Principio de acuerdo en Europa para mejorar el intercambio de información en casos de terrorismo

La Presidencia del Consejo Europeo y los representantes del Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo provisional sobre un reglamento destinado a mejorar el intercambio de información digital en casos de terrorismo. El texto acordado está sujeto a la aprobación del Consejo y del Parlamento Europeo antes de someterse al procedimiento formal de adopción.

Este proyecto de reglamento formaría parte de los trabajos en curso para modernizar y digitalizar la cooperación judicial transfronteriza.

En este sentido, el terrorismo actual no conoce fronteras, construye sus redes y puede preparar y perpetrar sus ataques en el seno de los territorios de la Unión Europea. Por tanto, para poder hacerle frente, las autoridades judiciales europeas deben dotarse también de una visión transfronteriza.

El nuevo sistema acordado debe permitir comprobar mejor la información y asegurar que se detecta cualquier enlace, independientemente de dónde se haya cometido un delito terrorista en la UE.

Actualmente, los estados miembros comparten información con Eurojust sobre casos relacionados con el terrorismo a través de varios canales. A continuación, esta información se incluye en el registro judicial europeo de lucha contra el terrorismo, un sistema que actualmente resulta técnicamente obsoleto al no permitir una correcta comprobación cruzada de la información.

La propuesta tiene como objetivo enmendar estas deficiencias y permitir a Eurojust jugar un papel más contundente y proactivo en el apoyo a la coordinación y cooperación entre las autoridades nacionales que investigan y persiguen los delitos de terrorismo.

De acuerdo con las normas propuestas, los estados miembros tendrán que proporcionar a Eurojust información sobre cualquier investigación penal relacionada con delitos de terrorismo tan pronto como estos casos sean trasladados a las autoridades judiciales.

Según la propuesta acordada, esto supondría:

• La creación de un sistema moderno y digital de gestión de casos que almacena esta información y permite contrastarla.

• Facultaría a Eurojust para detectar mejor los vínculos entre las investigaciones y los procesos transnacionales en el ámbito del terrorismo y para informar de forma proactiva a los estados miembros sobre los vínculos encontrados.

• La creación de un canal de comunicación digital seguro entre los estados miembros y Eurojust.

Simplificaría la cooperación con terceros países otorgando a los fiscales de enlace adscritos a Eurojust acceso al sistema de gestión de los distintos casos.

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Actuaciones de cooperación policial internacional contra el cibercrimen

Es bien sabido por las fuerzas policiales que los servicios DDoS –denegación de servicio distribuida– han reducido considerablemente la barrera de entrada en el ciberdelito. Por una tarifa tan baja como unos 10 €, cualquier persona poco calificada puede lanzar ataques DDoS con el clic de un botón, dejando fuera de línea sitios web y redes enteras.

Los daños que se pueden infligir a las víctimas pueden ser considerables, llegando incluso a paralizar económicamente a las empresas y privando a las personas de servicios esenciales que ofrecen entidades diversas como bancos, fuerzas policiales o administraciones gubernamentales.

Envalentenados por un anonimato percibido, muchos jóvenes entusiastas de las tecnologías se implican en este crimen aparentemente de bajo nivel, sin conocer las consecuencias que pueden comportar estas actividades online. Por ejemplo, las fuerzas del orden actúan intensamente contra los servicios DDoS. Y, en este sentido, todos los niveles de usuario se sitúan en el radar de las fuerzas del orden, ya sea un jugador que arranca la competencia desde un videojuego como un pirata informático de alto nivel que realiza ataques DDoS contra objetivos comerciales para obtener ganancias financieras.

Los efectos que una investigación criminal puede tener en la vida de estos usuarios de DDoS pueden ser muy graves, atendiendo a las penas de prisión que se prevén en algunos países.

En esta línea, cuerpos policiales de Estados Unidos, Reino Unido, Polonia y Alemania desarrollaron una operación conocida como Power off contra este tipo de ataques cibernéticos que pueden llegar a paralizar internet.

