El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el inicio de la aplicación de estrategias concretas con las que pretende reducir la violencia al país, que continúa entre los que registran mayores tasas de homicidios del mundo, 50,3 por cada 100.000 habitantes el año 2018.

Aunque desde el gobierno se criticaban anteriores políticas gubernamentales de “mano dura” contra las bandas, se explicó que se apostaba por nuevos paradigmas en el combate del crimen, al considerarlo un problema social surgido de la falta de oportunidades y la pobreza. Ahora bien, hasta la fecha no se ha hablado de prevención ni de políticas de reinserción, sino de atacar a las bandas en los dos escenarios considerados clave por el gobierno actual: las prisiones y los centros de las grandes ciudades.

Lo primero que se quiere llevar a cabo es atacar las finanzas de las bandas. El gobierno quiere evitar que las bandas tengan ingresos y, por eso, quiere evitar su financiación. Y es que se considera que es gracias a la práctica de extorsiones que las bandas financian casi un 80% de sus operaciones. Paralelamente, se quiere evitar el blanqueo del dinero con las empresas que les facilitan las operaciones.

Una segunda iniciativa sería la de recuperar los centros de las grandes ciudades, que se consideran el lugar donde las bandas tendrían la mayoría de negocios relacionados con la extorsión. Fuentes gubernamentales consideran erróneas iniciativas anteriores que ponían el foco de atención en las pequeñas comunidades rurales.

Para recuperar estos centros históricos, se pretende desplegar cámaras de seguridad, así como desplegar más presencia de las fuerzas del orden, que serían destinatarias de la inversión de 15 millones de dólares USA para la mejora de las condiciones laborales.

La tercera iniciativa en la lucha contra las bandas sería la de cortar las comunicaciones en las prisiones, ya que se considera que el 80% de las órdenes de homicidios y extorsiones sale de las mismas prisiones. De este modo, se perseguiría decapitar las comunicaciones desde estos centros. Para hacerlo, también se quiere contar con la renovación del personal penitenciario, para evitar sobornos o extorsiones en el seno de las prisiones.

El plan de seguridad que ponga en marcha el gobierno salvadoreño no refleja ninguna vía de diálogo con las bandas. Es más, se subrayó que un gobierno no tiene que dialogar con “grupos criminales”.

Hay expertos en el tema que aseguran que las políticas exclusivas de “mano dura” no funcionan sin un plan que busque las raíces socioeconómicas de la violencia en el país, ya que no sirve de nada encarcelar a miles de integrantes de bandas porque estas ya son parte del tejido social de El Salvador.

Pero políticamente se considera que la criminalidad es lo que más preocupa a la población, y se quiere exteriorizar un mensaje de implacabilidad, que es lo que querrían los salvadoreños. Sin embargo, hay analistas políticos que abonan el terreno a una doble estrategia: empezar el mandato gubernamental con una política visible más dura frente al crimen, esperar la reacción de las bandas y poder promover después algún tipo de propuesta alternativa.

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