, de aspecto similar a los teléfonos inteligentes, están conectados a 20 bases de datos diferentes pertenecientes a autoridades nacionales e internacionales, incluidos el Ministerio de Transportes griego, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Europol, el FBI y la Interpol.

En marzo de 2020 Homo Digitalis, la organización griega de defensa de los derechos digitales sin ánimo de lucro, presentó una solicitud a la Autoridad griega de protección de datos (DPA) para expresar su preocupación por la legalidad del proyecto “Policía inteligente”.

Homo Digitalis argumentó que existe una fuerte posibilidad de que la policía griega infrinja las leyes de la UE relativas al tratamiento de datos personales establecidas en la Constitución griega, las leyes nacionales vinculadas al Reglamento general de protección de datos (GDPR) y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

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¿Qué hay detrás de la peor masacre carcelaria de Ecuador?

Las cifras son escalofriantes, y las imágenes de violencia dentro de las prisiones que ha estallado a finales de febrero en varias prisiones de Ecuador, todavía más.

Al menos 79 internos murieron en los enfrentamientos entre miembros de bandas rivales amotinadas en centros penitenciarios de Cuenca, Guayaquil y Latacunga. Y, lo que es más grave, destaca la extrema crudeza y violencia de sus integrantes, lo que se hizo evidente en las imágenes de cuerpos decapitados y desmembrados que circularon por las redes sociales.

El país sudamericano no es ajeno a la violencia en sus prisiones. Para contenerla, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, ordenó el estado de excepción en las prisiones del país dos veces en los últimos dos años. Sin embargo, ¿qué pasó ahora para que Ecuador viviera la peor masacre carcelaria de su historia?

Por una parte, el aumento del narcotráfico en el país. Más de un tercio de la droga producida en Colombia pasa por Ecuador en dirección a Europa y los Estados Unidos. Lo que se disputan las bandas ecuatorianas no es cualquier cosa, ya que en los últimos años Ecuador se ha convertido en la autopista de la cocaína hacia en los EE.UU. y Europa. Eso pasa como resultado de un cambio de estrategia de los narcotraficantes colombianos, que hace que más de un tercio de la creciente producción de cocaína en Colombia llegue actualmente Ecuador.

Por otra parte, la austeridad. El aumento del narcotráfico se ha traducido en un aumento de la población carcelaria de Ecuador, lo que no se ha correspondido en una mejora de las capacidades de supervisión y vigilancia. Es más, como parte de los planes de austeridad acordados con el Fondo Monetario Internacional, estos sectores también se han visto afectados por los recortes que, en su momento, generaron una oleada de protestas.

El gobierno ha tenido que recurrir al ejército para hacer frente a la violencia en las prisiones. Una de las consecuencias de la falta de recursos es que el déficit de personal encargado de garantizar la seguridad de las prisiones es del 70%. Con estos números, un vigilante penitenciario tiene que cuidar de una media de casi 27 reclusos, mientras que el estándar internacional recomienda una proporción de un vigilante por cada nueve internos. Eso puede ayudar a explicar la relativa impunidad con que los narcotraficantes operan desde las prisiones, así como la abundancia de armas que existe dentro de los centros penitenciarios.

Finalmente, el hacinamiento, que sigue dificultando una gestión adecuada de las prisiones ecuatorianas. Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la capacidad de las prisiones en Ecuador es de 28.500 personas. Pero en el mes de mayo de 2019, cuando el estado decretó el primer estado de excepción, la cifra de internos era de 41.836: por lo tanto, un hacinamiento del 42%.

Como explica el Insight Crime, la superpoblación de las prisiones es un fenómeno regional que comporta problemas de derechos humanos y falta de control sobre los sistemas penitenciarios. Y el hecho de haberse visto obligados a internar a miembros de bandas rivales en los mismos centros también contribuyó a los sangrantes enfrentamientos en las prisiones.

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