Esta operación internacional destinada a combatir a los proveedores de servicios DDoS, diseñados para permitir a los usuarios lanzar una denegación de servicio distribuida paralela contra infraestructuras online críticas, ha permitido desactivar a una cincuentena de proveedores de los servicios informáticos ilegales más grandes del mundo. Uno de esos servicios neutralizado se había utilizado para cometer más de 30 millones de ataques.

En el marco de esta acción, hasta ahora se han detenido a siete administradores entre Estados Unidos y Reino Unido, con nuevas acciones previstas contra los usuarios de estos servicios ilegales.

La cooperación policial internacional fue fundamental para el éxito de esta operación, ya que los administradores, los usuarios, la infraestructura crítica y las víctimas estaban dispersos por todo el mundo. El Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol coordinó las actividades en Europa mediante su Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT).

Esta operación internacional sigue las ediciones anteriores de operaciones Power Off que se dirigía a los administradores y usuarios del mercado DDoS webstresser.org.

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Cárteles de la droga mexicanos actúan en la Unión Europea

Los cárteles mejicanos están aportando conocimientos sobre drogas en territorio de la Unión Europea. En concreto, sobre la cocaína y la metanfetamina, lo que podría acarrear un aumento de la violencia y la aparición del fentanilo como potenciales amenazas futuras.

Europol y Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos publicaron el pasado mes de diciembre de 2022 un informe de análisis conjunto que mostraría que grupos criminales mexicanos han trabajado conjuntamente con redes delictivas de la UE para potenciar el tráfico de metanfetamina y cocaína desde Sudamérica hacia la Unión Europea.

Esta nueva forma de colaboración criminal también se extiende a la producción del clorhidrato de cocaína y la metanfetamina. Aunque todavía no existen indicios de la existencia de un mercado de fentanilo en la UE, el descubrimiento de instalaciones de producción y la intervención de la sustancia en la Unión generan preocupación por el posible surgimiento de un mercado de fentanilo.

Es la primera vez que autoridades policiales europeas y estadounidenses elaboran un documento conjunto en la lucha contra el narcotráfico mundial. El informe, titulado Complejidades y conveniencias en el comercio internacional de drogas: la implicación de actores criminales mexicanos en el mercado de drogas de la UE, es fruto del intercambio continuo de información operativa y estratégica entre los analistas y los policías de ambos lados del Atlántico.

La evaluación más reciente de la amenaza de la delincuencia grave y organizada en la UE demostró que las redes criminales son cada vez más internacionales y especializadas en alcance, con un 65% de los grupos criminales activos formados por miembros de diversas nacionalidades. La presencia de actores criminales mexicanos que colaboran con actores de la UE en el mercado de drogas europeo sigue también esta tendencia.

El informe conjunto profundiza en cómo las redes criminales implicadas cooperan entre sí, especialmente mediante el uso de actores especializados en diferentes fases de sus operaciones. Los distintos actores incluyen facilitadores como especialistas de laboratorio, enviados, intermediarios y proveedores de servicios de blanqueo de capitales. Las fuerzas del orden han detenido a especialistas de laboratorios mexicanos, también conocidos como cocineros, que trabajaban en puestos de producción en Europa. Estos actores son especialmente importantes por su conocimiento único de cómo producir rendimientos más altos y potentes del producto final y obtener cristales de metanfetamina más grandes y rentables.

El informe afirma también que los cárteles mexicanos cooperan con redes criminales con sede en la UE para traficar tanto con metanfetamina como con cocaína en los puertos europeos para distribuirlas o para transitar a mercados aún más lucrativos de Asia y Oceanía. El uso de envíos ocultos, como la cocaína escondida en bloques de hormigón térmico celular, o los planes para establecer rutas de contrabando de cocaína desde Colombia hasta los aeropuertos del sur de Italia con jets privados, muestran la naturaleza en constante evolución de estas actividades criminales. Los funcionarios corruptos de los sectores público y privado actúan como facilitadores y ayudan a aumentar la probabilidad de traficar con éxito los envíos de drogas a Europa.

