El mes de mayo de 2019 se cerró con un nuevo incremento del número de homicidios en México[1]. Con un total de 2.979 homicidios (y feminicidios), este mes se sitúa ligeramente por encima del número del mismo mes del año pasado (2975). No parece, pues, que toda la campaña política en marcha, en torno a la nueva Guardia Nacional y su composición mayoritaria de personal proveniente del Ejército, haya tenido ningún efecto disuasivo en este ámbito.

Si lo analizamos en términos semestrales, entre diciembre de 2018 y mayo de 2019 se han conocido más de 17.500 homicidios en el país, cifra que significa un nuevo récord en los últimos sexenios. El crecimiento, sin embargo, ha sido desigual. Los estados en que el crecimiento ha sido superior son: Nuevo León (72%), Tabasco (50,7%), Ciudad de México (43,2%), Sonora (43,1%) y Morelos (42,5%). Entre los estados que experimentan una disminución destaca Baja Califòrnia Sur (-78,3%), aunque todavía tiene la tasa más alta por cien mil habitantes (33,9), Nayarit (-69%) y Guerrero (-30,8%).

En este contexto el Gobierno parece centrarlo todo en la recientemente creada Guardia Nacional, la cual ha sido introducida a través de una reforma constitucional y ha generado mucha polémica por su evidente militarización de hecho. La nueva redacción de la Constitución Mexicana[2] prevé de manera tajante, en su artículo 20, que “la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional”. En cambio, la disposición transitoria segunda prevé que la nueva Guardia Nacional esté integrada por agentes de tres procedencias diversas: la actual Policía Federal, miembros del Ejército de Tierra y miembros de la Armada (marina). Es decir, parece que dos terceras partes de sus miembros serán de origen militar, circunstancia que pone en entredicho su declarado carácter civil.

Si observamos la realidad, la sorpresa todavía es mayor ya que los integrantes de la nueva policía llevan uniformes militares, son formados en instituciones militares y su cúpula también proviene del Ejército. Además, los miembros provenientes de la antigua Policía Federal son públicamente menospreciados en favor de los provenientes de las instituciones castrenses. La idea que parece haber detrás es que, ante la inoperancia de las instituciones civiles (policiales y autoridades públicas), ante el crimen organizado y el ya sostenido crecimiento de la violencia, lo único que puede salvar el país es la disciplina y la lealtad del Ejército[3]. Eso se produce en un marco donde la implicación del Ejército es clara, como mínimo desde la Presidencia de Felipe Calderón, iniciada en 2006, y el número de homicidios no solo no se ha reducido sino que ha aumentado de manera continua y sostenida, alcanzando el último semestre (diciembre-mayo) un pico histórico.

Aunque el discurso oficial habla de acompañar la lucha contra la violencia con medidas sociales, la única medida clara ha sido la militarización de una policía de reciente creación a nivel constitucional con un carácter formal ferozmente civil.

[1] https://www.animalpolitico.com/2019/06/asesinatos-primer-semestre-amlo-mas-violento-registrado/

[2] Vid. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/468418/CPEUM_06-06-2019.pdf

[3] Vid. https://www.animalpolitico.com/seguridad-180/la-guardia-nacional-desde-la-distancia/

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