Un grupo de diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador está analizando una ley que podría permitir identificar a las personas que forman parte de las pandillas Mara Salvatrucha -MS13- o Barrio 18.

Se trataría del Anteproyecto de la ley especial de registro de las agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas, de sus miembros y colaboradores. Este Anteproyecto está siendo estudiado por parlamentarios de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad.

Además, el Congreso explicitó que esta iniciativa legislativa tiene el propósito de identificar y clasificar a los miembros de las pandillas con la ayuda de la información proporcionada por el organismo de inteligencia del Estado y por la Policía, lo cual permitiría desarticular y desmontar estas estructuras delictivas.

La ley proporcionaría al Estado una herramienta administrativa para combatir de manera integral el principal problema de seguridad del país.

Este Anteproyecto será presentado a las autoridades del Gabinete de Justicia y Seguridad y al fiscal general, Raúl Melara, a fin de que conozcan el objeto y alcance de la normativa y, una vez den el visto bueno, los diputados podrán emitir un dictamen favorable para que entre en el Pleno del Congreso para someterla a votación y, en su caso, aprobarla.

Una vez aprobada esta ley, el órgano legislativo, a través de los diputados de la Comisión de Seguridad Pública, solicitarán la derogación de la Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, aprobada en el año 2010, porque se considera inaplicable.

Las autoridades de El Salvador responsabilizan a las pandillas MS13, Barrio 18 y otras más reducidas de los altos índices de homicidios. Hay que mencionar que, en los últimos cinco años, se ha llegado a la cifra de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, datos que convierten a este país en uno de los más violentos del mundo.

Estos grupos criminales, fenómeno considerado una herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de miembros desde Estados Unidos, han resistido todos los planes de seguridad implementados por las últimas cuatro administraciones.

En El Salvador, cerca de un 25% de la población reconoce haber sido víctima de extorsión por parte de miembros de pandillas.

Enlaces de interés:

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