Referirse al sistema penitenciario argentino es centrarse en un universo muy complejo, pero las últimas estadísticas oficiales de enero de 2019 ofrecen unas cifras muy duras: 103.000 reclusos en 308 centros penitenciarios.

La masificación es la característica principal y la máxima preocupación de los centros penitenciarios argentinos. La línea creciente se marca sobre todo desde 2007 y supera la tasa delictiva. Actualmente, la tasa delictiva es una tercera parte de la tasa de encarcelamiento.

El crecimiento de la población penitenciaria se debe a múltiples factores: endurecimiento de la ley penal, discursos oficiales en clave represiva, reclamaciones de carácter social, influencia de los medios de comunicación, etc.

Aparte, casi la mitad de los 103.000 presos se encuentra bajo el régimen de prisión preventiva, sin que se haya hecho un juicio que determine su culpabilidad. Otro aspecto determinante sería el encarcelamiento indiscriminado que cotidianamente decretan los jueces y la falta de liberación de las personas que se encontrarían en condiciones de estar en un régimen distinto al régimen penitenciario.

La superpoblación en las cárceles se traduce en hacinamiento, episodios de violencia entre internos, y entre estos y los funcionarios penitenciarios, deterioro de las instalaciones por su uso intensivo e incremento de la dificultad de acceso a los derechos básicos y esenciales –alimentación, salud, educación, etc. Es evidente, a mayor cantidad de internos más dificultoso resulta acceder a los escasos recursos del sistema.

Ahora bien, también hay señales relevantes de algún cambio en el horizonte. Habría que mencionar en primer término la apertura y la transparencia. Hace 20 años las cárceles eran edificaciones totalmente opacas. Hoy en día son espacios constantemente transitados por personas del mundo libre y organizaciones de todo tipo que entran en los establecimientos para ofrecer múltiples propuestas: culturales, educativas, laborales, religiosas, deportivas, etc. Lo bueno y lo malo trasciende inmediatamente a la opinión pública.

Lentamente van apareciendo, en cuanto al ámbito laboral, algunas experiencias autogestionarias, en que las personas privadas de libertad se organizan para comercializar sus productos en el ámbito libre.

Pero estas tímidas iniciativas no pueden transmitir una visión ingenua de la realidad penitenciaria argentina ya que es muy difícil acceder a estos derechos en el contexto del encierro. Y sin embargo también es difícil la situación en libertad.

También habría que mencionar el rol de los funcionarios de prisiones. Se procede de una tradición y una historia muy triste de abusos y violencia. Actualmente se está ante un recambio generacional de funcionarios y una progresiva incorporación de la mujer en un ámbito históricamente masculinizado.

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