El denominado “Plan de Control Territorial” es, según el gobierno salvadoreño, el responsable de un gran cambio: el país era uno de los más violentos del mundo, pero el mes de enero de 2020 ha sido el mes con menos homicidios desde la Guerra Civil.

El presidente del país, Nayib Bukele, confía en que su plan acabará recibiendo la luz verde económica como único modo de garantizar que los asesinatos sigan disminuyendo. A pesar de ello, muchos analistas descartan que esta reducción histórica de la violencia se deba a una estrategia de seguridad que, en opinión suya, no aportaría nada de nuevo a aquello que habían hecho gobiernos anteriores.

Con todo, las cifras oficiales son claras y apuntan a un descenso notable en el número de homicidios en el El Salvador, donde la tasa por cada 100.000 habitantes pasó de 51 en 2018 a 35,8 en 2019. Y la curva descendente se acentúa desde que el presidente Bukele asumió la presidencia en junio de 2019 y anunció su plan de seguridad. Desde julio, la cifra mensual de homicidios ha estado siempre por debajo de las 200 víctimas. El récord a la baja llegó este mes de enero con 119 homicidios y una media diaria de 3,8 –un 60% menos que en enero de 2018.

Varios analistas vinculan la disminución de la violencia a factores ajenos a la política del Gobierno. Consideran más plausible un posible plan de las bandas para dejar de cometer asesinatos con el objetivo de evitar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, con el fin de mantener su control de territorios y seguir dedicándose a la extorsión. Otros estudiosos consideran el descenso de los homicidios como un espejismo, fruto de un gesto de buena voluntad de las bandas hacia el nuevo ejecutivo. De este modo, el día que las bandas quieran enviar un mensaje contrario al presidente Bukele, las cifras subirán para provocar o pedir alguna concesión, como ya ha sucedido en el pasado.

El “Plan de Control Territorial” es una iniciativa dividida en siete fases, dos de las cuales ya han sido implantadas. La fase 1 supuso la salida a las calles de centenares de policías y militares. La previsión de la fase 2 incluye la reconstrucción del tejido social y la capacitación de jóvenes. La fase 3 se encuentra a la espera de la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares americanos del Banco Centroamericano de Integración Económica, con que pretende mejorar el equipamiento de las fuerzas de seguridad. Las fases 4 a 7 todavía no se han hecho públicas.

El Gobierno considera clave que las fuerzas de seguridad desplegadas permanezcan en las zonas más conflictivas de forma continuada. Antes tenían una presencia de como mucho 72 horas, y, una vez se retiraban, las estructuras criminales volvían a operar.

También hay que tener en cuenta el gran desafío para la estrategia que representa su sostenibilidad financiera. Se apuesta también por la participación ciudadana para conseguir que los últimos indicadores se mantengan.

Y es que el combate y la represión de las fuerzas de seguridad tienen un límite, y si la sociedad no se involucra y participa de un modo activo, los resultados difícilmente serán sostenibles en el tiempo. Algunos analistas se inclinan para potenciar los proyectos de reforma social y de fomento del empleo, que consideran que ayudarían a reducir las tasas de homicidios, y no sólo la persecución criminal.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français