La nueva ley de seguridad global de Francia, debatida ya en la Asamblea Nacional, ha hecho reaccionar a las organizaciones de defensa por los derechos y libertades fundamentales, partidos, sindicados y también a los medios de comunicación. La consideran una grave amenaza para la libertad de expresión y de información y exigen, en particular, la retirada del polémico artículo 24.

Tras cinco horas de un tenso debate, con momentos intensos entre algunos diputados y el ministro del Interior, Gérald Damanin, la Asamblea Nacional aprobó la controvertida normativa por 146 votos a favor y 24 en contra.

Esta disposición tiene carácter discrecional y subjetiva, y posibilita a la policía a detener a cualquier persona que los grabe simplemente diciendo que se sienten incómodos al ser grabados. De este modo, según los detractores, se debilita la libertad de prensa y cualquier intento de responsabilizar a las fuerzas de seguridad por los excesos en su operativa.

El artículo 24 de la ley, impulsada por el Gobierno francés, prevé un año de prisión y 45.000 euros de sanción para quién difunda, “con el objetivo de atentar contra su integridad física o psíquica”, imágenes del rostro de un miembro de las fuerzas de seguridad.

El polémico artículo responde a una preocupación justificada de los agentes del orden franceses, sometidos desde hace años a una gran tensión para luchar contra el terrorismo y por las revueltas sociales que frecuentemente han supuesto el ensañamiento contra los funcionarios policiales, incluida la policía municipal, así como en campañas de odio en las redes sociales.

También hay otro artículo polémico, el que autoriza a las fuerzas de seguridad a llevar su arma reglamentaria, incluso cuando no están de servicio, si se encuentran en un edificio público. Un cambio que responde a atentados como los de la sala Bataclan de noviembre de 2015, en que murieron 90 personas, incluidos tres policías fuera de servicio que no pudieron intervenir.

Ha habido numerosas manifestaciones de protesta por la aprobación de esta ley, a las que han dado su apoyo algunas fuerzas y sindicatos de izquierda y colectivos de extrema izquierda con lemas como: “Bajen las armas, nosotros bajaremos los teléfonos”, “Orwell tenía razón”, “Una cámara nunca ha matado a nadie” o “Seguridad global, impunidad total”.

En la polémica también ha intervenido Claire Hédon, Defensora de los Derechos en Francia, que ha tildado el artículo 24 como una “vulneración de la libertad de expresión que ni es necesaria, ni adaptada ni proporcionada, y que al mismo tiempo será un obstáculo para el control de las fuerzas de seguridad”.

Hédon considera que el texto tiene tres problemas básicos. El primero, que no hacen falta leyes nuevas, porque las actuales ya protegen a policías y gendarmes; el segundo es la ambigüedad del redactado y el tercero que la interpretación restrictiva podría llevar a los periodistas a autocensurarse. Y ha añadido que cualquier limitación de la libertad de información requiere el máximo rigor y no debe hacerse por motivos coyunturales.

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