En suelo estadounidense, los cárteles mexicanos tienen una historia de establecer centros de tráfico de drogas y sólidas asociaciones criminales, y de utilizar la violencia para conseguir el control del territorio en el que operan. Una mayor presencia de cárteles mexicanos en la UE también podría acarrear un aumento de los beneficios para ellos y sus colaboradores criminales, así como un aumento de la violencia en Europa.

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Acción europea contra medicamentos y sustancias dopantes falsificados por valor de más de 40 millones de euros

Europol coordinó durante seis meses del año 2022 la tercera edición de la operación Escudo, una iniciativa global para luchar contra el tráfico de medicamentos y sustancias dopantes falsificados. En esta acción se incautaron más de 10,5 millones de medicamentos, 349 sospechosos detenidos o denunciados a las autoridades judiciales y 10 laboratorios clandestinos de sustancias clausurados.

En esta operación participaron autoridades policiales y aduaneras de 28 países (19 estados miembros de la UE y 9 países terceros). La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) coordinó a las agencias aduaneras, mientras que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ofreció apoyo financiero. Frontex, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), la Organización Mundial de Aduanas (OMD) y las agencias nacionales de medicina apoyaron la operación.

Durante la operación, los agentes del orden desarticularon 59 grupos criminales y detuvieron o denunciaron a las autoridades judiciales a 349 sospechosos. Paralelamente, las autoridades se incautaron de cantidades masivas de medicamentos, productos y sustancias dopantes, alimentos y suplementos deportivos ilegales, así como vacunas contra la COVID, productos sanitarios y dispositivos médicos falsificados. Las sustancias dopantes y los medicamentos para la disfunción eréctil fueron de los artículos más incautados. Para aumentar la prevención y la concienciación, algunos estados participantes lanzaron campañas antidopaje y realizaron controles.

El balance final de la operación Escudo fue el siguiente: embargos por valor de más de 40 millones de euros, decomiso de más de 10,5 millones de unidades de medicamentos y sustancias dopantes, incautación de más de 1 millón de pruebas de COVID falsificadas, 195 investigaciones realizadas, 349 sospechosos detenidos o denunciados a las autoridades judiciales, investigados 59 grupos de crimen organizado, 10 laboratorios subterráneos cerrados, 588 webs monitorizadas, 89 sitios web cerradas, más de 218.000 envíos revisados incautados, 3.526 controles antidopaje realizados en competición (39 positivos) y, finalmente, 3.245 controles antidopaje fuera de competición realizados (9 positivos).

En el transcurso de la operación se han descubierto muchos casos de tráfico de medicamentos a gran escala, lo que confirma que puede ser tan lucrativo o incluso más lucrativo que el narcotráfico. Si bien estos delitos generan ganancias ilícitas masivas para los traficantes y falsificadores, las finanzas públicas y los sistemas de atención social de algunos estados miembros sufren costes financieros muy elevados. El coste para la salud pública también es importante, ya sea por el tratamiento de conductas adictivas o por las consecuencias de las sobredosis o la escasez.

Aunque las redes criminales todavía están aprovechando las oportunidades que ofrece la pandemia de la COVID-19, el tráfico de medicamentos y equipos de protección ha experimentado una disminución importante debido a la elevada atención al fenómeno y al intenso seguimiento por parte de las fuerzas del orden. Los gobiernos que ofrecían las vacunas sin coste alguno contribuyeron a crear una situación desfavorable para los delincuentes que pretenden alimentar un mercado ilegal. En algunos casos, podrían detectarse y frustrar varios intentos de fraude dirigidos a los organismos nacionales responsables del suministro de medicamentos y dispositivos de protección.

