Desde hace casi cinco meses, el Gobierno de El Salvador, liderado por Nayib Bukele, practica grandes operaciones policiales y militares que han comportado la detención de unos 50.000 supuestos miembros de maras.

Esta es una cifra extraordinaria para un país que no llega a los 6,5 millones de habitantes, pero que no parece tan elevada si se compara con su tasa de violencia –unos cien asesinatos mensuales– y de delincuentes asociados a las maras. Se calcula que hay más de 100.000 miembros activos de las maras, de los cuales la mayoría pertenecen a la Mara Salvatrucha y en menor porcentaje, a Barrio 18. Estos serían los dos grandes grupos criminales nacidos en los años ochenta al calor de la guerra civil y del éxodo de miles de refugiados a los Estados Unidos.

Estas operaciones han comportado las reacciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y de organizaciones civiles. Consideran que el velo de oscuridad que cubre esta cruzada antiviolencia esconde detenciones arbitrarias, abusos de poder y la clara sospecha de que una parte de los encarcelados no ha cometido los delitos de los que se les acusa.

A principios de septiembre había más de 3.000 denuncias por torturas y detenciones indiscriminadas, así como 56 presos muertos sobre los cuales el Gobierno ha guardado total hermetismo. Incluso Amnistía Internacional considera que se han producido graves violaciones de los derechos humanos y que podría haber responsabilidad penal internacional.

Pero nada de eso parece preocupar al Gobierno de Nayib Bukele. La Asamblea Legislativa aprobó en marzo la aplicación del estado de excepción y la suspensión de garantías constitucionales durante un mes, pero ya lleva unos cuantos meses en vigor.

El Gobierno asume que en torno al 1% de las detenciones podrían ser equivocadas. Y no todo el mundo lleva tatuajes de las maras en la piel. A pesar de todo, el Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional denuncia también la existencia de cuotas impuestas por algunos mandos de las fuerzas de seguridad para poder conseguir días de fiesta o evitar broncas. Por ejemplo, si en una comisaría se exige detener a seis miembros de maras y tan solo han podido capturar a cuatro, les añaden dos detenidos más por otro delito, independientemente de que sea por una agresión o un hurto.

El estado de excepción se impuso a finales del mes de marzo, tras un fin de semana repleto de asesinatos: 87 en total. Según la policía, las víctimas fueron escogidas al azar por pistoleros o se cruzaron en el camino de sus revólveres y rifles semiautomáticos.

Bukele decidió cortar de raíz esta situación. El estado de excepción permite a la policía prolongar las detenciones más allá de las 72 horas, incluido situar a los detenidos en un limbo sin fecha de caducidad, controlar comunicaciones privadas y suspender el derecho a la asistencia letrada por parte del Estado. Además, El Salvador ha endurecido el código penal con la aprobación del Parlamento: un miembro de una mara mayor de edad puede enfrentarse a 45 años de prisión.

Hasta el mes de marzo, el país atravesaba un grave problema de masificación, con 36.000 presos en reclusión. Ahora esta cifra se ha duplicado. La congestión en las prisiones es asfixiante y la logística no se aguanta.

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