Las cifras son escalofriantes, y las imágenes de violencia dentro de las prisiones que ha estallado a finales de febrero en varias prisiones de Ecuador, todavía más.

Al menos 79 internos murieron en los enfrentamientos entre miembros de bandas rivales amotinadas en centros penitenciarios de Cuenca, Guayaquil y Latacunga. Y, lo que es más grave, destaca la extrema crudeza y violencia de sus integrantes, lo que se hizo evidente en las imágenes de cuerpos decapitados y desmembrados que circularon por las redes sociales.

El país sudamericano no es ajeno a la violencia en sus prisiones. Para contenerla, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, ordenó el estado de excepción en las prisiones del país dos veces en los últimos dos años. Sin embargo, ¿qué pasó ahora para que Ecuador viviera la peor masacre carcelaria de su historia?

Por una parte, el aumento del narcotráfico en el país. Más de un tercio de la droga producida en Colombia pasa por Ecuador en dirección a Europa y los Estados Unidos. Lo que se disputan las bandas ecuatorianas no es cualquier cosa, ya que en los últimos años Ecuador se ha convertido en la autopista de la cocaína hacia en los EE.UU. y Europa. Eso pasa como resultado de un cambio de estrategia de los narcotraficantes colombianos, que hace que más de un tercio de la creciente producción de cocaína en Colombia llegue actualmente Ecuador.

Por otra parte, la austeridad. El aumento del narcotráfico se ha traducido en un aumento de la población carcelaria de Ecuador, lo que no se ha correspondido en una mejora de las capacidades de supervisión y vigilancia. Es más, como parte de los planes de austeridad acordados con el Fondo Monetario Internacional, estos sectores también se han visto afectados por los recortes que, en su momento, generaron una oleada de protestas.

El gobierno ha tenido que recurrir al ejército para hacer frente a la violencia en las prisiones. Una de las consecuencias de la falta de recursos es que el déficit de personal encargado de garantizar la seguridad de las prisiones es del 70%. Con estos números, un vigilante penitenciario tiene que cuidar de una media de casi 27 reclusos, mientras que el estándar internacional recomienda una proporción de un vigilante por cada nueve internos. Eso puede ayudar a explicar la relativa impunidad con que los narcotraficantes operan desde las prisiones, así como la abundancia de armas que existe dentro de los centros penitenciarios.

Finalmente, el hacinamiento, que sigue dificultando una gestión adecuada de las prisiones ecuatorianas. Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la capacidad de las prisiones en Ecuador es de 28.500 personas. Pero en el mes de mayo de 2019, cuando el estado decretó el primer estado de excepción, la cifra de internos era de 41.836: por lo tanto, un hacinamiento del 42%.

Como explica el Insight Crime, la superpoblación de las prisiones es un fenómeno regional que comporta problemas de derechos humanos y falta de control sobre los sistemas penitenciarios. Y el hecho de haberse visto obligados a internar a miembros de bandas rivales en los mismos centros también contribuyó a los sangrantes enfrentamientos en las prisiones.

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