Encuestas recientes en el ámbito de la percepción de seguridad ciudadana realizadas por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) señalan que la percepción de la ciudadanía peruana sobre la seguridad no ha cambiado entre los años 2015 y 2019.
A pesar de los resultados de estas encuestas, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestran datos absolutamente distintos. Las encuestas muestran que las personas que fueron víctimas de un delito pasaron del 36% en 2013 al 27,5% en 2018.
Pese a estos datos que pueden parecer contradictorios, la ciudadanía expresa que sigue teniendo miedo. El mismo INEI ha publicado los últimos datos de septiembre 2018-febrero 2019 donde queda patente que el 86,6% cree que será víctima de algún hecho criminal. Y esta cifra se acentúa hasta el 89% en la franja de edad de los 30 a los 44 años.
Si se estudia la percepción de seguridad por territorios, existen varias regiones con un porcentaje superior al 90% donde la población se siente atemorizada por la posibilidad de ser víctima de un crimen. Por ejemplo, Arequipa con un 93,2%, la provincia de Lima con un 92% o Huancavelica con un 91,3%.
Es necesario llevar a cabo estudios serios y en profundidad sobre las causas y percepciones de la sensación de falta de seguridad ciudadana. Y esto es lo que expresa la socióloga Lucía Dammert en un estudio sobre la percepción de seguridad en el Perú.
Dammert considera que los cambios constantes de ministros y de sus equipos, así como la rotación de liderazgos en el seno de la Policía Nacional del Perú dificultan la identificación de estrategias políticas. Es difícil tener en cuenta las distintas iniciativas y prioridades por los constantes cambios.
Por otra parte, la cobertura policial es insuficiente y la ciudadanía se siente desprotegida. La justicia tampoco funciona y los niveles de impunidad son elevados. El sistema penitenciario ni castiga ni rehabilita. De esta manera, se actúa policialmente con dureza, lo que no la convierte en una política efectiva.
Cabe destacar que, a pesar de los elevados niveles de violencia en los hogares, especialmente contra las mujeres, la ciudadanía identifica la calle como el lugar donde siente miedo. En consecuencia, la ciudadanía opta por encerrarse en casa y limitar su vida en la calle. Esta realidad se convierte en un problema para la convivencia democrática.
Así mismo, la corrupción es omnipresente en las instituciones. Estas deberían construir su legitimidad basándose en acciones efectivas y justas. Si no, se genera una sensación general de desprotección.
Finalmente, el Perú es el vértice de las principales rutas del crimen organizado y ve cómo se desarrollan los mercados ilegales como la minería, la tala, la prostitución, etc. y no adopta unas mínimas políticas públicas para hacerle frente.
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