La asociación Líderes de la Ejecución de la Ley para la Reducción de la Delincuencia y el Encarcelamiento [1] han presentado su agenda al nuevo presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Sus propuestas con el fin de alcanzar estos objetivos y así incrementar la seguridad y ahorrar impuestos a los ciudadanos (en el año 2016 el Congreso aprobó un presupuesto de 7.500 millones de dólares para el mantenimiento de las prisiones) se centran en cinco áreas:

• Un cambio en la orientación de la financiación federal a los estados y a los entes locales (que asciende a unos 5.500 millones de dólares anualmente). Hay que priorizar los proyectos que se centran en los delitos más graves y violentos, postergando los que se dirigen a combatir pequeñas infracciones o los que pretenden reducir la delincuencia en general. Eso facilitaría que la policía y la fiscalía se concentraran en los delitos más graves. Actualmente sólo un 2% de las detenciones federales y un 3% de los procesos penales lo son por delitos graves; hay que invertir esta situación.
• Reducción del encarcelamiento innecesario. En estos momentos, en los Estados Unidos hay 2,2 millones de internos y 4,7 millones de personas en probation o en libertad vigilada. Todos los gastos en materia de justicia penal ascienden a 274.000 millones de dólares). Hay experiencias que muestran cómo se puede reducir la delincuencia y la tasa de encarcelamiento al mismo tiempo. Michigan y Carolina del Sur, por ejemplo, han eliminado la obligatoriedad de ingreso en prisión por delitos no violentos relacionados con las drogas, introduciendo otras medidas alternativas que se han mostrado bastantes eficientes. El Congreso tendría que reanudar un proyecto de reforma de la Ley de procedimiento penal y penitenciario que había quedado bloqueado hace un par de años y que va en esta dirección: facilitar más discreción a los jueces en los casos de delitos no violentos para favorecer penas alternativas.
• Aumento de los recursos para tratar enfermedades mentales y drogadicciones. En el año 2015 se contabilizaron 52.000 muertes por sobredosis y un 57% de enfermos mentales no recibieron la ayuda adecuada. Muchas personas de estos grupos acaban en el sistema penal.
• Mantenimiento e incremento del apoyo a la policía comunitaria o de proximidad, porque sin el sistema público la lucha contra la delincuencia es imposible. La Oficina del Departamento de Justicia de Apoyo a los Servicios Policiales Orientados a la Comunidad (The Justice Department’s Office of Community Oriented Policing Services – COPS Office) ha llevado a cabo una gran tarea de apoyo a las iniciativas comunitarias y ahora hay voces en la mayoría parlamentaria que abogan por una reducción o supresión que hay evitar a toda costa.
• Profundización en las medidas para prevenir la reincidencia. Actualmente, casi la mitad de los 600.000 internos liberados cada año vuelven a la prisión en un plazo de tres años. Haría falta, por ejemplo, que la oferta de servicios transitorios antes de la liberación se destinara a los internos que tienen más riesgo de reincidencia.

[1] Law Enforcement Leaders to Reduce Crime and Incarceration está integrada por unos 200 jefes y ex-jefes de la policía, sheriffs, fiscales federales y estatales, y responsables de la justicia en los cincuenta estados de la Unión.

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