Aumentan un año más los delitos con motivación política en Alemania

La cifra de delitos con motivación política volvió a aumentar en Alemania en 2022 más de un 7%, hasta los 58.916 delitos, cifra que supone un nuevo máximo histórico desde que se introdujo esta figura en las estadísticas en 2001. Y el número de delitos violentos por motivos políticos también aumentó un 4%, hasta los 4.043 ilícitos.

Los datos fueron presentados en un informe a principios de mayo por la ministra de Interior alemana, Nancy Faeser. Según la ministra, preocupa especialmente el fuerte incremento de los ataques contra los refugiados, que aumentaron un 9% durante el año 2022, lo que pone en evidencia que el extremismo de derechas sigue presentando un riesgo especialmente elevado.

Según consta en el documento presentado por el gobierno alemán, los neonazis y los extremistas de derecha cometieron 1.170 ataques violentos en 2022 contra inmigrantes, refugiados u opositores políticos. Al menos 675 personas resultaron heridas en estos ataques.

La policía alemana también registró 5.372 incidentes xenófobos, 2.641 delitos antisemitas y 610 delitos de odio islamófobo. En estos actos, unas 62 mezquitas fueron atacadas entre enero y diciembre del año pasado, y al menos 39 personas resultaron heridas a causa de la violencia antimusulmana, según datos oficiales.

Alemania ha sido testigo de un racismo creciente en los últimos años, alimentado por la propaganda de grupos y partidos de extrema derecha, que han aprovechado la crisis de los refugiados y han intentado alimentar el miedo hacia los inmigrantes. Ante esta situación, el gobierno propone una solución contra el extremismo en dos direcciones: prevención y dureza. Propugnan también agencias de seguridad bien equipadas, aplicación coherente de las leyes, educación política, sociedad civil sólida y endurecimiento urgente de las leyes sobre tenencia de armas de fuego.

La amenaza del terrorismo islamista sigue siendo bastante alta. Tras el caso de Castrop-Rauxel de principios de enero, recientemente se ha podido evitar el segundo presunto ataque islamista de este año 2023 en Hamburgo.

Al mismo tiempo, las protestas por el clima durante el 2022 se han convertido en un claro foco de delitos desde el ámbito de la izquierda, cuando se registraron 1.585. Esto corresponde aproximadamente a una duplicación respecto al año 2021.

Asimismo, se denunciaron en la Oficina Federal de la Policía Criminal 206 delitos en el ámbito de la misoginia y 417 en el de la diversidad de género. También cabe destacar que se crearon durante el año 2020 las llamadas ‘nuevas áreas temáticas’ para poder registrar mejor los distintos fenómenos.

Por ejemplo, en el área temática llamada de ‘género e identidad sexual’, que durante el año 2021 inscribió 340 delitos, en 2022 vivió un incremento de más del 42% por delitos violentos. Otra área creada hace poco es en el ámbito de la orientación sexual, donde se registran los delitos homófobos. El incremento de los casos en 2022 fue del 15%, hasta los 1.005, aunque se considera desde los cuerpos policiales que en estos ámbitos existe una cifra especialmente elevada de delitos no denunciados o notificados.

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Canadá plantea dejar de movilizar a la policía en situaciones de crisis de salud mental

Las demandas crecientes de servicios policiales para dar respuesta a las personas en crisis de salud mental en Canadáestán provocando importantes cargas sobre los recursos policiales, ya de por sí insuficientes.

Con el evidente empeoramiento de la salud mental de la comunidad, acelerado como consecuencia de la epidemia de la covid-19, los gobiernos han encargado sin querer a los servicios policiales un trabajo que no deberían realizar.

Esto ha supuesto que cada vez más se pida a la policía que realice intervenciones en lo que es esencialmente atención a la salud mental. La policía se ha convertido de esta forma en responsable de abordar los retos que las agencias policiales no están demasiado preparadas para afrontar, y por otra parte, disminuyen los recursos en el trabajo policial tradicional como investigar el crimen organizado, garantizar la seguridad pública, etc.

Por su parte, el sistema sanitario canadiense ha sido incapaz de cubrir esta creciente demanda para el cuidado de la salud mental. La respuesta colectiva del país no ha logrado construir suficientes capacidades para gestionar los riesgos y hacer frente a esta demanda.

