El abuso sexual infantil facilitado por las tecnologías digitales sigue siendo una de las preocupaciones principales de las autoridades europeas. A pesar de que los estados miembros del Consejo de Europa han realizado avances significativos en la investigación de estos delitos, la protección de las víctimas y la formación de los profesionales, un nuevo informe del Comité de Lanzarote alerta de que todavía hay carencias importantes, especialmente con respecto a la respuesta ante las imágenes sexuales autogeneradas por menores y el impacto creciente de la inteligencia artificial.

El informe evalúa el grado de cumplimiento de las 28 recomendaciones formuladas en el año 2022 en el marco del Convenio de Lanzarote, el principal tratado internacional para prevenir y combatir la explotación y el abuso sexual infantil. Las conclusiones muestran una evolución positiva en varios ámbitos, pero también evidencian que la legislación y las políticas públicas todavía no se han adaptado completamente a los nuevos riesgos digitales.

Una de las preocupaciones de los expertos es que en muchos países se sigue procesando penalmente a los menores por poseer o compartir imágenes sexuales que han generado ellos mismos o su pareja menor de edad. Según el informe, casi dos tercios de los estados analizados mantienen esta posibilidad legal, mientras que cerca de la mitad también pueden perseguir penalmente a los menores por difundir sus propias imágenes íntimas.

El Comité de Lanzarote considera que esta respuesta puede resultar contraproducente, ya que convierte en infractores a niños que a menudo también son víctimas. Por este motivo, defiende que, siempre que sea posible, las medidas educativas, preventivas y restaurativas deberían prevalecer sobre las sanciones penales. Solo cuando estas alternativas sean insuficientes se debería recurrir a la vía judicial.

El informe también destaca avances importantes en las capacidades de investigación policial. En los últimos años casi se ha duplicado el número de países que permiten que las unidades especializadas en ciberdelincuencia lleven a cabo operaciones encubiertas para identificar a explotadores sexuales de menores en internet. Además, varios estados han incrementado los recursos económicos y humanos destinados a estas unidades especializadas.

También se han reforzado los mecanismos de cooperación internacional. Cada vez más países pueden perseguir a sus ciudadanos o residentes que cometan delitos sexuales contra menores en el extranjero, aunque estos hechos no estén tipificados en el país donde se han producido. Igualmente, en muchos casos ya no es necesario que la víctima presente una denuncia ni que las autoridades extranjeras inicien previamente una investigación para poder actuar.

Otro de los aspectos positivos es la ampliación de los servicios de atención a las víctimas. Ha aumentado notablemente el número de países que disponen de líneas

telefónicas y plataformas digitales adaptadas a los niños, donde pueden recibir asesoramiento y ayuda especializada. También se ha incrementado la financiación destinada a entidades sociales que trabajan en la prevención de la explotación sexual infantil y el acompañamiento de las víctimas.

Paralelamente, muchos estados han reforzado la formación específica de fiscales, jueces, policías y otros profesionales que pueden detectar situaciones de riesgo. No obstante, el Comité señala que esta formación todavía no llega de manera homogénea a todos los sectores relacionados con la infancia, como la educación, la sanidad, los servicios sociales o las actividades deportivas y de ocio.

El informe dedica una atención especial al impacto de la inteligencia artificial generativa. Las herramientas capaces de crear imágenes y vídeos hiperrealistas han incrementado el riesgo de que los delincuentes elaboren material de abuso sexual infantil sin necesidad de obtener fotografías reales de las víctimas. Estas imágenes sintéticas se pueden utilizar para extorsionar a menores, manipularlos emocionalmente, facilitar procesos de captación (grooming) o normalizar conductas de abuso sexual. Por su elevada calidad, en muchos casos es difícil distinguirlas del material real, lo que complica las investigaciones y las estrategias de prevención.

Por este motivo, el Comité de Lanzarote y el Comité del Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia aprobaron, en junio de 2026, una declaración conjunta en la que establecen que las imágenes de abuso sexual infantil generadas o modificadas mediante inteligencia artificial —incluidas las completamente sintéticas, que no representan a ningún menor real— ya están cubiertas por los dos convenios internacionales. En consecuencia, los estados que han ratificado estos tratados no necesitan aprobar nuevas leyes específicas para investigar y perseguir penalmente este tipo de material.

Las conclusiones del informe evidencian que la lucha contra la explotación sexual infantil requiere una actualización constante de las herramientas de investigación, la cooperación internacional y los mecanismos de protección de las víctimas. Al mismo tiempo, la irrupción de la inteligencia artificial obliga a las autoridades a adaptar las estrategias ante formas de delincuencia cada vez más sofisticadas.

El mensaje del Consejo de Europa es claro: la tecnología puede convertirse en una herramienta al servicio de los delincuentes, pero también ofrece nuevas capacidades para detectarlos y perseguirlos. El éxito dependerá de mantener un equilibrio entre una investigación eficaz, la protección de los derechos de los niños y una respuesta judicial proporcionada, especialmente cuando los implicados son menores de edad.

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