Cada vez que se produce un gran incendio forestal, la pregunta se repite: ¿cómo puede que no lo hubiéramos podido evitar? Las imágenes de cielos teñidos de rojo, evacuaciones masivas y barrios enteros reducidos a cenizas se han ido normalizando en los informativos. En California, Australia, Canadá o el Mediterráneo, el fuego ya no se percibe como un fenómeno excepcional, sino como una nueva constante. Pero asumirlo como fatalidad es un error. Las herramientas para reducir drásticamente el impacto de los grandes incendios existen. Lo que falta es coordinación.
Los incendios forestales no son sólo un problema natural. Son el resultado de una compleja combinación de factores: cambio climático, gestión del territorio, crecimiento urbano desordenado, infraestructuras vulnerables y sistemas de respuesta fragmentados. Millones de personas viven hoy en la interfaz urbano-forestal, zonas en las que las casas conviven con masas vegetales altamente inflamables. Cuando el fuego llega, los costes humanos, económicos y ambientales son enormes, incluso para quienes no pierden directamente el hogar.
Paradójicamente nunca habíamos dispuesto de tanta tecnología para hacer frente a este reto. Satélites capaces de detectar igniciones en cuestión de minutos, sensores terrestres que monitorizan condiciones de riesgo, modelos de inteligencia artificial que proyectan la evolución del fuego en tiempo real, drones que cartografían vegetación peligrosa, redes eléctricas inteligentes que pueden desconectarse antes de que una chispa provoque una catástrofe. Todo esto ya existe.
Estas tecnologías no pueden —ni deben— eliminar el fuego por completo. El fuego forma parte de muchos ecosistemas y resulta esencial para su regeneración. Pero sí pueden evitar que un incendio puntual se convierta en un desastre de grandes dimensiones. Pueden reducir evacuaciones, salvar viviendas, proteger infraestructuras críticas y, sobre todo, salvar vidas.
El principal problema no es técnico, sino institucional. El sistema de prevención y respuesta a los incendios está profundamente fragmentado. Intervienen gobiernos locales, regionales y estatales, cuerpos de bomberos con competencias diferentes, agencias de gestión forestal, compañías eléctricas, aseguradoras, centros de investigación, empresas tecnológicas y comunidades locales. Cada actor tiene sus presupuestos, normativas, sistemas de datos y procesos de compra. El resultado es un ecosistema en el que innovar es difícil y escalar soluciones es aún más complicado.
Muchas iniciativas tecnológicas prometedoras se quedan en pruebas piloto. Las agencias públicas a menudo no pueden asumir el riesgo de comprar tecnología nueva que todavía no está plenamente validada. Las empresas innovadoras no saben a qué puerta llamar. Las fundaciones financian experimentos, pero no su implantación a gran escala. Y las comunidades con menos recursos son las que más sufren esta carencia de coordinación, quedando aún más expuestas.
Otros ámbitos de la política pública demuestran que esto se puede hacer mejor. En seguridad nacional, energía o aviación, Estados Unidos ha creado organismos que actúan como puente entre el sector público, la investigación y el mercado. Estos organismos no inventan tecnología, sino que identifican soluciones prometedoras, ayudan a probarlas, establecen estándares comunes y facilitan que lleguen rápidamente a los usuarios finales.
Lo que falta en el ámbito de los incendios forestales es una estructura similar: una entidad de coordinación con mandato claro para conectar a innovadores, administraciones, servicios de emergencia, empresas de servicios básicos y comunidades. Un actor neutral que pueda detectar tecnologías emergentes, promover la interoperabilidad, ayudar a superar obstáculos burocráticos y dirigir inversiones hacia la prevención y la mitigación, no sólo hacia la extinción cuando el fuego está ya descontrolado.
Esto no significa sustituir políticas esenciales como la gestión forestal, las cremas controladas, los códigos de construcción o la planificación urbanística. Por el contrario: la tecnología puede hacer que todas estas medidas sean más eficientes y más justas. Puede ofrecer mejores datos a los bomberos, alertas más precisas a la población y una recuperación más rápida después del desastre.
Algunos gobiernos ya han empezado a moverse en esa dirección. Hay estados que han creado oficinas específicas de innovación en incendios o centros de excelencia para nuevas técnicas de lucha aérea. Pero sin una visión coordinada a nivel nacional o supranacional, los avances siguen siendo desiguales e insuficientes ante la magnitud del reto.
Los grandes incendios no son inevitables. Son, en gran medida, el reflejo de decisiones colectivas y sistemas que no han evolucionado al ritmo del riesgo. Si hemos sido capaces de transformar la seguridad aérea, la predicción de huracanes o la preparación frente a terremotos mediante inversión y coordinación, también podemos hacerlo con los incendios forestales. La tecnología ya está ahí. Ahora hace falta voluntad política y capacidad de organizarla.
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