Una investigación encargada por la policía de Escocia considera que existe un apoyo público generalizado para que los agentes lleven cámaras corporales cuando son requeridos por todo tipo de incidentes, pero también advierte de los inconvenientes que deberían evitarse.

Un equipo del Centro de Investigación en Información, Vigilancia y Privacidad (CRISP) de la Universidad de Stirling ha elaborado un informe sobre el uso de videocámaras corporales (BWV), basado en una revisión de la literatura y entrevistas semiestructuradas con expertos en este tipo de cámaras.

Los investigadores enfatizaron que antes de introducir las BWV, la policía de Escocia debe asegurarse de que existan procesos de gobierno y control efectivos, especialmente respecto al manejo de los datos.

El profesor William Webster, de la Escuela de Gestión de la Universidad de Stirling, que dirigió el trabajo del informe, considera que las videocámaras corporales parecen un concepto sencillo, ya que se trata de una cámara que la policía lleva a todas partes, pero el cómo se utiliza influye en un conjunto complicado de relaciones, empezando por la relación entre el ciudadano y el estado. Es importante entender las consecuencias de este uso y cómo la tecnología modela el comportamiento, para estar seguros de que estas cámaras se utilizan en interés de la sociedad y no solo en interés de la policía.

Webster considera que a la policía le gusta utilizar las BWV porque le ofrece protección durante las intervenciones policiales, y más si estas comportan riesgo, ya que pueden ayudar, por ejemplo, a desescalar la violencia, a la vez que pueden recopilar pruebas en caso de juicio. Con todo, también ponen a la policía bajo vigilancia, ya que se han dado casos en otros cuerpos policiales de grabar a agentes del orden fumando mientras estaban de servicio o hablando por el móvil mientras conducían. Esto también debe tenerse en cuenta, dado que la confianza en las tecnologías y en la policía se puede perder fácilmente. Por lo tanto, habría que establecer protocolos y formación claros sobre el uso de las BWV.

La investigación también considera que tiene que estar claro quién gestiona las grabaciones, puesto que son datos sensibles de los ciudadanos. En esta línea, se pregunta si los oficiales deben descargar las grabaciones al final de los turnos, dónde se tienen que descargar y dónde se tienen que almacenar, quién puede acceder a ellas y qué circunstancias justifican mantener estas grabaciones.

Por lo tanto, se concluye que hace falta un mecanismo de supervisión donde se comprueben las grabaciones aleatoriamente, posiblemente con personas profanas, para controlar cómo se utilizan las BWV.

También destaca que es importante que organizaciones como la policía sigan consultando con la ciudadanía y los académicos la introducción de las nuevas tecnologías.

En esta línea, el superintendente jefe de la policía de Escocia, Matt Richards, se mostró favorable a la introducción de las BWV en el cuerpo policial de Escocia.

Desde instancias institucionales se considera que la introducción de las BWV requiere una importante inversión económica, pero tiene el potencial de mejorar el vínculo vital de confianza entre la policía y los ciudadanos, cosa que sustenta su legitimidad.

En lo que coinciden investigadores y policía es que el despliegue de las BWV debe ser ético y transparente y que debe recibir apoyo y orientación sobre consideraciones éticas, de derechos humanos y libertades civiles.

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