El aumento de los homicidios, que ha llegado a quintuplicar sus cifras, se ha dado en diferentes ciudades del norte de Brasil, y coincide con una huelga de policías y bomberos que protestan por una mejora de los salarios después de seis años de congelación de las nóminas.

El gobierno federal ha enviado a más de 2.500 efectivos de tropas de refuerzo y cientos de policías han sido despedidos por haber participado en las manifestaciones en las que reclamaban una mejora de las condiciones económicas.

Cientos de policías encapuchados tensaron la seguridad del noreste de Brasil en las festividades del Carnaval, que se tuvieron que suspender. Los uniformados intentan que sus colegas no salgan a patrullar las calles y les restringen los movimientos poniendo trampas a los neumáticos para pincharles las ruedas.

La disminución de efectivos policiales ha ido paralela a un aumento de los homicidios, sobre todo en el estado de Ceará. Aunque la media de asesinatos ya era bastante alta, con seis personas muertas violentamente al día desde que empezó el año 2020, la cifra oficial se ha quintuplicado, con 150 homicidios la última semana, según la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social.

La tensión en las calles ha llegado al punto de que un senador contrario a las protestas de la policía, Cid Gomes, del movimiento de izquierdas Partido Democrático Laborista, fue herido por arma de fuego cuando, con una retroexcavadora, intentó entrar por la fuerza en una comisaría de policía ocupada por los huelguistas en la ciudad de Sobral.

La respuesta del gobierno federal, a cargo del presidente Jair Bolsonaro, ha sido enviar 2.500 militares a Ceará para recuperar las calles. Además, las autoridades han despedido a más de 200 uniformados y han detenido a unos 40 efectivos con cargos de deserción.

El inicio de las protestas proviene del mes de diciembre de 2019. Policías y bomberos del estado de Ceará protestaron ante la asamblea legislativa de la capital, Fortaleza, para pedir un aumento de sueldo. Su falta de conformidad radica en el hecho de que no han recibido ningún aumento en los últimos seis años, por lo que han dejado de percibir cerca de un 27% más de ingresos.

La Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social de Ceará había explicado que invertiría unos 600 millones de reales –más de 136 millones de dólares– en seguridad entre 2015 y 2018, pero no se invirtieron en lo que reclamaban los policías, sino en contratar a 10.000 uniformados nuevos y a formar 15.000 militares.

A principios de febrero, el gobierno de Ceará se comprometió a incrementar progresivamente los ingresos de los policías y bomberos, y a subir los 3.200 reales que ganan actualmente a 4.500. En dólares americanos, pasarían de ganar unos 750 a 1.025. Pero el aumento salarial se iría aplicando de forma gradual hasta 2022.

Policías y bomberos estuvieron en desacuerdo con estas gestiones y convocaron manifestaciones en las calles para expresar su descontento. Pero como la constitución brasileña prohíbe que las fuerzas del orden participen en huelgas, la justicia declaró ilegales estas protestas.

Esta decisión generó el efecto contrario al esperado y los uniformados iniciaron un paro total de sus actividades. La huelga no se ha detenido desde entonces, a pesar de los brotes de violencia y las presiones políticas y judiciales en su contra.

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français