Los sin techo británicos, víctimas o infractores

Recientemente, la Casa de los Comunes del Reino Unido (House of Commons), en el marco de sus actividades de investigación, publicó Rough Sleepers and antisocial behaviour. El documento nos ofrece un breve análisis de los usos y abusos de la normativa que llevan a una criminalización y victimización del colectivo de los sin techo.

El breve ensayo presenta la disyuntiva de unos colectivos especialmente vulnerables y con indicadores de victimización altísimos,[1] ante los cuales las autoridades tienen que hacer frente a un uso de la norma que los victimiza y criminaliza. Al mismo tiempo, subraya la contradicción entre la voluntad de tratar la problemática desde las raíces del conflicto[2] y el uso sesgado de la normativa relacionada con el incivismo a fin de encontrar una solución rápida al problema de la gente en la calle.

Este abuso se ve reflejado en dos ámbitos de acción. En primer lugar, con respecto a las herramientas legales disponibles y, acto seguido, por otras medidas de disuasión sin un marco legal de referencia.

Entre las herramientas legales a disposición de las autoridades, hallamos las del derecho civil y las de carácter penal. Estas últimas se enmarcan en la sección 3ª de la Vagrancy Act 1824, por la que mendigar puede sancionarse. Las denuncias a partir de esta norma han aumentado los últimos años, pasando de unas 1.500 en 2006-2007 a situarse por encima de las 2.300 en 2015-2016. Fuera del ámbito penal, encontramos las herramientas que se desprenden del Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014, entre las cuales, Civil injuctions, Criminal Behaviour Orders (CBO), Community Protections Notices (CPN), Disperal Powers y Public Spaces Protection Order (PSPO). Todas ellas implican aspectos de prohibición de una acción o posible acción, y aspectos de requerimiento para evitar la reincidencia. Su vocación es sancionadora, y dirigida a actividades claramente incívicas y que pueden alterar la convivencia.[3]

Por otra parte, encontramos varias acciones menos formales y disuasivas, con las que se busca inhibir o incomodar. Entre otras, hay la llamada arquitectura defensiva, donde se utiliza el mobiliario urbano, como los bancos segregados o curvilíneos, para dificultar la estancia de los sin techo. Otras medidas menos evidentes son la wetting down, es decir, la limpieza con agua o productos de limpieza de espacios susceptibles de estar ocupados. También la contaminación sonora o simplemente el dar indicaciones de abandonar la zona. En este sentido, las iniciativas son variadas y más utilizadas que las vías formales de denuncia.[4]

Finalmente, el ensayo destaca que, a pesar de disponer de una amplia retahíla de medidas, han demostrado ser poco eficaces. Entre otras consecuencias perniciosas, destacan un desplazamiento de las actividades en el territorio, así como un cambio hacia determinadas actividades ilícitas, en qué se pasa de mendigar a cometer delitos menores de hurto o robo.[5]

[1] El informe nos indica que los sin techo tienen hasta diecisiete veces más probabilidades de ser víctimas de violencia que la media.

[2] El sector del voluntariado celebró la actualización que hizo el Hombre Office el septiembre pasado de la guía para el uso de la normativa en el ámbito de los comportamientos incívicos. Al mismo tiempo, el gobierno británico también ha activado varios mecanismos para evitar caer en la indigencia o ayudar a salir de ella. Por una parte, la Homelessness Reduction Act de 2018 (a pesar de las fuertes críticas) y, por otra parte, más inversión pública en sistemas como el Housing First. Se espera invertir más de mil millones de libras (unos mil ciento treinta millones de euros) en este ámbito hasta el año 2020.

[3] Un estudio llevado a cabo por la entidad británica Crisis indica que un 36% de los municipios están utilizando los poderes legales y de disuasión ante los sin techo.

[4] Un 73% de los sin techo han experimentado alguna medida sancionadora o de disuasión. De estas medidas, un 70% eran informales.

[5] Joseph Rowntree Foundation. The impact of enforcement on<A[donde|dónde]> street users in England. 2007

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Notable descenso de la delincuencia en Alemania

Polizeiliche Kriminalstatistik 2017La Bundeskriminalamt alemana acaba de publicar los datos de la delincuencia relativos al año 2017. A pesar de todos los pronósticos que auguraban que las oleadas de refugiados de los últimos años causarían un peligroso incremento de la delincuencia, los datos muestran un descenso de un 9,6% en relación con el año anterior (5.761.984 hechos frente a los 6.372.526 del año precedente).

Se constatan descensos importantes en prácticamente todas las categorías delictivas, a excepción de la delincuencia económica (un 28%, pero en cifras absolutas moderadas, 74.070), los delitos relacionados con las armas (tráfico) y contra la salud pública (drogas), la pornografía y muy ligeramente los delitos de fraude (un 20,6% de los cuales se comete a través de internet), la delincuencia informática (especialmente entre los nacionales) o contra la autoridad del Estado (sobre todo entre los extranjeros).