En el caso de la policía de Inglaterra y Gales, denuncian que entre el 20 y el 40% del tiempo de trabajo policial se está dedicando a atender llamadas e incidentes relacionados con la salud mental.

Además, algunos expertos indican que aquellos que argumentan que las fuerzas policiales simplemente necesitarían entrenar mejor a los agentes de primera línea para gestionar óptimamente este reto, la cruda realidad es que se trataría de un mal uso de los recursos policiales. Entonces lo que proponen como respuesta correcta al problema es dotarse de profesionales de la salud mental formados, con profundos conocimientos y experiencia, dedicados a estas enfermedades en condiciones de librar y gestionar las crisis de salud mental desde primera línea.

Así pues, la reforma policial que se propone en Canadá para abordar este problema sistémico es poner a los agentes en este papel de apoyo, en vez de pedirles liderar una amplia gama de desafíos complejos en torno a la salud mental. Esta reforma buscaría como principios básicos la voluntad de hacer de la sociedad canadiense una sociedad más segura y saludable.

Los demandantes de cambios en este ámbito añaden que, si lo que se desea es una policía efectiva, haciendo de la sociedad un lugar más seguro para vivir y trabajar, sería fundamental identificar y abordar los retos a los que se enfrenta una policía moderna. Y para encontrar una respuesta eficaz al problema creciente de la salud mental, lo importante no sería formar mejor a la policía, a pesar de ser un objetivo admirable y que podría proporcionar algunos beneficios, no se puede olvidar el exceso de cargas de trabajo y la falta de recursos que arrastran desde hace tiempo.

Los responsables políticos deberían abordar la problemática invirtiendo en formación en intervención en salud mental en primera línea, aumentar la cifra de profesionales e incrementar la capacidad de actuación de quienes trabajan en el sistema de salud.

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Alarma en Brasil por nuevos casos graves de violencia policial

La opinión pública de Brasil se estremeció a principios de mayo de este año ante presuntos nuevos casos de violencia policial, con denuncias de torturas en cuerpos hallados tras una operación policial en una favela y, sobre todo, en el caso de un hombre que murió asfixiado dentro del maletero de un vehículo oficial de la policía en la localidad de Umbauba. La Policía Federal de Carreteras (PRF) aseguró que los agentes utilizaron técnicas de inmovilización e instrumentos de bajo potencial ofensivo frente a la fuerte agresividad del detenido en un control policial.

El tiroteo en las favelas del Complexo do Alemão del día 4 de mayo fue tan intenso que el batallón de élite de la Policía Militar de Río de Janeiro agotó la munición en solo dos horas. Cabe mencionar que el resultado final de la operación fue de 18 personas fallecidas.

Según la policía, la operación, que contaba con la participación de unos 400 uniformados, perseguía a un grupo de individuos como presuntos autores de robos de vehículos y bancos y también de ataques a comisarías de policía. Entre los fallecidos figuran dos mujeres, una quincena de considerados sospechosos y un policía.

Pero distintos expertos del ámbito de la seguridad, familiares de las víctimas y habitantes de la zona cuestionaron la acción policial al considerarla extremadamente violenta. Por ejemplo, una de las mujeres muertas fue tiroteada al pasar con su vehículo por una avenida cercana. La otra murió mientras la policía retiraba barricadas en la zona, aunque los uniformados niegan que el proyectil saliera de sus armas.

Denominada “masacre” por muchos funcionarios electos y activistas comunitarios, la redada policial ha resultado ser la segunda más letal de la historia de Río en una favela.

A consecuencia de los hechos, la organización de derechos humanos Human Rights Watch también expresó su consternación en un comunicado público. Cabe mencionar que Brasil tiene una de las policías del mundo con más víctimas mortales bajo custodia policial y con más policías fallecidos en acto de servicio. Por ejemplo, en 2021 hubo 6.100 víctimas fatales en operaciones policiales, mientras que 183 agentes de la autoridad fueron asesinados, según recoge el proyecto Monitor de la Violencia .

Lo que sí es verdad es que esta operación policial ha sido la que ha generado reacciones públicas más contundentes en Río de Janeiro, según explican desde Geni, un grupo de estudios sobre seguridad pública y violencia de la Universidad Federal Fluminense (UFF). Y es desde esta fundación que se considera que los operativos policiales carecen de efectividad, acostumbran a estar motivados por una sed de venganza y gozan de total impunidad.

