El Comité Ejecutivo del Parlamento Mundial de Alcaldes (GPM) entrega una resolución internacional al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con el fin de acelerar los esfuerzos por reducir a la mitad la violencia en el año 2030. El GPM, junto con Peace in Our Cities, lanzó esta resolución en junio de 2020. Ha sido firmada por más de 60 ciudades, junto con redes de ciudades que representan más de 1.500 ciudades y áreas metropolitanas.

El alcalde de GPM, Marvin Rees, entregó la resolución el Día Internacional de la Paz de las Naciones Unidas,“Peace One Day”, en una reunión de defensores mundiales de los derechos humanos destinada a fomentar la paz y la reducción de la violencia. GPM y Peace in Our Cities trabajan con Pathfinders, una coalición de 36 gobiernos nacionales y 100 socios no gubernamentales, para acelerar la acción y la inversión en la paz, la justicia y la inclusión en todo el mundo.

El desafío global de la violencia exige ​​una respuesta global. Aunque los gobiernos son clave para prevenir conflictos, combatir la delincuencia y reducir la violencia doméstica, las ciudades son todavía más protagonistas a la hora de prevenir y reducir la violencia.

Con respecto a la resolución, es la primera vez que ciudades de todo el mundo se unen para formar una posición común sobre prevención y reducción de la violencia. Junto a GPM y Peace in Our Cities se encuentra el Foro Europeo para la Seguridad Urbana (EFUS), el Foro Africano para la Seguridad Urbana (AFUS), el Mayors Migration Council (MMC), Strong Cities Network (SCN) y la Conferencia de Alcaldes de los EE. UU. (USCM).

La pandemia originada por el COVID-19 está provocando devastadoras consecuencias sociales, económicas y políticas en todo el mundo. También aumenta el riesgo de violencia organizada e interpersonal en entornos de renta alta, media y baja. Las mujeres y los niños, en particular, experimentan un mayor riesgo de violencia, especialmente en casa y en el mundo virtual, igual que los más vulnerables, incluidas las personas desplazadas y las que viven en zonas afectadas por conflictos. La amenaza de violencia criminal también aumenta, así como el espectro de disturbios sociales y políticos. Estos retos se enfrentan de manera más aguda en las ciudades.

La resolución compromete a los líderes de las ciudades a reducir significativamente todas las formas de violencia letal en ellas, invertir en soluciones basadas en evidencias, trabajar en asociaciones con organizaciones nacionales e internacionales, centrarse en las comunidades más vulnerables, empoderar a los supervivientes y los jóvenes, romper los ciclos de violencia intergeneracionales y combatir el extremismo digital.

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