Los sin techo británicos, víctimas o infractores

Recientemente, la Casa de los Comunes del Reino Unido (House of Commons), en el marco de sus actividades de investigación, publicó Rough Sleepers and antisocial behaviour. El documento nos ofrece un breve análisis de los usos y abusos de la normativa que llevan a una criminalización y victimización del colectivo de los sin techo.

El breve ensayo presenta la disyuntiva de unos colectivos especialmente vulnerables y con indicadores de victimización altísimos,[1] ante los cuales las autoridades tienen que hacer frente a un uso de la norma que los victimiza y criminaliza. Al mismo tiempo, subraya la contradicción entre la voluntad de tratar la problemática desde las raíces del conflicto[2] y el uso sesgado de la normativa relacionada con el incivismo a fin de encontrar una solución rápida al problema de la gente en la calle.

Este abuso se ve reflejado en dos ámbitos de acción. En primer lugar, con respecto a las herramientas legales disponibles y, acto seguido, por otras medidas de disuasión sin un marco legal de referencia.

Entre las herramientas legales a disposición de las autoridades, hallamos las del derecho civil y las de carácter penal. Estas últimas se enmarcan en la sección 3ª de la Vagrancy Act 1824, por la que mendigar puede sancionarse. Las denuncias a partir de esta norma han aumentado los últimos años, pasando de unas 1.500 en 2006-2007 a situarse por encima de las 2.300 en 2015-2016. Fuera del ámbito penal, encontramos las herramientas que se desprenden del Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014, entre las cuales, Civil injuctions, Criminal Behaviour Orders (CBO), Community Protections Notices (CPN), Disperal Powers y Public Spaces Protection Order (PSPO). Todas ellas implican aspectos de prohibición de una acción o posible acción, y aspectos de requerimiento para evitar la reincidencia. Su vocación es sancionadora, y dirigida a actividades claramente incívicas y que pueden alterar la convivencia.[3]

Por otra parte, encontramos varias acciones menos formales y disuasivas, con las que se busca inhibir o incomodar. Entre otras, hay la llamada arquitectura defensiva, donde se utiliza el mobiliario urbano, como los bancos segregados o curvilíneos, para dificultar la estancia de los sin techo. Otras medidas menos evidentes son la wetting down, es decir, la limpieza con agua o productos de limpieza de espacios susceptibles de estar ocupados. También la contaminación sonora o simplemente el dar indicaciones de abandonar la zona. En este sentido, las iniciativas son variadas y más utilizadas que las vías formales de denuncia.[4]

Finalmente, el ensayo destaca que, a pesar de disponer de una amplia retahíla de medidas, han demostrado ser poco eficaces. Entre otras consecuencias perniciosas, destacan un desplazamiento de las actividades en el territorio, así como un cambio hacia determinadas actividades ilícitas, en qué se pasa de mendigar a cometer delitos menores de hurto o robo.[5]

[1] El informe nos indica que los sin techo tienen hasta diecisiete veces más probabilidades de ser víctimas de violencia que la media.

[2] El sector del voluntariado celebró la actualización que hizo el Hombre Office el septiembre pasado de la guía para el uso de la normativa en el ámbito de los comportamientos incívicos. Al mismo tiempo, el gobierno británico también ha activado varios mecanismos para evitar caer en la indigencia o ayudar a salir de ella. Por una parte, la Homelessness Reduction Act de 2018 (a pesar de las fuertes críticas) y, por otra parte, más inversión pública en sistemas como el Housing First. Se espera invertir más de mil millones de libras (unos mil ciento treinta millones de euros) en este ámbito hasta el año 2020.

[3] Un estudio llevado a cabo por la entidad británica Crisis indica que un 36% de los municipios están utilizando los poderes legales y de disuasión ante los sin techo.

[4] Un 73% de los sin techo han experimentado alguna medida sancionadora o de disuasión. De estas medidas, un 70% eran informales.

[5] Joseph Rowntree Foundation. The impact of enforcement on<A[donde|dónde]> street users in England. 2007

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