Los delitos contra la propiedad (hurtos, robos sin violencia, robos en domicilio y en negocios) siguen constituyendo el grueso de la delincuencia (36,3%) y se sitúan un poco por encima de los dos millones de hechos conocidos (2.092.994), cifra que implica una reducción del 11,8% en relación con el año anterior. Se experimentan descensos en todas las categorías delictivas (destaca el descenso del 23% de los robos en domicilio), tanto en los casos en que los autores son nacionales como en los cometidos por extranjeros.

Una parte muy importante de los delitos se siguen produciendo en la calle, un 20,9% del total.

Los delitos contra la legislación de extranjería experimentan un descenso del 63,1% (pasan de 487.711 a 179.848), hecho que demuestra que los discursos que anunciaban un gran efecto imán a consecuencia de la llegada de refugiados han errado totalmente los pronósticos.

La delincuencia violenta experimenta un descenso más moderado, un 2,4% en total, sobre todo debido al descenso de los robos con violencia (un 9,7%). Los homicidios, en cambio, sólo bajan un 1,6%.

Los delitos contra la salud pública (drogas) experimentan un incremento del 9,2%, situándose en 330.580 casos. La mayoría están relacionados con el tráfico de cannabis y marihuana (204.904), de anfetaminas y derivados (47.662) y, en tercer lugar, de cocaína y crack (19.644). Entre las causas de este incremento destacan las siguientes:

  • El incremento de la presión policial
  • El aumento de la disponibilidad de las drogas
  • La venta por internet
  • La reciente incorporación de los agentes de aduanas a la lucha contra el narcotráfico

Finalmente, cabe remarcar que la tasa de delitos por mil habitantes se sitúa en 68,82 (el año anterior, en 77,54) y que el porcentaje de detenidos extranjeros baja del 40,4% del año anterior al 34,8%.

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Joan Figuera: “Somos una policía de referencia, robusta y profesional”

Comisari Joan Figuera LópezComisario Joan Figuera López desde 2009, nacido en Barcelona el año 1961, es licenciado en Ciencias de la Comunicación (UAB) y master en Políticas Públicas de Seguridad (UOC). Ingresó en el cuerpo de Mossos d’Esquadra en la primera promoción – este año ha hecho 35 -. Durante su larga e intensa carrera profesional ha trabajado, entre otros servicios, en seis de las nueve regiones policiales. Actualmente es el jefe de la Sala Central de Mando.

¿Con los años que hace que entró en la Policía de la Generalidad – Mossos d’Esquadra (PG-ME) y en las categorías y destinos en que ha trabajado, cómo ve la evolución de este cuerpo policial los últimos años?

¡A lo largo de estos años hemos desarrollado un cuerpo de policía desde casi cero! La primera promoción fue el inicio de lo que hoy somos. Durante estos años hemos pasado por diferentes fases de desarrollo y por varias “crisis de crecimiento”, lógicas y necesarias para llegar donde estamos hoy, en las puertas del tricentenario del cuerpo. Ahora somos una policía de referencia, robusta y profesional, capaz de hacer frente a las demandas más exigentes de una sociedad moderna y desarrollada como la nuestra.

Nuestra etapa contemporánea, la situamos en el año 1979 con la aprobación del Estatuto de autonomía de Cataluña. En aquel momento, el cuerpo de Mossos d’Esquadra (CME), formado por casi un centenar de agentes, únicamente garantizaba la seguridad de los edificios institucionales y la del presidente y el Gobierno de la Generalidad. Definimos aquella época como una etapa simbólica y de recuperación (de 1979 a 1984). El 1 de junio de 1983 se incorporan al CME 260 policías, y se convierte en una policía funcional que asume las competencias de la Generalidad de Catalunya en materia de seguridad. El cuerpo crea las brigadas del juego y espectáculos, menores, medio ambiente, salud pública y ámbito penitenciario, y la primera unidad de información. Todos estos servicios dan notoriedad y prestigio al CME. De 1994 a 2008 llega el esperado despliegue de sustitución, que establece la PG-ME como una policía integral en todo el territorio de Cataluña. Esta es la etapa nuclear de nuestra función y nuestra razón de ser como policías. Durante este periodo, el CME se desarrolla, se profesionaliza y madura, y llega a la cifra de más de 17.000 agentes. Durante la última década – una vez finalizado el despliegue de sustitución- vivimos una etapa de tránsito (de 2009 a 2015), que va desde el “post-despliegue” en que todavía faltaba acabar de construir la estructura interna, el estilo organizativo y una metodología, hasta la robustez organizativa y operativa que hoy tenemos.

¿Considera que el cuerpo de Mossos d’Esquadra actualmente ya está viviendo un cierto relevo generacional? ¿Habría que articular medidas para hacer frente al envejecimiento progresivo del cuerpo?

