Los Estados Unidos ayudan a reforzar la seguridad ciudadana en Guatemala

344.- 6401758561_945b08b60e_bLos Estados Unidos están colaborando en reforzar las dotaciones materiales de seguridad en el Gobierno de Guatemala, a través de donaciones al Ministerio de Gobernación.

Uno de los materiales más destacados, con un coste de 1,5 millones de dólares, es un simulador virtual de tiro, según expresó Hugo Guevara, director por Guatemala de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia. Aparte del simulador de tiro, también se entregaron 1.300 chalecos antibalas para  agentes del orden, 100 ordenadores con impresoras y cuatro vehículos adicionales para mejorar la operatividad de la Policía Nacional Civil (PNC).

La dotación de material entregado por el Gobierno norteamericano incluye 19 cámaras de seguridad fijas y cinco giratorias, 48 convertidores de medios para  estas cámaras, cuatro drones y tres furgonetas para el transporte, así como la construcción de cuatro edificios modulares para la Academia de la Policía Nacional Civil (PNC) del Departamento de Huehuetenango.

El acto protocolario de entrega de estas nuevas herramientas destinadas a fortalecer el trabajo de los agentes del orden y los resultados que obtengan en la lucha contra la delincuencia estuvo encabezado por el titular de Gobernación, Edgar Godoy, acompañado por el embajador en los EE.UU., Luis Arreaga, y altos mandos de la PNC.

Desde el Gobierno de Guatemala se instó a los policías a hacer un buen uso de estos nuevos instrumentos entregados por los Estados Unidos. Asimismo, el Gobierno remarcó que había que continuar con los esfuerzos por mejorar los grados de aceptación por reducir los índices de violencia y criminalidad que se dan en el país.

La nación centroamericana registra cada día una media de diez personas muertas por causas violentas, la mayoría asesinatos perpetrados con arma de fuego y, en muchos casos, relacionados con las extorsiones y las bandas.

En el último año, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha decretado cuatro estados de prevención en distintos municipios. Los estados de prevención incluyen, por ejemplo, requisas en las prisiones, recuperación de espacios físicos, limitación de reuniones al aire libre y permiso para disolver manifestaciones y grupos no autorizados.

Este último estado de prevención, aplicado a tres municipios del Departamento de Chimaltenango, acabó con 76 detenciones, 75 entradas y cacheos con resultados positivos y 43 negativos.

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Datos sobre mortalidad 2001–2016 en las cárceles de los Estados Unidos

343.- alcatraz-usa-america-prisonEn 2016, un total de 4.117 reclusos de centros federales o estatales murieron en prisiones públicas o privadas de los Estados Unidos. La cifra de muertos en prisiones estatales aumentó  un 1,3% respecto al 2015 (de 3.682 a 3.729 en el año 2016), mientras que la cifra de reclusos muertos en prisiones federales se redujo un 15% (de 455 en el año 2015 a 388 en el 2016). Este descenso representó la primera caída en las estadísticas desde el 2012.

Así, mientras que el número total de presos estatales se redujo un 5% del 2006 al 2016, la cifra de muertos aumentó un 15% en este mismo periodo.

Cada año entre el 2001 y el 2016, una media del 88% de las muertes de personas encarceladas en prisiones estatales fueron debidas a causas naturales, con cifras que iban del 89% en el 2001 al 86% en el 2016. En este mismo periodo, una media del 11% de las muertes en prisiones estatales se produjeron por causas antinaturales, como suicidios, intoxicaciones por drogas o alcohol, causas accidentales u homicidios. Las cifras variaban del 9% en el 2001 al 13% en el 2016.

Datos más destacados:

  • Un total de 036 reclusos murieron entre 2001 y 2016, de los cuales cerca del 90% murieron en prisiones estatales, con 53.051 defunciones, y el 10% en centros federales, con 5.985 defunciones.
  • Del 2015 al 2016, la cifra de reclusos muertos en prisiones estatales pasó de 296 a 303 por cada 100.000 personas encarceladas en prisiones estatales.
  • Del 2015 al 2016, la cifra de muertos en prisiones federales disminuyó por primera vez de 283 a 252 muertos por cada 100.000 presos en centros federales.
  • Las muertes relacionadas con enfermedades representaron el 86% del total de defunciones en centros estatales en el 2016, con más de la mitad de enfermos de cáncer (30% de las muertes) y un 28% de enfermedades del corazón.
  • Con respecto a las muertes por homicidio, incluyendo las muertes causadas por heridas sufridas antes del encarcelamiento, representaron el 2,5% de las muertes en las prisiones estatales y el 3,6% en los centros federales.
  • Más de la mitad de los muertos en prisiones estatales en el año 2016 (55%) eran presos blancos, los cuales representaban menos de un tercio (31%) de los internos de las prisiones estatales.
  • Del año 2001 al 2016, se redujeron las tasas de mortalidad en casi todos los grupos de edad en las prisiones estatales, excepto los mayores de 55 años, que triplicaron las defunciones y alcanzaron la cota máxima de la tasa de mortalidad.
  • La tasa media anual de suicidios de 2001 a 2016 fue de 17 muertos por cada 100.000 prisioneros en centros estatales. Del 2015 al 2016, los suicidios aumentaron del 5,9% al 6,8%, con el suicidio de 255 presos estatales.
  • El año 2016, 586 hombres murieron en prisiones estatales, cifra que representa el 96% del total. El 4% restante fueron mujeres, con 143 defunciones.
  • Del 2001 al 2016, ocho estados (Texas, California, Florida, Pensilvania, Nueva York, Michigan, Ohio y Georgia) sumaron más de la mitad de las muertes en prisiones estatales (27.204 de 53.051). Entre Texas (6.628) y California (5.796), sumaron el 23% del total de muertos.

https://bjs.gov/

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Reducción de la violencia en El Salvador

342.- comando-elite-1-e1461189843981El denominado “Plan de Control Territorial” es, según el gobierno salvadoreño, el responsable de un gran cambio: el país era uno de los más violentos del mundo, pero el mes de enero de 2020 ha sido el mes con menos homicidios desde la Guerra Civil.

El presidente del país, Nayib Bukele, confía en que su plan acabará recibiendo la luz verde económica como único modo de garantizar que los asesinatos sigan disminuyendo. A pesar de ello, muchos analistas descartan que esta reducción histórica de la violencia se deba a una estrategia de seguridad que, en opinión suya, no aportaría nada de nuevo a aquello que habían hecho gobiernos anteriores.

Con todo, las cifras oficiales son claras y apuntan a un descenso notable en el número de homicidios en el El Salvador, donde la tasa por cada 100.000 habitantes pasó de 51 en 2018 a 35,8 en 2019. Y la curva descendente se acentúa desde que el presidente Bukele asumió la presidencia en junio de 2019 y anunció su plan de seguridad. Desde julio, la cifra mensual de homicidios ha estado siempre por debajo de las 200 víctimas. El récord a la baja llegó este mes de enero con 119 homicidios y una media diaria de 3,8 –un 60% menos que en enero de 2018.

Varios analistas vinculan la disminución de la violencia a factores ajenos a la política del Gobierno. Consideran más plausible un posible plan de las bandas para dejar de cometer asesinatos con el objetivo de evitar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, con el fin de mantener su control de territorios y seguir dedicándose a la extorsión. Otros estudiosos consideran el descenso de los homicidios como un espejismo, fruto de un gesto de buena voluntad de las bandas hacia el nuevo ejecutivo. De este modo, el día que las bandas quieran enviar un mensaje contrario al presidente Bukele, las cifras subirán para provocar o pedir alguna concesión, como ya ha sucedido en el pasado.

El “Plan de Control Territorial” es una iniciativa dividida en siete fases, dos de las cuales ya han sido implantadas. La fase 1 supuso la salida a las calles de centenares de policías y militares. La previsión de la fase 2 incluye la reconstrucción del tejido social y la capacitación de jóvenes. La fase 3 se encuentra a la espera de la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares americanos del Banco Centroamericano de Integración Económica, con que pretende mejorar el equipamiento de las fuerzas de seguridad. Las fases 4 a 7 todavía no se han hecho públicas.

El Gobierno considera clave que las fuerzas de seguridad desplegadas permanezcan en las zonas más conflictivas de forma continuada. Antes tenían una presencia de como mucho 72 horas, y, una vez se retiraban, las estructuras criminales volvían a operar.

También hay que tener en cuenta el gran desafío para la estrategia que representa su sostenibilidad financiera. Se apuesta también por la participación ciudadana para conseguir que los últimos indicadores se mantengan.