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Publicadas las estadísticas federales de encarcelados en Estados Unidos en diciembre de 2021

Las estadísticas federales de prisioneros recogidas y presentadas por la Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS) a través del programa de la Oficina Federal de Prisiones sobre temas específicos, informa de estos datos cada año aproximadamente a finales de año.

Las estadísticas publicadas corresponden al año 2021 y se explican amplias características de las prisiones, de los internos y del funcionariado, así como de las condiciones de las instalaciones. Entre las más destacadas cabe mencionar las siguientes:

La población penitenciaria federal aumentó más del 3%, pasando de 151.283 reclusos a finales del año 2020 hasta los 156.542 al cierre del año 2021.

A finales del año 2021, cerca del 85% de las personas internas en prisiones federales eran ciudadanos estadounidenses.

De entre el total de encarcelados, se cometieron siete casos de agresión sexual contra el personal de los centros, dos mediante el uso de la fuerza o con amenazas de muerte.

A finales del año 2021, había un total de 8.605 ciudadanos que se habían registrado para hacer de voluntarios en un centro penitenciario federal. De éstos, 6.651 por un servicio a largo plazo y 1.954 por 4 días o menos.

En Estados Unidos existen 122 instalaciones penitenciarias federales, todas con posibilidades y capacidades de realizar videoconferencias para participar en audiencias judiciales, consultas con embajadas extranjeras, comunicaciones con las oficinas de libertad condicional, para preparación previa al ingreso, audiencias disciplinarias y para el programa de audiencias institucionales. Cabe añadir que todos estos centros penitenciarios están dotados de asistencia sanitaria profesional.

A lo largo del pasado año, hubo un total de 378 personas que recibieron tratamiento asistido con medicamentos por la Food and Drug de EE.UU. para tratar el consumo de sustancias estupefacientes antes de ser admitidas en las cárceles. Y también cabe mencionar que 1.127 encarcelados recibieron también el tratamiento estando ya en prisión.

Durante el año 2021, se cometieron un total de 73.459 actos prohibidos por parte de 47.000 reclusos de las distintas prisiones federales. De éstos, 35.433 ─el 48%─ eran de gravedad moderada, 19.630 ─el 27%─ eran de alta gravedad y el 25% restante, 18.206, de mayor gravedad.

En 2021, el personal de prisiones fue agredido físicamente por parte de prisioneros federales en 1.111 disturbios distintos, lo que resultó en 10 casos en lesiones graves de los trabajadores.

Las cuatro instalaciones con más actos prohibidos en 2021 fueron todas instalaciones de alta seguridad: Thomson Penitenciaría Administrativa de Estados Unidos en Illinois (1.568 actos prohibidos), Victorville US Penitentiary en California (1.362), Penitenciaría de Estados Unidos de Tucson en Arizona (1.338) y la Penitenciaría Estadounidense de Lee en Virginia (1.279).

Durante el pasado año, un total de 142.871 internos de las prisiones federales había sido evaluado con el riesgo de reincidencia mediante la herramienta de evaluación de los presos Targeting Risc. Cerca del 34% de los presos federales evaluados a 31 de diciembre de 2021 se clasificaron con alto riesgo de reincidencia, el 19% con riesgo medio, el 31% con bajo riesgo y el 15% con riesgo mínimo.

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Inicio de negociaciones en Europa sobre la Directiva de Delitos Medioambientales

El Consejo Europeo ha abierto un período de negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la Directiva de Delitos Medioambientales con el objetivo de conseguir un instrumento jurídico destinado a proteger con más firmeza el medio ambiente.

La propuesta pretende mejorar la investigación y el enjuiciamiento de los delitos contra el medio ambiente con una mejor definición de los delitos medioambientales y con la adición de nuevas tipologías. Asimismo, se armonizan los niveles de sanciones a las personas físicas y, por primera vez, también a las personas jurídicas.

