Los embajadores de los estados miembros de la Unión Europea han confirmado el acuerdo alcanzado entre la presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo sobre el proyecto de reglamento y el proyecto de directiva en lo referente al acceso transfronterizo a la evidencia electrónica. Los textos acordados permitirán que las autoridades competentes puedan dirigir las órdenes judiciales de pruebas electrónicas directamente a los proveedores de servicios de otro estado miembro.

El acuerdo responde a una petición clave de las autoridades judiciales, ya que cada vez se planifican o cometen más delitos online y las autoridades necesitan las herramientas para procesarlos como lo hacen por delitos fuera de línea. Las nuevas normas permitirán que jueces y fiscales puedan actuar rápidamente, acceder a las pruebas que necesitan, independientemente de dónde se almacenan, antes de que desaparezcan.

El reglamento sobre las órdenes europeas de producción y conservación de pruebas electrónicas en procesos penales pretende introducir un mecanismo alternativo a las herramientas de cooperación internacional y asistencia judicial mutua existentes. Aborda específicamente los problemas derivados de la naturaleza volátil de la evidencia electrónica y el aspecto de la pérdida de ubicación mediante el establecimiento de nuevos procedimientos para un acceso transfronterizo rápido, eficiente y eficaz.

El reglamento crea órdenes europeas de producción y conservación que pueden ser emitidas por las autoridades judiciales a fin de obtener o conservar pruebas electrónicas independientemente de la ubicación de los datos. Estos comandos pueden cubrir cualquier categoría de datos, incluidos los datos de suscriptores, tráfico y contenido. Se ha establecido un umbral para los datos de tráfico (excepto los datos solicitados con el único fin de identificar al usuario) y para los datos de contenido. Solo pueden solicitarse por delitos castigados en el país emisor con una pena máxima de prisión de al menos tres años, o por delitos específicos relacionados con la ciberdelincuencia, la pornografía infantil, la falsificación de medios de pago no monetarios o el terrorismo.

Existe un plazo obligatorio de 10 días para responder a una orden de producción. En casos de urgencia debidamente establecidos, el plazo podrá reducirse a ocho horas. Los proveedores de servicios pueden enfrentarse a sanciones si no cumplen una orden. Pueden imponerse sanciones económicas de hasta un 2% de su volumen de negocios anual total a escala mundial del ejercicio anterior.

Salvo en los casos en que la autoridad emisora considere que el delito se ha cometido o probablemente se comete en el país emisor o cuya persona se piden los datos reside en su propio territorio, un sistema de notificación de datos de tráfico y para el contenido se crearán datos. Esta notificación tiene por objeto informar al estado de ejecución y darle la oportunidad de valorar y, en su caso, plantear uno o varios de los motivos de denegación previstos en la legislación, por ejemplo, que los datos solicitados están protegidos. El estado de ejecución dispondrá de 10 días o, en situaciones de emergencia, de 96 horas, para levantar los motivos de denegación. Si esto ocurre, el proveedor de servicios deberá detener la ejecución del pedido y no transferir los datos y la autoridad emisora retirará el pedido.

La directiva sobre designación de establecimientos y designación de representantes legales para la recogida de pruebas electrónicas en los procesos penales será un instrumento esencial para la aplicación del reglamento. Se establecen las normas aplicables al nombramiento de los representantes legales de los prestadores de servicios o a la designación de sus establecimientos designados que se encargan de recibir y dar respuesta a estas órdenes. Esto es necesario debido a la falta de un requisito legal general para que los proveedores de servicios no comunitarios estén presentes físicamente en la Unión. Además, los representantes legales o establecimientos designados en virtud de esta directiva también podrían participar en los procedimientos nacionales.

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