Y es que el combate y la represión de las fuerzas de seguridad tienen un límite, y si la sociedad no se involucra y participa de un modo activo, los resultados difícilmente serán sostenibles en el tiempo. Algunos analistas se inclinan para potenciar los proyectos de reforma social y de fomento del empleo, que consideran que ayudarían a reducir las tasas de homicidios, y no sólo la persecución criminal.

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La policía de Londres practica el reconocimiento facial en uno de los lugares más concurridos del distrito de compras de la ciudad

341.- monitoring-camera-city-video-royalty-free-thumbnailJusto delante de la tienda de Microsoft de Londres en Regent Street y en la entrada de la estación de metro de Oxford Circus la policía de Londres ha activado la tecnología del reconocimiento facial situando cámaras en la parte superior de furgonetas de la policía.

La Policía Metropolitana de Londres ha asegurado que el despliegue del reconocimiento facial en vivo en la capital británica persigue la reducción de los delitos graves. Pero los detractores esgrimen el impacto sobre la privacidad en uno de los distritos comerciales más concurridos del mundo.

La Policía utiliza una tecnología bastante sencilla: las cámaras escanean las caras y cuando una coincide con alguna de su lista de sospechosos, la policía tiene que actuar inmediatamente.

Pero existe cierta preocupación que la tecnología identifique personas falsamente como presuntos delincuentes, sobre todo si se trata de minorías.

El organismo no gubernamental norteamericano Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) publicó un informe según el cual habían puesto a prueba la tecnología de 100 empresas distintas y se encontraron con que en la mayoría de casos las pruebas empíricas demostraban que la edad, la raza y el género afectaban la precisión. Señalaron que en algunos casos se podría identificar erróneamente a personas en ciertos grupos hasta 100 veces más frecuentemente que a otras.

Otro organismo que defiende los derechos humanos, Liberty, también quiere estar presente en la zona donde están las cámaras de reconocimiento facial, pero distribuyendo dípticos que piden a los transeúntes que se resistan al reconocimiento facial. Consideran que es probable que la tecnología identifique erróneamente mujeres y personas de comunidades étnicas negras, asiáticas y minoritarias. Por esta razón se oponen al hecho de que la policía escanee masivamente las caras de todo el mundo y obtenga datos biométricos sin consentimiento.

Por su parte, la tecnología proporcionada por la empresa japonesa NEC explica que intenta buscar coincidencias con una galería recogida previamente de caras de sospechosos conocidos por la policía. Por lo tanto, la tecnología de reconocimiento facial en vivo no almacenará las caras de la gente en ninguna base de datos.

Es más, las caras de las personas que no constan en las listas de vigilancia se verán borrosas en las imágenes que verán los oficiales de policía, y tampoco se guardarán en los archivos de los ordenadores policiales. Según fuentes policiales, las cámaras se utilizarán en lugares concretos durante un tiempo limitado.

Sin embargo, se van sumando organizaciones diversas a la lista de opositores a estas medidas policiales. La organización Big Brother Watch considera que nunca antes los ciudadanos de Londres habían sido sometidos a controles de identidad sin sospechas, ni mucho menos a gran escala, y creen que la tecnología hace menos libres a los ciudadanos, y no más seguros.

https://www.oodaloop.com/

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Huelga de policías que hace aumentar los homicidios en Brasil

340.- Policiais_ocupam_Complexo_do_AlemaoEl aumento de los homicidios, que ha llegado a quintuplicar sus cifras, se ha dado en diferentes ciudades del norte de Brasil, y coincide con una huelga de policías y bomberos que protestan por una mejora de los salarios después de seis años de congelación de las nóminas.

El gobierno federal ha enviado a más de 2.500 efectivos de tropas de refuerzo y cientos de policías han sido despedidos por haber participado en las manifestaciones en las que reclamaban una mejora de las condiciones económicas.

Cientos de policías encapuchados tensaron la seguridad del noreste de Brasil en las festividades del Carnaval, que se tuvieron que suspender. Los uniformados intentan que sus colegas no salgan a patrullar las calles y les restringen los movimientos poniendo trampas a los neumáticos para pincharles las ruedas.