En lugar de los nueve delitos recogidos actualmente en el Derecho penal europeo, en las negociaciones se definen 20 delitos, ampliando y detallando el ámbito de las conductas prohibidas para atentar contra el medio ambiente. Entre los nuevos delitos destacan el tráfico de madera –principal causa de deforestación en algunas partes del mundo–, el reciclaje ilegal de componentes contaminantes de barcos y las graves infracciones de la legislación sobre productos químicos.

En cuanto a las personas físicas que cometan alguno de los actos objeto de esta propuesta, se establecen las siguientes sanciones:

  • Por los delitos cometidos de forma intencionada y que causen la muerte a alguna persona, una pena de prisión mínima de diez años.
  • Por los delitos cometidos, al menos, por negligencia grave que causen la muerte a alguna persona, pena de mínimo cinco años.
  • Para el resto de delitos cometidos de forma intencionada incluidos en la legislación, una condena mínima de tres años de reclusión.

En el caso de las personas jurídicas, el texto establece las siguientes sanciones:

  • Por los delitos de mayor gravedad, una multa máxima de al menos el 5% del volumen de negocio total en el ámbito de la persona jurídica, o bien 40 millones de euros.
  • Para el resto de delitos, una multa máxima a partir del 3% del volumen de negocios total en el mundo de la persona jurídica, o 24 millones de euros.

También se podrán adoptar otras medidas adicionales, como la obligación de que el infractor restablezca el medio ambiente o compense los daños, su exclusión del acceso a financiación pública o la retirada de permisos o autorizaciones.

Además, el texto incorpora la necesidad de impartir formación a aquellos que trabajan para detectar, investigar y enjuiciar los delitos contra el medio ambiente y dotar a estos servicios de los recursos suficientes.

Asimismo, contiene disposiciones sobre la ayuda y asistencia a las personas que denuncian delitos medioambientales, a los defensores del medio ambiente y a las personas afectadas por este tipo de delitos.

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Estados Unidos activa una línea telefónica exclusiva para crisis de salud mental

Aunque la Línea de Prevención del Suicidio ha sido durante mucho tiempo un valioso recurso, recordar el número de teléfono de 10 dígitos no es nada fácil y menos durante una crisis. En consecuencia, muchas personas marcan la línea de emergencia de la policía 911, con llamadas de ayuda que deberían haberse dirigido a especialistas en salud mental.

Tal y como informa una página web del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la puesta en funcionamiento del nuevo servicio telefónico y de emergencia puede suponer un soplo de aire para personas con crisis o enfermedades mentales.

En la actualidad funciona ya un número de tres dígitos que es muy fácil de recordar para llamar, chatear o enviar mensajes de texto para obtener acceso confidencial a especialistas en salud mental las 24 horas: 988.

Esta Línea de Vida de Suicidio y Crisis 988 se ha convertido en un recurso muy necesario y de grandes beneficios, no solo para las personas en riesgo, sino también para los departamentos de policía, desbordados por una creciente cifra de llamadas con problemáticas relacionadas con la salud mental. Actualmente se estima que en algunos departamentos, las llamadas al 911 con trasfondo de salud mental son superiores al 30% del total de reclamaciones de servicios policiales.

Este servicio se ha puesto en funcionamiento porque muchas personas que llamaban al 911 con emergencias de salud mental acababan detenidos, en prisión o arrinconados en departamentos de emergencia de los hospitales esperando horas o incluso días para recibir atención. Y a menudo acababan volviendo a la calle, a la cárcel o al hospital.