Además, en los últimos 14 meses se produjeron otras dos operaciones policiales que acabaron provocando aún más defunciones. Una operativa policial fue en la favelade Jacarezinho en mayo del año 2021 – la más mortífera en Río de Janeiro, con 28 muertos – y la segunda, en Vila Cruzeiro en mayo de 2023, con 23 muertos.

Por su parte, la policía de Río asegura que estas acciones se basan en informes de inteligencia y se desarrollan de acuerdo a lo establecido en la ley, la justicia y los protocolos técnicos operacionales.

Pero la realidad es que el incremento de la violencia callejera y la creciente militarización de las operaciones destinadas a garantizar la seguridad pública están contribuyendo a crear una situación muy confusa. El enrevesado rol institucional de la Policía Militar y el rol cada vez más importante del Ejército demuestran que, a diferencia de lo que sucede en los países desarrollados, en Brasil las funciones de defensa nacional se mezclan peligrosamente con las de mantenimiento del orden interno.

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Importante operación policial en la red oscura con 288 detenidos y drogas y armas intervenidas

En una operación coordinada por Europol y con la participación de nueve países, las fuerzas del orden han intervenido el mercado ilegal de la web oscura llamado Monopoly Market y han detenido a 288 sospechosos implicados en la compra o venta de drogas en esta web. La policía se incautó de más de 50,8 millones de euros (53,4 millones de dólares) en efectivo y monedas virtuales, 850 kg de drogas y 117 armas de fuego. Las drogas intervenidas incluían más de 258 kg de anfetaminas, 43 kg de cocaína, 43 kg de MDMA y más de 10 kg de LSD y píldoras de éxtasis.

Esta operación, con el nombre en clave de SpecTor, estaba integrada por una serie de acciones complementarias separadas en Austria, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos y Suiza.

Europol ha ido recopilando informes y documentos basados en las pruebas aportadas por las autoridades alemanas, que se apoderaron con éxito de la infraestructura criminal del mercado en diciembre de 2021. Estos documentos de objetivos, creados mediante la comparación cruzada y el análisis de los datos y pruebas recopilados, sirvieron de base para investigaciones de cientos de personas.

Los vendedores detenidos como consecuencia de la acción policial contra Monopoly Market también estaban activos en otros mercados ilícitos, por lo que se impidió la extensión del comercio de drogas y bienes ilícitos en la red oscura. Como resultado, 288 vendedores y compradores que habían participado en decenas de miles de ventas de bienes ilícitos fueron arrestados en toda Europa, Estados Unidos y Brasil. Algunos de esos sospechosos eran considerados objetivos de alto valor por Europol.

Las detenciones tuvieron lugar en Estados Unidos (153), Reino Unido (55), Alemania (52), Países Bajos (10), Austria (9), Francia (5), Suiza (2), Polonia (1) y Brasil (1). Una serie de investigaciones para identificar a personas adicionales detrás de las cuentas de la web oscura todavía están en curso. A medida que las autoridades policiales obtuvieron acceso a las extensas listas de compradores y vendedores, miles de clientes de todo el mundo corren también el riesgo de ser procesados.

En el período previo a esta operación coordinada, las autoridades alemanas y estadounidenses también cerraron Hydra, que era el mercado de la web oscura con mayor recaudación, con unos ingresos estimados de 1.230 millones de euros, en abril de 2022. La retirada de Hydra supuso la incautación por las autoridades alemanas de 23 millones de euros en criptomonedas.

En cuanto a detenciones, la operación tuvo aún mayor éxito que las operaciones anteriores con el nombre en clave DisrupTor (2020), con 179 detenciones, y Dark HunTor (2021), con 150. Esto muestra una vez más que la colaboración internacional entre las autoridades policiales es clave para combatir el crimen en la red oscura.

El Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol facilitó el intercambio de información en el marco del Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT), alojado en la sede de Europol en La Haya, en los Países Bajos. Tras contrastar las pruebas a través de las bases de datos de Europol, sus analistas prepararon documentos con objetivos e informes cruzados que contenían datos valiosos para identificar a vendedores en la web oscura. Europol también coordinó la acción policial internacional.

Europol presta apoyo a los 27 estados miembros de la Unión Europea en su lucha contra el terrorismo, la ciberdelincuencia y otras formas graves y organizadas de delincuencia. También trabaja con muchos estados socios no comunitarios y organizaciones internacionales. Desde sus diversas evaluaciones de amenazas hasta sus actividades operativas y de recogida de inteligencia, Europol dispone de las herramientas y recursos que necesita para hacer que Europa sea más segura.