La disminución de efectivos policiales ha ido paralela a un aumento de los homicidios, sobre todo en el estado de Ceará. Aunque la media de asesinatos ya era bastante alta, con seis personas muertas violentamente al día desde que empezó el año 2020, la cifra oficial se ha quintuplicado, con 150 homicidios la última semana, según la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social.

La tensión en las calles ha llegado al punto de que un senador contrario a las protestas de la policía, Cid Gomes, del movimiento de izquierdas Partido Democrático Laborista, fue herido por arma de fuego cuando, con una retroexcavadora, intentó entrar por la fuerza en una comisaría de policía ocupada por los huelguistas en la ciudad de Sobral.

La respuesta del gobierno federal, a cargo del presidente Jair Bolsonaro, ha sido enviar 2.500 militares a Ceará para recuperar las calles. Además, las autoridades han despedido a más de 200 uniformados y han detenido a unos 40 efectivos con cargos de deserción.

El inicio de las protestas proviene del mes de diciembre de 2019. Policías y bomberos del estado de Ceará protestaron ante la asamblea legislativa de la capital, Fortaleza, para pedir un aumento de sueldo. Su falta de conformidad radica en el hecho de que no han recibido ningún aumento en los últimos seis años, por lo que han dejado de percibir cerca de un 27% más de ingresos.

La Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social de Ceará había explicado que invertiría unos 600 millones de reales –más de 136 millones de dólares– en seguridad entre 2015 y 2018, pero no se invirtieron en lo que reclamaban los policías, sino en contratar a 10.000 uniformados nuevos y a formar 15.000 militares.

A principios de febrero, el gobierno de Ceará se comprometió a incrementar progresivamente los ingresos de los policías y bomberos, y a subir los 3.200 reales que ganan actualmente a 4.500. En dólares americanos, pasarían de ganar unos 750 a 1.025. Pero el aumento salarial se iría aplicando de forma gradual hasta 2022.

Policías y bomberos estuvieron en desacuerdo con estas gestiones y convocaron manifestaciones en las calles para expresar su descontento. Pero como la constitución brasileña prohíbe que las fuerzas del orden participen en huelgas, la justicia declaró ilegales estas protestas.

Esta decisión generó el efecto contrario al esperado y los uniformados iniciaron un paro total de sus actividades. La huelga no se ha detenido desde entonces, a pesar de los brotes de violencia y las presiones políticas y judiciales en su contra.

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El Gobierno de El Salvador pone en marcha estrategias concretas contra las bandas

339.- Mara_Salvatrucha_MS13El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el inicio de la aplicación de estrategias concretas con las que pretende reducir la violencia al país, que continúa entre los que registran mayores tasas de homicidios del mundo, 50,3 por cada 100.000 habitantes el año 2018.

Aunque desde el gobierno se criticaban anteriores políticas gubernamentales de “mano dura” contra las bandas, se explicó que se apostaba por nuevos paradigmas en el combate del crimen, al considerarlo un problema social surgido de la falta de oportunidades y la pobreza. Ahora bien, hasta la fecha no se ha hablado de prevención ni de políticas de reinserción, sino de atacar a las bandas en los dos escenarios considerados clave por el gobierno actual: las prisiones y los centros de las grandes ciudades.

Lo primero que se quiere llevar a cabo es atacar las finanzas de las bandas. El gobierno quiere evitar que las bandas tengan ingresos y, por eso, quiere evitar su financiación. Y es que se considera que es gracias a la práctica de extorsiones que las bandas financian casi un 80% de sus operaciones. Paralelamente, se quiere evitar el blanqueo del dinero con las empresas que les facilitan las operaciones.

Una segunda iniciativa sería la de recuperar los centros de las grandes ciudades, que se consideran el lugar donde las bandas tendrían la mayoría de negocios relacionados con la extorsión. Fuentes gubernamentales consideran erróneas iniciativas anteriores que ponían el foco de atención en las pequeñas comunidades rurales.

Para recuperar estos centros históricos, se pretende desplegar cámaras de seguridad, así como desplegar más presencia de las fuerzas del orden, que serían destinatarias de la inversión de 15 millones de dólares USA para la mejora de las condiciones laborales.

La tercera iniciativa en la lucha contra las bandas sería la de cortar las comunicaciones en las prisiones, ya que se considera que el 80% de las órdenes de homicidios y extorsiones sale de las mismas prisiones. De este modo, se perseguiría decapitar las comunicaciones desde estos centros. Para hacerlo, también se quiere contar con la renovación del personal penitenciario, para evitar sobornos o extorsiones en el seno de las prisiones.

