Es bien sabido por las fuerzas policiales que los servicios DDoS –denegación de servicio distribuida– han reducido considerablemente la barrera de entrada en el ciberdelito. Por una tarifa tan baja como unos 10 €, cualquier persona poco calificada puede lanzar ataques DDoS con el clic de un botón, dejando fuera de línea sitios web y redes enteras.

Los daños que se pueden infligir a las víctimas pueden ser considerables, llegando incluso a paralizar económicamente a las empresas y privando a las personas de servicios esenciales que ofrecen entidades diversas como bancos, fuerzas policiales o administraciones gubernamentales.

Envalentenados por un anonimato percibido, muchos jóvenes entusiastas de las tecnologías se implican en este crimen aparentemente de bajo nivel, sin conocer las consecuencias que pueden comportar estas actividades online. Por ejemplo, las fuerzas del orden actúan intensamente contra los servicios DDoS. Y, en este sentido, todos los niveles de usuario se sitúan en el radar de las fuerzas del orden, ya sea un jugador que arranca la competencia desde un videojuego como un pirata informático de alto nivel que realiza ataques DDoS contra objetivos comerciales para obtener ganancias financieras.

Los efectos que una investigación criminal puede tener en la vida de estos usuarios de DDoS pueden ser muy graves, atendiendo a las penas de prisión que se prevén en algunos países.

En esta línea, cuerpos policiales de Estados Unidos, Reino Unido, Polonia y Alemania desarrollaron una operación conocida como Power off contra este tipo de ataques cibernéticos que pueden llegar a paralizar internet.

Esta operación internacional destinada a combatir a los proveedores de servicios DDoS, diseñados para permitir a los usuarios lanzar una denegación de servicio distribuida paralela contra infraestructuras online críticas, ha permitido desactivar a una cincuentena de proveedores de los servicios informáticos ilegales más grandes del mundo. Uno de esos servicios neutralizado se había utilizado para cometer más de 30 millones de ataques.

En el marco de esta acción, hasta ahora se han detenido a siete administradores entre Estados Unidos y Reino Unido, con nuevas acciones previstas contra los usuarios de estos servicios ilegales.

La cooperación policial internacional fue fundamental para el éxito de esta operación, ya que los administradores, los usuarios, la infraestructura crítica y las víctimas estaban dispersos por todo el mundo. El Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol coordinó las actividades en Europa mediante su Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT).

Esta operación internacional sigue las ediciones anteriores de operaciones Power Off que se dirigía a los administradores y usuarios del mercado DDoS webstresser.org.

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