El relevo generacional es necesario en todas las organizaciones. También en la nuestra. Hay que conducirlo con inteligencia y no se puede hacer de cualquier modo. Las organizaciones y la policía, y en concreto el CME, tiene que aprovechar todo el conocimiento adquirido y el valor añadido que proporciona la experiencia de los que tienen una larga carrera profesional. ¡No hacerlo puede ser un error vital! Un buen mando es aquel que demuestra resolver los problemas de seguridad en tiempo de crisis y en situaciones adversas. ¡En condiciones de “confort”, cualquiera es bueno! Hay que conducir bien esta experiencia para que revierta en los más jóvenes, que tendrán que conducir el CME las próximas décadas. Este es el nuevo reto estratégico de hoy.

¿Qué retos afronta la PG-ME en los tiempos que vienen y qué capacidades tiene para hacerle frente?

El reto esencial son las políticas públicas y las estrategias policiales para hacer frente a la delincuencia común y al crimen organizado en cada uno de sus niveles. Aquí es necesario un trabajo transversal, entre el Departamento de Interior con la PG-ME y las corporaciones locales de las ciudades más importantes, que orienten su guardia urbana o policía local a generar sinergias más productivas, más allá de sus competencias y mandatos. Hay que fomentar y generar una “política criminal” más eficaz por parte de todos los operadores.

Evidentemente, el terrorismo al nivel que hoy estamos viviendo es otro reto importantísimo. Cataluña, desde el punto de vista geoestratégico, está situada en un lugar preferente y la capital, Barcelona, es un reclamo por su grandeza, diversidad y notoriedad universal. El cuerpo ha hecho y está haciendo un esfuerzo muy importante, tanto en materia de prevención como de reacción a un nuevo episodio de drama y terror como es un atentado.

Internamente ya hace unos años que hemos llegado a la madurez organizativa, y eso nos ha traído normalidad. Desde esta estabilidad y robustez, hemos podido afrontar los retos de seguridad que se nos han presentado. El caso más evidente es la gestión del atentado del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. Tenemos muchos otros retos: el tráfico, el incivismo, la segunda actividad, etc., y otros muy importantes y trascendentes que superaremos desde la conciencia y la profesionalidad.

¿Cómo cree que se tendría que articular el sistema de policía de Cataluña?

¡Es una buena pregunta! Se puede responder a ella de distintos modos, todo depende del desarrollo estratégico que decidamos, o lo que se decida políticamente. La pregunta es: “¿Hacia dónde queremos ir?”. Creo que los policías tenemos mucho por decir. Somos unos cuantos los que hemos vivido todo este proceso de desarrollo del cuerpo de Mossos y las policías locales. Partimos de dos leyes, la de 1991 de las policías locales y la de 1994 del cuerpo de Mossos d’Esquadra, y de la Ley del sistema de seguridad pública de Cataluña (2003), en el marco del Estatuto de autonomía.

Personalmente, pienso que tendríamos que trascender, superar el modelo actual, empezando por el buen trabajo que ya se ha hecho desde el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC) en la formación básica conjunta y los cursos de mandos y de especialidad. Ahora habría que fijar unos mismos criterios de selección para policías y para mandos. La selección y la formación tendrían que ser responsabilidad del ISPC. Partiríamos de unos policías de base con los mismos valores, actitudes y aptitudes. Una vez superado el curso y con el título de policía o del grado de mando en la mano, podrían optar a las plazas de cualquier policía local que, con una entrevista de idoneidad final, podrían optar a la plaza o al municipio deseado y, después de un periodo de prácticas, obtendrían la plaza fija. Habría que incorporar un sistema de pasarela de un cuerpo a otro. De policía local a los Mossos d’Esquadra y viceversa, con un plan de carrera con especialidades y categorías que permitiera la movilidad de los funcionarios, con un sistema mínimo de permanencia y algunas reservas por especialidades.

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Fronteras europeas, ¿retorno a la (a)normalidad?

Frontex - Risk analysis for 2108El mes de febrero de 2018, Frontex[1] publicó su informe anual Risk Analysis for 2018. Como cada año, el informe nos ofrece varios elementos de análisis y una serie de datos relevantes sobre la situación en las fronteras exteriores de la Unión Europea.

En esta ocasión, el documento destaca porque es el primer informe post-crisis migratoria a raíz del conflicto sirio y el primero que deja entrever, en sus datos, el resultado del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía. A grandes rasgos, Frontex nos presenta un escenario que recupera, parcialmente, el flujo de migrantes en las fronteras exteriores de la Unión anteriores a la gran crisis migratoria de los años 2015-2016.