El plan de seguridad que ponga en marcha el gobierno salvadoreño no refleja ninguna vía de diálogo con las bandas. Es más, se subrayó que un gobierno no tiene que dialogar con “grupos criminales”.

Hay expertos en el tema que aseguran que las políticas exclusivas de “mano dura” no funcionan sin un plan que busque las raíces socioeconómicas de la violencia en el país, ya que no sirve de nada encarcelar a miles de integrantes de bandas porque estas ya son parte del tejido social de El Salvador.

Pero políticamente se considera que la criminalidad es lo que más preocupa a la población, y se quiere exteriorizar un mensaje de implacabilidad, que es lo que querrían los salvadoreños. Sin embargo, hay analistas políticos que abonan el terreno a una doble estrategia: empezar el mandato gubernamental con una política visible más dura frente al crimen, esperar la reacción de las bandas y poder promover después algún tipo de propuesta alternativa.

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La Organización de Estados Americanos apoyará Honduras en las reformas del sistema penitenciario

338.- 42025187020_31480db52d_bEl Gobierno de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acordaron desarrollar una estrategia penitenciaria para fortalecer las capacidades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) de Honduras.

La estrategia será por un periodo de 9 meses y tendrá que incorporar un enfoque de derechos humanos en la atención que ejerce al lNP.

El convenio consiste en la reestructuración con políticas integradoras del sistema penitenciario, con las que se contribuirá a la reinserción social de las personas privadas de libertad en Honduras.

Desde la OEA se considera que, si se aspira a construir sociedades libres de violencia y de crimen organizado, hacen falta centros de privación de libertad que eduquen y ofrezcan la oportunidad de rehabilitar y reintegrar a las personas que cometieron delitos.

Gran parte de la población encarcelada en algún momento recuperará la libertad, y es necesario que esté preparada para reinsertarse en la sociedad.

La estrategia en que trabajarán la OEA y Honduras –por un periodo de 9 meses– tendrá que incorporar un enfoque de derechos humanos en la atención brindada por el sistema en la custodia de personas privadas de libertad.

La OEA informó de que los ejes de acción del acuerdo son los siguientes:

– La mejora de la administración y gestión de la infraestructura del sistema penitenciario

– Seguridad, control y vida dentro de la prisión

– Rehabilitación y reinserción integral

– Asistencia post penitenciaria

– Transparencia y rendición de cuentas

El acuerdo se  firmó en el marco de la IV Reunión de Autoridades Responsables de Políticas Penitenciarias y Carcelarias de las Américas.

Hay que recordar que, según las cifras oficiales de Honduras, durante el año 2019 se produjeron 3.996 homicidios, un 7,1% más que en el 2018, en que se contabilizaron 3.732 crímenes.

El informe señala, además, que el 80% de las víctimas de homicidio en el país son personas económicamente activas de entre 18 y 50 años, y cerca del 6,5% son menores de 18 años.

La violencia causada por el crimen organizado y el narcotráfico es uno de los principales problemas del país, uno de los utilizados por el paso de la droga que llega de Sudamérica con destino a los Estados Unidos.

El Gobierno responsabiliza a las bandas mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 de la mayoría de homicidios registrados por la disputa de territorios por el narcotráfico y el cobro de extorsiones.

Con respecto a los feminicidios, el crimen organizado es responsable del 70% de las muertes violentas de mujeres en Honduras, donde 271 han sido asesinadas el año 2019 y más del 90% de casos han quedado impunes. El 30% de muertes de mujeres restante es causado por parejas o exparejas. Se trata, pues, de un país de 9,2 millones de habitantes, donde cada 18 horas se produce el asesinato de una mujer.

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Las víctimas de ciberdelincuencia perdieron 3.500 millones de dólares en 2019 en los EE.UU.

337.- cybercrime

El Centro de Reclamaciones de Internet para Delitos (IC3) del FBI ha publicado el informe de los delitos en internet del año 2019 en los Estados Unidos, que revela que la ciberdelincuencia actuó por valor de unos 3.500 millones de dólares, como demostrarían las 467.361 denuncias recibidas durante el último año.

