El ministro del Interior francés, Bernard Cazeneuve, anunció el 26 de octubre de 2016 el Plan gubernamental para la seguridad pública, que estará dotado con 250 millones de euros y que se presentará al Parlamento a finales de noviembre. Este Plan persigue un doble objetivo: mejorar la protección y el equipamiento de los efectivos de la policía y de la gendarmería y resituar su misión.

Mejoras en el equipamiento policial

• Cascos antibalas, chalecos antibalas, fusiles de asalto HK G36. A partir del 1 de enero de 2017 se entregarán 20.000 chalecos, 8.000 cascos y 4.730 escudos y nuevas armas.
• Uniformidad ignífuga, refuerzo de los cristales de los vehículos policiales y disponibilidad de vehículos especialmente protegidos para dar servicio en los barrios más conflictivos.
• Continuación de la renovación del parque móvil: en 2017 se entregarán 3.080 vehículos nuevos a la policía nacional y 3.300 a la gendarmería.

Mejoras en la protección jurídica

• La legítima defensa de los policías: de acuerdo con las instrucciones del presidente de la República, se revisarán las condiciones de esta situación para proteger al máximo a las fuerzas del orden en el marco del estado de derecho.
• Endurecimiento de las penas por ofensa a las fuerzas policiales, equiparándolas con las ofensas cometidas contra los jueces. Actualmente, la pena prevista por ofensa a un agente de policía es de seis meses de prisión, y si el ofendido es un juez, se eleva a un año.
• Refuerzo de las medidas para proteger el anonimato del agente de policía. En respuesta a la “demanda” de los sindicatos policiales, se podrá volver a utilizar el pasamontañas en determinadas intervenciones.

Resituar la misión de la policía y de la gendarmería

“El Plan quiere resituar la misión de las fuerzas del orden y volver a la esencia, liberándolas de numerosas tareas que implican un gasto importante de tiempo y de efectivos”, en palabras del ministro del Interior:

• Se sustituyen numerosas guardias estáticas en edificios públicos por guardias dinámicas, medida que podría entrar en vigor antes de finalizar el año 2016.
• Se abandona el traslado de personas requeridas a urgencias hospitalarias (especialmente si están en estado de embriaguez).
• Se aligera el procedimiento administrativo y penal.
• Se estrechan los vínculos entre policía y justicia, de modo que los agentes de policía estarán mejor informados de la evolución de los asuntos penales más vinculados a su actividad, especialmente en materia de delincuencia común. Esta información compartida contribuirá a crear un clima de confianza entre los jueces y las fuerzas del orden, según palabras del ministro del Interior.

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