Este retorno a la situación anterior se visualiza en las fronteras del Mediterráneo central (Libia e Italia), en las del Mediterráneo oriental (Turquía y Grecia) y en las fronteras terrestres de los Balcanes (repúblicas de ex-Yugoslavia). Con relación al año 2016, presentan un descenso espectacular del 34%, el 77% y el 90% respectivamente, y vuelven a cifras parecidas a 2014, pero lejos todavía de las de 2012.[2]

A pesar de estos datos tan contundentes, los analistas determinan que la presión no ha descendido en las fronteras europeas y que todavía existen casos de preocupación. Encontramos, por ejemplo, que en las fronteras del Mediterráneo occidental (Marruecos/Argelia y España) la detección de cruces ilegales de la frontera se ha multiplicado por 2,3 este último año.[3]

En otros ámbitos relacionados con el movimiento ilegal de personas,[4] si bien los datos de conjunto mejoran con respecto a 2015-2016, Frontex incide en el hecho de que la presión no disminuye si se compara con los años 2013-2014. Al mismo tiempo, en algunos puntos geográficos los datos no apuntan ningún descenso. Por ejemplo, con respecto al refusal of entry, en países de la Europa del Este los datos se mantienen estables y, en algunos casos, incrementan.[5]

Los elementos de preocupación en su análisis son varios. Por una parte, la eficiencia en las políticas de control como las órdenes de retorno, una preocupación ya expresada en años anteriores.[6] Por otra parte, las actividades criminales asociadas al cruce de fronteras, como las de contrabando de productos ilegales, de tráfico de personas y de actividades terroristas.[7]

Finalmente, se plantean varios escenarios de futuro. Frontex prevé que la presión en la frontera sur aumente[8] y que se produzca un impacto negativo en los Balcanes por el acuerdo de Serbia con China, India y e Irán para la liberalización de visas para sus ciudadanos. También destacan que las rutas marítimas seguirán siendo las más importantes, sin olvidar el peso que alcanzarán áreas de tráfico como los Balcanes y el aeropuerto de Atatürk como hub aeroportuario para migrantes ilegales. Finalmente, señalan la amenaza latente del terrorismo yihadista, con una naturaleza más descentralizada y donde el uso de documentación fraudulenta será central.

[1] European Border and Coast Guard Agency.

[2] Cabe destacar que las nacionalidades que protagonizaron la crisis migratoria en estas fronteras los años 2015 y 2016 fueron, por orden, la siria, la afgana y la iraquí. En cifras absolutas, en el Mediterráneo central, en 2016 fueron detectadas 181.376 personas, frente a las 118.962 de 2017; en el Mediterráneo oriental se ha pasado de 182.277 a 42.305, y, finalmente, en los Balcanes se ha pasado de 130.261 a 12.178.

[3] Se ha pasado de unas 10.000 detecciones en 2016 a unas 23.000 en 2017, y las nacionalidades más habituales son las de Marruecos, Argelia y Costa de Marfil.

[4] Entradas clandestinas (clandestine entries), denegación de entrada (refusal of entry), uso de documentación falsa (fraudulent documents) u órdenes de retorno (returns orders).

[5] Las tres nacionalidades a quien más se deniega la entrada ─por encima de los 30.000 casos en 2017─ son Ucrania, Rusia y Albania. Los motivos de la denegación varían según el país.

[6] Hay un sesgo notable entre el número de órdenes de retorno y los retornos efectivos. En 2017 se ejecutaron un 46% de todas las órdenes de retorno. Los problemas principales son la identificación y la obtención de la documentación necesaria de los países terceros.

[7] El informe de Richard Barret Beyond the caliphate: Foreign fighters and threat of retunrees, del think tank The Soufan Center, destaca que las pérdidas territoriales de Daesh y Al-Qaeda han provocado la descentralización de su actividad y una diáspora de sus combatientes. Calculan que un 30% (1.700 aprox.) de los europeos que combatieron en Siria e Irak han vuelto al continente.

[8] Especialmente por la situación inestable en Libia en contraposición a Turquía, Europa del Este y Marruecos.

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Dos años de funcionamiento del Centro Europeo de Contrabando de Migrantes

A pesar de la notable disminución del número de inmigrantes irregulares que llegan a Europa, el contrabando de inmigrantes sigue siendo una actividad criminal rentable y activa para el crimen organizado en la Unión Europea. El informe de actividad de Europol sobre los dos años de funcionamiento del Centro Europeo de Contrabando de Migrantes (EMSC) proporciona una visión detallada del desarrollo y las tendencias del contrabando de migrantes.

