El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, impuso el estado de excepción en marzo de este año para combatir la violencia de las maras y lo amplió 30 días más en abril. La policía y el ejército han detenido a 20.421 presuntos miembros de maras en tan solo 33 días de estado de excepción y los tribunales han decretado prisión preventiva contra 9.672 imputados. El régimen de excepción permite retener a los detenidos hasta 15 días sin justificación, a diferencia de las 72 horas de límite en circunstancias normales.

El presidente salvadoreño, según informa el rotativo La Razon América, intenta poner fin a la ola de asesinatos de los últimos meses y al control que estas poderosas bandas criminales, como la Mara Salvatrucha o Barrio 18, ejercen en varias zonas de este pequeño país centroamericano de 6,4 millones de habitantes. Las 87 personas asesinadas durante el último fin de semana de marzo fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Bukele.

La policía y el ejército salvadoreños han pasado casi dos meses haciendo detenciones arbitrarias a “terroristas” sin orden judicial y basadas en sospechas como tener antecedentes penales o tatuajes de bandas como la Mara Salvatrucha, Barrio 18 o de marero. La escalada de homicidios de los últimos meses ha evidenciado una creciente inseguridad en el país.

Tras las jornadas más violentas en El Salvador desde el fin de la guerra civil hace 30 años (1979-1992), el Congreso salvadoreño dio luz verde a la suspensión del derecho de defensa, la libertad de asociación y la inviolabilidad de la correspondencia sin orden judicial. Los medios salvadoreños y los expertos en seguridad explican el drástico aumento de la violencia en el país por la ruptura de un pacto secreto entre el gobierno de Bukele y las maras salvadoreñas. Sin embargo, Bukele siempre ha negado este acuerdo.

El presidente salvadoreño es el mandatario con mayor apoyo popular de la región, con el 76% de aprobación según M&R Consultores, y ha justificado la aplicación del estado de excepción porque se calcula que existen unos 70.000 miembros de maras que delinquen y luchan por el control de las operaciones de extorsión y narcotráfico.

El Alto Comisionado de la ONU por los Derechos Humanos y Amnistía Internacional para las Américas han mostrado mucha preocupación por las detenciones masivas, especialmente en las zonas más controladas por las maras. Asimismo, han denunciado el trato cruel, inhumano y degradante a los sospechosos apilados en las precarias prisiones salvadoreñas.

Por su parte, Nayib Bukele ha rehusado las críticas de estas organizaciones internacionales por las presuntas violaciones de derechos humanos. Incluso ha llegado a declarar que, si tanto defienden a los miembros de las maras, que se los lleven a sus países. El mandatario trata de justificar la prohibición de grafitis o cualquier expresión visual que explícita o implícitamente transmitan mensajes sobre las maras que controlan varias zonas del país. El sindicato de policía ha denunciado que los jefes policiales exigen cuotas diarias de detenidos a sus agentes en la guerra contra las maras.

Amnistía Internacional ha rehusado una vez más las medidas impuestas por el gobierno salvadoreño que prohíben a los medios de comunicación la reproducción y transmisión a la población de mensajes o comunicados de las maras que puedan generar pánico a la población. Este hecho podría comportar el encarcelamiento de periodistas solo por informar de actividades relacionadas con estas bandas. Igualmente, Amnistía denuncia que los presos puedan estar recluidos sin alimentación ni aire suficientes y el hecho de que niños de entre 12 y 16 años puedan ser condenados a hasta 10 años de prisión sin derecho a defensa.

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