Un importante esfuerzo coordinado y liderado por la Unidad Nacional de Delitos Especiales de Dinamarca, con el apoyo de la Policía Sueca y la Europol, bajo la Fuerza Operativa (OFT) GRIMM, ha dado lugar a la detención de varias personas sospechosas de reclutar menores y jóvenes para cometer asesinatos por encargo en Dinamarca.

Las detenciones son el resultado de múltiples investigaciones sobre algunos intentos de asesinato ordenados a través de plataformas cifradas, incluido un ataque reciente, el 7 de mayo de este año, en Kokkedal. Un total de siete personas de entre 14 y 26 años fueron arrestadas o entregadas a las autoridades danesas desde el extranjero, en particular desde Suecia y Marruecos.

Entre los arrestados hay dos hombres de 18 años detenidos en el oeste de Suecia y sospechosos de reclutar activamente a jóvenes para cometer asesinatos selectivos en Dinamarca y Suecia. También se cree que varios sospechosos facilitaron los ataques proporcionando armas, munición y refugios a los sicarios.

Estos casos forman parte de una tendencia creciente en toda Europa a reclutar jóvenes en línea para cometer delitos violentos. Las redes criminales utilizan las redes sociales para publicar ofertas de contratos para tiroteos, un modus operandi conocido como “violencia como servicio”, que sitúa cada vez más a los menores en el centro del crimen organizado transfronterizo.

Torben Svarrer, inspector en jefe de policía de la Unidad Nacional Especial de Delitos danesa, puntualiza que las investigaciones muestran que la realidad es mucho menos lucrativa de lo que se prometía y las consecuencias pueden ser muy graves.

Theodor Smedius, superintendente del Departamento de Operaciones Nacionales de la Policía Sueca, señala que a través de la cooperación policial internacional se continuará la búsqueda de los que alimentan la violencia desde detrás del velo del anonimato, en las plataformas digitales, estén donde estén.

Estas acciones recibieron el apoyo de la Europol, a través de la OTF GRIMM, un grupo de trabajo operativo creado en abril de 2025 para abordar el uso creciente de servicios cifrados para coordinar asesinatos por encargo en toda Europa.

El grupo de trabajo actualmente reúne Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Islandia, los Países Bajos, Noruega, Suecia y la Europol. Islandia es el país más reciente en participar, lo que refuerza todavía más el esfuerzo colectivo contra la violencia como servicio. Se espera que más países se unan en los próximos meses.

Gracias a la inteligencia compartida dentro del grupo de trabajo, ya se han arrestado varios objetivos importantes, y las investigaciones continúan en toda Europa. También se están llevando a cabo esfuerzos conjuntos con proveedores de servicios en línea para ayudar a desmantelar la infraestructura criminal que permite estos ataques.

Andy Kraag, jefe del Centro Europeo de Delitos Organizados Graves de la Europol, considera que los adolescentes que reciben un pago por apretar el gatillo modificarán el crimen organizado el año 2025. No son delitos menores, se trata de una externalización calculada de asesinatos por parte de redes criminales que tratan vidas humanas como activos de un solo uso. A través de la OTF GRIMM, las fuerzas del orden rastrean a sus cerebros y desmantelan la infraestructura detrás de la que se esconden. Se considera que no hay ningún refugio seguro, ni en línea ni fuera de línea, para aquellos que comercian con la violencia.

Se anima a los padres y las comunidades a mantenerse alerta y buscar signos tempranos de reclutamiento criminal, como cambios repentinos de comportamiento o posesión inexplicable de dinero o artículos caros. La Europol ha desarrollado una guía de sensibilización que ofrece consejos prácticos para ayudar a proteger a los jóvenes de ser víctimas de estos esquemas criminales manipuladores.

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Hace unos años sorprendía saber que el narcotráfico utilizaba drones para mover pequeñas cargas ilícitas. Pero ahora, en pleno año 2025, el escenario ha dado un giro inquietante. Hoy los drones son armas de guerra: cargan explosivos improvisados y siembran el terror desde el cielo. Las víctimas ya no son solo los rivales o las autoridades policiales, sino también la población civil. ¿Qué se sabe de esta nueva herramienta del crimen organizado en México?

