El reconocimiento y la respuesta de la policía a los abusos por motivos de honor, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina, si bien están cargados de buenas intenciones, normalmente no tienen el apoyo adecuado para las víctimas.

Así lo describe una investigación de Jennifer Holton, directora de Citizens in Policing, para la policía de Wiltshire (Inglaterra), basada en su propia experiencia y en la investigación sobre los problemas para subrayar los desafíos clave y las oportunidades de cambio.

La investigación se desarrolló a través de una revisión temática de las estadísticas e investigaciones nacionales, así como el compromiso de los profesionales de primera línea de la región suroeste de Inglaterra.

Holton rechaza que sobre la asistencia a cursos de capacitación o conferencias o leer investigaciones que descubren que se está trabajando mal, no se hable o no se busque cómo mejorarlo.

También documenta una serie de temas clave como, por ejemplo, el registro incorrecto de delitos. Los delitos como el acoso, la violación o la agresión a menudo se consideran de forma aislada, y el calificador de abuso basado en el honor no se registra ni se reconoce. Por lo tanto, es poco probable que se llegue a un consenso sobre este delito si ni siquiera es reconocido. Y sin estadísticas precisas es casi imposible conseguir mayor financiación y desarrollo en este ámbito.

En la investigación también se observa que casi la mitad de los participantes dijeron que su agencia tenía una persona designada para contactar para obtener ayuda relacionada con abusos basados en el honor, pero la gran mayoría añadió que no sabía quiénes eran esas personas o cómo contactar.

La disparidad en los informes se demuestra, además, en las estadísticas, sobre todo las referidas a la mutilación genital femenina. Según las estadísticas del National Health Service de 2018-2019, 6.415 mujeres fueron a un centro de atención médica porque tenían evidencia de algún caso, pero los enjuiciamientos exitosos de este tipo de delitos siguen siendo de una sola cifra.

En el año 2019 se remitieron 1.355 casos a la unidad de matrimonios forzados para su asesoramiento. El 64% de estos casos fueron denunciados por profesionales, el 18% por víctimas y el 18% por amigos y familiares de forma anónima.

La baja proporción de casos remitidos por las víctimas refuerza el importante papel que juegan los profesionales. Con todo, ya que muchos profesionales no confían en denunciarlo ellos mismos, el problema radica en el subregistro en múltiples fuentes.

Además, el hecho de que la mayoría de víctimas solo se lo desvelan a alguien en quien confían, normalmente un amigo próximo o un familiar, aumenta esta responsabilidad sobre los profesionales para detectar posibles señales o síntomas.

Esta es la única configuración garantizada que una persona joven vulnerable en riesgo de abusos por honor tiene para denunciar a alguien de manera segura e independiente. Aun así, Jennifer Holton subraya cómo es de incomprensible que se evite enseñar sobre este tema en el colegio, que es el lugar donde deberían promoverse debates sobre este tema.

A pesar de todo, también demuestra que ningún individuo u organización es responsable: no existe una agencia líder, nadie que asuma la responsabilidad y se asegure de que se toman las medidas. Entonces, en vez de que todo el mundo sea responsable, resulta que nadie lo es.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français