Paralelamente al funcionamiento del servicio 988, se ha editado una guía llamada 988 Suicide and Crisis Lifeline de SAMHSA con algunas sugerencias para implementar con éxito la nueva línea:

  • Desarrollar asociaciones entre sistemas que conecten a los profesionales de la salud mental y también de la salud, la policía y los bomberos con la agencia que administra el centro de llamadas y los servicios que se pueden enviar.
  • Involucrar a las partes interesadas clave, incluidos los líderes gubernamentales y comunitarios.
  • Es necesario asegurar que la comunidad tenga los recursos y las infraestructuras para ayudar a los pacientes. Las Pautas Nacionales para la Atención de Crisis de Salud del Comportamiento de SAMHSA pueden utilizarse para identificar qué servicios de crisis existen en el ámbito local, regional o estatal.
  • Hay que revisar las políticas, procedimientos y materiales de capacitación para asegurarse de que el 988 se incorpore de forma efectiva a sus respuestas a las crisis.
  • Tomar medidas para garantizar que las llamadas se pueden transferir sin problemas entre el 988 y el 911 a los oficiales que responden, de qué manera pueden agilizar los servicios del 988 cuando sean requeridos por una persona en crisis.
  • Hay que promover el 988. El público, así como los agentes locales de la ley, tendrán que formarse sobre el funcionamiento del 988 a medida que se vaya desplegando.
  • Coordinarse con las partes interesadas federales para asegurarse de que el departamento y la comunidad tengan la información más actualizada sobre lo que está disponible en cada estado.

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Conclusiones del Consejo de Europa sobre mujeres, paz y seguridad

La igualdad de género y los derechos humanos son el núcleo de los valores universales y constituyen prioridades autónomas integradas en todas las políticas de la Unión Europea. El Consejo Europeo recuerda que sus Conclusiones sobre mujeres, paz y seguridad (WPS) de 10 de diciembre de 2018 reafirman la validez del enfoque estratégico de la UE para la WPS y se compromete a aplicar plenamente el Plan de acción de la UE sobre mujeres, paz y seguridad 2019-2024.

El Consejo subraya la importancia política de la agenda WPS y celebra su incorporación en diferentes políticas y planes de acción de la UE desde la adopción de las conclusiones del Consejo de 2018. En este sentido, la Comisión Europea ha adoptado una estrategia de la UE para la igualdad de género 2020-2025 y un plan de acción de género de la UE (GAP) III, “Una agenda ambiciosa para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la acción exterior de la UE” 2021-2025, acogidos a través de las conclusiones de la Presidencia de 16 de diciembre de 2020.

El Consejo está preocupado por el efecto desproporcionado que los conflictos armados siguen teniendo sobre las mujeres y las niñas de todo el mundo, así como por la prevalencia de la violencia sexual y de género, incluida la violencia sexual relacionada con los conflictos.

El Consejo subraya que la UE aplicará un enfoque coordinado para la mitigación del riesgo y la prevención de todas las formas de violencia sexual y de género, y garantizará que las respuestas estén centradas en las víctimas y los supervivientes y sensibles al trauma, incluido el acceso a servicios de atención a la salud reproductiva, así como salud mental y apoyo psicológico. El Consejo reitera su firme compromiso de defender el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y de poner fin a la impunidad de los crímenes internacionales, sobre todo cuando la violación se utiliza como arma de guerra.

La Unión continúa comprometida con la promoción, protección y cumplimiento de todos los derechos humanos y con la aplicación plena y efectiva de la Plataforma de Acción de Beijing y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) y los resultados de sus conferencias de revisión, y sigue comprometida con la salud y los derechos sexuales y reproductivos (DSSR), en este contexto.