Desde la crisis de la migración de 2015, el negocio de contrabando de migrantes se ha consolidado como un mercado criminal extenso y lucrativo, y sigue representando un negocio altamente rentable en el que los criminales corren un riesgo bajo de ser detectados. El modelo de negocio de los delincuentes implicados en este crimen sigue evolucionando y respondiendo a la dinámica y las necesidades de los flujos migratorios. Muchos factores, incluidos la implantación de políticas, la actividad policial y las preferencias presupuestarias y de viaje de los inmigrantes irregulares, tienen un impacto sobre las rutas de migración y los medios operativos utilizados por los contrabandistas. Los criminales se adaptan rápidamente a los cambios y muestran una gran versatilidad en los medios de transporte y las tecnologías que utilizan. Cada vez son más organizados, y establecen redes profesionales sofisticadas que operan de forma transnacional desde la fuente hacia los países de destino.

Migrant smuggling to and within the EUSegún Robert Crepinko, jefe del Centro Europeo de Contrabando de Migrantes, “el contrabando de migrantes hacia la Unión Europea prevé el uso de tecnología adelantada, especialmente relacionada con el fraude documental, el aumento del uso de documentos genuinos y los abusos de viajes sin visado, y tendrá un impacto significativo en el futuro del paisaje de contrabando de migrantes”.

Ámbitos principales del informe del EMSC

  • El fraude en los documentos es un factor clave en el contrabando de migrantes. Los documentos fraudulentos u obtenidos fraudulentamente que los contrabandistas proporcionan cada vez más a los inmigrantes irregulares permiten a estos entrar en la UE y transitar.
  • Abuso de viajes sin visado: los inmigrantes irregulares intentan entrar por vía aérea en la UE a través de países balcánicos no comunitarios, utilizando esquemas de viaje sin visado. Varios países balcánicos han introducido la liberalización de visados para los ciudadanos, entre otros, de China, Guinea-Bisáu, Irán o Turquía, lo que permite a los inmigrantes entrar en un país como turista con derecho a permanecer en él hasta treinta días.
  • Los medios sociales continúan siendo ampliamente utilizados para anunciar servicios de contrabando. Los delincuentes utilizan varias técnicas de marketing, por ejemplo, ofreciendo descuentos para migrantes adicionales.
  • Modi operandi: los criminales utilizan métodos sofisticados y a menudo amenazadores para ocultar el contrabando de migrantes a través de las fronteras.
  • La participación de grupos criminales policiales organizados en el tráfico de migrantes y otras actividades delictivas es significativa. Se trata de un negocio criminal enormemente lucrativo con niveles de riesgo relativamente bajos.

Entre las principales rutas de contrabando de migrantes destacan: la ruta del Mediterráneo central, la del Mediterráneo occidental, la de los Balcanes occidentales y la de las fronteras del Reino Unido y Francia.

El EMSC de Europol se fundó a principios de 2016, tras un periodo de migración irregular muy activo, con migrantes vulnerables que viajaban en gran parte sin restricciones en grupos numerosos a lo largo del Mediterráneo, de fronteras terrestres externas y más allá de la UE. Europol ha comprobado que a muchos migrantes les facilitan el viaje organizaciones delictivas. La tarea básica del EMSC es dar apoyo, con la colaboración de Eurojust y Frontex, a investigaciones transfronterizas para interrumpir y perseguir los grupos de delincuencia organizada.

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La compleja lucha contra los delitos de abusos a menores

Los delitos contra niños tienden a ser delitos locales y la gran mayoría tienen lugar dentro del círculo familiar. Sin embargo, hay dos áreas donde sí existe una repercusión internacional.

En primer lugar, los crímenes de la red: el uso más intenso de internet en los últimos años ha supuesto un gran aumento de los delitos contra menores. No sólo los infractores pueden distribuir y acceder al material de abuso infantil con más facilidad, sino que también puedan entrar en contacto directo con los niños, a través de chats y redes sociales.

INTERPOL’s International Child Sexual Exploitation (ICSE) database – Interpol

Interpol está desarrollando un proyecto junto con los proveedores de servicios de acceso a internet para bloquear el acceso a material de abuso infantil en internet.

En segundo lugar,los infractores sexuales que viajan: también conocido como turismo sexual, este tipo de delito comporta el abuso de menores en países en desarrollo por parte de personas que viajan allí. La riqueza relativa del delincuente, junto con la falta de  legislación efectiva, comporta que abusar de los niños sea más fácil en estos países. Este tipo de delito está relacionado con el tráfico de menores, la delincuencia organizada y el asesinato.

