El Consejo Europeo ha adoptado los dos programas que constituyen el fondo de justicia, derechos y valores de la Unión Europea como parte del marco financiero de la UE para el periodo 2021-2027.

Los programas tienen que ayudar a promover, fortalecer y proteger aún más la justicia, los derechos y los valores de la UE. Tienen que apoyar el desarrollo de un espacio europeo de justicia basado en el estado de derecho, el reconocimiento mutuo y la confianza mutua.

Según la presidencia portuguesa de turno de la UE, la pandemia de COVID-19 ha golpeado de muchas maneras, desde la salud hasta el tejido económico y social, y los esfuerzos de recuperación deben construir la Europa que se tiene que vivir durante las próximas décadas.

Es de máxima importancia asegurar que se fortalecen estas sociedades democráticas y abiertas, se construye un futuro basado en los valores comunes y se promueve el derecho a la justicia de los ciudadanos desarrollando todavía más un área de justicia moderna y que funciona bien. La financiación de estos programas será clave para ayudar a conseguirlo.

El programa de derechos y valores, con un presupuesto global máximo de 1.550 millones (un presupuesto de 641,7 millones de euros, con una asignación adicional de 912 millones de euros como máximo), establece cuatro objetivos específicos:

– Proteger y promover los valores de la Unión Europea.

– Promover la igualdad y los derechos, incluidos la igualdad de género, la lucha contra la discriminación y los derechos de los niños.

– Promover el compromiso y la participación de los ciudadanos en la vida democrática de la Unión Europea y sensibilizar a la historia común europea.

– Luchar contra la violencia, sobre todo contra niños y mujeres.

El programa de justicia, con un presupuesto de 305 millones de euros, establece los siguientes objetivos específicos:

– Facilitar y apoyar la cooperación judicial en materia civil y penal y promover la independencia y la imparcialidad del poder judicial del Estado de derecho.

– Dar apoyo a la formación judicial y promoverla, con el objetivo de fomentar una cultura jurídica, judicial y del Estado de derecho común.

– Facilitar el acceso efectivo y no discriminatorio a la justicia para todo el mundo, incluidos los medios electrónicos, y dar apoyo a los derechos de las víctimas de delitos, así como a los derechos procesales de los sospechosos y de las personas acusadas.

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