Junto con países en estado de guerra, como Ucrania o Siria, México también forma parte de la lista de territorios con ataques explosivos lanzados con drones. Y la cantidad de agresiones y muertes que provocan va en claro aumento.

La Secretaría de la Defensa Nacional mexicana (Sedena) ha reconocido la muerte de 16 soldados el año 2022 y la de 42 durante los primeros siete meses del 2023. Por su parte, entre los años 2012 y 2014, en los Estados Unidos se detectaron 150 drones cruzando la frontera con México cargados con drogas, mientras que desde el 2022 hasta la actualidad la patrulla fronteriza del país norteamericano ha registrado el vuelo de unos 155.000 drones utilizados por el crimen organizado en la frontera.

En México son suficientes unos cuantos clics en Amazon para comprar un dron, sin que haya ninguna regulación que limite su venta o adquisición. Además, tienen un coste que es irrisorio para unas organizaciones que gastan miles de millones de dólares en armamento. Gracias a los ejemplares decomisados en operativos de la Sedena, se sabe que algunos grupos utilizan modelos básicos, de aproximadamente 700 dólares. Pero cárteles con más capacidad financiera, como Jalisco Nueva Generación, utilizan drones agrícolas de alta gama, diseñados originalmente para la fumigación.

Otra de las ventajas de estas aeronaves no tripuladas es que no se requiere un entrenamiento sofisticado para hacerlas funcionar.

Todo apunta a que los drones tienen hoy un papel más relevante en tareas de vigilancia y ataque que en el transporte de estupefacientes. Se han utilizado para lanzar artefactos explosivos con sustancias químicas, por ejemplo, en abril de 2024, en Michoacán, lo que provocó escozor y sensación de asfixia en la población civil. Inicialmente se utilizaban únicamente contra grupos rivales, pero con el tiempo han empezado a afectar las infraestructuras civiles: casas, escuelas, templos… Con todo, varias investigaciones periodísticas y académicas apuntan que los cárteles no utilizan los drones únicamente para atacar, también son unas herramientas eficaces de espionaje. Un dron puede identificar con precisión la matrícula de un vehículo en movimiento, detectar el calor corporal de una persona oculta entre los árboles o interceptar comunicaciones privadas. Todo ello sin poner en riesgo al operador.

Ante esta amenaza creciente —que incluye agresiones directas contra su personal—, Sedena ha intensificado la adquisición y el despliegue de sistemas no tripulados, diseñados no solo para tareas de vigilancia y reconocimiento, sino también para inhibir los drones enemigos. Además, Sedena trabaja junto con la Universidad Aeronáutica en Querétaro en el desarrollo del primer dron 100 % mexicano, orientado a tareas de vigilancia y combate contra la delincuencia.

En el ámbito regional, el gobierno de Michoacán ha implementado un sistema antidrones portátil que combina un radar de detección con un cañón de interferencia, capaz de derribar drones a una distancia de hasta 1,5 kilómetros.

Por su parte, la CIA ha puesto en marcha un programa de drones en México durante más de dos décadas utilizando mayoritariamente aeronaves MQ-9 Reaper —utilizadas comúnmente en operaciones antiterroristas—, para vigilar a los líderes del narcotráfico, a petición del gobierno mexicano.

En mayo de este año, desde el Senado mexicano se pidió con urgencia una reforma a la Ley de aviación civil para regular el uso de aeronaves no tripuladas. La propuesta busca establecer controles sobre los puntos de venta y exigir un registro de los que importan, comercializan y poseen drones, para poder rastrear su destino final y evitar que acaben en manos del crimen organizado.

La solicitud llega en un contexto en el que el crimen organizado ya se ha apropiado de herramientas tecnológicas para potenciar su capacidad violenta y los drones armados ya se han cobrado vidas.

Mientras tanto, México tiene que hacer frente a este nuevo tipo de violencia: una que cae del cielo, sin previo aviso y sin consecuencias claras para los responsables.

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Durante el pasado mes de mayo la Europol coordinó una jornada de acción de referencia (RAD) sobre la explotación y la radicalización en línea de menores. Durante dicha jornada se listaron más de 2.000 enlaces que apuntaban a propaganda yihadista, terrorista y de extrema derecha violenta dirigida a menores de edad.

