El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea aprobó en la reunión del 18 de mayo de 2017 las prioridades de la UE en la lucha contra la delincuencia internacional organizada y grave entre 2018 y 2021.

Estas prioridades son combatir o dificultar la acción delictiva (organizada en la mayoría de los casos) en diez ámbitos delictivos:

1. La ciberdelincuencia, tanto con respecto a los ataques informáticos, como a la pederastia y los pagos realizados con medios fraudulentos o duplicados.
2. El tráfico y la producción de drogas y sustancias estupefacientes, con líneas de acción diferente para las grandes redes de tráfico de cannabis, cocaína y heroína; las redes de distribución interna de la UE, y la producción de drogas de síntesis y nuevas sustancias psicotrópicas.
3. Los grupos organizados que facilitan la inmigración ilegal.
4. La delincuencia organizada contra la propiedad, especialmente la que tiene gran movilidad por la UE.
5. El tráfico de seres humanos destinado a la explotación, tanto sexual como laboral, y el tráfico de menores.
6. El fraude en los impuestos especiales y el fraude intracomunitario.
7. El tráfico, la distribución y el uso ilícito de armas de fuego.
8. Los delitos contra el medio ambiente.
9. Las operaciones financieras delictivas y el blanqueo de dinero, para facilitar la recuperación de activos.
10. El fraude documental.

Aunque el terrorismo no forma parte explícita de ninguna de estas prioridades, sí que se menciona que es necesario tener en cuenta las amenazas derivadas de los vínculos entre algunos grupos de delincuencia organizada.

Las prioridades se ejecutan por medio de planes estratégicos plurianuales y de planes de acción operativos, uno o más en función de cada prioridad, e implantados anualmente. El Comité Permanente de Seguridad Interior debe hacer el seguimiento de las medidas implantadas en relación con estas prioridades. También se prevén mecanismos de evaluación independiente y valoraciones de los resultados de los distintos planes de acción. Igualmente, se incorpora la posibilidad de que en 2019 Europol presente al Consejo un informe provisional sobre nuevas amenazas que puedan afectar a estas prioridades.

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