El IC3 matiza que ha recibido 4.883.231 denuncias desde su creación en mayo del año 2000, con una media de cerca de 340.000 denuncias anuales y más de 1.200 denuncias al día durante los últimos cinco años.

Calculan que se produjeron pérdidas registradas por las víctimas de 10.500 millones de dólares en los últimos cinco años, entre los años 2015 y  2019.

El informe concluye que las quejas más frecuentes eran sobre el phishing y similares, así como sobre estafas de no pago o no entrega y extorsiones.

Las denuncias más costosas económicamente consistían en un compromiso por correo electrónico comercial, un fraude romántico y la propagación de la cuenta o una imitación de la cuenta de una persona o vendedor conocido por la víctima para recopilar información personal o financiera.

El IC3 también informa de que el equipo de recuperación de activos (RAT) establecido en febrero de 2018 pudo ayudar a algunas víctimas de cibercriminalidad a recuperar los fondos perdidos a causa de varios tipos de delitos en internet.

El RAT, que se constituyó como equipo autónomo en 2018, completó su primer año de funcionamiento en 2019, ayudando a la recuperación de más de 300 millones de dólares perdidos a través de fraudes en línea, para obtener una tasa de rentabilidad del 79% de las pérdidas reportadas.

Según explica el informe, estas estafas suelen comportar un delito o imitación de una dirección electrónica legítima. Por ejemplo, un individuo recibe un mensaje que parece provenir de un ejecutivo de su empresa o de una empresa con la que un individuo tiene relación.

El correo electrónico solicita un pago, una transferencia bancaria o una compra de tarjeta que parezca legítima, pero que realmente entrega dinero directamente a un delincuente.

Durante el año 2019, el IC3 observó un número mayor de desviación de fondo de nóminas BEC (Business Email Compromise) en que los defraudadores envían correos electrónicos a recursos humanos o al departamento de nóminas de la compañía, solicitando actualizaciones de datos de depósitos directos mientras se presentan como supuestos empleados.

También durante el año 2019, el IC3 recibió 13.633 denuncias por fraude de soporte técnico de víctimas residentes en 48 países, con pérdidas registradas por encima de los 54 millones de dólares, lo que supone un aumento del 40 por ciento respecto al 2018.

Según el IC3, la gran mayoría de víctimas que enviaron denuncias de estafas de fraude de soporte tecnológico eran mayores de 60 años.

En 2019, el IC3 también recibió 2.047 denuncias relacionadas con incidentes de ransomware, con pérdidas ajustadas de más de 8,9 millones de dólares.

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Operación policial de alcance mundial contra la contaminación de los mares

336.- contaminacioUna operación policial a nivel mundial que contó con la participación de 61 países identificó miles de actividades ilícitas tras la contaminación marina, así como centenares de delitos contra el medio ambiente y casos graves de contaminación por todo el planeta.

Con el nombre de 30 Days at Sea 2.0, la operación desarrollada a finales de 2019 reunió a más de 200 autoridades de control en todo el mundo para acciones concertadas en todos los continentes. La campaña europea de 30 días en el mar 2.0 se coordinó en cooperación con Europol y Frontex.

Como muestra de la extensión global del crimen por contaminación marina, los resultados operativos preliminares comportaron la detección de más de 3.000 delitos en unas 17.000 inspecciones.

Cabe mencionar que las infracciones, como vertidos ilegales en el mar, en los ríos o en las zonas costeras, se cometieron principalmente para evitar el coste del cumplimiento de la legislación ambiental.

Como parte de la operación 30 días en el mar 2.0, Interpol acogió un centro de mando operativo (OCC) en Singapur para centrarse en el comercio ilegal de residuos de plástico, una amenaza grave para la seguridad del medio ambiente marino. El OCC reunió países clave para iniciar investigaciones sobre casos de exportación o importación ilegal de residuos plásticos.

Interpol desplegó el rol de coordinador de acciones efectivas de múltiples agencias mundiales para ayudar a los países a afrontar este grave delito de contaminación.

Frontex ayudó a controlar y patrullar en el Mediterráneo con sus distintos servicios, aviones y barcos, que participan en operaciones marítimas conjuntas.

La operación también sirvió para desarrollar nuevos equipos de trabajo entre las agencias nacionales de algunos países, que a su vez impulsaron los resultados operativos y los mecanismos de cooperación sostenible.

