La opinión pública de Brasil se estremeció a principios de mayo de este año ante presuntos nuevos casos de violencia policial, con denuncias de torturas en cuerpos hallados tras una operación policial en una favela y, sobre todo, en el caso de un hombre que murió asfixiado dentro del maletero de un vehículo oficial de la policía en la localidad de Umbauba. La Policía Federal de Carreteras (PRF) aseguró que los agentes utilizaron técnicas de inmovilización e instrumentos de bajo potencial ofensivo frente a la fuerte agresividad del detenido en un control policial.

El tiroteo en las favelas del Complexo do Alemão del día 4 de mayo fue tan intenso que el batallón de élite de la Policía Militar de Río de Janeiro agotó la munición en solo dos horas. Cabe mencionar que el resultado final de la operación fue de 18 personas fallecidas.

Según la policía, la operación, que contaba con la participación de unos 400 uniformados, perseguía a un grupo de individuos como presuntos autores de robos de vehículos y bancos y también de ataques a comisarías de policía. Entre los fallecidos figuran dos mujeres, una quincena de considerados sospechosos y un policía.

Pero distintos expertos del ámbito de la seguridad, familiares de las víctimas y habitantes de la zona cuestionaron la acción policial al considerarla extremadamente violenta. Por ejemplo, una de las mujeres muertas fue tiroteada al pasar con su vehículo por una avenida cercana. La otra murió mientras la policía retiraba barricadas en la zona, aunque los uniformados niegan que el proyectil saliera de sus armas.

Denominada “masacre” por muchos funcionarios electos y activistas comunitarios, la redada policial ha resultado ser la segunda más letal de la historia de Río en una favela.

A consecuencia de los hechos, la organización de derechos humanos Human Rights Watch también expresó su consternación en un comunicado público. Cabe mencionar que Brasil tiene una de las policías del mundo con más víctimas mortales bajo custodia policial y con más policías fallecidos en acto de servicio. Por ejemplo, en 2021 hubo 6.100 víctimas fatales en operaciones policiales, mientras que 183 agentes de la autoridad fueron asesinados, según recoge el proyecto Monitor de la Violencia .

Lo que sí es verdad es que esta operación policial ha sido la que ha generado reacciones públicas más contundentes en Río de Janeiro, según explican desde Geni, un grupo de estudios sobre seguridad pública y violencia de la Universidad Federal Fluminense (UFF). Y es desde esta fundación que se considera que los operativos policiales carecen de efectividad, acostumbran a estar motivados por una sed de venganza y gozan de total impunidad.

Además, en los últimos 14 meses se produjeron otras dos operaciones policiales que acabaron provocando aún más defunciones. Una operativa policial fue en la favelade Jacarezinho en mayo del año 2021 – la más mortífera en Río de Janeiro, con 28 muertos – y la segunda, en Vila Cruzeiro en mayo de 2023, con 23 muertos.

Por su parte, la policía de Río asegura que estas acciones se basan en informes de inteligencia y se desarrollan de acuerdo a lo establecido en la ley, la justicia y los protocolos técnicos operacionales.

Pero la realidad es que el incremento de la violencia callejera y la creciente militarización de las operaciones destinadas a garantizar la seguridad pública están contribuyendo a crear una situación muy confusa. El enrevesado rol institucional de la Policía Militar y el rol cada vez más importante del Ejército demuestran que, a diferencia de lo que sucede en los países desarrollados, en Brasil las funciones de defensa nacional se mezclan peligrosamente con las de mantenimiento del orden interno.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français