Hace unos años sorprendía saber que el narcotráfico utilizaba drones para mover pequeñas cargas ilícitas. Pero ahora, en pleno año 2025, el escenario ha dado un giro inquietante. Hoy los drones son armas de guerra: cargan explosivos improvisados y siembran el terror desde el cielo. Las víctimas ya no son solo los rivales o las autoridades policiales, sino también la población civil. ¿Qué se sabe de esta nueva herramienta del crimen organizado en México?

Junto con países en estado de guerra, como Ucrania o Siria, México también forma parte de la lista de territorios con ataques explosivos lanzados con drones. Y la cantidad de agresiones y muertes que provocan va en claro aumento.

La Secretaría de la Defensa Nacional mexicana (Sedena) ha reconocido la muerte de 16 soldados el año 2022 y la de 42 durante los primeros siete meses del 2023. Por su parte, entre los años 2012 y 2014, en los Estados Unidos se detectaron 150 drones cruzando la frontera con México cargados con drogas, mientras que desde el 2022 hasta la actualidad la patrulla fronteriza del país norteamericano ha registrado el vuelo de unos 155.000 drones utilizados por el crimen organizado en la frontera.

En México son suficientes unos cuantos clics en Amazon para comprar un dron, sin que haya ninguna regulación que limite su venta o adquisición. Además, tienen un coste que es irrisorio para unas organizaciones que gastan miles de millones de dólares en armamento. Gracias a los ejemplares decomisados en operativos de la Sedena, se sabe que algunos grupos utilizan modelos básicos, de aproximadamente 700 dólares. Pero cárteles con más capacidad financiera, como Jalisco Nueva Generación, utilizan drones agrícolas de alta gama, diseñados originalmente para la fumigación.

Otra de las ventajas de estas aeronaves no tripuladas es que no se requiere un entrenamiento sofisticado para hacerlas funcionar.

Todo apunta a que los drones tienen hoy un papel más relevante en tareas de vigilancia y ataque que en el transporte de estupefacientes. Se han utilizado para lanzar artefactos explosivos con sustancias químicas, por ejemplo, en abril de 2024, en Michoacán, lo que provocó escozor y sensación de asfixia en la población civil. Inicialmente se utilizaban únicamente contra grupos rivales, pero con el tiempo han empezado a afectar las infraestructuras civiles: casas, escuelas, templos… Con todo, varias investigaciones periodísticas y académicas apuntan que los cárteles no utilizan los drones únicamente para atacar, también son unas herramientas eficaces de espionaje. Un dron puede identificar con precisión la matrícula de un vehículo en movimiento, detectar el calor corporal de una persona oculta entre los árboles o interceptar comunicaciones privadas. Todo ello sin poner en riesgo al operador.

Ante esta amenaza creciente —que incluye agresiones directas contra su personal—, Sedena ha intensificado la adquisición y el despliegue de sistemas no tripulados, diseñados no solo para tareas de vigilancia y reconocimiento, sino también para inhibir los drones enemigos. Además, Sedena trabaja junto con la Universidad Aeronáutica en Querétaro en el desarrollo del primer dron 100 % mexicano, orientado a tareas de vigilancia y combate contra la delincuencia.

En el ámbito regional, el gobierno de Michoacán ha implementado un sistema antidrones portátil que combina un radar de detección con un cañón de interferencia, capaz de derribar drones a una distancia de hasta 1,5 kilómetros.

Por su parte, la CIA ha puesto en marcha un programa de drones en México durante más de dos décadas utilizando mayoritariamente aeronaves MQ-9 Reaper —utilizadas comúnmente en operaciones antiterroristas—, para vigilar a los líderes del narcotráfico, a petición del gobierno mexicano.

En mayo de este año, desde el Senado mexicano se pidió con urgencia una reforma a la Ley de aviación civil para regular el uso de aeronaves no tripuladas. La propuesta busca establecer controles sobre los puntos de venta y exigir un registro de los que importan, comercializan y poseen drones, para poder rastrear su destino final y evitar que acaben en manos del crimen organizado.

La solicitud llega en un contexto en el que el crimen organizado ya se ha apropiado de herramientas tecnológicas para potenciar su capacidad violenta y los drones armados ya se han cobrado vidas.

Mientras tanto, México tiene que hacer frente a este nuevo tipo de violencia: una que cae del cielo, sin previo aviso y sin consecuencias claras para los responsables.

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