El presidente colombiano, Ivan Duque, sancionó el pasado 25 de enero la Ley de seguridad ciudadana, una norma que fue presentada después de las protestas del año 2021 y que considera como un triunfo de la legalidad a pesar de haber sido motivo de controversia, por cuanto abre la puerta al uso de armas en defensa propia.

Esta es una de las principales críticas que recibe la ley, y es que abre la posibilidad al uso de armas siempre que sea en defensa propia contra una agresión injusta, sin que después exista ningún tipo de responsabilidad penal.

Según explica la web dw.com, en un acto que se desarrolló en la Casa de Nariño y en el que estuvieron presentes diferentes representantes de la Administración, el presidente sancionó tres leyes emblemáticas: un nuevo estatuto disciplinario de la Policía Nacional, un estatuto del patrullero y una Ley de seguridad nacional. El Gobierno colombiano considera que estas tres normas aportan principios como los derechos humanos, proteger la vida y defender los bienes de la ciudadanía.

En concreto, consideran que la Ley de seguridad ciudadana da tranquilidad a las personas, sobre todo a los campesinos y al empresariado, en tanto que evitará que nadie pueda sustraerles por la fuerza la propiedad, que solo podría ser reclamada por una autoridad competente. Al mismo tiempo, para el presidente se trata de una norma nueva, precisa y que cierra grietas en la criminalidad.

Ministros como los del Interior –Daniel Palacios– o de Justicia –Wilson Ruiz– consideran que las leyes son anheladas y esperadas, con garantía de derechos y libertades y destinadas a combatir la delincuencia y proteger a los ciudadanos.

A partir de ahora, los soldados y policías, según el Gobierno, tendrán una ley que los representa y con un régimen disciplinario que les permite estar protegidos, pero que les exige actuar con excelencia.

La Ley de seguridad ciudadana es calificada por la oposición como una iniciativa que criminaliza la protesta. Precisamente, esta ley fue presentada tras las manifestaciones que se produjeron en Colombia en el año 2021, que empezaron a causa de una propuesta de reforma tributaria y se extendieron cerca de dos meses, en los que hubo informes sobre graves violaciones de los derechos humanos, sobre todo de abuso de la fuerza policial, episodios de vandalismo y de civiles armados que disparaban contra manifestantes.

Una de las principales críticas a la ley es que prevé la legítima defensa privilegiada cuando la víctima se defiende contra quien entre de manera ilegal en su hogar o en su vehículo.

Además, modifica el Código penal para aumentar las penas para quien cometa delitos contra integrantes de las fuerzas de seguridad o personas defensoras de los derechos humanos, mientras que las penas para los que afecten a las infraestructuras destinadas a seguridad ciudadana, transporte masivo o instalaciones militares o de policía serán de 48 a 144 meses.

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