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Las muertes en las carreteras estadounidenses muestran una alarmante brecha racial

A principios de este año, el diseñador arquitectónico y fundador de la asociación Segregation by Design, Adam Paul Susaneck, publicó un artículo en el rotativo The New York Times donde mencionaba diferentes estudios en los que el denominador común era que el diseño urbanístico de las ciudades estadounidenses era en parte culpable de las alarmantes cifras de atropellos y de las disparidades raciales de estos atropellos.

Se estima que 19 peatones al día, de media, fueron atropellados por automóviles en Estados Unidos durante el año 2022. Y cabe destacar que durante el año 2021, las muertes de peatones alcanzaron un máximo histórico de los últimos 40 años.

Si bien estas muertes aumentaron significativamente en todos los ámbitos durante la pandemia de la COVID-19, las tasas de peatones hispanos y negros fallecidos fueron significativamente mayores que las de peatones blancos.

Un estudio publicado en 2022 por las universidades de Harvard y de Boston profundizó en la comprensión de este fenómeno al estudiar la distancia recorrida por diferentes grupos raciales al conducir, andar o montar en bicicleta. Encontró que las personas afroamericanas tenían más del doble de probabilidades, por cada milla andada, de ser atropelladas por un vehículo que los peatones blancos. Para los ciclistas afroamericanos, el riesgo de mortalidad por milla fue 4,5 veces mayor que para los ciclistas blancos.

Para Susaneck, el diseño de las ciudades sería en parte responsable de estas preocupantes disparidades. Las lesiones de peatones y ciclistas suelen concentrarse en los vecindarios más pobres que tienen una mayor proporción de residentes negros e hispanos. Estos barrios tienen una historia en común de falta de inversiones en medidas básicas de seguridad vial, como farolas, pasos peatonales y aceras, y una excesiva inversión en infraestructuras de automoción destinadas a acelerar el paso de las personas que no viven allí.

Una reciente investigación de la Universidad de Carolina del Norte encontró que los barrios marginales que fueron objetivo de limpieza de barrios a mediados del siglo, vieron cómo se destruían residencias y negocios para permitir construir nuevas carreteras y autopistas arteriales. El estudio probó una profunda asociación estadística con el incremento de muertes de peatones.

Según el estudio, décadas de negligencia cívica, el colapso de los valores de las propiedades y la fuga de ciudadanos blancos afectaron aún más a la seguridad de los peatones. El mantenimiento de las aceras de muchas ciudades depende de los propietarios, pero se fueron desgastando junto a los edificios vacíos, por lo que un paseo por la calle hasta una parada de autobús o una tienda se convirtió en un peligroso viaje.

En este sentido, un estudio sobre el estado de las carreteras en Florida encontró que la probabilidad de un accidente que involucre a un peatón era tres veces mayor por milla en carreteras sin aceras.

Estados Unidos puede revertir la tendencia de aumento de muertes por accidente de tráfico, una tendencia que afecta desproporcionadamente a las comunidades hispanas y afroamericanas, invirtiendo en un diseño de carreteras más seguro: estrechando las calles, reduciendo la cantidad de espacio dedicado a los automóviles, haciendo cumplir los límites de velocidad y plantando árboles para proporcionar señales visuales para que los conductores reduzcan la velocidad. Aunque estas intervenciones pueden parecer simplistas en comparación con la escala del problema, otros países han demostrado que pueden funcionar. Los planificadores urbanos pueden reconocer que todo el mundo debería poder andar o montar en bicicleta por su barrio sin temer por su vida.

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Las autoridades policiales y judiciales europeas ejecutan el mayor ataque coordinado contra el crimen organizado italiano

Durante una jornada de acción ejecutada conjuntamente por 10 países, fueron detenidos 132 miembros de una de las redes criminales más poderosas del mundo. A primera hora del 3 de mayo, las autoridades policiales de Bélgica, Alemania, Italia, Francia, Portugal, Eslovenia, España, Rumanía, Brasil y Panamá registraron varias viviendas e intervinieron algunas empresas. Más de 2.770 agentes participaron sobre el terreno durante la vasta operación.