La jornada de referencia tuvo lugar solo unas semanas después de que la Europol lanzara un nuevo grupo de trabajo operativo para abordar la tendencia creciente de reclutar jóvenes para la delincuencia grave y organizada.

Datos recientes proporcionados por la Europol revelan que actualmente los menores participan en más del 70 % de los mercados criminales. Proteger a los niños de ser reclutados y explotados por redes criminales es una de las prioridades clave de la Europol. Una fuerte colaboración entre las autoridades públicas y los socios del sector privado es esencial para prevenir la radicalización de los menores, y que se perjudiquen a sí mismos y a nuestra sociedad.

Los grupos terroristas cada vez atacan más a los jóvenes y explotan sus vulnerabilidades. También se aprovechan de sus capacidades para gestionar las destrezas en línea, a la hora de hacer avanzar agendas violentas y extremistas. Es una nueva ola que utiliza tácticas de manipulación más amplias.

Las organizaciones terroristas y sus partidarios han desarrollado nuevas tácticas para reclutar y ganar seguidores adaptando su mensaje e invirtiendo en nuevas tecnologías y plataformas para manipular y llegar a los menores.

La propaganda identificada durante la acción operativa incluye contenidos que combinan imágenes y vídeos de niños con mensajes extremistas, así como materiales que ofrecen orientación a los padres radicalizados sobre la crianza de futuros yihadistas.

Una de las observaciones clave que ha conducido a esta acción coordinada es el uso de la inteligencia artificial, especialmente en la creación de imágenes, textos y vídeos diseñados para disuadir a un público más joven. Los propagandistas invierten en contenido, vídeos cortos, memes y otros formatos visuales, esmeradamente estilizados para atraer a los menores y a las familias que pueden ser susceptibles de la manipulación extremista, así como contenido que incorpora elementos de juego con material audiovisual terrorista.

Otro tipo de contenido es la glorificación de los menores implicados en ataques terroristas. En este sentido, la propaganda terrorista se dirige predominantemente a los menores de edad y los manipula para que se unan a grupos extremistas a partir de narrativas heroicas que los retratan como “guerreros” y “la esperanza de la sociedad”.

Las niñas se mencionan con menor frecuencia, y su rol se limita en gran medida a criar y adoctrinar a futuros combatientes por la causa.

Otra técnica de manipulación preocupante durante los últimos años es el uso creciente de narrativas de víctimas, en particular imágenes de niños heridos o muertos en zonas de conflicto. Esta manipulación tiene un doble propósito: fomenta la identificación emocional con las víctimas, a la vez que incita el deseo de represalias y más violencia.

Durante el año 2024 las autoridades policiales de los estados miembros de la Unión Europea contribuyeron a resolver un gran número de casos relacionados con el terrorismo que implicaban menores de edad.

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La Policía Judicial Federal de Limburgo (Bélgica), con la colaboración de la Dirección de Protección Estatal y el Servicio de Inteligencia austríacos, y con el apoyo operativo de la Europol, ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de armas de fuego. La operación, desarrollada durante el mes de mayo de este año, ha culminado con la incautación de 74 armas, el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas y la detención de 11 personas.

Los operativos, que se llevaron a cabo de manera coordinada en Bélgica y Austria, incluyeron el registro de más de 20 domicilios. En el conjunto de registros se intervinieron 50 pistolas, 13 armas cortas, 4 ametralladoras, 4 rifles, 1 revólver, 2 pistolas de alarma, 4 cargadores de gran capacidad, 16 cargadores más y 2 bastones policiales.

En una de las viviendas registradas se localizó un laboratorio de producción de drogas sintéticas con más de 450 kilos de una nueva sustancia, así como un almacén de cigarrillos de contrabando.

La investigación, iniciada meses atrás por la policía belga, permitió identificar a los jefes de la red, sus colaboradores y varios compradores habituales. La organización operaba desde Bélgica, pero mantenía conexiones con otros grupos dedicados al tráfico de armas por toda Europa, especialmente en Austria.