En Nigeria, la Oficina Central de Interpol en Abuya coordinó la acción de varias autoridades mediante un grupo de trabajo creado para llevar a cabo inspecciones en las refinerías ilegales de petróleo, que encontraron responsables de escapes graves de petróleo que contaminan las vías fluviales del país.

La información intercambiada entre Malasia y los Países Bajos permitió a las autoridades identificar el país de origen de siete contenedores de residuos plásticos que se enviaban ilegalmente desde Bélgica a través de Hong Kong e iniciar su repatriación.

Como parte de la operación, algunos países aumentaron el compromiso colectivo de luchar contra la delincuencia y la contaminación plástica mediante campañas de sensibilización, además de acciones sobre el terreno.

Ecuador llevó a cabo una campaña de recogida de residuos de plástico en el patrimonio de la humanidad de las islas Galápagos, con la que se recogieron más de 600 kilos de residuos.

Las autoridades indonesias lanzaron una campaña de sensibilización pública sobre el enfoque de la campaña, reforzado por mensajes de la policía con el fin de  combatir la contaminación marina.

Las etiquetas #PollutionCrime y #30DaysatSea en Twitter permiten obtener más información sobre los operativos mencionados.

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Continúa el descenso de las víctimas de terrorismo, pero crecen la extrema derecha y los talibanes

335.- Alpini_ISAFEl Institute for Economics & Peace ha publicado el indice global de terrorismo (con datos hasta el año 2018). Se confirma el descenso de víctimas mortales iniciado en el año 2014 (máximo histórico) y acumula un 52% de reducción en el número de víctimas. Concretamente el último año, en 2018, se experimentó una reducción del 15,2% del número de víctimas mortales, con un total de 15.952. Entre 1970 y 2017 se habían contabilizado cerca de 170.000 víctimas por ataques terroristas. En contraposición, el número de países que han tenido como mínimo una víctima mortal ha subido ligeramente hasta 71 (dos más que en el año anterior).

La reducción global viene dada, sobre todo, por las derrotas infligidas al Estado Islámico (ISIL), que ha pasado de tener 70.000 efectivos en Irak y Siria en el año 2014 a sólo 18.000 en el año 2018. Eso ha conllevado que sus ataques se han reducido un 63% y los muertos consiguientes un 69%. Los bombardeos de la aviación de los Estados Unidos de América a posiciones de Al-Shabaab (Somalia) también han contribuido a ello. En cambio, a pesar de los éxitos en la lucha contra Boko-Haram (Nigeria), el país sigue siendo el tercero del mundo en número de incidentes terroristas, con un total de 8.567 durante el año 2018, y un incremento de más de cien muertos por este motivo en relación con el año anterior. La actividad de los extremistas Fulanis parece haber sido la causa.

La región que presenta el mayor número de muertos es el Sur de Asia, con Afganistán en primer lugar, con 9.603 ataques y 7.379 muertos en el año 2018 (cifra que significa un incremento del 59%). La mayoría de estas muertes se atribuye a la actividad creciente de los grupos talibanes, que compensan con creces el descenso de las muertes causadas por ISIL. Irak baja al segundo lugar, ya que el retroceso de ISIL hace disminuir notablemente el número de defunciones.

En Europa disminuye, por segundo año consecutivo, el número de muertos, que pasa de estar por encima de 200 en el año 2017 a sólo 62 en el año 2018. El número de incidentes terroristas también se redujo un 40%, con un total de 245, la cifra más baja desde el año 2014.

La otra noticia relevante de este informe es la confirmación del crecimiento del terrorismo de extrema derecha iniciado en el año 2014. Aunque el número absoluto de ataques terroristas de extrema derecha todavía es bajo en comparación con los causados por otros tipos de grupos terroristas, en Norteamérica, el Oeste de Europa y Oceanía, los ataques terroristas de extrema derecha se han incrementado un 320% en los últimos cinco años. En el año 2018, las víctimas de estos ataques subieron a 26 (11 en el año anterior). En el año 2019, hasta el mes de septiembre, ya se habían producido 77 decesos. Por lo tanto, la curva ascendente es notable y muy preocupante. Los autores más habituales (más del 60%) de este tipo de ataque acostumbran a ser personas individuales sin afiliación en ningún grupo específico.

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