2017, el año en que el cibercrimen ha apretado el acelerador

Desde finales de 2016 y durante buena parte de 2017, se han vivido a escala mundial una serie de ciberataques sin precedentes por su impacto y por su tasa de propagación. Están causando una gran preocupación pública, y eso que sólo representan una pequeña muestra de la gran variedad de amenazas cibernéticas que existen actualmente.

La Evaluación de la amenaza de crímenes organizados por internet (IOCTA) que lleva a cabo Europol anualmente identifica las principales amenazas cibercriminales y ofrece recomendaciones clave para afrontar estos retos.

La Evaluación del año 2017 −que se hizo pública en la sesión anual de la Conferencia del Cibercrimen Europol-INTERPOL que se celebró en La Haya del 27 al 29 de septiembre de este año− presenta un estudio a fondo de los acontecimientos clave, los cambios y las amenazas emergentes el último año en el cibercrimen. Se basa en las contribuciones de los estados miembros de la UE, del personal experto de Europol y de socios de la industria privada, del sector financiero y académico. El informe pone de relieve los acontecimientos más importantes en varias áreas del cibercrimen:

  • El ransomware (software malicioso de rescate) ha eclipsado a la mayoría de otras ciberamenazas con campañas globales que afectan indiscriminadamente a las víctimas en múltiples sectores industriales y privados.
  • Se produjeron los primeros ataques serios por botnets (red zombi) que utilizaban dispositivos de internet de las cosas (IoT).
  • Las filtraciones de datos siguen dando lugar a la divulgación de gran cantidad de información, con más de 2.000 millones de registros relacionados con los ciudadanos de la UE que salieron a la luz pública durante un periodo de 12 meses.
  • La internet oscura sigue siendo un habilitador transversal clave para varias áreas de delincuencia. Proporciona acceso, entre otros, a la oferta de fármacos y a nuevas sustancias psicoactivas; al suministro de armas de fuego que se han utilizado en actos terroristas; a los datos de pago para cometer varios tipos de fraude, y a documentos fraudulentos para facilitar el fraude, el tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal.
  • Los infractores siguen abusando de la internet oscura y de otras plataformas en línea para compartir y distribuir material de abuso sexual infantil y participar con víctimas potenciales, a menudo intentando coaccionar o extorsionar sexualmente a menores vulnerables.
  • El fraude en el pago afecta a casi a todas las industrias, con mayor impacto en los sectores minorista, aeronáutico y de alojamiento.
  • Los ataques directos a las redes bancarias para manipular saldos de tarjetas, tomar el control de cajeros automáticos o transferir fondos directamente, conocidos como “compromisos del proceso de pago”, representan una de las graves amenazas emergentes en esta área.

A pesar de las amenazas y desafíos crecientes, el año pasado se produjeron algunos éxitos operativos importantes, como el desmantelamiento de dos de los grandes mercados de la intranet oscura, AlphaBay y Hansa; la neutralización de la red Avalanche o la acción global en los aeropuertos.

La IOCTA quiere formular recomendaciones para la aplicación de la ley y planificar en consecuencia, respondiendo de forma efectiva y concertada a la delincuencia cibernética.

  • La aplicación de la ley tiene que seguir centrándose en los actores que desarrollan y proporcionan las herramientas y servicios de ataques cibercriminales responsables de ransomware, troyanos bancarios y otro software malicioso, y proveedor de herramientas de ataque DDOS, servicios antirretrovirales y botnets.
  • La comunidad internacional tiene que seguir fomentando relaciones de confianza con socios públicos y privados, comunidades CERT, etc., para que estén adecuadamente preparados para dar una respuesta rápida y coordinada en el caso de un ciberataque global.
  • Los estados miembros de la UE tendrían que seguir dando apoyo y expandir su compromiso con Europol en el desarrollo de campañas paneuropeas de prevención y sensibilización.
  • Mientras se investiga la explotación sexual infantil online, los estados miembros de la UE tienen que garantizar bastantes recursos para luchar contra este delito.
  • La amenaza creciente del delito cibernético requiere una legislación dedicada que permita la presencia y la acción de la aplicación de la ley en un entorno online. La falta de esta legislación está conduciendo a la pérdida de liderazgos investigadores.

Entradas del blog sobre los IOCTA de años anteriores:

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