Países como El Salvador, Honduras y Guatemala enfrentan desafíos constantes para abordar la inseguridad, la impunidad y la corrupción. Los gestores de políticas públicas necesitan respuestas para determinar la forma más estratégica para mejorar la gobernanza de la región.

Como explica WOLA, desde el Monitor Centroamericano se practica la recopilación y análisis de una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos en ocho áreas fundamentales relacionadas con la seguridad ciudadana, la justicia y los derechos humanos.

Desde el Monitor se ofrecen infografías e informes que examinan las medidas que cada país está implementando para fortalecer el estado de derecho y la seguridad ciudadana.

Los datos recopilados y analizados han mostrado tendencias y áreas de preocupación en la región, entre las cuales podemos mencionar las siguientes:

• En toda la región se consiguieron importantes avances en la lucha contra la corrupción. A pesar de todo, persisten los problemas para actualizar o reformar la legislación vigente e incluso, en determinados casos, se aprobaron leyes regresivas. La capacidad de los tres países para impedir que la corrupción persista es un asunto especialmente urgente pero complicado en medio de la pandemia del COVID-19.

• Aunque existen leyes y mecanismos de transparencia, hay sinergias que impiden que funcionarios e instituciones públicas publiquen la información pública de forma diligente. Por ejemplo, algunas de las instituciones examinadas, concretamente los ministerios encargados de la defensa y la seguridad pública, se quedan cortos en cuanto a poner a disposición del público información importante sobre su funcionamiento. En Honduras, por ejemplo, el órgano encargado de examinar las declaraciones financieras de los funcionarios públicos no tiene forma de determinar  de manera proactiva que la información sea veraz y exacta.

• Persiste un alto nivel de impunidad por los delitos relacionados con violaciones de derechos humanos, asesinatos y amenazas contra defensores de derechos humanos, aunque Honduras y Guatemala han adoptado medidas que, en principio, están dirigidas a crear un entorno más proclive para el ejercicio de la protección de los derechos humanos. Hay que destacar como tendencia preocupante el abuso del derecho penal para tratar de impedir o detener la tarea de los defensores de los derechos humanos. En Honduras, entre 2014 y 2017, 141 defensores de los derechos humanos fueron asesinados.

• Se han aprobado leyes especializadas para ayudar a prevenir, detectar y combatir la violencia y la delincuencia organizada. Si bien las tasas generales de homicidio disminuyeron, la violencia y la inseguridad siguen a la cabeza de las principales preocupaciones de la población. En El Salvador, nueve de cada diez casos de secuestro asumidos por el Ministerio Público fueron archivados y ocho de cada diez en el caso de los homicidios.

• Los sistemas de justicia de toda la región no cuentan con los recursos humanos necesarios y tienen que hacer frente a amenazas que comprometen su independencia. Estas cuestiones comprometen la capacidad de los sistemas de justicia para investigar y enjuiciar los delitos de manera eficiente. Por ejemplo, en el año 2014 en Guatemala tan solo un 2% de las denuncias presentadas al Ministerio Público acabaron en condena.

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