El carné por puntos ciudadano, una realidad en China

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El gobierno chino está desarrollando un sistema de ‘crédito social’ que permita puntuar a los ciudadanos por su comportamiento y nivel de confiabilidad, ofreciendo recompensas o penalizaciones según su actuación. Este programa, que se presenta como un mecanismo para garantizar la seguridad nacional y la estabilidad social, se prevé que esté totalmente operativo el año 2020.

No obstante, las primeras pinceladas ya empiezan a ser implementadas. Entre ellas está la prohibición de comprar billetes de avión o de tren a aquellas personas que hayan perdido puntos por haber fumado dentro de vagones, utilizado billetes caducados o difundido fake news, especialmente si están relacionadas con ataques terroristas o la seguridad aeroportuaria.

Otras acciones que podrán comportar una pérdida de puntos son la publicación de posts políticos online sin permiso, el hecho de contradecir la narrativa oficial del gobierno, cometer infracciones en el volante o pasar demasiado tiempo jugando a videojuegos. Por el contrario, otros comportamientos como participar en obras de caridad o dar sangre ayudan a incrementar la puntuación y, con ello, a mejorar la posición, una posición que determinará aspectos fundamentales como la posibilidad de ser admitido en determinadas escuelas (para la persona en cuestión o para sus hijos), registrarse en hoteles, ejercer cargos públicos o alquilar un apartamento.

A las personas con una baja ‘puntuación ciudadana’ les será más difícil acceder a todo ello, del mismo modo que les será más complicado obtener visado para viajar al extranjero. Por otra parte, aquellos ciudadanos que presenten una puntuación alta se beneficiarán de descuentos en la factura energética, de un acceso a internet más rápido o de mejores condiciones a la hora de pedir un préstamo bancario.

La metodología exacta que se utilizará para determinar estas puntuaciones se mantiene secreta, pero se considera que estará basada en inteligencia artificial y big data, que ayudará a construir perfiles de todos los ciudadanos basándose en el tipo de compras que se realicen, los movimientos financieros, los contactos personales y profesionales, el uso de las redes sociales o las interacciones con organismos oficiales. Aunque las autoridades chinas defienden que este sistema permitirá controlar el nivel de civismo y disminuir la tasa de criminalidad, mejorando así la seguridad pública, un número significativo de organizaciones, como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, han alertado del peligro que supone para los derechos y las libertades civiles, especialmente con respecto al derecho a la privacidad, a la protección de datos y a la libertad de expresión. Una situación especialmente preocupante si se tiene en cuenta que el nivel de libertad en internet en la China, según Freedom House, es el peor del planeta.

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