Recientemente, el Institute for Criminal Policy Research (ICPR) ha publicado el informe Prison: Evidence of its use and over-use from around the world, [1] que pretende ofrecer un estado de la situación a partir de los datos disponibles y los usos y abusos que tienen lugar en las políticas de encarcelamiento.

Las autoras destacan, desde un primer momento y por cada uno de los países, cuáles son los déficits más importantes a los que se enfrentan los sistemas penitenciarios y de detención.

Agrupándolos por países, de los que se pueden considerar entre los países en desarrollo,[2] destacan los déficits que suponen la masificación de los centros penitenciarios y aspectos relacionados con una debilidad institucional que puede derivar hacia las malas condiciones de los presos, la corrupción o el control de las prisiones por parte de grupos de crimen organizado. El ejemplo más paradigmático es el de Brasil,[3] que reúne todos estos déficits.

Un segundo grupo de países, los desarrollados, también tienen algunos déficits a menudo compartidos con el resto de países que analiza el informe. El más importante y evidente es el sesgo étnico o de población extranjera que existe entre la población penitenciaria y la del país. Otro elemento, que va estrechamente ligado al anterior, es la penalización de la población vulnerable. Los casos que más llaman la atención en este ámbito son los de Estados Unidos, [4] Australia [5] y Hungría. [6]

Pero, más allá de los déficits del sistema, las autoras centran parte del debate en las ratios de presos por cada cien mil habitantes, los motivos que las explican y algunas soluciones para tratar de reducir estas ratios.

Entre los 10 países del estudio, los EE.UU. son el país con más población penitenciaria del mundo (2.145.100 presos) y el segundo con la ratio más alta, 666 presos por cien mil habitantes. Otros países que lo siguen de cerca en cifras absolutas son Brasil, cuarto en el mundo, y la India y Tailandia, quinto y sexto del ranking, respectivamente. Con respecto a las ratios, ya lejos de los EE.UU. encontramos Tailandia, en el décimo lugar, y Brasil, en el trigésimo segundo.

Finalmente, en relación con los motivos que explican estas ratios, las autoras los agrupan por aspectos de criminalidad, de marco legal, institucionales, sociales y de política doméstica e internacional. Paradójicamente, entre los múltiples aspectos que se presentan, se desarrollan varios que, si se trabajan, pueden ayudar a racionalizar el número de presos. Destacamos la politización de la justicia, [7] el encarcelamiento de delincuentes de perfil bajo, la sobrerrepresentación de grupos étnicos, nacionales o sociales en las prisiones, el endurecimiento de las políticas contra delitos de salud pública (drogas), el abuso del tiempo de detención antes del juicio [8] y, finalmente, las alternativas a la prisión a la hora de alcanzar el objetivo por el cual se encarcela. [9]

[1] Los países tratados son: Kenia, Sudáfrica, Brasil, Estados Unidos, India, Tailandia, Inglaterra y Gales (en este caso, no se trata del Reino Unido), Hungría, Holanda y Australia.

[2] Kenia, Brasil, Sudáfrica, India y Tailandia.

[3] Tiene la tercera ratio más alta de presos de los 10 países estudiados (301/100.000 h.); aplica una legislación dura contra los delitos de salud pública (drogas), que penaliza a las poblaciones más vulnerables; una opinión pública y política a favor de una respuesta dura; un 68% de población penitenciaria negra o mulata, cuando representa el 51% de la población; masificación de las prisiones y el control de estas por parte de bandas organizadas.

[4] En el año 2000, había 7,7 presos negros y 2,7 hispanos por cada preso blanco. Los últimos datos disponibles en el informe son de 2015 y presentan una cierta mejora, 5,7 presos negros y 2,3 hispanos por cada preso blanco.

[5] En el 2016, el 27% de la población penitenciaria era “aborigen australiana”, cuando solo representa el 2% de la población.

[6] Destaca el caso húngaro por el giro político hacia la derecha de su gobierno y la acumulación de problemas, que ha merecido los avisos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDEH), con sus recomendaciones respectivas, y un informe muy negativo del Departamento de Estado norteamericano, ambos de 2015. Según estos informes, los problemas más destacables son la corrupción policial, la brutalidad especialmente hacia la etnia gitana, la intimidación a la sociedad civil, y la masificación y las malas condiciones de las prisiones.

[7] En el sentido de que las opiniones públicas, publicadas y políticas desplazan a los expertos a la hora de diseñar la legislación y las políticas penitenciarias.

[8] En Holanda, un 24% de la población penitenciaria lo es sin que haya empezado el juicio, que tiene un plazo máximo de 104 días. Sin embargo, no es el periodo más largo de tiempo; en Francia, Eslovaquia y España, puede llegar a ser de 4 años, y Rumanía y Suecia no tienen ningún límite máximo de detención.

[9] En este caso, los expertos hablan de hasta cinco objetivos: denuncia del error, castigo o reparación, disuasión, incapacitación o rehabilitación.

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