Felia Allum, profesora de crimen organizado comparado en la Universidad de Bath, ha publicado un artículo en The Conversation en el que analiza el aumento de los asesinatos vinculados al narcotráfico en Francia y defiende que el país está en un punto de inflexión en su relación con el crimen organizado. El caso que simboliza este giro es el asesinato de Medhi Kessaci, hermano de un activista antinarcotráfico en Marsella, un crimen interpretado como un mensaje intimidatorio en el contexto de una escalada de violencia. Entre 2023 y 2024, 73 personas murieron en Marsella en hechos relacionados con el negocio de la droga; muchos de ellos eran jóvenes reclutados por internet con la promesa de dinero rápido. Episodios similares se han producido también en Grenoble, París, Nimes, Montpellier, Niza y Lyon.

Marsella se ha convertido en el epicentro simbólico de esta crisis. El grupo que actualmente domina parte del mercado de la droga en Francia se hace llamar Mafia DZ; pero Allum subraya que no se trata de una mafia clásica, como las italianas. No responde a la estructura jerárquica tradicional ni al modelo histórico de control territorial e infiltración institucional característico de determinadas organizaciones italianas. Esto obliga a evitar simplificaciones y etiquetas como “narcoestado” o “narcoterrorismo”, que pueden llamar la atención mediática, pero no siempre ayudan a entender el fenómeno.

Según la autora, el crimen organizado no aparece de la nada ni se impone únicamente por la fuerza. Arraiga cuando encuentra espacios vacíos que el estado y la sociedad no están ocupando adecuadamente. Históricamente, estructuras mafiosas y cárteles se han consolidado en periodos de transformación profunda, como pasó en Italia durante la unificación del siglo XIX o en los Estados Unidos en plena industrialización. En estos contextos de cambio acelerado, las instituciones todavía eran débiles o inestables, y actores no estatales llenaron los vacíos de poder.

Pero actualmente Francia no es un estado en construcción, sino un estado consolidado, inmerso en un modelo económico liberal en el que las desigualdades sociales, educativas y económicas se han profundizado. Allum, inspirándose en la politóloga Susan Strange, apunta que la autoridad del estado se ha erosionado en favor de los mercados y que el modelo de bienestar se ha ido burocratizando y privatizando. Cuando el tejido social se debilita y las oportunidades reales escasean, las redes criminales ofrecen una alternativa aparentemente atractiva: ingresos inmediatos, identidad, respeto y una estructura de pertenencia.

En barrios con altas tasas de paro juvenil y fracaso escolar, el narcotráfico puede convertirse en una vía de ascenso rápido, aunque sea extremadamente peligrosa. Las organizaciones imponen sus propias normas a los vendedores y reclutas, generan economías paralelas y, en algunos casos, obtienen una cierta tolerancia social basada en el miedo o en la dependencia económica. El crimen organizado no solo opera en contra de la comunidad; a menudo se integra en ella y establece vínculos complejos.

Ante esta situación, el gobierno del presidente Emmanuel Macron ha propuesto un conjunto de medidas orientadas a reforzar la respuesta penal y policial. Destaca la creación de una nueva dirección nacional contra el crimen organizado (PNACO), con fiscales especializados para perseguir redes de narcotráfico a escala francesa y europea. También se prevén programas de protección de testigos, endurecimiento de las condiciones penitenciarias para los jefes de red y ampliación de los mecanismos de incautación de bienes. Francia mira hacia el modelo italiano de los años noventa como referente legislativo.

Además, el gobierno quiere incrementar las sanciones a los consumidores, con multas más elevadas y posibles restricciones, como la retirada del permiso de conducir o afectaciones laborales. Esta estrategia parte de la idea de que hay que actuar sobre toda la cadena, desde los cabecillas hasta la demanda final.

Sin embargo, Allum advierte de que las medidas reactivas y punitivas, por sí solas, no resuelven las causas estructurales del problema. Las redes criminales tienen una gran capacidad de adaptación: cuando se desmantela una estructura, puede emerger otra, a menudo con operaciones coordinadas desde el extranjero. Sin una intervención que aborde las desigualdades, la falta de oportunidades y la desconexión entre instituciones y ciudadanía, el fenómeno tiende a reproducirse.

La lucha contra el narcotráfico no es solo una cuestión de refuerzo policial o de reforma penal. Es también una cuestión de cohesión social, de políticas públicas integrales y de reconstrucción del vínculo entre el estado y los barrios más vulnerables. La seguridad sostenible no se construye únicamente con más represión, sino con prevención, inversión social y alternativas reales para los jóvenes que hoy ven en el mercado de la droga su único horizonte posible.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français