El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inauguró a principios de año el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megaprisión donde recluirán hasta 40.000 internos, todos ellos presuntos miembros de las maras, con el objetivo, según el Gobierno salvadoreño, de ganar la guerra a la delincuencia.

Esta gigantesca prisión ha sido construida en tan solo siete meses y se desconoce a día de hoy el coste real de la instalación. Se encuentra en una zona aislada del ámbito rural y está dotada de los últimos avances en tecnología.

El penal cuenta con comedores, salas de descanso, gimnasio y mesas de ping-pong, pero solo para uso de los guardias. Para los reclusos hay zonas de talleres destinados a tareas laborales. También hay salas para audiencias judiciales virtuales, a fin de que los encarcelados no tengan que salir del centro penitenciario. Asimismo, hay celdas de castigo, oscuras y sin ventanas, con el objeto de sancionar a los encarcelados con mala conducta.

El centro penitenciario ha sido construido con muros reforzados, celdas con barrotes de acero en las ventanas, cámaras de seguridad por todas partes, escáneres de cuerpo entero para los que ingresen, siete torres de vigilancia y un muro perimetral electrificado de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros, que será vigilado día y noche por unos 600 soldados y 250 policías.

La prisión ha sido presentada como la mayor de toda América, con una gran puesta en escena y como uno de los grandes retos conseguidos por el Gobierno salvadoreño. De esta manera, el presidente Bukele sigue con su particular guerra contra las maras, fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos, que acusan al Gobierno de utilizar la tortura, los arrestos arbitrarios y las desapariciones forzadas en la lucha contra estas organizaciones delictivas y que, de momento, ha dejado al menos 175 muertos en 11 meses.

Paralelamente, la Policía Nacional Civil ha publicado sus estadísticas, con las cuales ha cerrado el mes de enero de 2023 con una tasa anualizada inferior a 2 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que convertiría a El Salvador en el país con la tasa de homicidios más baja de todo el continente americano. En este contexto, no hay que olvidar que durante el estado de excepción, que hace prácticamente un año que empezó, han sido detenidos más de 60.000 presuntos miembros de maras.

Estas actuaciones gubernamentales y policiales han comportado fuertes protestas de organismos y colectivos defensores de los derechos humanos. Un informe presentado a finales de enero por Human Rights Watch explica que se han cometido abusos a gran escala, como masificaciones en las prisiones, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia policial.

Entre los 60.000 detenidos, hay centenares de menores de edad que han sido procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del proceso y menosprecian las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las maras.

Una de las voces críticas de esta ofensiva contra las maras, el rector jesuita de la Universidad Centroamericana, Andreu Oliva, considera que con la construcción de la nueva prisión el Gobierno no apuesta por la rehabilitación de los reclusos.

Pero el Gobierno de Nayib Bukele menosprecia a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y a los medios de comunicación, a quienes acusa de defender a los miembros de las maras.

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