Estos tipos de delitos representan un gran reto mundial para la policía y requieren capacidades especializadas y un aumento de los recursos. Es aquí donde Interpol intenta difundir sus herramientas:

  • Identificación de la víctima: Interpol trabaja para identificar a las víctimas de abuso sexual infantil representadas en fotografías y películas. Eso implica una combinación de métodos de investigación tradicionales y de análisis de imágenes. Es fundamental para esta tarea la base de datos de imágenes de Explotación sexual infantil, que utiliza un sofisticado software de comparación de imágenes para hacer conexiones entre víctimas y lugares.
  • Avisos amarillos: a petición de un país miembro, Interpol puede emitir un anuncio amarillo para ayudar a encontrar a personas desaparecidas, especialmente a menores de edad. Estos comunicados se distribuyen de forma internacional y se registran en la base de datos de Interpol sobre niños desaparecidos y secuestrados.
  • Avisos verdes: a petición de una oficina central nacional o de una entidad internacional, Interpol puede emitir un aviso verde para alertar sobre las actividades delictivas de una persona, en que se considera que la persona es una posible amenaza para la seguridad pública.
  • Avisos azules: a petición también de una oficina central nacional o de una entidad internacional, Interpol puede emitir un aviso azul para localizar, identificar u obtener información sobre una posible historia delictiva o cualquier otra información relevante para la investigación.

Desde Interpol, se continúa desarrollando y perfeccionando una cartera de formación completa que abarque el amplio espectro de necesidades para luchar contra la comunidad de aplicación de la ley. Hay un enfoque particular en las iniciativas de desarrollo de capacidades que deben implementarse en las regiones más en riesgo, como Sudamérica, África y el sureste asiático.

Mientras que muchos países disponen de unidades de protección infantil y víctimas especiales, una minoría tiene personal especializado capaz de investigar los casos de abuso sexual infantil en línea o de llevar a cabo la identificación de la víctima. Reconociendo que el abuso sexual de menores tiene lugar en todos los países y sociedades, una función básica de la lucha contra los delitos contra niños es, por lo tanto, ayudar a desarrollar capacidades policiales en los países miembros de Interpol. Por eso, los delitos contra menores han motivado que se destinen policías a las oficinas regionales de Buenos Aires (Argentina) y Lobang (Tailandia), así como al Interpol Global Complex for Innovation (IGCI) en Singapur. Desde junio de 2017, también se han implementado puntos de interés contra esta lacra en las cuatro oficinas regionales africanas. Estos agentes de policía han sido entrenados para comprender los servicios, los programas de formación y otros soportes disponibles a través de la lucha contra los delitos contra menores, y tienen la misión de establecer actividades y desarrollar proyectos en sus regiones respectivas.

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Conrad J. Fernández i Justes: “hay mucha sensibilidad por el incremento de la violencia en las intervenciones”

Conrad J. Fernández i JustesSuperintendente jefe en la Guardia Urbana de Badalona. Presidente de la ACCPOLC. Doctor en Sociología, licenciado en Antropología, master en Estudios Policiales, diplomado superior en Criminología y en Aptitud Pedagógica por la Universidad de Barcelona y diplomado en Función Gerencial de las Administraciones Públicas por ESADE.

¿Qué balance hace de la situación actual de la seguridad en Badalona?

Badalona es una ciudad de gran complejidad, configurada por barrios de idiosincrasia muy diversa, situada en un entorno metropolitano de gran alcance. Las estadísticas hacen patente que se encuentra en consonancia con el resto del área metropolitana, con pequeñas fluctuaciones que varían de un año a otro. Podemos decir que tanto la seguridad vial como la seguridad ciudadana son óptimas o muy razonables.

¿Y del trabajo conjunto de la Policía Local con los Mossos d’Esquadra?

Badalona fue la primera ciudad del área metropolitana en que se desplegaron los Mossos d’Esquadra. Como las instalaciones no se habían construido aún, se alojaron en unos módulos ubicados en el interior del recinto de la Guardia Urbana. Desde el principio, se utilizaron muchos espacios de manera conjunta, lo que facilitó el conocimiento mutuo entre agentes de ambos cuerpos y posibilitó pensar en realizar servicios conjuntamente. Cuando los Mossos tuvieron su propia comisaría, se creó una sala conjunta de comunicaciones, donde agentes de ambos cuerpos gestionaban las demandas de servicios. Actualmente la sala ya no existe, pero tenemos un sistema de patrullas Tándem (integradas por un agente de cada cuerpo) que nos da muy buen resultado. Estamos muy satisfechos del trabajo conjunto y seguiremos explorando nuevas formas para conseguir una seguridad más eficiente.

¿Cuáles considera que pueden ser los problemas más preocupantes actualmente para un policía en Badalona?

Desde el punto de vista de la seguridad, hay mucha sensibilidad por el terrorismo yihadista y por el incremento de la violencia en las intervenciones. Desde el punto de vista corporativo, preocupa mejorar la imagen de la policía, lo que se considera un exceso de politización del servicio, también la burocracia excesiva y, muy especialmente, la renovación de la plantilla. La Guardia Urbana tiene cada vez una media de edad más elevada y los agentes se encuentran expectantes ante una posible jubilación a los 60 años. Eso también daría más opciones de carrera profesional a los agentes que tienen aspiraciones a ocupar cargos de mando.

¿Cómo cree que se tendría que articular el sistema de policía de Cataluña?

