Colombia ha conocido una importante disminución de la violencia y un fuerte descenso de los homicidios en los últimos 25 años.
Acontecimientos como la caída de Pablo Escobar el año 1993 y del cártel de Cali el año 1995 permitieron sofocar la violencia de las bandas más peligrosas. La desmovilización de grupos paramilitares armados también contribuyó a ello.
Por otra parte, Colombia apostó por un nuevo enfoque: la violencia como un problema de salud pública. La prevención se articula a partir de la creación de servicios públicos y no utilizando la represión policial. Los alcaldes de ciudades como Cali, Bogotá y Medellín se inspiraron en la explotación de los datos y en métodos orientados a la investigación ampliamente utilizados por los profesionales de la salud.
La experiencia exitosa de tres ciudades
Cali
El año 2002, el alcalde Rodrigo Guerrero enfocó el problema de la violencia como una epidemia, e intentó cartografiar el brote de la violencia y como ésta se transmitía a partir de la explotación de los datos.
La recopilación de los datos sobre homicidios y sobre los lugares concretos donde se habían cometido permitió elaborar mapas de criminalidad. Las represalias del cártel y los enfrentamientos territoriales no explicaban totalmente el incremento de la tasa de homicidios, muy elevada en determinadas horas y lugares: los fines de semana de cobro de la paga y a primeras horas de la madrugada del sábado y del domingo cerca de los clubs de ocio nocturno. El estudio de los datos sugería que el excesivo consumo de alcohol y la disponibilidad de armas de fuego tenían consecuencias mortales.
La notable disminución de la tasa de homicidios de un 35% en los barrios fue posible gracias a la prohibición de llevar armas de fuego el fin de semana de cobro de la paga y a las restricciones en venta de alcohol.
Medellín
Segunda ciudad de Colombia, lideró un proyecto conocido como “acupuntura urbana” que, a partir del diseño urbanístico, pretende solucionar problemas sociales. En un barrio marginal, se instaló un teleférico. Esta medida fue muy importante porque proporcionaba movilidad a los residentes, que podían encontrar trabajo y se sentían más incluidos en la ciudad. También se hicieron inversiones en servicios básicos, especialmente en bibliotecas y escuelas. Las mejoras en educación y en movilidad contribuyeron a reducir la tasa de homicidios, desde el récord mundial de 380 homicidios por cada 100.000 personas de la década de los 90 hasta los 20 homicidios del año 2015.
Bogotá
La capital también implementó medidas inspiradas en políticas de salud pública. Se mejoraron o se destruyeron espacios que se habían transformado en foco de actividad criminal, y se invirtió en espacios públicos que fomentaran un sentido de pertenencia y de inclusión positiva entre los residentes. Uno de sus alcaldes, Antanas Mokus, intentó cambiar normas de comportamiento a través de programas y de campañas que enfatizaban el respeto mutuo y la importancia de la vida. La tasa de homicidios cayó de 80 homicidios por 100.000 el año 1993 a 16,7 por 100.000 el año 2018.
Las experiencias exitosas de Cali, Bogotá y Medellín fueron posibles gracias a la visión de sus líderes políticos. La modificación de la Constitución colombiana el año 1991 transfirió más poder a las autoridades locales, que podían ser más creativas y experimentar. A finales de la década de 2000, el liderazgo de estos políticos locales inspiró cambios en las políticas del país: la revolución de los datos había llegado a los niveles más altos de la política gubernamental.
Lecciones aprendidas
La perspectiva de salud pública para gestionar la criminalidad tiene un gran potencial. La implicación de los investigadores, los profesionales de la salud y los trabajadores sociales permitió nuevas aproximaciones a un viejo problema.
El espacio urbano influencia los patrones delincuenciales y un mejor diseño urbanístico puede estimular mejores conductas; la inversión en infraestructuras puede transformar problemas sociales.
Las reformas en las organizaciones policiales: el combate de la corrupción, la capacitación de los policías en la explotación de datos, la focalización sobre las dinámicas de la criminalidad local y la intensificación de la colaboración comunitaria fueron clave en el descenso de la criminalidad en Colombia.
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