Eurojust y Europol apoyaron esta operación internacional contra la ‘Ndrangheta, que hasta el momento se ha convertido en el mayor éxito que ha implicado al sindicato policriminal italiano. La organización mafiosa es responsable de gran parte del comercio de cocaína en Europa, combinado con el blanqueo sistemático de dinero, el soborno y la violencia.

La red criminal investigada estaba liderada por varias familias poderosas de la ‘Ndrangheta con sede principalmente en la ciudad de San Luca, que se encuentra en la provincia italiana de Reggio Calabria. Algunas de estas familias han estado involucradas en una violencia de clanes de décadas conocida como ‘feudo de San Luca’, que culminó con tiroteos masivos en Italia y en el extranjero como, por ejemplo, la masacre de Duisburgo en Alemania del año 2007.

Los miembros de la red criminal participaron en conspiraciones criminales no solo para formar parte de una organización mafiosa, sino también para ser responsables del tráfico de drogas, el tráfico de armas de fuego, la tenencia ilegal de armas de fuego, el blanqueo de capitales, el registro fraudulento de activos, el fraude fiscal y la evasión fiscal, así como la ayuda y complicidad con los fugitivos (que desde entonces han sido detenidos). Dos de esos fugitivos habían estado en la lista de entre los más buscados de la Unión Europea.

La red criminal italiana se dedicaba principalmente al narcotráfico internacional desde América del Sur a Europa, así como hacia Australia. Las autoridades descubrieron que la red trabajaba en colaboración con el grupo de crimen organizado colombiano Gulf Clan y un grupo criminal de habla albanesa que operaba en Ecuador y en varios países europeos.

Además, los clanes de la ‘Ndrangheta estaban implicados en el tráfico internacional de armas de fuego desde Pakistán hasta Sudamérica, proporcionando material al famoso grupo criminal PCC (Primeiro Comando da Capital) a cambio de envíos de cocaína. Los investigadores realizaron un seguimiento del flujo de dinero en un extenso sistema global de blanqueo de capitales, con inversiones masivas en Bélgica, Alemania, Italia, Portugal, Argentina, Uruguay y Brasil.

El grupo criminal invertía sus beneficios en bienes inmuebles, restaurantes, hoteles, empresas de lavado de coches, supermercados y otras actividades comerciales. Para pagar la cocaína o transferir activos ilícitos, los delincuentes a menudo confiaban en facilitadores que utilizaban el sistema de la hawala.

Eurojust apoyó a las autoridades policiales implicadas creando y financiando dos equipos de investigación conjuntos. La agencia también acogió diez reuniones de coordinación tras crear un centro para permitir una rápida cooperación entre las autoridades judiciales implicadas en la jornada de acción. Se abrieron tres casos vinculados a Eurojust a petición de las autoridades italianas, alemanas y belgas. Eurojust también facilitó la transmisión y ejecución de las órdenes de investigación europeas.

El proyecto de análisis de Europol sobre el crimen organizado italiano apoyó a la investigación como caso prioritario. Proporcionó informes de concordancia cruzada a las unidades nacionales de investigación implicadas. En total, se intercambiaron más de 200 mensajes SIENA entre los países implicados. Además de apoyar la propia investigación, el proyecto de análisis también apoyó la búsqueda de los tres fugitivos.

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El Consejo Europeo aprueba un reglamento para mejorar y digitalizar la cooperación judicial transfronteriza

El Consejo Europeo ha aprobado una nueva ley de la Unión Europea que establece una plataforma digital que facilitará que los fiscales y los jueces que trabajen en equipos de investigación conjuntos puedan intercambiar información y presentar a los criminales ante la justicia.

Gunnar Strömmer, ministro sueco de Justicia, considera en esta línea que las actividades delictivas no se detienen en las fronteras y las investigaciones transfronterizas son esenciales para reducir la delincuencia.

Esta plataforma digital tiene que facilitar que las autoridades policiales y judiciales compartan información y pruebas y se comuniquen con sus compañeros de otros países.

La plataforma tiene que facilitar la coordinación y la gestión diaria de los equipos conjuntos de investigación (JIT). Asimismo, tiene que permitir el intercambio y el almacenaje temporal de información y las pruebas operativas, garantizando una comunicación segura y facilitando la trazabilidad de las pruebas.

La plataforma estará conectada a las herramientas informáticas utilizadas por las autoridades participantes en los JIT. Desde las instituciones se recomendará firmemente utilizar la plataforma, aunque su uso será voluntario.