Soy partidario de algo parecido al modelo belga, adecuándolo a nuestra realidad. El año 2003 tuve la oportunidad de visitar a la policía holandesa y a la belga. El modelo holandés se había articulado en torno a regiones policiales autónomas y con una llamada “región de apoyo” para las demás. En Bélgica se acababa de poner en marcha un modelo llamado “de integración”. Una policía en Bélgica y dos niveles de servicio, federal y local, absolutamente integrados, con estatuto único de la policía para su regulación, instituciones comunes, flexibilidad y pasarelas entre cuerpos. Desde el primer momento pensé que aquello podría ser el referente para Cataluña.

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Escenario 2050: ningún muerto en las carreteras de los Estados Unidos

The road to zeroLos accidentes de tráfico fueron, el año 2015, la décima causa de muerte en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, se trata de un problema global sobre el que muchos países intentan actuar. En los EE.UU., investigadores de la Rand Corporation han publicado un estudio que se sitúa en el año 2050 e imagina que ha sido el primer año sin muertos en las carreteras en aquel país.

El punto de partida es la situación actual, según la cual cada día mueren más de 100 americanos en accidentes de tráfico con vehículos de motor. Es un problema que tiene una mayor afectación en jóvenes de entre 15 y 24 años, en hombres y en personas que viven en zonas rurales. Además, aunque durante décadas ha habido un descenso continuado en el número de muertes en las carreteras (la cifra se redujo en 11.300 personas entre 1985 y 2011), los últimos años se ha detectado un repunte considerable: el año 2016 murieron en accidentes de tráfico 5.000 personas más que el año 2011.

Los investigadores han imaginado que vivían en el año 2050 y que se trataba del primer año sin muertos en las carreteras, gracias a cuatro factores. El primero era que casi todos los vehículos tenían algún tipo de automatización o ayuda a la conducción. El segundo, que las carreteras estaban diseñadas para reducir la velocidad donde la seguridad es más deficiente. El tercero, la mejora de los sistemas de aviso a emergencias y la atención a los heridos, que reducía la fatalidad de los accidentes. El último era que, al haber menos accidentes, los ciudadanos norteamericanos cada vez veían menos aceptables los accidentes de tráfico.

Para llegar a este escenario, entre 2018 y 2050 habría que implementar medidas dentro de tres grandes ejes.

  • Duplicar los esfuerzos y las inversiones en los programas y políticas que han demostrado ser efectivas. Estas políticas se entienden en un concepto amplio, desde cambios normativos hasta cambios en las infraestructuras o mejoras en la educación vial.
  • Acelerar los cambios tecnológicos más adelantados. Los sistemas de ayuda o asistencia a la conducción cada vez son más habituales en los vehículos nuevos y, poco a poco, se van acercando a la conducción automática. Los acuerdos entre los fabricantes de automóviles y los desarrolladores y proveedores de tecnologías, además de otros actores, serán clave en esta línea.
  • Priorizar la seguridad. Es necesario que los americanos adopten una nueva cultura de seguridad, basada en la conciencia, la educación y el refuerzo constante, tanto en el ámbito individual como colectivo. Con este nuevo sistema de seguridad, todos los conductores serían conscientes que cualquiera de ellos ocasionalmente, pero inevitablemente, puede cometer un error y provocar un accidente. Esta premisa llevaría a mejorar todos los ámbitos del sistema vial (carreteras, vehículos, conductores, servicios de emergencia), de modo que cuando este error se produjera, las consecuencias no serían fatales.

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¿Cómo afectan la presencia y la acción policial a la percepción de seguridad de los ciudadanos franceses?

Un estudio realizado a partir de las encuestas de victimización Cadre de vie et sécurité, 2008-2017[1] ha permitido evaluar la presencia y la acción policial entre más de 160.000 encuestados de 14 años y más, residentes en Francia.

En términos generales, la población francesa evalúa positivamente la presencia y la acción policial: un 47% de los encuestados piensan que la presencia policial en su barrio o municipio es suficiente y un 48%, que la acción policial contra la delincuencia es bastante eficaz. Estas percepciones se mantienen bastante estables a lo largo del tiempo y mejoran a partir del año 2015, posiblemente por una mayor presencia y visibilidad policial, reforzada tras los atentados. No obstante, un 19% de los individuos considera la presencia policial insuficiente y un 27%, inexistente. Entre los residentes en zonas socialmente desfavorecidas, el porcentaje de los que consideran que la acción policial no es lo bastante eficaz se incrementa hasta un 44%.

Más allá de los porcentajes globales, aspectos como las características individuales de la persona encuestada y el lugar de residencia tienen un impacto en la valoración sobre la presencia y la eficacia de la acción policial.

Características individuales

En general, los hombres y las personas de más edad valoran más positivamente la presencia y la eficacia de la acción policial.

