Colombia, país con un alto índice de criminalidad que cerró el año 2019 con más de 11.000 homicidios – según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal –  y 158.000 hurtos entre julio y diciembre – según datos de la Policía Nacional –, necesita mucho de la seguridad privada para proteger personas, lugares concurridos, empresas, etc.

En Colombia, según consta en las cifras de la Superintendencia de Vigilancia Privada, existen 856 compañías de seguridad privada. Las compañías que componen esta industria mueven un negocio de más de 6,7 billones de dólares y dan trabajo a más de 28.000 escoltas y 297.000 vigilantes, que se encargan de velar por la seguridad de los lugares o personas asignados.

Las cifras que mueve este negocio suponen el 1,6% de aportación al PIB colombiano. Y es que genera 240.000 puestos de trabajo directos y 216.000 de indirectos.

Con respecto al personal operativo, se divide en escoltas – con 28.658 efectivos autorizados, de los cuales 28.190 son hombres y 468 mujeres -, vigilantes – con 297.133 autorizados, de los cuales 261.046 son hombres y 36.087 mujeres – y, finalmente, 4.456 guardas caninos  -4.221 hombres y 235 mujeres – .

Con respecto al parque móvil, el año 2019 cerró con 1.796 vehículos de seguridad privada autorizados. Estos vehículos, con el fin de obtener los niveles de blindaje que una empresa requiere para su actividad, tienen que obtener un permiso por parte de la entidad, que tiene varios requisitos. Entre ellos, demostrar que la vida de las personas que utilizan el vehículo está en riesgo.

El blindaje para los vehículos se divide en varias categorías, según la normativa internacional de balística para coches blindados. Los niveles 1, 2 y 3 están diseñados para proteger vehículos de ataques efectuados con armas cortas, que, según la Policía Nacional, son la que utiliza la delincuencia común.

Este crecimiento del sector privado estaría motivado, según algunos expertos en temas de seguridad, por la debilidad del estado a la hora de proteger a la ciudadanía, circunstancia que supone abrir un espacio significativo para el crecimiento de la industria privada de protección.

A pesar de todo, las inversiones en seguridad desde el sector público también son elevadas. Colombia es el país que más dinero público destina a la seguridad pública, en comparación con países de su entorno.

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