El informe Global Prison Trends 2018 es la cuarta edición de un estudio anual que se elabora con el apoyo del Instituto de Justicia de Tailandia y Penal Reform International (PRI).

Penal Reform International es una organización no gubernamental e independiente que desarrolla y promueve respuestas efectivas y proporcionadas en la justicia criminal por todo el mundo.

Por ejemplo, la PRI defiende el uso de medidas y sanciones sin régimen de privación de libertad, un método que se ha expandido los últimos años. De este modo, con medidas alternativas a la prisión, se puede reducir el hacinamiento de los centros, sobre todo en casos de condenas por hechos no violentos o de delitos de bajo nivel relacionados con las drogas.

Un año más, el informe explica que la situación de las prisiones en el mundo es, en general, muy mala debido a la degradación de las condiciones y por el creciente número de personas encarceladas. Por ese motivo, han elaborado una lista de recomendaciones para los estados y sus políticas penitenciarias:

• Los estados tendrían que introducir novedades legislativas para reducir las tasas de encarcelamiento, enfocando las prioridades en medidas de prevención del delito, las alternativas a la prisión y las rehabilitaciones.
• Es necesario implementar estrategias para abordar la superpoblación de las prisiones ampliando el uso de las alternativas a la prisión y luchar por la reducción de la pobreza y la desigualdad.
• Los estados tendrían que cumplir, respetar y proteger los derechos humanos y las garantías procesales de las personas detenidas. Así se evitarían el maltrato y las torturas.
• El encarcelamiento preventivo sólo tendría que utilizarse como último recurso, y debería tener en cuenta la presunción de inocencia y los principios de necesidad y proporcionalidad.
• Las políticas de fianza monetaria tendrían que revisarse para asegurarse de que no se discrimina a las personas con poca capacidad económica.
• La práctica de la condena se tendría que guiar por el derecho internacional, incluyendo los acuerdos de la ONU de Tokio y Bangkok.
• Los estados tendrían que reducir el uso de la cadena perpetua. Deberían abolirse las sentencias de por vida sin posibilidad de libertad condicional.
• Las condiciones de vida de los presos condenados tienen que estar en línea con las normas establecidas en las denominadas “Reglas” de Nelson Mandela.
• Los estados que conservan la pena de muerte, tendrían que avanzar hacia su abolición, estableciendo una moratoria como primer paso para su extinción.
• Los estados tendrían que revisar sus políticas en relación con las drogas. Es necesario despenalizar las infracciones leves y aplicar sentencias proporcionales.
• El encarcelamiento de niños tendría que ser el último recurso, y la pena de muerte y la cadena perpetua prohibidas en el caso de los menores.
• Los estados tendrían que adoptar políticas y sistemas de justicia y protección de los niños ante la violencia y los maltratos.
• Las normas de la ONU en Bangkok tienen que guiar a los estados en la reforma de la justicia penal para garantizar que los sistemas cumplan las necesidades de las mujeres encarceladas.
• Las sentencias a las mujeres deberían tener en cuenta cualquier victimización, las responsabilidades de cuidar menores y el contexto de la conducta criminal, potenciando las sanciones sin reclusión.

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