La policía de Grecia contará con nuevos dispositivos que les permitirán llevar a cabo el reconocimiento facial y la identificación de huellas dactilares en tiempo real mientras se encuentren fuera de los recintos policiales.

El plan de difusión de la nueva tecnología forma parte del proyecto “Policía inteligente”, de 4,5 millones de euros, anunciado en el año 2017, que tiene como objetivo identificar y verificar la identidad de los ciudadanos cuando los para o los detiene la policía. La mayoría de los costes del proyecto (75%) son cubiertos por el Fondo de Seguridad Interna (ISF) de la Comisión Europea.

Actualmente, los ciudadanos que no son capaces de proporcionar documentos de identificación cuando la policía los para en las calles de Grecia deben ser trasladados a la comisaría de policía más cercana para comprobar su identidad. Al permitir la identificación en tiempo real, los nuevos dispositivos harán que la identificación de los ciudadanos sea más eficiente en el tiempo.

El objetivo de la policía griega es verificar personas, vehículos y objetos en tiempo real. Al hacerlo, mejora la seguridad de los agentes de policía, se reducen las molestias a los ciudadanos y se ahorra en recursos humanos y materiales.

La policía griega repartirá inicialmente al menos 1.000 dispositivos electrónicos, con la opción de entregar otros 9.000 este verano, si el esquema demuestra ser efectivo.

Los dispositivos, de aspecto similar a los teléfonos inteligentes, están conectados a 20 bases de datos diferentes pertenecientes a autoridades nacionales e internacionales, incluidos el Ministerio de Transportes griego, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Europol, el FBI y la Interpol.

En marzo de 2020 Homo Digitalis, la organización griega de defensa de los derechos digitales sin ánimo de lucro, presentó una solicitud a la Autoridad griega de protección de datos (DPA) para expresar su preocupación por la legalidad del proyecto “Policía inteligente”.

Homo Digitalis argumentó que existe una fuerte posibilidad de que la policía griega infrinja las leyes de la UE relativas al tratamiento de datos personales establecidas en la Constitución griega, las leyes nacionales vinculadas al Reglamento general de protección de datos (GDPR) y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

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