El Gobierno de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) acordaron desarrollar una estrategia penitenciaria para fortalecer las capacidades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) de Honduras.
La estrategia será por un periodo de 9 meses y tendrá que incorporar un enfoque de derechos humanos en la atención que ejerce al lNP.
El convenio consiste en la reestructuración con políticas integradoras del sistema penitenciario, con las que se contribuirá a la reinserción social de las personas privadas de libertad en Honduras.
Desde la OEA se considera que, si se aspira a construir sociedades libres de violencia y de crimen organizado, hacen falta centros de privación de libertad que eduquen y ofrezcan la oportunidad de rehabilitar y reintegrar a las personas que cometieron delitos.
Gran parte de la población encarcelada en algún momento recuperará la libertad, y es necesario que esté preparada para reinsertarse en la sociedad.
La estrategia en que trabajarán la OEA y Honduras –por un periodo de 9 meses– tendrá que incorporar un enfoque de derechos humanos en la atención brindada por el sistema en la custodia de personas privadas de libertad.
La OEA informó de que los ejes de acción del acuerdo son los siguientes:
– La mejora de la administración y gestión de la infraestructura del sistema penitenciario
– Seguridad, control y vida dentro de la prisión
– Rehabilitación y reinserción integral
– Asistencia post penitenciaria
– Transparencia y rendición de cuentas
El acuerdo se firmó en el marco de la IV Reunión de Autoridades Responsables de Políticas Penitenciarias y Carcelarias de las Américas.
Hay que recordar que, según las cifras oficiales de Honduras, durante el año 2019 se produjeron 3.996 homicidios, un 7,1% más que en el 2018, en que se contabilizaron 3.732 crímenes.
El informe señala, además, que el 80% de las víctimas de homicidio en el país son personas económicamente activas de entre 18 y 50 años, y cerca del 6,5% son menores de 18 años.
La violencia causada por el crimen organizado y el narcotráfico es uno de los principales problemas del país, uno de los utilizados por el paso de la droga que llega de Sudamérica con destino a los Estados Unidos.
El Gobierno responsabiliza a las bandas mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 de la mayoría de homicidios registrados por la disputa de territorios por el narcotráfico y el cobro de extorsiones.
Con respecto a los feminicidios, el crimen organizado es responsable del 70% de las muertes violentas de mujeres en Honduras, donde 271 han sido asesinadas el año 2019 y más del 90% de casos han quedado impunes. El 30% de muertes de mujeres restante es causado por parejas o exparejas. Se trata, pues, de un país de 9,2 millones de habitantes, donde cada 18 horas se produce el asesinato de una mujer.
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