  • El 49% de los hombres encuestados piensa que la presencia policial en el ámbito local es suficiente, frente a un 45% de las mujeres. También el 49% de los hombres considera que la acción policial es bastante eficaz, frente a un 46% de las mujeres.
  • El 52% de personas con 66 años y más estiman que la presencia policial en su barrio o pueblo es suficiente y un 50% considera que la acción policial es bastante eficaz.

Características del lugar de residencia

En general, la percepción sobre la eficacia de la acción policial en la lucha contra la delincuencia es más positiva en entornos rurales, pero empeora en los núcleos urbanos de más de 100.000 habitantes y en el área metropolitana de París. Así lo muestra el gráfico siguiente.

Evaluación de la acción policial en la lucha contra la delincuencia en función del territorio

Fuente: Encuestas CVS (2008-2017): INSEE-ONDRP-SSMSI; tratamiento de los datos: ONDRP. Las personas encuestadas tienen 14 años y más y residen en Francia.

Aunque no se ha podido establecer una relación de causalidad, parece existir una vinculación entre la presencia y la eficacia de la acción policial en el municipio y la percepción de seguridad de la población. Inversamente, los individuos que se sienten más inseguros también acostumbran a ser más críticos con respecto a la valoración que hacen de la policía.

Más información:

[1] La encuesta Cadre de vie et sécurité fue dirigida por el Servicio Estadístico Ministerial y de Seguridad Interior (SSMSI) desde el año 2015, y por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE) y el Observatorio Nacional de la Delincuencia y de las Respuestas Penales (ONDRP) desde el año 2007.

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Desmantelado el mayor mercado del mundo de ciberdelincuencia

Webstresser suspendedLos administradores del sitio web DDoS webstresser.org fueron arrestados el mes de abril de 2018 como consecuencia de la operación ‘Power Off’, una investigación compleja liderada por la Policía holandesa y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, con el apoyo de Europol y una docena de agencias policiales de todas partes el mundo. Los administradores residían en el Reino Unido, Croacia, Canadá y Serbia. Se tomaron más medidas contra los principales usuarios de este mercado en los Países Bajos, Italia, España, Croacia, el Reino Unido, Australia, Canadá y Hong Kong; se cerró el servicio ilegal y se clausuraron las infraestructuras en los Países Bajos, Estados Unidos y Alemania.

Webstresser.org se consideraba el mayor mercado del mundo en el que contratar servicios de denegación de servicio distribuido (DDoS), con más de 136.000 usuarios registrados y cuatro millones de ataques mesurados en abril de 2018. Los ataques orquestados se dirigieron contra los servicios críticos online ofrecidos por bancos, instituciones gubernamentales y fuerzas de policía, y también contra víctimas de la industria del juego.

En un ataque DDoS habilitado por este servicio, el atacante controla remotamente los dispositivos conectados para dirigir una gran cantidad de tráfico a un sitio web o a una plataforma online. Tanto si este tráfico consume el ancho de banda del sitio web, como si carga el servidor o consume otros recursos esenciales, el resultado final de un ataque DDoS no mitigado es el mismo: el sitio web de la víctima se va desacelerando hasta el punto que no se puede utilizar, privando a los usuarios de los servicios esenciales online.

Con webstresser.org, cualquier usuario registrado podía pagar una tarifa nominal mediante sistemas de pago online para alquilar el uso de esta plataforma. Las tarifas en oferta eran tan bajas, unos 15 euros mensuales, que permitían a los individuos con poco o ningún conocimiento técnico lanzar ataques DDoS paralizantes.

La cooperación policial internacional fue fundamental para el éxito de esta investigación, iniciada por la Unidad Nacional de Delitos de Alta Tecnología holandesa y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, ya que los administradores, los usuarios, la infraestructura crítica y las víctimas estaban repartidos por todo el mundo.

El Centro Europeo de Cibercriminalidad de Europol (EC3) y la Joint Action Task Force (J-CAT) dieron apoyo a la investigación desde su inicio, facilitando el intercambio de información entre todos los socios. Se creó un puesto de mando y coordinación en la sede de La Haya, liderada por Europol.

Los ataques de DDoS son ilegales. Muchos entusiastas se implican en actividades de ciberdelincuencia aparentemente de bajo nivel, sin tener en cuenta las consecuencias que comportan estos delitos. Las penas pueden ser graves: si lanzas un ataque DDoS u ofreces, suministras u obtienes servicios para lanzar esos ataques, puedes recibir una pena de prisión, una multa o ambas cosas.

Los individuos que se dedican a la delincuencia cibernética a menudo poseen un conjunto de habilidades que pueden ser positivas. Las habilidades en la codificación, el juego, la programación de ordenadores, la seguridad cibernética o cualquier tema relacionado con las TIC tienen una gran demanda, y hay muchas carreras y oportunidades disponibles para cualquier persona interesada en estas áreas.

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