Según revela el rotativo salvadoreño El Faro, el fiscal Raúl Melara organizó un grupo para investigar la relación de diferentes funcionarios de los gobiernos actual y anteriores implicados en diálogos con las maras. En esta investigación se reunieron decenas de pruebas –audios, fotografías y testigos– que acabaron sin ver la luz por la destitución del fiscal Melara y su equipo.

El histórico descenso de homicidios violentos que vive El Salvador se debería a un pacto secreto entre el Gobierno de Nayib Bukele y las tres bandas que controlan el país: Mara Salvatrucha, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños. Las pruebas que atestiguan los contactos del mandatario con los líderes de las maras serían las mejoras en las condiciones de vida en las prisiones y beneficios para sus miembros en libertad.

La Fiscalía bautizó el caso como “La Catedral”. Intervino numerosos documentos oficiales de Centros Penales y registró varias prisiones, así como las oficinas centrales de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), donde descubrió que los líderes de las maras encarcelados en centros de máxima seguridad habían recibido visitas irregulares de funcionarios del Gobierno.

En estas visitas de funcionarios públicos, el director de Centros Penales, Osiris Luna, autorizaba a personas encapuchadas a entrar en las prisiones para reunirse con los líderes de las tres maras, saltándose todos los protocolos legales de ingreso, incluido el registro o incluso dejándoles entrar sin identificarse.

Los fiscales concluyeron que estos misteriosos encapuchados eran generalmente funcionarios de la actual Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, dirigida por Carlos Marroquín, y líderes de maras en libertad que entraban para recibir instrucciones y transmitir información a los líderes encarcelados.

Gracias a las investigaciones, se conoció el listado de peticiones que las bandas habían hecho al Gobierno para mantener vigente el acuerdo. Se trataría de una lista de 20 puntos, entre los que se incluye el fin de los operativos masivos del Ejército y la Policía contra ellos y de la persecución indiscriminada de los miembros de las maras solo por ir tatuados. También pedían financiación para microempresas y trabajo para sus miembros, visitas de los familiares a las prisiones y modificaciones en el régimen de máxima seguridad, entre otros.

Desde la llegada al poder, el presidente Nayib Bukele ha presumido de una reducción de la violencia a niveles nunca vistos en años recientes. Las autoridades informaron de cero homicidios el 8 de agosto pasado y el Gobierno atribuyó el éxito a su plan de control territorial. Hace solamente seis años, el país centroamericano registró 147 homicidios en los cinco primeros días de agosto, con cinco policías entre las víctimas. Este año, en el mismo periodo ha habido cinco homicidios.

La Mara Salvatrucha y Barrio 18, con sus dos facciones, Los Sureños y Los Revolucionarios, son los grandes grupos criminales de El Salvador. Las autoridades estiman que hay unos 60.000 miembros activos de maras que operan en el 94% de los municipios del país, de los que 18.000 están encarcelados.

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