La agenda WPS es fundamental para los retos de paz y seguridad globales contemporáneos. En este sentido, el Consejo destaca que los conflictos armados, así como los nuevos retos de seguridad emergentes y cada vez más complejos, como el cambio climático, la inseguridad alimentaria, la escasez de agua y demás recursos naturales, las pandemias, incluido el impacto de la COVID-19, los retos energéticos, el terrorismo, el crimen organizado, las migraciones y los desplazamientos forzados, el tráfico de personas, los riesgos asociados a las tecnologías emergentes y disruptivas y las amenazas híbridas, incluidos los ciberataques y la desinformación, afectan de manera desproporcionada a las mujeres y niñas y han dado lugar a un deterioro general de la posición de las mujeres con consecuencias perjudiciales al pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres y las niñas a nivel mundial. La UE y sus estados miembros se comprometen a buscar la comprensión y a actuar sobre las dimensiones de género de los riesgos de seguridad para evitar agravar las vulnerabilidades, pero también a descubrir nuevos puntos de entrada para avanzar en la igualdad de género, mejorar la resiliencia y mantener la paz. Es fundamental asegurarse de que cualquier respuesta se basa en:

– Un análisis de género de las causas, consecuencias e implicaciones políticas, utilizando estadísticas de género basadas en datos, desagregados por sexo, edad y discapacidad, para garantizar una respuesta más eficaz, inclusiva y sostenible.

– La participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en todas las fases del ciclo del conflicto.

– La prevención y la protección de la violencia machista.

– El liderazgo global inclusivo y sensible al género en la toma de decisiones sobre la política y la seguridad en general.

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Identificar las mentiras para mejorar la seguridad

Un grupo de investigadores de RAND Corporation publicaron un informe donde explican que descubrieron que los modelos de aprendizaje automático (ML) pueden identificar signos de engaño durante las entrevistas de verificación de los antecedentes de seguridad nacional. El enfoque más preciso para detectar el engaño es un modelo de ML que cuenta el número de veces que los entrevistados utilizan palabras comunes.

El experimento de los investigadores funcionó de la siguiente manera:

  • Los 103 participantes leyeron una historia sobre Edward Snowden que filtraba información clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional en el año 2013.
  • Los participantes fueron asignados aleatoriamente para leer la misma historia, pero esta se presentó como un informe de noticias o como un memorándum con marcas que indicaban que contenía información confidencial.
  • Los participantes fueron asignados a uno de los dos grupos para ser entrevistados. A un grupo se le dijo que mintiera sobre lo que había leído y al otro, que dijera la verdad.
  • Los exagentes de la ley entrevistaron a los participantes a través de videoconferencia y chat basado en texto de orden aleatorio.

Los investigadores de RAND utilizaron las transcripciones de la entrevista y el chat para entrenar diferentes modelos de ML para ver si estos podían distinguir a los mentirosos de los que dicen la verdad.

Estos académicos llegaron a tres grandes conclusiones:

  • No es solo lo que uno dice, sino cómo lo dice: frecuencia de palabras, cadencia del habla, elección de las palabras y de otras señales lingüísticas de potenciales mentiras.
  • Los modelos de ML pueden detectar señales de engaño en la forma en la que las personas se expresan, incluso en chats basados en texto sin la presencia de un entrevistador humano.
  • Los modelos son herramientas que pueden complementar las técnicas de entrevista existentes, pero no pueden reemplazar completamente estas técnicas.

Con respecto a las implicaciones que eso puede tener para la seguridad, los investigadores destacan lo siguiente:

  • Los hombres toman parte en muchas de las investigaciones de antecedentes para autorizaciones de seguridad, y al menos una cuarta parte de los solicitantes de autorización de seguridad son mujeres. Es importante entender cómo el género del entrevistador podría afectar a los resultados del modelado.
  • El uso inapropiado de herramientas de ML podría conducir a desigualdades en las tasas de aceptación y rechazo de los solicitantes de autorizaciones de seguridad.
  • A causa de los posibles sesgos en los resultados del modelo de ML, y en los seres humanos, es importante mantener un sistema de controles y equilibrios que incluya tanto a las personas como a las máquinas.
  • Los modelos encontraron que los hombres y las mujeres utilizaban palabras distintas para engañar. Los hombres eran menos propensos a usar la palabra ‘yo’ cuando mentían y más propensos a utilizarla cuando decían la verdad.

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