Eu-LISA, la agencia de la Unión Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos a gran escala en el espacio de libertad, seguridad y justicia, se encargará de diseñar, desarrollar y operar la plataforma.

Los equipos de investigación conjuntos reúnen, durante un periodo de tiempo limitado, a autoridades de dos o más países de la UE y posiblemente de terceros para investigaciones criminales transfronterizas específicas. Los miembros de estos equipos podrán intercambiar pruebas directamente entre ellos, sin la necesidad de los procedimientos tradicionales de cooperación judicial.

Los JIT existen desde el año 2002, pero se han enfrentado con una serie de dificultades técnicas relacionadas, por ejemplo, con el intercambio electrónico seguro de información y de pruebas y con la comunicación electrónica segura.

El nuevo reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y será aplicable directamente a todos los países de la Unión Europea.

La fecha de inicio de funcionamiento de la plataforma será, como máximo, dos años y medio después de la entrada en vigor del reglamento.

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Importante aumento de las muertes bajo custodia policial en Canadá

Los últimos datos publicados por el proyecto Tracking (In)Justice de Canadá sugieren que el número medio anual de muertes con implicación de la policía entre los años 2011 y 2022 aumentó en dos tercios, en comparación con la cifra media anual de la década anterior. Los miembros del proyecto, Andrew Crosby, Alexander McClelland y Tanya L. Sharpe, creen que este incremento, junto con la disparidad racial y las variaciones jurisdiccionales en estas cifras, apoyan la necesidad de pedir una mayor responsabilidad, transparencia y control de la conducta policial en Canadá.

Según los autores del proyecto, está claro que los encuentros mortales con la policía aumentan año tras año en Canadá. El número de civiles que mueren en incidentes con la policía cuando se utiliza la fuerza se ha incrementado constantemente desde el año 2000. Este hecho está dejando a las familias y las comunidades con poco apoyo o recursos para rendir cuentas.

Pero uno de los principales problemas es que no existe ningún organismo ni institución canadiense o foránea que trabaje, por ejemplo, en un conjunto de datos actualizado y centralizado o que haga un seguimiento de las muertes y proporcione información sobre la víctima, la ubicación, el servicio policial implicado, el tipo de fuerza utilizado y otros muchos detalles contextuales.

Sólo lo hacen los miembros del proyecto Tracking (In)Justice, que documentan y analizan las muertes con implicación de la policía cuando se utiliza la fuerza en Canadá. Tracking (In)Justice es una asociación de académicos y defensores que tienen como objetivo arrojar luz sobre la violencia policial para ayudar a informar las demandas de responsabilidad, transparencia y cambios en la institución policial.

Recoger esta información otorga la posibilidad de efectuar nuevas preguntas, como por qué algunos cuerpos policiales producen muertes de personas con mayor frecuencia que otras.

Hace tiempo que se ha pedido que la policía y los gobiernos recojan y compartan datos sobre incidentes en los que el uso de la fuerza causó heridas y muertes a civiles. Periodistas, académicos, grupos de la sociedad civil y familias de las víctimas se han comprometido en esta labor desde hace ya mucho tiempo.

Las conclusiones preliminares indican que los incidentes de uso de la fuerza van en aumento, y el mayor número se produjo en el año 2022. Parte de esta tendencia a largo plazo puede deberse a un mayor acceso a la información sobre asesinatos y muertes con implicación de la policía. Pero el acceso a la información por sí solo no explica el notable aumento de los últimos años.

Según datos de Tracking (In)Justice, hubo una media de 22,7 muertes con implicación de la policía entre 2000 y 2010. En comparación, una media de 37,8 personas murieron cada año entre los años 2011 y 2022. Esto supone un aumento del 66,5%.

Las muertes por disparos también parece que se están produciendo con mayor frecuencia. Tracking (In)Justice documentó 704 muertes en Canadá entre 2000 y 2022 con utilización de la fuerza policial.

Los datos incluyen muertes por tiroteos policiales y casos en los que una persona falleció tras ser sometida a otros tipos de armas policiales (por ejemplo, tásers) o intervenciones físicas.

Estos datos se recopilaron accediendo a información disponible públicamente de los medios de comunicación e informes oficiales. Los datos contienen información relacionada con la víctima, incluidos el nombre, edad y raza cuando se conoce. También documentan la ubicación de la muerte, la policía implicada y el mayor nivel de fuerza utilizado.

