Según un estudio reciente [1], después de los homicidios, la extorsión es el delito que más daño hace al estado de derecho en los países de Latinoamérica y el Caribe. La extorsión no solo se ha convertido en la principal fuente de ingresos de las maras, bandas juveniles o grupos de crimen organizado. También es la amenaza más importante para la seguridad por  el creciente número de muertes violentas que produce.

Un ejemplo: en El Salvador, un 24% de las personas reconoce haber sido víctima de extorsión en alguna ocasión. Y en Guatemala, las denuncias por extorsión aumentaron un 55% entre el 2013 y el 2018.

En los últimos años, algunos países han invertido esfuerzos para luchar contra los delitos de extorsión. Se han aplicado intentos de solución tales como el endurecimiento de penas, programas de prevención especializados, uso de fuerzas policiales especiales o líneas telefónicas exclusivas para la atención de las víctimas. Otra medida que ha ido ganando popularidad es el bloqueo de la señal de los teléfonos móviles dentro de las prisiones, y es que en algunos países hasta el 70% de las extorsiones están gestionadas desde allí.

El estudio hace toda una serie de recomendaciones para prevenir y controlar las extorsiones, ya que los perjuicios para la convivencia y la economía son devastadores:

• Impulsar la modernización policial e incentivar la rehabilitación social penitenciaria. Agilizar el sistema policial y de justicia serviría para garantizar una mejor calidad de la seguridad ciudadana.
• Fomentar asociaciones público-privadas como la existente entre el sector productor del azúcar y la Policía Nacional de El Salvador. De esta manera la policía ha obtenido equipos de movilidad y comunicaciones.
• Destinar más recursos a respuestas tecnológicas de control de la extorsión. Por ejemplo, en México existe una aplicación de móvil para poder identificar las llamadas con origen en los centros penitenciarios.
• Profundizar en los intercambios regionales sobre buenas prácticas de control de la extorsión para llevar a cabo transferencias de programas y réplicas rápidas.
• Consolidar los mecanismos de control para los casos de extorsión que involucren a funcionarios públicos. Especialmente en los casos en los que los funcionarios piden dinero a los ciudadanos para hacer determinados trámites administrativos.
• Generar alternativas profesionales atractivas para los miembros de las bandas juveniles. Por ejemplo, centros comunitarios que organizan actividades para prevenir el reclutamiento de jóvenes en barrios de alto riesgo.
• Incentivar que no se use dinero en efectivo en los comercios pequeños y medianos. En Guatemala se ha detectado que la mayor inversión obtenida a través de la extorsión se produce en comercios, autobuses, taxis o bares.
• Promover una mayor participación de las víctimas de extorsión en el proceso penal, rodeándola de todas las garantías de protección necesarias para aumentar la cifra de denuncias y condenas.

[1] Una Cultura Criminal: Extorsión en Centroamérica.

https://blogs.iadb.org/es/inicio/

_____

Aquest apunt en català / This post in English / Post en français