Según las autoridades, algunos de los sospechosos austríacos –dos de los cuales fueron detenidos en Bélgica– suministraban piezas de armas que posteriormente eran montadas y distribuidas ilegalmente. Algunas de estas piezas –por ejemplo, las empuñaduras– se pueden adquirir en Austria sin necesidad de licencia, lo que facilita su uso por parte de las redes criminales. La policía austríaca confirmó que las empuñaduras de las 50 pistolas confiscadas en Bélgica se habían adquirido legalmente en su país. Este hecho permitió ordenar nuevos registros en los domicilios de los detenidos, donde se intervinieron varios dispositivos electrónicos de almacenaje de datos.

La Europol dio apoyo a la operación mediante analistas operativos, que coordinaron la cooperación internacional y organizaron reuniones estratégicas. Durante los registros, se desplegó una oficina móvil de la Europol en Bélgica para facilitar la verificación cruzada de pruebas con sus bases de datos.

Este tipo de operaciones demuestran la importancia de la cooperación policial internacional para hacer frente a las nuevas formas de criminalidad organizada, que a menudo operan en red a través de varios países.

En Cataluña, los cuerpos policiales mantienen una colaboración estrecha con la Europol y otras agencias europeas para detectar, prevenir y actuar ante posibles conexiones locales con este tipo de delitos, especialmente en ámbitos sensibles como el tráfico de armas, el crimen organizado y el contrabando.

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El gobierno británico ha anunciado un conjunto de medidas innovadoras para hacer frente al incremento de los delitos ambientales relacionados con el vertido ilegal de residuos (fly-tipping) y otras prácticas de gestión fraudulenta de desechos. Estas iniciativas se enmarcan en una estrategia estatal para mejorar la limpieza de los espacios públicos, reforzar la vigilancia ambiental y empoderar a las autoridades locales y la ciudadanía.

Entre las medidas destacadas, el gobierno permitirá a los ayuntamientos incautar y destruir vehículos implicados en casos graves y reincidentes de vertido ilegal, sin necesidad de condena judicial previa. Esta nueva capacidad de actuación inmediata pretende disuadir a las redes criminales que utilizan vehículos para abandonar residuos en espacios no autorizados, una práctica que tiene un coste estimado de millones de libras anuales para las administraciones locales.

Paralelamente, se ha puesto en marcha una nueva herramienta digital de acceso abierto que muestra mapas interactivos de puntos calientes de criminalidad ambiental en todo el país. Estos “heatmaps” permiten identificar las áreas con mayor incidencia de delitos relacionados con residuos y quieren incentivar la colaboración ciudadana. De hecho, la población ha sido llamada explícitamente a denunciar actividades sospechosas de gestión fraudulenta de residuos, tales como incineraciones no autorizadas, vertederos ilegales o transporte no registrado de desechos.

Estas acciones forman parte de un plan más amplio que incluye:

• El refuerzo del régimen de licencias para el transporte de residuos.

• El aumento de las sanciones administrativas.

• El soporte tecnológico a las autoridades locales para monitorizar las actividades delictivas.

Con este enfoque integrado y proactivo, el Reino Unido aspira a reducir significativamente el impacto ambiental y económico de los delitos de residuos, a la vez que promueve una cultura de responsabilidad compartida entre administraciones y ciudadanía.

En Cataluña, aunque el fenómeno del vertido ilegal de residuos no alcanza los niveles de afectación del Reino Unido, representa también un reto creciente en determinados espacios periurbanos, zonas forestales y entornos naturales protegidos. La colaboración entre los ayuntamientos, los Agentes Rurales, los cuerpos de seguridad y la Agencia de Residuos de Cataluña ha sido clave para detectar y sancionar estas prácticas, aunque a menudo se encuentran con limitaciones tecnológicas y jurídicas a la hora de rastrear a los responsables. En este sentido, las herramientas digitales como mapas de calor o la posibilidad de compartir información en tiempo real podrían ser una herramienta muy útil para mejorar la respuesta operativa y prevenir reincidencias.

Además, medidas como la incautación directa de vehículos implicados en delitos ambientales podrían abrir un debate interesante en nuestro país sobre el margen de actuación administrativa ante conductas graves y reiteradas. La experiencia británica pone de manifiesto la importancia de combinar acciones coercitivas con una estrategia de sensibilización ciudadana y transparencia de datos, un modelo que podría inspirar futuras iniciativas para reforzar la lucha contra el crimen ambiental en Cataluña.

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