Siguiendo patrones de desigualdad que vienen de lejos, existen importantes disparidades raciales persistentes en el aumento global de las muertes con implicación de la policía cuando se utiliza la fuerza.

Las personas negras e indígenas representan en torno al 10% de la población en Canadá, pero son el 27,2% de las muertes por tiroteo con implicación de la policía cuando se ha identificado la raza de la víctima.

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¿Una pausa en el desarrollo de la IA es la respuesta?

Los espinosos retos que plantean los chatbots y la IA no desaparecerán de repente. Así lo plantea la web especializada en seguridad Oodaloop. Y aunque muchas personas bien informadas y bien intencionadas han firmado una petición pidiendo una pausa de seis meses en la investigación avanzada de IA, hacerlo es poco realista y poco prudente. Los problemas planteados son complejos, enredados y difíciles de resolver porque son increíblemente enrevesados y poliédricos. Implica a tantas partes interesadas, dominios que se entrecruzan e intereses en competencia que dificulta abordarlos. Una pausa en la investigación tecnológica no ayudará a resolver estos enigmas humanos.

Lo que ayudará son los compromisos públicos sistemáticos, metódicos y masivos que informan los proyectos piloto asociados con las implicaciones empresariales y civiles de la inteligencia artificial a nivel nacional y local. Todo el mundo se verá afectado por las promesas y los peligros potenciales del cambio tecnológico en el pensamiento presentado por los avances en IA. Por tanto, todo el mundo debería tener voz, y todo el mundo debería trabajar para garantizar que las sociedades estén bien informadas y preparadas para prosperar en un mundo que cambia rápidamente y que pronto parecerá muy distinto.

A primera vista, detener su desarrollo puede parecer convincente dados los retos que plantean los grandes modelos de lenguaje (LLM), pero existen varias razones por las que este enfoque es defectuoso. Para empezar, es esencial tener en cuenta la competencia global. Incluso si todas las empresas estadounidenses aceptaran una pausa, otros países continuarían su investigación en IA, haciendo que cualquier acuerdo nacional o internacional fuera menos efectivo.

En segundo término, la difusión de la IA está ya en marcha. El experimento Alpaca de la Universidad de Stanford demostró que podría perfeccionarse para que coincidiera con las capacidades de ChatGPT-3 por menos de 600 dólares. Este avance acelera la propagación de la IA haciéndola más accesible para varios actores, incluidos aquellos con mala intención.

En tercer lugar, la historia nos enseña que una pausa en la IA podría conducir a un desarrollo secreto. Detener públicamente la investigación en IA podría impulsar a las naciones a llevar a cabo investigaciones avanzadas en IA en secreto, lo que podría tener consecuencias nefastas para las sociedades abiertas. Este escenario es similar al de la Convención de La Haya de 1899, donde las grandes potencias prohibieron públicamente los proyectiles con veneno, solo para continuar su investigación en secreto, y finalmente desplegaron gases nocivos durante la Primera Guerra Mundial.

De cara al futuro, para abordar con eficacia los retos que surgen de la IA, debería fomentarse un enfoque proactivo, orientado a los resultados y cooperativo con el público. Los laboratorios de ideas o think tanks y las universidades pueden involucrar al público en conversaciones sobre cómo trabajar, vivir, gobernar y convivir con las tecnologías modernas que afectan a toda la sociedad. Mediante la participación de voces diversas en el proceso de toma de decisiones, se puede abordar y resolver mejor los complejos retos que presenta la IA a nivel local y nacional.

Además, habría que animar a los líderes industriales y políticos a participar en la búsqueda de soluciones no partidistas y multisectoriales para que la sociedad civil se mantenga estable. Trabajando juntos, puede superarse la brecha entre los avances tecnológicos y sus implicaciones sociales.

Por último, es esencial poner en marcha planes piloto de IA en varios sectores, como el trabajo, la educación, la salud, el derecho y la sociedad civil. Habría que aprender cómo se pueden crear entornos civiles responsables donde las IA se puedan desarrollar y desplegar de manera responsable. Estas iniciativas pueden ayudar a comprender e integrar mejor la inteligencia artificial en nuestras vidas, asegurándonos de que su potencial se aproveche para el bien general a la vez que se mitigan los riesgos.

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