La semana pasada publicamos un apunte sobre la nueva clasificación de delitos propuesta en los EE.UU. A continuación expondremos las principales conclusiones y propuestas del segundo informe publicado, el año 2018, por el mismo grupo de expertos sobre el nuevo sistema para medir la delincuencia.

La nueva clasificación comporta un cambio del concepto de ‘delito’ que no se basa en una definición legal, sino en la conducta de las personas. El objetivo es que, sea cuál sea la fuente utilizada para recoger la información, los hechos parecidos se asignen a la misma categoría. Por ejemplo, evitar que un hecho pueda ser considerado ‘agresión sexual’ en la encuesta (por la conducta que lo motiva) y ‘abuso sexual’ en los datos policiales (por la definición legal que lo regula). Con este objetivo, el nuevo catálogo amplía considerablemente la cantidad de categorías y recoge hechos que anteriormente no se contabilizaban.

En este sentido, un paso fundamental era descubrir las diferencias entre los hechos que quedan recogidos en las estadísticas actuales (tanto del registro policial como de las encuestas de victimización) y la nueva clasificación: las tipologías incorporadas en algunos casos se corresponden a hechos emergentes, y en otros casos se trata de categorías que se incorporan ahora a los recuentos estadísticos aunque ya eran considerados problemas graves (como los actos contra el medio natural o contra los animales).

La propuesta presentada por el grupo de expertos no consiste en la creación de un sistema de recogida y análisis de datos completamente nuevo, sino que promueve la mejora y modificación de los sistemas actuales (tanto con respecto a los datos policiales como a las de encuesta), con el fin de adaptar la recogida de datos a las nuevas categorías. También prevé la incorporación de fuentes de información complementarias, especialmente para las categorías añadidas a la nueva clasificación y para aquellas en que pueden tener más dificultad a la hora de obtener datos.

Además, recuerdan que ni todas las fuentes de información pueden recoger los mismos datos, ni hace falta la misma información de todos los hechos delictivos. En este sentido, el sistema también tiene que ser flexible para adaptarse a estas diferencias.  

El mayor énfasis se pone en el sistema de recogida de datos policiales, ya que los últimos años ha evolucionado menos que el de las encuestas, que ha tenido unos procesos de mejora y revisión más continuos. Para hacer viable la evolución hacia el nuevo sistema, el informe propone ir implementando las mejoras tan pronto como sea posible, cuando se alcancen unos niveles mínimos, y seguir perfeccionándolas hasta llegar al nivel óptimo.

El mayor inconveniente del sistema actual es que ni el FBI ni la BJS (la Oficina de Estadísticas de Justicia) lideran de un modo claro la recogida de los datos y sus responsabilidades se difuminan. En consecuencia, no ha habido un acercamiento claro entre unos datos y otros. Los autores reclaman que haya algún organismo que tenga este liderazgo y recomiendan que sea la Oficina responsable del presupuesto y de la gestión institucional quien explore y decida cómo hay que llevar a cabo la coordinación, y se responsabilice de esta gestión conjunta, así como de la revisión futura del sistema de clasificación.

En resumen, se pretende pasar de un sistema que enumera los delitos conocidos, principalmente a partir de denuncias, a un sistema que recoja información sobre la delincuencia, con el objetivo que el sistema estadístico permita analizar los datos desde varios puntos de vista (geográficos, demográficos, sociológicos o económicos) y que permitan aportar información más allá del mero recuento de ilícitos penales.

Los informes completos pueden consultarse en:

Modernizing Crime Statistics

Report 1: Defining and Classifying Crime (2016)

Report 2: New Systems for Measuring Crime (2018)

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