Nueva dura ofensiva del gobierno de El Salvador contra las maras

Tras meses de relativa calma y con niveles de violencia en la calle bastante reducidos, los asesinatos han aumentado nuevamente a niveles no vistos desde hace casi 30 años en el país centroamericano. Se podría decir que la frágil tregua de las maras ha llegado a su fin.

Como consecuencia de esta situación, la Asamblea legislativa aprobó hace unas semanas una polémica solicitud del Ejecutivo para combatir las maras orientada a reformar el código penal para endurecer las condenas contra los miembros de estas bandas.

Tal como informaba bbc.com en un artículo, la medida tiene lugar después de que el gobierno de Nayib Bukele pidiera a la Asamblea que se declarara el estado de excepción en el país, al haberse producido más de 80 asesinatos tan solo durante un fin de semana.

Las normas, que de momento se implementarán durante un mes, aunque se pueden ir prorrogando, incluyen la suspensión de la libertad de asociación, del derecho de defensa y de la inviolabilidad de la correspondencia. Actualmente, con la reciente reforma aprobada, los miembros de las maras podrán ser sancionados con penas de 20 a 40 años de prisión, mientras que los líderes de estos grupos podrán recibir entre 40 y 45 años de internamiento penitenciario.

En uno de los puntos más polémicos, la reforma del Código penal incluye también considerar como adultos –y juzgarlos como tales– a los miembros de estos grupos mayores de 12 años. Esta sería la primera vez que el gobierno aprueba una pena específica para aquellos a quien considere miembro de las maras. Antes, en El Salvador estos miembros eran considerados como “terroristas” y se les procesaba bajo esta figura, aunque fuera complicado comprobar su participación en estas agrupaciones, y las sentencias variaban entre los seis y los nueve años de prisión.

En esta línea, el gobierno ha reforzado la seguridad en las calles y ha solicitado al Congreso aprobar el estado de excepción. La medida, aprobada por la mayoría oficialista del Legislativo, limita la libertad de asociación, suspende el derecho a ser informado de las razones de la detención, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de la detención y permite a las autoridades intervenir los teléfonos móviles de aquellos que consideren sospechosos.

Según las últimas informaciones, las autoridades habían detenido a más de 3.000 presuntos miembros de maras. Paralelamente, el presidente Bukele anunció por Twitter que había ordenado limitar la alimentación y las salidas al patio de los miembros de maras encarcelados y que les habían retirado los colchones para dormir. Desde hace unos días, la comida es racionada y los 16.000 pandilleros encarcelados no han salido de sus celdas.

De entre las distintas reacciones que se han producido a raíz de los recientes acontecimientos, hay que destacar la del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la de Human Rights Watch o Amnistía Internacional, que mostraron su preocupación por la situación del país y confían que las medidas que se están tomando estén en línea con las leyes y estándares internacionales de los derechos humanos.

Hay que destacar que aproximadamente 70.000 miembros de maras operan en El Salvador y luchan por el control de las operaciones de extorsión y drogas en todo el país centroamericano.

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